Cristina de Kirchner
ordenó ayer enviar la primera señal concreta y directa hacia el mercado financiero para mostrar confianza hacia las elecciones de octubre. El directorio del Banco Central aprobó el envío de 2.500 millones de dólares para que el Gobierno haga frente a todos los vencimientos de títulos y deuda pública.
Este movimiento financiero provocará que los niveles de reservas se ubiquen por debajo de los u$s 35.000 millones, pero despejará cualquier tipo de duda con respecto a la decisión de cumplir a rajatabla con todos los vencimientos de dólares. Además se despejará el horizonte hasta marzo de 2014, cuando comience el cronograma de pagos del próximo ejercicio, un año en el que igualmente el panorama será mucho más complicado que 2013.
El dinero será girado hoy al Fondo de Desendeudamiento Argentino y a otras cuentas vinculadas a la cancelación de vencimientos con organismos multilaterales para este año, en los términos que establece la Ley de Presupuesto; en una operación ejecutada con una antelación de al menos un mes. En general, los movimientos contables de dólares desde la entidad que maneja Mercedes Marcó del Pont hacia la cuenta de Desendeudamiento se efectúan a una semana o diez días máximo de tener que ejecutar el pago de un vencimiento de pasivos financieros. La intención oficial, a partir de una orden de la Presidente (adelantada por este diario el miércoles pasado), es que el mercado descarte cualquier tipo de duda sobre que los pagos se realizarán en tiempo y forma. Es una de las maneras, al menos en lo lineal, de demostrarle a los tenedores de deuda con vencimiento próximo en particular (y a mediano y largo plazo en general), que pese a la derrota del domingo pasado y a cualquier especulación de estos días, las obligaciones serán cumplidas en tiempo y forma.
El mensaje incluye también una señal a los tenedores de deuda pública argentina con cotización en Nueva York, donde está pendiente el fallo definitivo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el juicio que el país mantiene contra los fondos buitre. Éstos buscan que los tres jueces de ese tribunal embarguen los fondos que el país debe girar al Bank of New York Mellon (BONY) para cumplir con las obligaciones de la deuda emitida bajo esa jurisdicción, siguiendo el fallo de primera instancia de octubre del año pasado del magistrado Thomas Griesa. Ayer, el Central habilitó el pago de intereses del Bono Par (u$s 67 millones que deben pagarse el 30 de septiembre), Global 2017 (u$s 47 millones que tienen que liquidarse el 2 de diciembre) y el Discount (u$s 157 millones que tienen que abonarse el 31 de diciembre). En total son u$s 271 millones que el Gobierno debe girarle al BONY antes de fin de año, dinero que está en la mira de los abogados de los fondos buitre que litigan en Nueva York contra el país y que demandan por una deuda de aproximadamente u$s 7.000 millones. El fallo podría ser a favor o en contra del país, pero en cualquier circunstancia, el perdedor (la Argentina o los fondos buitre) intentarán una apelación. Si el fallo fuera negativo contra el país y se conociera antes de realizar alguno de estos pagos, ante la apelación, la Corte debería habilitar una «stay» y permitir que el país ejecute el giro y cumpla sus obligaciones. Si esto no sucediera, igualmente la Argentina debería buscar la fórmula para hacer la liquidación y cumplir sin caer en un default real. Lo que el Central hizo ayer, por orden presidencial, es mostrarle a los mercados y tenedores de deuda emitida pos default, que la intención oficial es pagar en tiempo y forma y que para esto el dinero está ya disponible en las cuentas del Tesoro.
I gualmente el pago más importante de este semestre no rige bajo la jurisdicción de Nueva York, sino que corresponde a la liquidación de capital e intereses del Bonar VII, un título emitido en los días de Roberto Lavagna ministro de Economía y Guillermo Nielsen secretario de Finanzas, y que en septiembre cumple siete años. Lo importante de este vencimiento de 2.070 millones es que tiene legislación argentina, con lo que no puede sufrir embargos ni embestidas de los fondos buitre ni de ningún acreedor. Desde el fallo de Griesa, los inversores prefieren los títulos emitidos bajo normas locales, ya que están a salvo de cualquier tipo de persecución buitre extranjera. El problema no es la capacidad de pago, sino las fórmulas que aún no encuentra el país para efectuar los pagos de los bonos con legislación de Wall Street ante la eventualidad de un fallo negativo. Mientras tanto, ayer el Gobierno quiere dar una señal que el dinero para cumplir con los vencimientos de los intereses de la deuda externa bajo normas de Nueva York ya está disponible, con u$s 271 millones.
Otros u$s 159 millones serán destinados al pago de intereses de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La decisión del directorio del BCRA «supondrá la afectación concreta de aproximadamente 2.500 millones de dólares de las reservas internacionales hasta fin de año», según el comunicado de la entidad. El comunicado señala que «el directorio adoptó esta decisión de conformidad con la autorización establecida en la Carta Orgánica del BCRA y tras haber concluido que el nivel de reservas resultante garantiza la ejecución de la política cambiaria, tomando en consideración la evolución de las cuentas externas». Según el BCRA, la cancelación de vencimientos prevista hasta fin de año, el total de obligaciones en moneda extranjera con acreedores privados se habrá reducido del 75% al 8,5% del PBI en los últimos diez años. Menciona el comunicado que «la estrategia de desendeudamiento encarada por el Gobierno nacional» provocó que «la deuda pública con tenedores privados caiga del 105% del PBI a 13% en 2013».
ordenó ayer enviar la primera señal concreta y directa hacia el mercado financiero para mostrar confianza hacia las elecciones de octubre. El directorio del Banco Central aprobó el envío de 2.500 millones de dólares para que el Gobierno haga frente a todos los vencimientos de títulos y deuda pública.
Este movimiento financiero provocará que los niveles de reservas se ubiquen por debajo de los u$s 35.000 millones, pero despejará cualquier tipo de duda con respecto a la decisión de cumplir a rajatabla con todos los vencimientos de dólares. Además se despejará el horizonte hasta marzo de 2014, cuando comience el cronograma de pagos del próximo ejercicio, un año en el que igualmente el panorama será mucho más complicado que 2013.
El dinero será girado hoy al Fondo de Desendeudamiento Argentino y a otras cuentas vinculadas a la cancelación de vencimientos con organismos multilaterales para este año, en los términos que establece la Ley de Presupuesto; en una operación ejecutada con una antelación de al menos un mes. En general, los movimientos contables de dólares desde la entidad que maneja Mercedes Marcó del Pont hacia la cuenta de Desendeudamiento se efectúan a una semana o diez días máximo de tener que ejecutar el pago de un vencimiento de pasivos financieros. La intención oficial, a partir de una orden de la Presidente (adelantada por este diario el miércoles pasado), es que el mercado descarte cualquier tipo de duda sobre que los pagos se realizarán en tiempo y forma. Es una de las maneras, al menos en lo lineal, de demostrarle a los tenedores de deuda con vencimiento próximo en particular (y a mediano y largo plazo en general), que pese a la derrota del domingo pasado y a cualquier especulación de estos días, las obligaciones serán cumplidas en tiempo y forma.
El mensaje incluye también una señal a los tenedores de deuda pública argentina con cotización en Nueva York, donde está pendiente el fallo definitivo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el juicio que el país mantiene contra los fondos buitre. Éstos buscan que los tres jueces de ese tribunal embarguen los fondos que el país debe girar al Bank of New York Mellon (BONY) para cumplir con las obligaciones de la deuda emitida bajo esa jurisdicción, siguiendo el fallo de primera instancia de octubre del año pasado del magistrado Thomas Griesa. Ayer, el Central habilitó el pago de intereses del Bono Par (u$s 67 millones que deben pagarse el 30 de septiembre), Global 2017 (u$s 47 millones que tienen que liquidarse el 2 de diciembre) y el Discount (u$s 157 millones que tienen que abonarse el 31 de diciembre). En total son u$s 271 millones que el Gobierno debe girarle al BONY antes de fin de año, dinero que está en la mira de los abogados de los fondos buitre que litigan en Nueva York contra el país y que demandan por una deuda de aproximadamente u$s 7.000 millones. El fallo podría ser a favor o en contra del país, pero en cualquier circunstancia, el perdedor (la Argentina o los fondos buitre) intentarán una apelación. Si el fallo fuera negativo contra el país y se conociera antes de realizar alguno de estos pagos, ante la apelación, la Corte debería habilitar una «stay» y permitir que el país ejecute el giro y cumpla sus obligaciones. Si esto no sucediera, igualmente la Argentina debería buscar la fórmula para hacer la liquidación y cumplir sin caer en un default real. Lo que el Central hizo ayer, por orden presidencial, es mostrarle a los mercados y tenedores de deuda emitida pos default, que la intención oficial es pagar en tiempo y forma y que para esto el dinero está ya disponible en las cuentas del Tesoro.
I gualmente el pago más importante de este semestre no rige bajo la jurisdicción de Nueva York, sino que corresponde a la liquidación de capital e intereses del Bonar VII, un título emitido en los días de Roberto Lavagna ministro de Economía y Guillermo Nielsen secretario de Finanzas, y que en septiembre cumple siete años. Lo importante de este vencimiento de 2.070 millones es que tiene legislación argentina, con lo que no puede sufrir embargos ni embestidas de los fondos buitre ni de ningún acreedor. Desde el fallo de Griesa, los inversores prefieren los títulos emitidos bajo normas locales, ya que están a salvo de cualquier tipo de persecución buitre extranjera. El problema no es la capacidad de pago, sino las fórmulas que aún no encuentra el país para efectuar los pagos de los bonos con legislación de Wall Street ante la eventualidad de un fallo negativo. Mientras tanto, ayer el Gobierno quiere dar una señal que el dinero para cumplir con los vencimientos de los intereses de la deuda externa bajo normas de Nueva York ya está disponible, con u$s 271 millones.
Otros u$s 159 millones serán destinados al pago de intereses de créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La decisión del directorio del BCRA «supondrá la afectación concreta de aproximadamente 2.500 millones de dólares de las reservas internacionales hasta fin de año», según el comunicado de la entidad. El comunicado señala que «el directorio adoptó esta decisión de conformidad con la autorización establecida en la Carta Orgánica del BCRA y tras haber concluido que el nivel de reservas resultante garantiza la ejecución de la política cambiaria, tomando en consideración la evolución de las cuentas externas». Según el BCRA, la cancelación de vencimientos prevista hasta fin de año, el total de obligaciones en moneda extranjera con acreedores privados se habrá reducido del 75% al 8,5% del PBI en los últimos diez años. Menciona el comunicado que «la estrategia de desendeudamiento encarada por el Gobierno nacional» provocó que «la deuda pública con tenedores privados caiga del 105% del PBI a 13% en 2013».
