PERFIL accedió al mapa de los lugares de citas observados por el Ministerio de Seguridad y las comisarías sospechadas. Antes pasaron a disponibilidad a noventa.
Por Fernando Oz
20/01/12 – 11:55
A principios de febrero del año pasado la ministra de Seguridad, Nilda Garré, tenía en su escritorio del piso ocho del coqueto edificio de Gelly y Obes un informe en el que aparecía un extenso listado de uniformados de la Policía Federal involucrados en el millonario negocio de la “protección” a prostíbulos y por hacer la vista gorda frente a la trata de blancas. El papers era acompañado por diferentes denuncias que se tramitaban en la Justicia, también habían por otros delitos.
La Ministra ya preparaba una nueva purga y PERFIL lo publicó en su edición del 19 de febrero de 2011. La mayoría de los nombres que se encontraban en aquel listado forman parte de la denuncia que presento Lorena Martins, quien acusó a su padre, Raúl Luis Martins Coggiola, de ser el capo de un red dedicada la trata de blancas y a la administración de prostíbulos con protección policial, judicial y del Gobierno de Mauricio Macri.
Garré recitaba de memoria “la tira” de cada uno de los policías que nombraba Lorena, así sucedió durante la reunión que mantuvieron el jueves en el Ministerio. “Coincidimos en muchos nombres ella estaba muy al tanto de algunas cosas y se mostró muy preocupada”, explicó Lorena a este diario.
Antes que estallara el caso Martins el Ministerio de Seguridad estaba colaborando en una causa que se tramitaba en el juzgado Federal a cargo de María Romilda Servini de Cubría en la que se investigaba una serie de irregularidades en la actuación policial “por la sistemática falsificación de las actas de control de locales nocturnos, en la cual los testigos eran inhallables o sospechosamente repetidos, con identidades cambiadas, a fin de inventar testimonios favorables a los boliches”, reconoció a este diario una fuente de esa cartera. Se utilizaron 400 gendarmes y 200 prefecturianos para realizar una ola de 40 allanamientos de manera simultanea.
El saldo fue el esperado. Había 90 policías involucrados, entre ellos seis comisarios y quince subcomisarios. Seis de las ocho circunscripciones porteñas de la Policía Federal quedaron bajo sospecha y practicamente se barrió con los uniformados de 12 comisarias.
Los 21 oficiales, entre comisarios y subcomisarios, fueron trasladados a destinos no operativos y ninguno fue ascendido. La división de Asuntos Internos de esa fuerza comenzó a investigarlos, pero en esta oportunidad la tarea no las hicieron solos: “La ministra se puso a supervisar el trabajo de Asuntos Internos porque tampoco confiaba en ellos”, destacó uno de los funcionarios que formó parte del equipo de trabajo.
También hubo algunos oficiales que fueron pasados a disponibilidad apanas avanzaba la investigación. Entre ellos se encontraban los comisarios Roberto Cabrini y Sergio Maldonado. Casualmente son dos de los policías que meses después nombró Lorena martins en su denuncia.
La denuncia de Lorena llegó al ministerio de Seguridad casi en simultaneo con la que dejó en la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, a cargo del fiscal Marcelo Colombo. El sumario administrativo que se inició en el ámbito de la cartera que conduce Garré es el Nº 465-21-000002-12, allí están bajo la lupa todos los jefes de las comisarías señaladas, los actuales y los anteriores. “Con este caso suponemos que va a haber una nueva purga de unos 60 oficiales más”, reconició a PERFIL una de las fuentes consultadas.
Lorena no actuó sola; la ayudó su novio (ella ahora dice que es su ex pareja), Claudio Lifschitz. Un retirado agente de Inteligencia de la Policía Federal que fue secretario del ex juez Federal Juan José Galeano durante la polémica investigación por el atentado a la AMIA.
Por Fernando Oz
20/01/12 – 11:55
A principios de febrero del año pasado la ministra de Seguridad, Nilda Garré, tenía en su escritorio del piso ocho del coqueto edificio de Gelly y Obes un informe en el que aparecía un extenso listado de uniformados de la Policía Federal involucrados en el millonario negocio de la “protección” a prostíbulos y por hacer la vista gorda frente a la trata de blancas. El papers era acompañado por diferentes denuncias que se tramitaban en la Justicia, también habían por otros delitos.
La Ministra ya preparaba una nueva purga y PERFIL lo publicó en su edición del 19 de febrero de 2011. La mayoría de los nombres que se encontraban en aquel listado forman parte de la denuncia que presento Lorena Martins, quien acusó a su padre, Raúl Luis Martins Coggiola, de ser el capo de un red dedicada la trata de blancas y a la administración de prostíbulos con protección policial, judicial y del Gobierno de Mauricio Macri.
Garré recitaba de memoria “la tira” de cada uno de los policías que nombraba Lorena, así sucedió durante la reunión que mantuvieron el jueves en el Ministerio. “Coincidimos en muchos nombres ella estaba muy al tanto de algunas cosas y se mostró muy preocupada”, explicó Lorena a este diario.
Antes que estallara el caso Martins el Ministerio de Seguridad estaba colaborando en una causa que se tramitaba en el juzgado Federal a cargo de María Romilda Servini de Cubría en la que se investigaba una serie de irregularidades en la actuación policial “por la sistemática falsificación de las actas de control de locales nocturnos, en la cual los testigos eran inhallables o sospechosamente repetidos, con identidades cambiadas, a fin de inventar testimonios favorables a los boliches”, reconoció a este diario una fuente de esa cartera. Se utilizaron 400 gendarmes y 200 prefecturianos para realizar una ola de 40 allanamientos de manera simultanea.
El saldo fue el esperado. Había 90 policías involucrados, entre ellos seis comisarios y quince subcomisarios. Seis de las ocho circunscripciones porteñas de la Policía Federal quedaron bajo sospecha y practicamente se barrió con los uniformados de 12 comisarias.
Los 21 oficiales, entre comisarios y subcomisarios, fueron trasladados a destinos no operativos y ninguno fue ascendido. La división de Asuntos Internos de esa fuerza comenzó a investigarlos, pero en esta oportunidad la tarea no las hicieron solos: “La ministra se puso a supervisar el trabajo de Asuntos Internos porque tampoco confiaba en ellos”, destacó uno de los funcionarios que formó parte del equipo de trabajo.
También hubo algunos oficiales que fueron pasados a disponibilidad apanas avanzaba la investigación. Entre ellos se encontraban los comisarios Roberto Cabrini y Sergio Maldonado. Casualmente son dos de los policías que meses después nombró Lorena martins en su denuncia.
La denuncia de Lorena llegó al ministerio de Seguridad casi en simultaneo con la que dejó en la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, a cargo del fiscal Marcelo Colombo. El sumario administrativo que se inició en el ámbito de la cartera que conduce Garré es el Nº 465-21-000002-12, allí están bajo la lupa todos los jefes de las comisarías señaladas, los actuales y los anteriores. “Con este caso suponemos que va a haber una nueva purga de unos 60 oficiales más”, reconició a PERFIL una de las fuentes consultadas.
Lorena no actuó sola; la ayudó su novio (ella ahora dice que es su ex pareja), Claudio Lifschitz. Un retirado agente de Inteligencia de la Policía Federal que fue secretario del ex juez Federal Juan José Galeano durante la polémica investigación por el atentado a la AMIA.
