Si Macrì sortea airoso las elecciones de octubre, planea dividir la provincia de Buenos Aires y el municipio de La Matanza. Lo justificará en razones de mejor administración de esos monstruos demográficos. Ni la Constitución ni el sistema organizativo fueron pensados para una provincia de 16 millones de habitantes y un municipio de dos millones, sostiene. Pero detrás de esta racionalización subyacen propósitos económicos y electorales y vuelve a asomar el fantasma de la dolarización.
Abocada de lleno a la campaña electoral, la Alianza Cambiemos no pierde de vista objetivos de largo plazo, para los que una victoria en octubre es requisito ineludible. Los planes que estudia el gobierno incluyen la tupamacarización de la provincia de Buenos Aires y del municipio de La Matanza, los más poblados del país. Los argumentos con que se defenderá la idea frente a las objeciones de la oposición peronista son los de la difícil gobernabilidad de esos mega agrupamientos humanos y una reflexión histórica sobre un sistema político y una Constitución Nacional que no fueron pensados para una provincia de 16 millones de habitantes y un municipio de casi dos millones, que en realidad corresponden a la escala de un país y de una provincia, respectivamente.
La regionalización no es una idea nueva. No ha habido gobierno que no haya impulsado alguna forma de reordenamiento según distintos parámetros, a partir de la descripción de la Argentina como un enano con cabeza de gigante que frecuentó las polémicas de Sarmiento y Alberdi. La Constitución de 1994 estableció como facultad de las provincias la creación de regiones para el desarrollo económico y social y la celebración de convenios internacionales “en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación”. También es un mandato de la UNASUR. Pero esas regiones no implican la partición de las actuales provincias, una idea que sí se discutió en los finales de la convertibilidad, bajo las sucesivas presidencias de Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Esa discusión se dio al mismo tiempo que la dura batalla por la conducción de la salida de la convertibilidad, entre quienes postulaban la megadevaluación que terminó imponiéndose en 2002 y aquellos que defendían la completa dolarización de la economía. Esas discusiones vuelven a animarse ahora, y no por casualidad. Esto ocurre cuando las alucinantes cifras del endeudamiento externo contraído en apenas un año y medio del gobierno de Maurizio Macrì dibujan en el horizonte un ominoso signo de interrogación sobre la sustentabilidad del esquema de financiar gastos corrientes con la emisión de deuda interna y externa.
En tres y en cuatro
Durante la campaña electoral de 2015, el precandidato presidencial de la UCR, Ernesto Sanz planteó la división en tres de la provincia de Buenos Aires, inspirado en trabajos académicos de su compañero de fórmula, Lucas Llach, y del politólogo filoradical de la Universidad de Lisboa Andrés Malamud. Más allá de las razones de gobernabilidad (o en realidad explicitando qué es ese comodín terminológico) ninguno de ellos oculta su preocupación por la hegemonía política del peronismo, al que Malamud caracteriza como el elefante en el bazar de la política argentina. Esto sigue siendo así a pesar de los resultados electorales de 2015 que pusieron a Maurizio Macrì y El Hada Buena al frente del Poder Ejecutivo y de la provincia de Buenos Aires. Especialista en revelar el secreto vergonzoso que toda la familia guarda, Sanz dijo que el estado bonaerense era inviable, la misma expresión que en la década de 1990 utilizó el inolvidable Domingo Felipe Cavallo. Conviene no olvidar que Llach es el vicepresidente del Banco Central, cuya política monetaria de endeudamiento exponencial es uno de los instrumentos que restan viabilidad no sólo a algunas provincias sino a la propia Nación Argentina. La propuesta de Llach no es nueva. La formuló en su blog “La ciencia maldita” en 2005, un año después del artículo de Malamud “Federalismo distorsionado y desequilibrios políticos: el caso de la provincia de Buenos Aires”. Ambos proponen la división de la provincia de Buenos Aires en tres. Llach tituló su propuesta “Acabemos con el engendro” y presentó un mapa con la hipotética división en tres provincias nominadas Atlántica (que tendría 6,5 millones de habitantes), Cien Chivilcoy (5,6 millones) y Tierra del Indio (con 1,7 millones). Doce años después la población total ya no es de 14 sino de 16 millones, pero las proporciones son indicativas. Las ventajas que enumeró el diletante: “Eliminamos el engendro que pone palos en la rueda desde Mitre a Duhalde pasando por Tejedor, Rocha, Ugarte, Fresco, Cafiero, etc. No tenemos un monstruo que puede sitiar a la Capital y voltear el gobierno del país con sus 70 diputados. Atlántica manda 33 diputados, Cien Chivilcoy 28 y Tierra del Indio un muy respetable 9. Sí, sigue habiendo dos provincias importantes pero cada una duplica a Córdoba, no es cinco veces más. Capital (que se llamará simplemente “Buenos Aires”) manda 25 diputados. Eliminamos para siempre la frase ‘la primera provincia argentina’. Eliminamos el Banco de la Provincia que desde 1822 viene rompiendo las pelotas”. Sobre todo, mejoraría la representación legislativa del interior de la actual provincia, en desmedro del conurbano. El ex gobernador Scioli propuso subdividir la provincia, pero sin desmembrarla, en una docena de regiones que no llegaran al millón y medio de habitantes, pero no tuvo apoyo legislativo. En cambio el proyecto de la gobernadora Vidal para La Matanza es su división en cuatro municipios, que se llamarían La Matanza, Gregorio de Laferrere, Los Tapiales y Juan Manuel de Rosas y requerirían de subsidios cruzados para que no se repita el abandono de los sectores más pobres que siguió a la fragmentación de Morón y General Sarmiento.
Pero antes que las teorías en la política actual prevalece la práctica. Desde que la Capital Federal elige a sus autoridades por el voto popular, es la primera vez que la Nación y las dos Buenos Aires son gobernadas por la misma fuerza política, lo cual permite una estrecha coordinación política, que se hizo visible de inmediato con el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma y con la planificación conjunta para el Area Metropolitana (AMBA) entre Rodríguez Larreta y El Hada Buena. Desgajado del resto de la provincia, el conurbano sentiría la atracción política y administrativa de la Ciudad de Buenos Aires. Vidal cree que con el actual esquema sólo es posible administrar un polvorín con el objetivo vital pero modesto, de que no estalle. Incluso, cree que esto no cambiaría aún si la Corte Suprema de Justicia le devolviera el Fondo del Conurbano, con la misma generosidad y cálculo político que aplicó hace dos años con los reclamos por coparticipación de Santa Fe, Córdoba y San Luis.
Los amigos peronistas
Hace apenas dos meses y en un lugar tan dado a la especulación teórica como La Noche de ML, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, planteó la división de la Provincia de Buenos Aires como tema prioritario de una imprescindible “reforma estructural”. Y volvió a calificar de inviable su administración. Tan o más importante que esta definición es que Monzó haya confesado que coincide en un 80 por ciento de este planteo con “otros dirigentes peronistas” como Sergio Massa o Diego Bossio. Esto es imprescindible, porque no podría hacerse sin una enmienda constitucional. Sin esa reestructuración, agregó Monzó, ni El Hada Buena ni quien la suceda van a poder manejar la provincia, cuyo “conurbano es un tema explosivo”. Malamud también afirmó en un reportaje concedido a La izquierda diario que si los candidatos de Cambiemos pierden la elección bonaerense de octubre es improbable que Macrì pueda concluir su mandato. Cuando se desciende de la torre de marfil al territorio la regionalización de Buenos Aires intentaría neutralizar el bastión peronista del conurbano mediante su eventual fusión con la Ciudad Autónoma, aunque los aprendices de brujo deberían meditar el riesgo de producir el resultado opuesto. Que Cambiemos se haya impuesto en Mataderos y Lugano, donde hizo sus deberes el ahora ministro bonaerense Cristian Ritondo, no quiere decir que se haya vuelto insensible a la atracción del peronismo. Nadie sabe mejor que El Hada Buena que no fueron sus virtudes sino el desgaste de un esquema insatisfactorio y la elección de los candidatos rivales la razón de su acceso a la gobernación. Pero no es seguro que esto se repita dentro de dos años cuando intente revalidar su mandato.
Los pasos previos
Estas especulaciones sólo tendrían sentido si la Alianza Cambiemos tuviera un buen desempeño electoral. Sus estrategas se muestran confiados sobre el resultado nacional, aunque no es fácil sumar en una sola columna guarismos de fórmulas que concurrirán con denominaciones y alianzas distintas. También es posible que la ganancia política no se advierta la noche de la elección sino con la asunción de los nuevos representantes. Por ejemplo, en 2015 Macrì reunió en Córdoba el 70 por ciento de los sufragios para presidente, porque el gobernador Juan Schiaretti y su socio José De la Sota no querían la victoria de una fórmula peronista con la cual no tenían afinidad y preferían al Alien Porteño, y porque la dispersión del Frente para la Victoria fue tal que ni siquiera tuvo suficientes fiscales para controlar que esos datos fueran reales y no dibujados. Ahora De la Sota y Schiaretti presentarán candidatos propios, tanto en las listas provinciales como nacionales, de modo que los guarismos de Cambiemos caerán a plomo. Esto no significa que Macrì incremente su dificultad para la aprobación de leyes, ya que el año próximo, esos diputados y senadores cordobeses no votarán con el justicialismo sino con Cambiemos, salvo que los temores de Andrés Malamud se concreten y el parecido entre Macrì y De la Rúa se vuelva ostensible. De hecho, el presidente de la primera Alianza es el único en las tres décadas de la democracia argentina que perdió la primera elección posterior a la presidencial.
Algo menor es el optimismo oficial acerca de la provincia de Buenos Aires. La certeza que transmite Jaime Durán Barba de que candidatos jóvenes y poco o nada conocidos pueden imponerse sobre los aparatos partidarios porque los votantes han tomado la decisión en sus manos, ilusiona al Hada Buena, pero no la obnubila. Cree que puede ganar, pero sabe que no será fácil y teme las consecuencias de una caída. De la boca para afuera, todos los dirigentes de Cambiemos afirman que una candidatura de la ex presidente CFK los favorecería. El razonamiento es que Cristina se impondría en las PASO de agosto, pero que su presencia reproduciría los alineamientos del balotaje presidencial de 2015 y todas las fuerzas se unirían para derrotarla en octubre. Esto no puede descartarse, pero contrariaría toda la experiencia nacional e internacional en la materia. En las elecciones legislativas se vota a favor y no en contra de un candidato. En el peronismo, entretanto, Cristina insiste con la fórmula de unidad y Florencio Randazzo con la confrontación en elecciones internas. En un momento dado, Cristina dijo que ni siquiera descartaba que su ex ministro encabezara la boleta, siempre y cuando se alcanzara el acuerdo programático sobre los temas de la economía popular y la Cláusula Pichetto (el compromiso de todos los candidatos de no moverse de allí una vez electos). Pero sus más próximos colaboradores cuestionaron tal exceso de ecumenismo. Si Randazzo se impusiera, desde el Congreso trabajaría para su candidatura presidencial en 2019. Hoy en cambio, no tiene chances en una interna contra Cristina. El Movimiento Evita, que asido al cordón de los zapatos de Randazzo se ilusiona con una existencia electoral, responde que una interna instalaría al pasajero de los trenes chinos como futuro candidato, aunque perdiera 8 a 2 con la ex presidente. Esa gente cree en el largo plazo o dice lo que el interlocutor quiere oír para asegurarse algo en el corto plazo, que es el horizonte de quienes formados en los movimientos sociales se han acostumbrado a vivir al día, cerca del poder para manotearle lo que se pueda, según la gráfica expresión de Fernando Navarro. Además, en el pago chico de Chivilcoy uno de los hermanos de Randazzo, a quien todos llaman Batería, se ha ido de boca delante de demasiada gente. “Vidal está bancando la campaña de mi hermano”, dice.
El asesino silencioso
Los proyectos oficiales de regionalización son una consecuencia del vertiginoso endeudamiento que constituye el rasgo principal de la gestión macrista. Desde su asunción, en diciembre de 2015 hasta ahora, ha duplicado tanto la deuda total en dólares como en pesos, con la colocación de bonos y las letras del Banco Central y los pases a los bancos. Nunca en toda la historia argentina se produjo un endeudamiento masivo en tan corto plazo y nadie en el mundo se endeudó de esa forma en el mismo año y medio. Contraer deudas en dólares para financiar gastos corrientes en pesos sólo tiene una explicación: los dólares financian la fuga de capitales y la bicicleta financiera o carry trade. Para comprar los dólares que ingresan (por ahora sin dificultad porque la deuda externa era de las más bajas del mundo sobre el producto interno bruto, rubro de la pesada herencia sobre el que el gobierno no habla), se emiten pesos y para retirar de circulación el exceso de pesos se emiten Lebacs (que ya equivalen a la mitad de las reservas del Banco Central). La tasa que se paga por ellas desestimula cualquier inversión productiva. Pero si disminuyera, los dólares emprenderían el viaje de regreso con las ganancias obtenidas y precipitarían una crisis cambiaria. Esto no ocurrirá antes de las elecciones pero no podrá eludirse después. La Argentina se ha introducido en forma voluntaria en un esquema Ponsi, con Macrì como Bernie Madoff. Esto sólo se sostiene con un ingreso creciente de capitales, pero ese flujo se corta en cuanto se avizoran dificultades de repago por falta de generación de recursos genuinos. Los intereses que se pagan por esas deudas vuelven a ser un rubro significativo del presupuesto, luego de una década larga de desendeudamiento. Sólo los intereses de las LEBACS equivalen al presupuesto total de Salud y Educación.
Un estudio del Centro de Economía Política (CEPA) titulado “Deuda, el asesino silencioso” pone la atención sobre el endeudamiento provincial, que se aproxima al 10 por ciento del total. Dada la caída de la actividad se han reducido tanto la recaudación provincial como la transferencia de recursos por coparticipación federal. Frente a este cuadro, el Estado Nacional ha facilitado el endeudamiento de las provincias para que financien sus déficit. Incluso, ha utilizado las autorizaciones como elemento de chantaje para conseguir los votos en el Senado para las medidas más impresentables, como el pago a los fondos buitre, la práctica desaparición del impuesto a los bienes personales y el blanqueo de capitales. Los gobernadores presionaron a sus senadores porque de otro modo no podrían endeudarse. Los 10.500 millones de dólares de deuda que emitieron las provincias argentinas desde que Macrì es presidente, ya están teniendo un fuerte impacto, que irá in crescendo.
En 2004, las deudas provinciales rozaban el 15 por ciento del Producto Interno Bruto. El sostenido proceso de desendeudamiento, financiado por el Estado Nacional, redujo esa incidencia al 4,19 por ciento del PIB al terminar el último gobierno kirchnerista en 2015. Pero en 2016 llegó al 4,89 por ciento y la línea volvió a ser ascendente. En el primer cuatrimestre de este año la deuda llegó al 5,32 por ciento del PIB. Si se miden las deudas contra la recaudación provincial el cuadro es similar. En 2004 la deuda era cuatro veces mayor que la recaudación y en 2015 había caído a menos de una vez (0,85 por ciento). En el primer año de Macrì llegó a 1,02 veces. Los recursos propios de las provincias se redujeron 3,28 por ciento en 2016 y los recibidos por coparticipación, el 3,34 por ciento.
Esto vuelve a colocar a la Argentina en una situación de extrema vulnerabilidad. La dolarización de la economía fue uno de los consejos de los organismos financieros internacionales en la agonía de la convertibilidad y vuelve a escucharse ahora. De producirse sería un cepo permanente, sin marcha atrás, como lo experimentó Ecuador donde ni siquiera una década de gobierno popular pudo recuperar la soberanía monetaria perdida. La desaparición de algunas provincias, el reagrupamiento de otras, la tan reiterada meta de bajar el costo de la política, serían algunas de sus nefastas consecuencias.
Abocada de lleno a la campaña electoral, la Alianza Cambiemos no pierde de vista objetivos de largo plazo, para los que una victoria en octubre es requisito ineludible. Los planes que estudia el gobierno incluyen la tupamacarización de la provincia de Buenos Aires y del municipio de La Matanza, los más poblados del país. Los argumentos con que se defenderá la idea frente a las objeciones de la oposición peronista son los de la difícil gobernabilidad de esos mega agrupamientos humanos y una reflexión histórica sobre un sistema político y una Constitución Nacional que no fueron pensados para una provincia de 16 millones de habitantes y un municipio de casi dos millones, que en realidad corresponden a la escala de un país y de una provincia, respectivamente.
La regionalización no es una idea nueva. No ha habido gobierno que no haya impulsado alguna forma de reordenamiento según distintos parámetros, a partir de la descripción de la Argentina como un enano con cabeza de gigante que frecuentó las polémicas de Sarmiento y Alberdi. La Constitución de 1994 estableció como facultad de las provincias la creación de regiones para el desarrollo económico y social y la celebración de convenios internacionales “en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación”. También es un mandato de la UNASUR. Pero esas regiones no implican la partición de las actuales provincias, una idea que sí se discutió en los finales de la convertibilidad, bajo las sucesivas presidencias de Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Esa discusión se dio al mismo tiempo que la dura batalla por la conducción de la salida de la convertibilidad, entre quienes postulaban la megadevaluación que terminó imponiéndose en 2002 y aquellos que defendían la completa dolarización de la economía. Esas discusiones vuelven a animarse ahora, y no por casualidad. Esto ocurre cuando las alucinantes cifras del endeudamiento externo contraído en apenas un año y medio del gobierno de Maurizio Macrì dibujan en el horizonte un ominoso signo de interrogación sobre la sustentabilidad del esquema de financiar gastos corrientes con la emisión de deuda interna y externa.
En tres y en cuatro
Durante la campaña electoral de 2015, el precandidato presidencial de la UCR, Ernesto Sanz planteó la división en tres de la provincia de Buenos Aires, inspirado en trabajos académicos de su compañero de fórmula, Lucas Llach, y del politólogo filoradical de la Universidad de Lisboa Andrés Malamud. Más allá de las razones de gobernabilidad (o en realidad explicitando qué es ese comodín terminológico) ninguno de ellos oculta su preocupación por la hegemonía política del peronismo, al que Malamud caracteriza como el elefante en el bazar de la política argentina. Esto sigue siendo así a pesar de los resultados electorales de 2015 que pusieron a Maurizio Macrì y El Hada Buena al frente del Poder Ejecutivo y de la provincia de Buenos Aires. Especialista en revelar el secreto vergonzoso que toda la familia guarda, Sanz dijo que el estado bonaerense era inviable, la misma expresión que en la década de 1990 utilizó el inolvidable Domingo Felipe Cavallo. Conviene no olvidar que Llach es el vicepresidente del Banco Central, cuya política monetaria de endeudamiento exponencial es uno de los instrumentos que restan viabilidad no sólo a algunas provincias sino a la propia Nación Argentina. La propuesta de Llach no es nueva. La formuló en su blog “La ciencia maldita” en 2005, un año después del artículo de Malamud “Federalismo distorsionado y desequilibrios políticos: el caso de la provincia de Buenos Aires”. Ambos proponen la división de la provincia de Buenos Aires en tres. Llach tituló su propuesta “Acabemos con el engendro” y presentó un mapa con la hipotética división en tres provincias nominadas Atlántica (que tendría 6,5 millones de habitantes), Cien Chivilcoy (5,6 millones) y Tierra del Indio (con 1,7 millones). Doce años después la población total ya no es de 14 sino de 16 millones, pero las proporciones son indicativas. Las ventajas que enumeró el diletante: “Eliminamos el engendro que pone palos en la rueda desde Mitre a Duhalde pasando por Tejedor, Rocha, Ugarte, Fresco, Cafiero, etc. No tenemos un monstruo que puede sitiar a la Capital y voltear el gobierno del país con sus 70 diputados. Atlántica manda 33 diputados, Cien Chivilcoy 28 y Tierra del Indio un muy respetable 9. Sí, sigue habiendo dos provincias importantes pero cada una duplica a Córdoba, no es cinco veces más. Capital (que se llamará simplemente “Buenos Aires”) manda 25 diputados. Eliminamos para siempre la frase ‘la primera provincia argentina’. Eliminamos el Banco de la Provincia que desde 1822 viene rompiendo las pelotas”. Sobre todo, mejoraría la representación legislativa del interior de la actual provincia, en desmedro del conurbano. El ex gobernador Scioli propuso subdividir la provincia, pero sin desmembrarla, en una docena de regiones que no llegaran al millón y medio de habitantes, pero no tuvo apoyo legislativo. En cambio el proyecto de la gobernadora Vidal para La Matanza es su división en cuatro municipios, que se llamarían La Matanza, Gregorio de Laferrere, Los Tapiales y Juan Manuel de Rosas y requerirían de subsidios cruzados para que no se repita el abandono de los sectores más pobres que siguió a la fragmentación de Morón y General Sarmiento.
Pero antes que las teorías en la política actual prevalece la práctica. Desde que la Capital Federal elige a sus autoridades por el voto popular, es la primera vez que la Nación y las dos Buenos Aires son gobernadas por la misma fuerza política, lo cual permite una estrecha coordinación política, que se hizo visible de inmediato con el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma y con la planificación conjunta para el Area Metropolitana (AMBA) entre Rodríguez Larreta y El Hada Buena. Desgajado del resto de la provincia, el conurbano sentiría la atracción política y administrativa de la Ciudad de Buenos Aires. Vidal cree que con el actual esquema sólo es posible administrar un polvorín con el objetivo vital pero modesto, de que no estalle. Incluso, cree que esto no cambiaría aún si la Corte Suprema de Justicia le devolviera el Fondo del Conurbano, con la misma generosidad y cálculo político que aplicó hace dos años con los reclamos por coparticipación de Santa Fe, Córdoba y San Luis.
Los amigos peronistas
Hace apenas dos meses y en un lugar tan dado a la especulación teórica como La Noche de ML, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, planteó la división de la Provincia de Buenos Aires como tema prioritario de una imprescindible “reforma estructural”. Y volvió a calificar de inviable su administración. Tan o más importante que esta definición es que Monzó haya confesado que coincide en un 80 por ciento de este planteo con “otros dirigentes peronistas” como Sergio Massa o Diego Bossio. Esto es imprescindible, porque no podría hacerse sin una enmienda constitucional. Sin esa reestructuración, agregó Monzó, ni El Hada Buena ni quien la suceda van a poder manejar la provincia, cuyo “conurbano es un tema explosivo”. Malamud también afirmó en un reportaje concedido a La izquierda diario que si los candidatos de Cambiemos pierden la elección bonaerense de octubre es improbable que Macrì pueda concluir su mandato. Cuando se desciende de la torre de marfil al territorio la regionalización de Buenos Aires intentaría neutralizar el bastión peronista del conurbano mediante su eventual fusión con la Ciudad Autónoma, aunque los aprendices de brujo deberían meditar el riesgo de producir el resultado opuesto. Que Cambiemos se haya impuesto en Mataderos y Lugano, donde hizo sus deberes el ahora ministro bonaerense Cristian Ritondo, no quiere decir que se haya vuelto insensible a la atracción del peronismo. Nadie sabe mejor que El Hada Buena que no fueron sus virtudes sino el desgaste de un esquema insatisfactorio y la elección de los candidatos rivales la razón de su acceso a la gobernación. Pero no es seguro que esto se repita dentro de dos años cuando intente revalidar su mandato.
Los pasos previos
Estas especulaciones sólo tendrían sentido si la Alianza Cambiemos tuviera un buen desempeño electoral. Sus estrategas se muestran confiados sobre el resultado nacional, aunque no es fácil sumar en una sola columna guarismos de fórmulas que concurrirán con denominaciones y alianzas distintas. También es posible que la ganancia política no se advierta la noche de la elección sino con la asunción de los nuevos representantes. Por ejemplo, en 2015 Macrì reunió en Córdoba el 70 por ciento de los sufragios para presidente, porque el gobernador Juan Schiaretti y su socio José De la Sota no querían la victoria de una fórmula peronista con la cual no tenían afinidad y preferían al Alien Porteño, y porque la dispersión del Frente para la Victoria fue tal que ni siquiera tuvo suficientes fiscales para controlar que esos datos fueran reales y no dibujados. Ahora De la Sota y Schiaretti presentarán candidatos propios, tanto en las listas provinciales como nacionales, de modo que los guarismos de Cambiemos caerán a plomo. Esto no significa que Macrì incremente su dificultad para la aprobación de leyes, ya que el año próximo, esos diputados y senadores cordobeses no votarán con el justicialismo sino con Cambiemos, salvo que los temores de Andrés Malamud se concreten y el parecido entre Macrì y De la Rúa se vuelva ostensible. De hecho, el presidente de la primera Alianza es el único en las tres décadas de la democracia argentina que perdió la primera elección posterior a la presidencial.
Algo menor es el optimismo oficial acerca de la provincia de Buenos Aires. La certeza que transmite Jaime Durán Barba de que candidatos jóvenes y poco o nada conocidos pueden imponerse sobre los aparatos partidarios porque los votantes han tomado la decisión en sus manos, ilusiona al Hada Buena, pero no la obnubila. Cree que puede ganar, pero sabe que no será fácil y teme las consecuencias de una caída. De la boca para afuera, todos los dirigentes de Cambiemos afirman que una candidatura de la ex presidente CFK los favorecería. El razonamiento es que Cristina se impondría en las PASO de agosto, pero que su presencia reproduciría los alineamientos del balotaje presidencial de 2015 y todas las fuerzas se unirían para derrotarla en octubre. Esto no puede descartarse, pero contrariaría toda la experiencia nacional e internacional en la materia. En las elecciones legislativas se vota a favor y no en contra de un candidato. En el peronismo, entretanto, Cristina insiste con la fórmula de unidad y Florencio Randazzo con la confrontación en elecciones internas. En un momento dado, Cristina dijo que ni siquiera descartaba que su ex ministro encabezara la boleta, siempre y cuando se alcanzara el acuerdo programático sobre los temas de la economía popular y la Cláusula Pichetto (el compromiso de todos los candidatos de no moverse de allí una vez electos). Pero sus más próximos colaboradores cuestionaron tal exceso de ecumenismo. Si Randazzo se impusiera, desde el Congreso trabajaría para su candidatura presidencial en 2019. Hoy en cambio, no tiene chances en una interna contra Cristina. El Movimiento Evita, que asido al cordón de los zapatos de Randazzo se ilusiona con una existencia electoral, responde que una interna instalaría al pasajero de los trenes chinos como futuro candidato, aunque perdiera 8 a 2 con la ex presidente. Esa gente cree en el largo plazo o dice lo que el interlocutor quiere oír para asegurarse algo en el corto plazo, que es el horizonte de quienes formados en los movimientos sociales se han acostumbrado a vivir al día, cerca del poder para manotearle lo que se pueda, según la gráfica expresión de Fernando Navarro. Además, en el pago chico de Chivilcoy uno de los hermanos de Randazzo, a quien todos llaman Batería, se ha ido de boca delante de demasiada gente. “Vidal está bancando la campaña de mi hermano”, dice.
El asesino silencioso
Los proyectos oficiales de regionalización son una consecuencia del vertiginoso endeudamiento que constituye el rasgo principal de la gestión macrista. Desde su asunción, en diciembre de 2015 hasta ahora, ha duplicado tanto la deuda total en dólares como en pesos, con la colocación de bonos y las letras del Banco Central y los pases a los bancos. Nunca en toda la historia argentina se produjo un endeudamiento masivo en tan corto plazo y nadie en el mundo se endeudó de esa forma en el mismo año y medio. Contraer deudas en dólares para financiar gastos corrientes en pesos sólo tiene una explicación: los dólares financian la fuga de capitales y la bicicleta financiera o carry trade. Para comprar los dólares que ingresan (por ahora sin dificultad porque la deuda externa era de las más bajas del mundo sobre el producto interno bruto, rubro de la pesada herencia sobre el que el gobierno no habla), se emiten pesos y para retirar de circulación el exceso de pesos se emiten Lebacs (que ya equivalen a la mitad de las reservas del Banco Central). La tasa que se paga por ellas desestimula cualquier inversión productiva. Pero si disminuyera, los dólares emprenderían el viaje de regreso con las ganancias obtenidas y precipitarían una crisis cambiaria. Esto no ocurrirá antes de las elecciones pero no podrá eludirse después. La Argentina se ha introducido en forma voluntaria en un esquema Ponsi, con Macrì como Bernie Madoff. Esto sólo se sostiene con un ingreso creciente de capitales, pero ese flujo se corta en cuanto se avizoran dificultades de repago por falta de generación de recursos genuinos. Los intereses que se pagan por esas deudas vuelven a ser un rubro significativo del presupuesto, luego de una década larga de desendeudamiento. Sólo los intereses de las LEBACS equivalen al presupuesto total de Salud y Educación.
Un estudio del Centro de Economía Política (CEPA) titulado “Deuda, el asesino silencioso” pone la atención sobre el endeudamiento provincial, que se aproxima al 10 por ciento del total. Dada la caída de la actividad se han reducido tanto la recaudación provincial como la transferencia de recursos por coparticipación federal. Frente a este cuadro, el Estado Nacional ha facilitado el endeudamiento de las provincias para que financien sus déficit. Incluso, ha utilizado las autorizaciones como elemento de chantaje para conseguir los votos en el Senado para las medidas más impresentables, como el pago a los fondos buitre, la práctica desaparición del impuesto a los bienes personales y el blanqueo de capitales. Los gobernadores presionaron a sus senadores porque de otro modo no podrían endeudarse. Los 10.500 millones de dólares de deuda que emitieron las provincias argentinas desde que Macrì es presidente, ya están teniendo un fuerte impacto, que irá in crescendo.
En 2004, las deudas provinciales rozaban el 15 por ciento del Producto Interno Bruto. El sostenido proceso de desendeudamiento, financiado por el Estado Nacional, redujo esa incidencia al 4,19 por ciento del PIB al terminar el último gobierno kirchnerista en 2015. Pero en 2016 llegó al 4,89 por ciento y la línea volvió a ser ascendente. En el primer cuatrimestre de este año la deuda llegó al 5,32 por ciento del PIB. Si se miden las deudas contra la recaudación provincial el cuadro es similar. En 2004 la deuda era cuatro veces mayor que la recaudación y en 2015 había caído a menos de una vez (0,85 por ciento). En el primer año de Macrì llegó a 1,02 veces. Los recursos propios de las provincias se redujeron 3,28 por ciento en 2016 y los recibidos por coparticipación, el 3,34 por ciento.
Esto vuelve a colocar a la Argentina en una situación de extrema vulnerabilidad. La dolarización de la economía fue uno de los consejos de los organismos financieros internacionales en la agonía de la convertibilidad y vuelve a escucharse ahora. De producirse sería un cepo permanente, sin marcha atrás, como lo experimentó Ecuador donde ni siquiera una década de gobierno popular pudo recuperar la soberanía monetaria perdida. La desaparición de algunas provincias, el reagrupamiento de otras, la tan reiterada meta de bajar el costo de la política, serían algunas de sus nefastas consecuencias.
