Cristina de Kirchner
El déjà vu de 2001 sobrevoló ayer los dominios bonaerenses. El escenario más temido, que remite a la crisis que fulminó a Carlos Ruckauf, asomó con un tibio indicio a través de la urgencia de Daniel Scioli, a priori legal, de declarar en emergencia económica y financiera la provincia.
El lunes o el martes el gobernador firmará un proyecto -y lo enviará al Parlamento- que lo habilita para ejecutar un «pack» de medidas administrativas: desdoblar remuneraciones, rescindir y renegociar contratos y fusionar organismos y empresas del Estado.
Lo autoriza, además, a reconfigurar la autorización de deuda en dólares -prevista para colocar en el exterior- en bonos locales y a poner el cartel de «en venta» en las propiedades, edificios y tierras que, mapeo mediante, se consideren ociosas y de atracción comercial.
El último capítulo potencia un régimen que el Instituto de Previsión Social (IPS), a cargo de Mariano Cascallares, diseñó y empezó a desarrollar: un plan de las jubilaciones anticipadas. «Por ahora, optativas», reveló uno de los escribas de la emergencia.
Costos
Sin margen, Scioli aceptó promover una emergencia que arrastra un altísimo costo simbólico: en agosto de 2001, Ruckauf declaró ese estado de crisis para emitir patacones y recortar salarios. Por ahora, sólo es para cuotificar el pago del aguinaldo.
El gobernador resistió hasta que lo asumió como el único recurso para gambetear la demanda de la Corte Suprema de Justicia bonaerense que avisó que para parcelar remuneraciones debe regir -y con respaldo parlamentario- una declaración de emergencia.
Simple: Scioli rehúsa cualquier reflejo que «linkee» con 2001. Por eso, el «scrum» de funcionarios y legisladores -Alberto Pérez, Luciano Di Gresia, Silvina Batakis y Ricardo Casal, entre otros- que ayer reunió en Casa de Gobierno, ensayó un coreo para descartar «terminantemente» la posibilidad de poner en circulación cuasi moneda.
Sin embargo, el proyecto de emergencia fija los términos para la emisión de bonos en pesos para amortiguar el «default» de proveedores al convertir en papeles la autorización de deuda prevista para colocar en el exterior. La cifra ronda los 8.000 millones de pesos.
La mutación financiera tiene un costado político: evita tomar un nuevo endeudamiento que requeriría, en la Legislatura, el respaldo de 2/3 de los votos. El FpV está, en Diputados, a tres votos de la mayoría simple. Lo sufrió en el debate del revalúo inmobiliario.
El comportamiento del kirchnerismo frente a esa ley será un indicador de la voluntad presidencial.
Pliegos
La turbulencia bonaerense tiene varios pliegos:
Uno se vincula con la velocidad: en mayo pasado, hace sólo 40 días, el gran público y buena parte de la clase política leyó como una hipótesis truculenta el diagnóstico sobre pagos desdoblados al personal y «emergencia». Ocurrió, y el impacto emotivo de esas disposiciones es incierto. Los consultores ya lo detectaron con fuerza: el universo de encuestados que proyecta un peor estado general para los próximos meses creció con fuerza en los últimos 60 días. Julio De Vido trató, ayer, de consolar a los intendentes con promesas de planes de obras que están, desde noviembre, prácticamente paralizadas.
Sin diálogo entre Cristina de Kirchner y Scioli, y luego del recorte federal, las versiones más descabelladas parecen válidas: por ejemplo, la que preanuncia que sin asistencia nacional extra, en 60 -o, como máximo, 90 días- la provincia debería abonar en cuotas también los salarios. Ayer, para descomprimir el frente gremial -que paró el miércoles, para hoy y lo hará la semana que viene- dispuso una flexibilización sobre el aguinaldo: en la primera cuota cobrará la totalidad el 10% de los empleados, en la segunda trepará al 28% y en la tercera al 72% (ver aparte). Ese esfuerzo fiscal deja sin «resto» económico a la provincia y acorta los plazos de supervivencia sin auxilio nacional.
Ambos factores se retroalimentan. ¿Cómo sostener el relato de seguir de pie mientras el mundo se derrumba si la principal provincia entra en cesación de pago a proveedores y parcela el pago a sus empleados? Un peronista que malquiere a Scioli y transita la galaxia de Julio De Vido hizo anoche una advertencia temeraria: «Cristina no se debe olvidar que la última vez que estalló la provincia, cayó el presidente». Recurrió a la teoría del contagio sobre la imposibilidad de determinar en qué punto los problemas bonaerenses empiezan a roer los cimientos de la Casa Rosada.
El déjà vu de 2001 sobrevoló ayer los dominios bonaerenses. El escenario más temido, que remite a la crisis que fulminó a Carlos Ruckauf, asomó con un tibio indicio a través de la urgencia de Daniel Scioli, a priori legal, de declarar en emergencia económica y financiera la provincia.
El lunes o el martes el gobernador firmará un proyecto -y lo enviará al Parlamento- que lo habilita para ejecutar un «pack» de medidas administrativas: desdoblar remuneraciones, rescindir y renegociar contratos y fusionar organismos y empresas del Estado.
Lo autoriza, además, a reconfigurar la autorización de deuda en dólares -prevista para colocar en el exterior- en bonos locales y a poner el cartel de «en venta» en las propiedades, edificios y tierras que, mapeo mediante, se consideren ociosas y de atracción comercial.
El último capítulo potencia un régimen que el Instituto de Previsión Social (IPS), a cargo de Mariano Cascallares, diseñó y empezó a desarrollar: un plan de las jubilaciones anticipadas. «Por ahora, optativas», reveló uno de los escribas de la emergencia.
Costos
Sin margen, Scioli aceptó promover una emergencia que arrastra un altísimo costo simbólico: en agosto de 2001, Ruckauf declaró ese estado de crisis para emitir patacones y recortar salarios. Por ahora, sólo es para cuotificar el pago del aguinaldo.
El gobernador resistió hasta que lo asumió como el único recurso para gambetear la demanda de la Corte Suprema de Justicia bonaerense que avisó que para parcelar remuneraciones debe regir -y con respaldo parlamentario- una declaración de emergencia.
Simple: Scioli rehúsa cualquier reflejo que «linkee» con 2001. Por eso, el «scrum» de funcionarios y legisladores -Alberto Pérez, Luciano Di Gresia, Silvina Batakis y Ricardo Casal, entre otros- que ayer reunió en Casa de Gobierno, ensayó un coreo para descartar «terminantemente» la posibilidad de poner en circulación cuasi moneda.
Sin embargo, el proyecto de emergencia fija los términos para la emisión de bonos en pesos para amortiguar el «default» de proveedores al convertir en papeles la autorización de deuda prevista para colocar en el exterior. La cifra ronda los 8.000 millones de pesos.
La mutación financiera tiene un costado político: evita tomar un nuevo endeudamiento que requeriría, en la Legislatura, el respaldo de 2/3 de los votos. El FpV está, en Diputados, a tres votos de la mayoría simple. Lo sufrió en el debate del revalúo inmobiliario.
El comportamiento del kirchnerismo frente a esa ley será un indicador de la voluntad presidencial.
Pliegos
La turbulencia bonaerense tiene varios pliegos:
Uno se vincula con la velocidad: en mayo pasado, hace sólo 40 días, el gran público y buena parte de la clase política leyó como una hipótesis truculenta el diagnóstico sobre pagos desdoblados al personal y «emergencia». Ocurrió, y el impacto emotivo de esas disposiciones es incierto. Los consultores ya lo detectaron con fuerza: el universo de encuestados que proyecta un peor estado general para los próximos meses creció con fuerza en los últimos 60 días. Julio De Vido trató, ayer, de consolar a los intendentes con promesas de planes de obras que están, desde noviembre, prácticamente paralizadas.
Sin diálogo entre Cristina de Kirchner y Scioli, y luego del recorte federal, las versiones más descabelladas parecen válidas: por ejemplo, la que preanuncia que sin asistencia nacional extra, en 60 -o, como máximo, 90 días- la provincia debería abonar en cuotas también los salarios. Ayer, para descomprimir el frente gremial -que paró el miércoles, para hoy y lo hará la semana que viene- dispuso una flexibilización sobre el aguinaldo: en la primera cuota cobrará la totalidad el 10% de los empleados, en la segunda trepará al 28% y en la tercera al 72% (ver aparte). Ese esfuerzo fiscal deja sin «resto» económico a la provincia y acorta los plazos de supervivencia sin auxilio nacional.
Ambos factores se retroalimentan. ¿Cómo sostener el relato de seguir de pie mientras el mundo se derrumba si la principal provincia entra en cesación de pago a proveedores y parcela el pago a sus empleados? Un peronista que malquiere a Scioli y transita la galaxia de Julio De Vido hizo anoche una advertencia temeraria: «Cristina no se debe olvidar que la última vez que estalló la provincia, cayó el presidente». Recurrió a la teoría del contagio sobre la imposibilidad de determinar en qué punto los problemas bonaerenses empiezan a roer los cimientos de la Casa Rosada.
55 años sin revalúo del inmobiliario rural, y del que recaudaba apenas el 3% del presupuesto provincial…
Y… la buena onda con «el campo» tiene su costo, eh?
A llorarle al Chaqueño Palavecino. O a Pimpinela.