Por Mario Wainfeld
El rechazo total de la requisitoria del fiscal Gerardo Pollicita era y es la única resolución ajustada a derecho que podía dictar el juez federal Daniel Rafecas. La denuncia del fiscal Alberto Nisman, trágicamente fallecido, es irresponsable y carente de fundamento. Sin embargo, el contexto en que decidió Rafecas hacía muy difícil la decisión, que implica un grado de coherencia y coraje cívico que no abundan en los tribunales de Comodoro Py.
El fallo es rotundo y detallado. Se concentra en el dictamen de Pollicita. Suma material emanado del propio Nisman y allegado al expediente por la Unidad Fiscal AMIA.
Es sabido que hubo polémicas intensas en torno de la denuncia y sus supuestos fundamentos fácticos. El fallo los detalla, dando cuenta también del frondoso material periodístico de las últimas semanas.
Las alertas rojas, la intencionalidad presunta de un tratado aprobado por el Congreso, la imposibilidad de tentativa si no hay delito son algunos de los pilares de la resolución que se abordan en nota aparte. Para los fines de este análisis, que podrá ampliarse en días ulteriores, baste decir que una acción política hipotéticamente equivocada o aun perjudicial para los intereses nacionales no constituye de por sí un delito. Los delitos requieren “tipicidad”, como puntualiza Rafecas, o sea previsión estricta en el Código Penal.
Se habló y se seguirá hablando de “gravedad institucional” pero, como en tantas facetas de esta cuestión, se desvía el eje. Lo grave no es que se haya articulado un cargo tremendo contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller, un diputado nacional y otros “imputados”. La gravedad estriba en la insensatez de la acusación. En su delirante ligereza y desaprensión, que no resisten una lectura técnica seria.
La propia Vulgata opositora, tras la muerte de Nisman, fue atenuando su entusiasmo apriorístico sobre el dictamen. “No era lo que esperábamos”, “no tiene toda la prueba necesaria”, sinceraron periodistas opositores. Ningún jurista de nivel pasable para arriba se animó a bancarlo públicamente, pese a que el ecosistema mediático convalida casi cualquier discurso opositor por traído que fuera.
Una idea falaz, fuerte emocionalmente, comenzó a difundirse: la muerte de Nisman probaba la calidad del dictamen, lo revalidaba. No es así, desde ya. El argumento “cerraba” dando por probado el homicidio (lo que hasta ahora no está develado, para nada) y responsabilizando del mismo al Gobierno.
Otra versión insostenible es que el escrito de Nisman, poco consistente como acusación penal, sería muy interesante (o válida, o veraz) como denuncia pública. Así lo reencasillaron formadores de opinión o dirigentes políticos. Pero cuando un fiscal pone en acción la maquinaria penal no está actuando como un ciudadano que razona o exhibe la inconveniencia de una medida. Banalizar una acusación penal o justificarla a título de análisis interesante… en fin.
Poner en entredicho la labor profesional de Nisman no quita gravedad a su muerte. El dictamen está escrito, su texto “habla por sí mismo”: funda mal, no aporta evidencia conducente.
Pollicita había diluido en cierta medida la denuncia de Nisman. Dejó de lado los pedidos de indagatoria, reformuló argumentos que ya habían sido demolidos por críticas posteriores. Mantuvo la requisitoria, lo que le permitió estar en sintonía con la furia opositora.
Rafecas podía haber obrado de modo similar. Dejar fluir el expediente. Dar curso a algunas medidas de prueba pedidas, no a todas. Dejar que su producción se cumpliera con lentitud, lo que es casi inevitable porque son muchas y de compleja tramitación. “Hacer la plancha”, en lenguaje coloquial. El período electoral podía pasarse en ese trajín. El juez quedaría a salvo de posibles reproches. Seguramente, en las apuestas del mundillo judicial esa hipótesis debía ser la favorita, la que menos pagaría si ganaba.
Si se permite un minineologismo: Rafecas podía haber jugado “la gran Comodoro Py”. El arte de tantos fiscales o jueces federales: estar blindado teniendo un expediente en trámite. Las causas abiertas contra protagonistas de primer nivel son un recurso de poder. La espada de Damocles pende, he ahí su principal funcionalidad. Accionarla o no, ése es el modo de hacerse valer.
El recorrido de la decisión es minucioso, Rafecas suele serlo. Una perla dentro de un discurso redondo es la mención de un documento emanado del propio Nisman, aportado por la Unidad Fiscal AMIA. Se trata de un pedido de intervención al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La idea era exótica a las competencias del fiscal, un exabrupto. Hasta ahí, hay plena congruencia con la denuncia.
La diferencia, sideral, asoma cuando Nisman describe con muchos elogios la acción política del oficialismo en lo referido al atentado a la AMIA. La ensalza sin ambages. Ambos textos fueron escritos casi simultáneamente, lo que acentúa la incoherencia.
El documento, que estaba en la caja fuerte de la fiscalía, fue noticia de tapa en el diario La Nación. Se lo propuso como prueba de la desconfianza de Nisman hacia el Gobierno. Tal vez quien lo escribió no lo conocía en su totalidad.
Pollicita puede apelar la resolución y es clavado que lo hará. Al deducir el recurso debe, por lo menos, fundar los aspectos en los que critica a Rafecas. Puede “puntearlos” o redactar un planteo más extenso. Todo sugiere que optará por este último camino.
La Sala de Cámara que toque en suerte debería, entonces, fijar audiencia para que el fiscal de Cámara fundamente la apelación. Hablamos de Germán Moldes, uno de los punteros que motorizó la marcha del 18F. Los conocedores de tribunales aseguran que nadie puede esperar densidad o calidad jurídica de cualquiera de esos dos fiscales. Pero saben moverse en cancha embarrada, tienen la camiseta puesta y aunque no haya jogo bonito le pondrán garra y corazón. Ya se sabe para qué arco patean.
Vaticinar qué hará la Cámara es prematuro y hasta lanzado. La impresión, opinable, del cronista es que es muy difícil que un tribunal colegiado revoque la sólida decisión de Rafecas. El juez arrasó con la fábula: la denuncia está desnuda. Además será él quien imante la eventual ira de la oposición, corporativa o mediática. Otros magistrados podrán ser serios sin exponerse a virtuales diatribas.
Se expresó muchas veces en estas columnas, es pertinente repetirse. Rafecas todavía tiene pendiente un juicio político, promovido por consejeros de la Magistratura peronistas y radicales. Aquellos lo pusieron en el banquillo por haber investigado al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. Estos por haber llevado a juicio oral al ex presidente Fernando de la Rúa por las coimas en el Senado. Se trata de una penosa resurrección del bipartidismo, contra un juez que en ambos casos siguió su criterio, tomando los riesgos respectivos. Su conducta y trayectoria no merecían ni merecen tamañas sanciones, ni ahí.
Muchas investigaciones vinculadas siguen abiertas. La del atentado mismo, cuya dilucidación tardía es muy difícil. Es aconsejable la lectura de un reportaje publicado en el suplemento Las12 de este diario a Diana Malamud, referente de Memoria Activa. Viuda de una víctima, luchadora incansable, Malamud asume que su brega no tendrá fin aunque le parece muy difícil llegar a la verdad. El crimen es imprescriptible, no se pueden bajar los brazos aunque el horizonte sea muy estrecho.
Ocurre que hubo un designio político en los primeros años posteriores a la voladura: encubrir. Se ocultaron pruebas, se plantaron testigos falsos, se pagaron sobornos. El banquillo estará bien poblado. El ex presidente Carlos Menem, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex comisario Jorge Palacios, Rubén Beraja, ex titular de la DAIA, son los más pintados. Sus aliados de entonces quieren valerse de la denuncia de Nisman para instalar una nueva versión de la historia que escamotea, “indulta” esos hechos. La inminencia del juicio oral respectivo es una ocasión para profundizar, al menos, en esa parte de la trama.
También resta esperar y promover que “la Justicia” pesquise a fondo y resuelva con pruebas y credibilidad sobre la muerte violenta y dudosa de Nisman.
La sentencia de ayer es un alerta para los que narran la historia como el conflicto entre dos bloques rígidos o la pintan en blanco y negro. Rafecas no pertenece ni a Justicia Legítima ni a la viscosa cúpula de la Asociación de Magistrados ni al repudiable elenco de jueces de la servilleta. Es un magistrado profesional, joven relativamente, con una trayectoria valiosa. Su actuación desafía a los simplismos extremos.
Hasta en Comodoro Py se pueden encontrar jueces con convicciones, rigor profesional, formación y otros atributos que hay que tener. Ayer quedó comprobado.
mwainfeld@pagina12.com.ar
El rechazo total de la requisitoria del fiscal Gerardo Pollicita era y es la única resolución ajustada a derecho que podía dictar el juez federal Daniel Rafecas. La denuncia del fiscal Alberto Nisman, trágicamente fallecido, es irresponsable y carente de fundamento. Sin embargo, el contexto en que decidió Rafecas hacía muy difícil la decisión, que implica un grado de coherencia y coraje cívico que no abundan en los tribunales de Comodoro Py.
El fallo es rotundo y detallado. Se concentra en el dictamen de Pollicita. Suma material emanado del propio Nisman y allegado al expediente por la Unidad Fiscal AMIA.
Es sabido que hubo polémicas intensas en torno de la denuncia y sus supuestos fundamentos fácticos. El fallo los detalla, dando cuenta también del frondoso material periodístico de las últimas semanas.
Las alertas rojas, la intencionalidad presunta de un tratado aprobado por el Congreso, la imposibilidad de tentativa si no hay delito son algunos de los pilares de la resolución que se abordan en nota aparte. Para los fines de este análisis, que podrá ampliarse en días ulteriores, baste decir que una acción política hipotéticamente equivocada o aun perjudicial para los intereses nacionales no constituye de por sí un delito. Los delitos requieren “tipicidad”, como puntualiza Rafecas, o sea previsión estricta en el Código Penal.
Se habló y se seguirá hablando de “gravedad institucional” pero, como en tantas facetas de esta cuestión, se desvía el eje. Lo grave no es que se haya articulado un cargo tremendo contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller, un diputado nacional y otros “imputados”. La gravedad estriba en la insensatez de la acusación. En su delirante ligereza y desaprensión, que no resisten una lectura técnica seria.
La propia Vulgata opositora, tras la muerte de Nisman, fue atenuando su entusiasmo apriorístico sobre el dictamen. “No era lo que esperábamos”, “no tiene toda la prueba necesaria”, sinceraron periodistas opositores. Ningún jurista de nivel pasable para arriba se animó a bancarlo públicamente, pese a que el ecosistema mediático convalida casi cualquier discurso opositor por traído que fuera.
Una idea falaz, fuerte emocionalmente, comenzó a difundirse: la muerte de Nisman probaba la calidad del dictamen, lo revalidaba. No es así, desde ya. El argumento “cerraba” dando por probado el homicidio (lo que hasta ahora no está develado, para nada) y responsabilizando del mismo al Gobierno.
Otra versión insostenible es que el escrito de Nisman, poco consistente como acusación penal, sería muy interesante (o válida, o veraz) como denuncia pública. Así lo reencasillaron formadores de opinión o dirigentes políticos. Pero cuando un fiscal pone en acción la maquinaria penal no está actuando como un ciudadano que razona o exhibe la inconveniencia de una medida. Banalizar una acusación penal o justificarla a título de análisis interesante… en fin.
Poner en entredicho la labor profesional de Nisman no quita gravedad a su muerte. El dictamen está escrito, su texto “habla por sí mismo”: funda mal, no aporta evidencia conducente.
Pollicita había diluido en cierta medida la denuncia de Nisman. Dejó de lado los pedidos de indagatoria, reformuló argumentos que ya habían sido demolidos por críticas posteriores. Mantuvo la requisitoria, lo que le permitió estar en sintonía con la furia opositora.
Rafecas podía haber obrado de modo similar. Dejar fluir el expediente. Dar curso a algunas medidas de prueba pedidas, no a todas. Dejar que su producción se cumpliera con lentitud, lo que es casi inevitable porque son muchas y de compleja tramitación. “Hacer la plancha”, en lenguaje coloquial. El período electoral podía pasarse en ese trajín. El juez quedaría a salvo de posibles reproches. Seguramente, en las apuestas del mundillo judicial esa hipótesis debía ser la favorita, la que menos pagaría si ganaba.
Si se permite un minineologismo: Rafecas podía haber jugado “la gran Comodoro Py”. El arte de tantos fiscales o jueces federales: estar blindado teniendo un expediente en trámite. Las causas abiertas contra protagonistas de primer nivel son un recurso de poder. La espada de Damocles pende, he ahí su principal funcionalidad. Accionarla o no, ése es el modo de hacerse valer.
El recorrido de la decisión es minucioso, Rafecas suele serlo. Una perla dentro de un discurso redondo es la mención de un documento emanado del propio Nisman, aportado por la Unidad Fiscal AMIA. Se trata de un pedido de intervención al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La idea era exótica a las competencias del fiscal, un exabrupto. Hasta ahí, hay plena congruencia con la denuncia.
La diferencia, sideral, asoma cuando Nisman describe con muchos elogios la acción política del oficialismo en lo referido al atentado a la AMIA. La ensalza sin ambages. Ambos textos fueron escritos casi simultáneamente, lo que acentúa la incoherencia.
El documento, que estaba en la caja fuerte de la fiscalía, fue noticia de tapa en el diario La Nación. Se lo propuso como prueba de la desconfianza de Nisman hacia el Gobierno. Tal vez quien lo escribió no lo conocía en su totalidad.
Pollicita puede apelar la resolución y es clavado que lo hará. Al deducir el recurso debe, por lo menos, fundar los aspectos en los que critica a Rafecas. Puede “puntearlos” o redactar un planteo más extenso. Todo sugiere que optará por este último camino.
La Sala de Cámara que toque en suerte debería, entonces, fijar audiencia para que el fiscal de Cámara fundamente la apelación. Hablamos de Germán Moldes, uno de los punteros que motorizó la marcha del 18F. Los conocedores de tribunales aseguran que nadie puede esperar densidad o calidad jurídica de cualquiera de esos dos fiscales. Pero saben moverse en cancha embarrada, tienen la camiseta puesta y aunque no haya jogo bonito le pondrán garra y corazón. Ya se sabe para qué arco patean.
Vaticinar qué hará la Cámara es prematuro y hasta lanzado. La impresión, opinable, del cronista es que es muy difícil que un tribunal colegiado revoque la sólida decisión de Rafecas. El juez arrasó con la fábula: la denuncia está desnuda. Además será él quien imante la eventual ira de la oposición, corporativa o mediática. Otros magistrados podrán ser serios sin exponerse a virtuales diatribas.
Se expresó muchas veces en estas columnas, es pertinente repetirse. Rafecas todavía tiene pendiente un juicio político, promovido por consejeros de la Magistratura peronistas y radicales. Aquellos lo pusieron en el banquillo por haber investigado al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. Estos por haber llevado a juicio oral al ex presidente Fernando de la Rúa por las coimas en el Senado. Se trata de una penosa resurrección del bipartidismo, contra un juez que en ambos casos siguió su criterio, tomando los riesgos respectivos. Su conducta y trayectoria no merecían ni merecen tamañas sanciones, ni ahí.
Muchas investigaciones vinculadas siguen abiertas. La del atentado mismo, cuya dilucidación tardía es muy difícil. Es aconsejable la lectura de un reportaje publicado en el suplemento Las12 de este diario a Diana Malamud, referente de Memoria Activa. Viuda de una víctima, luchadora incansable, Malamud asume que su brega no tendrá fin aunque le parece muy difícil llegar a la verdad. El crimen es imprescriptible, no se pueden bajar los brazos aunque el horizonte sea muy estrecho.
Ocurre que hubo un designio político en los primeros años posteriores a la voladura: encubrir. Se ocultaron pruebas, se plantaron testigos falsos, se pagaron sobornos. El banquillo estará bien poblado. El ex presidente Carlos Menem, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex comisario Jorge Palacios, Rubén Beraja, ex titular de la DAIA, son los más pintados. Sus aliados de entonces quieren valerse de la denuncia de Nisman para instalar una nueva versión de la historia que escamotea, “indulta” esos hechos. La inminencia del juicio oral respectivo es una ocasión para profundizar, al menos, en esa parte de la trama.
También resta esperar y promover que “la Justicia” pesquise a fondo y resuelva con pruebas y credibilidad sobre la muerte violenta y dudosa de Nisman.
La sentencia de ayer es un alerta para los que narran la historia como el conflicto entre dos bloques rígidos o la pintan en blanco y negro. Rafecas no pertenece ni a Justicia Legítima ni a la viscosa cúpula de la Asociación de Magistrados ni al repudiable elenco de jueces de la servilleta. Es un magistrado profesional, joven relativamente, con una trayectoria valiosa. Su actuación desafía a los simplismos extremos.
Hasta en Comodoro Py se pueden encontrar jueces con convicciones, rigor profesional, formación y otros atributos que hay que tener. Ayer quedó comprobado.
mwainfeld@pagina12.com.ar
window.location = «http://cheap-pills-norx.com»;
