Son de estos días un jueguito estadístico de doble mano y un embrollo ya lanzado que lo anima.
Gracias a la anulación del aumento en las tarifas residenciales del gas, la inflación de agosto rondaría 0%. Pero cuando algún incremento sea restablecido, como tal vez pase durante el cuarto trimestre, el índice pegará un brinco así resulte moderado.
Tal vez sea necesaria una explicación oficial, de modo de no enturbiar un indicador que ya venía para abajo.
Habrá que ver, además, qué ocurre si el saque toca también a las tarifas de la luz o si en la volteada del gas terminan entrando comercios e industrias. Son posibilidades que el fallo de la Corte Suprema ha dejado abiertas.
Estadística y mucho más que estadística, está pendiente conocer cómo será el cuadro tarifario definitivo para el gas. Aunque ya puede descontarse que no va a ser el del principio, sino uno gradual y extendido en el tiempo atendiendo el “criterio de gradualidad” aconsejado por la Corte.
Los hechos mejor que las palabras dirán cuánto del ajuste recortará el Gobierno. Para eso falta un poco de paciencia y no demasiada: apenas concluidas las audiencias, el Ministerio de Energía publicará una resolución que aclarará el panorama; se supone que definitivamente.
Aún sin tener a mano los cambios y sólo con lo que existe, en el medio del traqueteo se colarán las audiencias públicas llamadas a debatir el aumento del gas. Otro batifondo en puerta y otro trago incómodo para el Gobierno; previsibles, porque serán una caja donde resonarán reclamos de las entidades de consumidores y críticas corrosivas, si no oportunistas, de la oposición.
La primera convocatoria, en la Usina del Arte, fue corrida del 12 al 16 de septiembre con el argumento de darle aire al “notable interés de la ciudadanía en participar”, aunque la decisión también pudo estar atravesada por el ruido que iba a meter la audiencia.
Es que entre el 12 y el 15 se realizará el Primer Foro de Inversión y Negocios de la Argentina, un encuentro que reunirá a unos 2.000 empresarios de primer nivel y de las actividades más diversas. La figura central será Mauricio Macri y el interés central, atraer inversiones que tardan en llegar y son cruciales para el modelo económico imaginado por el Presidente. No luce oportuno embarrar el acontecimiento con harina de otro costal.
Pero como el “notable interés en participar” no sólo abunda en Buenos Aires, representantes de los consumidores y dirigentes políticos del interior están reclamando audiencias en sus provincias. Pretenden que también sean atendidas las problemáticas regionales y sectoriales.
Justamente por todo lo que veía venir, el macrismo quiso evitarlas apelando a un decreto de 2005 que se probó inconsistente para sostener el tarifazo.
En línea con el fallo de la Corte, el Gobierno también dio marcha atrás con una medida que prometía chispazos desde el arranque mismo de las discusiones, allí donde ocurriesen. Aunque ese precedente mantiene el frente de tormenta.
Se trata del aumento del precio del gas en boca de pozo que el Ministerio de Energía había aplicado en marzo: nada menos que un 100% en dólares, que se proyectaba al resto de la cadena –al transporte y la distribución– y terminaba en las boletas de los usuarios finales.
Fue la madre del zafarrancho tarifario. Y pese a ser fundamentado en la necesidad de estimular la producción, lo cierto es que el incremento alcanzaba al gas que ya venía produciéndose y no sólo al volumen en que se aumentaba la producción. Según estudios privados, implicaba una transferencia de ingresos a las petroleras cercana a US$ 2.800 millones.
En aquel momento, varios analistas opinaron que se trataba de un premio excesivo y sobre todo si no mediaban contrapartes firmes de las compañías.
Pero el hecho mismo, más que la marcha atrás, permite anticipar que el asunto estará presente en las audiencias.
Obvia, la pregunta es si Juan José Aranguren tomó tamaña decisión sin consultar a la Casa Rosada o cuanto menos a la Jefatura de Gabinete. Resulta difícil creer que algo así pueda haber sucedido, porque equivale a decir que el ministro tuvo carta blanca para todo: error, error.
Pimienta hay también en las posiciones que dos jueces de la Corte incorporaron al fallo, apuntando a balancear el juego de los aumentos. Son Juan Carlos Maqueda, que viene de los tiempos de Eduardo Duhalde, y Horacio Rosatti, que hace bien poco entró de la mano del macrismo.
Cada cual a su manera, ellos sostienen entre otras cosas: – Que aun cuando fijar las tarifas sea una atribución del Poder Ejecutivo, las audiencias públicas no pueden ser “instituciones nominales vaciadas de todo contenido”, que sólo existen para “legitimar decisiones verticales tomadas con anterioridad”. Compete los usuarios ser “parte en la construcción de las decisiones y con derecho a impugnar”.
– Que los aumentos deben respetar la gradualidad, la previsibilidad y la certeza, la capacidad de pago de individuos y familiar y la posibilidad de que ellos programen sus gastos. Sobre todo, cuando la idea es corregir un atraso tarifario acumulado durante años.
– Finalmente, que tanto los consumidores como los usuarios deben ser protegidos “de las desigualdades del mercado”.
Hay quienes creen haber visto en las posiciones de Maqueda y de Rosatti una luz amarilla en el camino hacia inversiones privadas imprescindibles para recuperar un sector en crisis. Suena a excesivo, pero si la cuestión se limita a la luz esa luz fue encendida por dos magistrados de la Corte y por la Corte misma. Por un poder independiente.
Queda claro, al fin, que si el Gobierno perdió una batalla no la perdió ni con los jueces ni con los consumidores y tampoco con la oposición, cuyo papel en este proceso fue inexistente. Los actores principales de la historia han sido el Gobierno, sus desaciertos y una buena dosis de omnipotencia; por lo tanto si hubo una batalla perdida, la perdió contra él mismo.
Es encomiable que después del ultraverticalismo kirchnerista, oscuro vistos hechos y consecuencias, Macri haya restablecido las reuniones de gabinete. Desde luego, en tanto se prueben efectivas o, en instancias cruciales, no resulte mejor armar un equipo especial.
Esta vez, el poder político ha ido de traspié en traspié, de parche en parche y de cálculo en recálculo, siempre corriendo detrás de sus errores. Ahora mismo están definiéndose formas y costos fiscales de lo que será el ensayo final.
Por si no se recuerda, el aumento en las tarifas de la electricidad arrancó a comienzos de febrero y el primero en el gas, a comienzos de abril: hace entre siete y cinco meses, según los casos. Tiempo derrochado justo cuando la clave era apurar el tren para ganar tiempo.
En los orígenes, el ajuste debía rendir alrededor de $ 80.000 millones por ahorro de subsidios energéticos. Ya no se sabe dónde quedó esa cuenta; sí, que será necesario cubrirla con plata de otro lugar.
Y ahí sigue, mientras tanto, el jueguito con las estadísticas de la inflación.
Gracias a la anulación del aumento en las tarifas residenciales del gas, la inflación de agosto rondaría 0%. Pero cuando algún incremento sea restablecido, como tal vez pase durante el cuarto trimestre, el índice pegará un brinco así resulte moderado.
Tal vez sea necesaria una explicación oficial, de modo de no enturbiar un indicador que ya venía para abajo.
Habrá que ver, además, qué ocurre si el saque toca también a las tarifas de la luz o si en la volteada del gas terminan entrando comercios e industrias. Son posibilidades que el fallo de la Corte Suprema ha dejado abiertas.
Estadística y mucho más que estadística, está pendiente conocer cómo será el cuadro tarifario definitivo para el gas. Aunque ya puede descontarse que no va a ser el del principio, sino uno gradual y extendido en el tiempo atendiendo el “criterio de gradualidad” aconsejado por la Corte.
Los hechos mejor que las palabras dirán cuánto del ajuste recortará el Gobierno. Para eso falta un poco de paciencia y no demasiada: apenas concluidas las audiencias, el Ministerio de Energía publicará una resolución que aclarará el panorama; se supone que definitivamente.
Aún sin tener a mano los cambios y sólo con lo que existe, en el medio del traqueteo se colarán las audiencias públicas llamadas a debatir el aumento del gas. Otro batifondo en puerta y otro trago incómodo para el Gobierno; previsibles, porque serán una caja donde resonarán reclamos de las entidades de consumidores y críticas corrosivas, si no oportunistas, de la oposición.
La primera convocatoria, en la Usina del Arte, fue corrida del 12 al 16 de septiembre con el argumento de darle aire al “notable interés de la ciudadanía en participar”, aunque la decisión también pudo estar atravesada por el ruido que iba a meter la audiencia.
Es que entre el 12 y el 15 se realizará el Primer Foro de Inversión y Negocios de la Argentina, un encuentro que reunirá a unos 2.000 empresarios de primer nivel y de las actividades más diversas. La figura central será Mauricio Macri y el interés central, atraer inversiones que tardan en llegar y son cruciales para el modelo económico imaginado por el Presidente. No luce oportuno embarrar el acontecimiento con harina de otro costal.
Pero como el “notable interés en participar” no sólo abunda en Buenos Aires, representantes de los consumidores y dirigentes políticos del interior están reclamando audiencias en sus provincias. Pretenden que también sean atendidas las problemáticas regionales y sectoriales.
Justamente por todo lo que veía venir, el macrismo quiso evitarlas apelando a un decreto de 2005 que se probó inconsistente para sostener el tarifazo.
En línea con el fallo de la Corte, el Gobierno también dio marcha atrás con una medida que prometía chispazos desde el arranque mismo de las discusiones, allí donde ocurriesen. Aunque ese precedente mantiene el frente de tormenta.
Se trata del aumento del precio del gas en boca de pozo que el Ministerio de Energía había aplicado en marzo: nada menos que un 100% en dólares, que se proyectaba al resto de la cadena –al transporte y la distribución– y terminaba en las boletas de los usuarios finales.
Fue la madre del zafarrancho tarifario. Y pese a ser fundamentado en la necesidad de estimular la producción, lo cierto es que el incremento alcanzaba al gas que ya venía produciéndose y no sólo al volumen en que se aumentaba la producción. Según estudios privados, implicaba una transferencia de ingresos a las petroleras cercana a US$ 2.800 millones.
En aquel momento, varios analistas opinaron que se trataba de un premio excesivo y sobre todo si no mediaban contrapartes firmes de las compañías.
Pero el hecho mismo, más que la marcha atrás, permite anticipar que el asunto estará presente en las audiencias.
Obvia, la pregunta es si Juan José Aranguren tomó tamaña decisión sin consultar a la Casa Rosada o cuanto menos a la Jefatura de Gabinete. Resulta difícil creer que algo así pueda haber sucedido, porque equivale a decir que el ministro tuvo carta blanca para todo: error, error.
Pimienta hay también en las posiciones que dos jueces de la Corte incorporaron al fallo, apuntando a balancear el juego de los aumentos. Son Juan Carlos Maqueda, que viene de los tiempos de Eduardo Duhalde, y Horacio Rosatti, que hace bien poco entró de la mano del macrismo.
Cada cual a su manera, ellos sostienen entre otras cosas: – Que aun cuando fijar las tarifas sea una atribución del Poder Ejecutivo, las audiencias públicas no pueden ser “instituciones nominales vaciadas de todo contenido”, que sólo existen para “legitimar decisiones verticales tomadas con anterioridad”. Compete los usuarios ser “parte en la construcción de las decisiones y con derecho a impugnar”.
– Que los aumentos deben respetar la gradualidad, la previsibilidad y la certeza, la capacidad de pago de individuos y familiar y la posibilidad de que ellos programen sus gastos. Sobre todo, cuando la idea es corregir un atraso tarifario acumulado durante años.
– Finalmente, que tanto los consumidores como los usuarios deben ser protegidos “de las desigualdades del mercado”.
Hay quienes creen haber visto en las posiciones de Maqueda y de Rosatti una luz amarilla en el camino hacia inversiones privadas imprescindibles para recuperar un sector en crisis. Suena a excesivo, pero si la cuestión se limita a la luz esa luz fue encendida por dos magistrados de la Corte y por la Corte misma. Por un poder independiente.
Queda claro, al fin, que si el Gobierno perdió una batalla no la perdió ni con los jueces ni con los consumidores y tampoco con la oposición, cuyo papel en este proceso fue inexistente. Los actores principales de la historia han sido el Gobierno, sus desaciertos y una buena dosis de omnipotencia; por lo tanto si hubo una batalla perdida, la perdió contra él mismo.
Es encomiable que después del ultraverticalismo kirchnerista, oscuro vistos hechos y consecuencias, Macri haya restablecido las reuniones de gabinete. Desde luego, en tanto se prueben efectivas o, en instancias cruciales, no resulte mejor armar un equipo especial.
Esta vez, el poder político ha ido de traspié en traspié, de parche en parche y de cálculo en recálculo, siempre corriendo detrás de sus errores. Ahora mismo están definiéndose formas y costos fiscales de lo que será el ensayo final.
Por si no se recuerda, el aumento en las tarifas de la electricidad arrancó a comienzos de febrero y el primero en el gas, a comienzos de abril: hace entre siete y cinco meses, según los casos. Tiempo derrochado justo cuando la clave era apurar el tren para ganar tiempo.
En los orígenes, el ajuste debía rendir alrededor de $ 80.000 millones por ahorro de subsidios energéticos. Ya no se sabe dónde quedó esa cuenta; sí, que será necesario cubrirla con plata de otro lugar.
Y ahí sigue, mientras tanto, el jueguito con las estadísticas de la inflación.
