El salar de Olaroz se encuentra a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar al final de una carretera que serpentea por la Cordillera de los Andes. La amplitud del paisaje es sólo interrumpido por el sonido mecánico de bombas que operan constantemente. Éstas son las que extraen la salmuera, agua con alta concentración de litio y otros minerales, desde pozos hundidos profundamente bajo la corteza de sal y la depositan en piscinas de evaporación. El concentrado se lleva a una planta cercana para su transformación en carbonato de litio. La operación en el estado argentino de Jujuy, una empresa conjunta argentino-australiano-japonesa, es una de las dos minas de litio del país. El año pasado produjo 11.845 toneladas de carbonato de litio, alrededor del 6% de la producción mundial. Este año, Jujuy planea fabricar 17.500 toneladas.
El litio es un commodity codiciado. Las baterías de iones de litio almacenan energía que alimenta los teléfonos móviles, los coches eléctricos y las redes eléctricas (cuando son alimentadas por turbinas eólicas y células fotovoltaicas). Joe Lowry, un experto en el más liviano de los metales, espera que la demanda casi se triplique para 2025. La oferta está rezagada, lo que ha elevado el precio. Los precios de los contratos anuales para el carbonato de litio y el hidróxido de litio se duplicaron en 2017, según la revista Industrial Minerals. Eso atrae a los inversionistas al «triángulo de litio» que cubre Argentina, Bolivia y Chile. La región posee el 54% de los «recursos de litio» del mundo, una indicación inicial de la oferta potencial antes de evaluar las reservas probadas.
Los tres países no han estado igualmente ansiosos por aprovechar la oportunidad. Que Chile sea amigable con el mercado tiene una gran ventaja. Argentina se apresura a recuperar terreno perdido, como sugiere la actividad en el salar de Olaroz. Bolivia, cuyos recursos son tan grandes como los argentinos, apenas ha comenzado a explotarlos. Esas diferencias sugieren mucho sobre cómo el trío sudamericano trata la empresa y la inversión de manera más general. Se enfrentan a un desafío formidable en Australia, donde el litio debe ser extraído de la roca de manera más costosa y enviado a China para su procesamiento, aunque las condiciones de inversión son más amigables.
EL CAMPEÓN REGIONAL
Chile dominó los mercados mundiales del litio durante décadas. El salar de Atacama tiene las reservas probadas más grandes y de mayor calidad. El sol abrasador del desierto, las escasas lluvias y las salmueras ricas en minerales hacen que los costos de producción de Chile sean los más bajos del mundo. A ello suma el clima de inversión más benigno de la región. El país está muy por delante en los ránking de facilidad en hacer negocios, niveles de corrupción, y la calidad de su burocracia y tribunales. Sus depósitos de litio están cerca de Antofagasta y otros puertos chilenos; el carbonato de litio que se produce en la argentina Jujuy pasa a través de ellos.
Pero el crecimiento se ha aplanado, lo que ha permitido que Australia amenace la posición de Chile como el primer productor mundial. Esto se debe principalmente a que, en lo que respecta al litio, Chile es menos liberal que el cobre, la mayor exportación del país. Afortunadamente, ese problema se puede arreglar fácilmente.
Las leyes promulgadas en los años setenta y ochenta clasifican el litio como un material «estratégico» sobre la base de que puede utilizarse en futuras centrales de fusión nuclear. Hay pocas perspectivas de que Chile construya uno de estos pronto, pero los controles sobre la producción de litio siguen siendo una forma de proteger el frágil ecosistema del desierto.
Sólo dos compañías, la chilena Soquimich SQM : +0 y la estadounidense Albemarle, pueden extraer salmuera bajo contratos de arrendamiento que fueron firmados en los años ochenta. Además, están sujetos a cuotas sobre el litio que pueden producir de la salmuera, que también produce otros minerales. El gobierno quiere aumentar la producción. Pero la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), que posee las reservas de litio, está ahora involucrada en una disputa legal con SQM, por lo que se ha negado a aumentar sus cuotas, que probablemente la compañía utilice hasta 2021.
Chile está buscando otras formas de aumentar la producción. En enero, Codelco, empresa estatal de cobre, invitó a empresas privadas a invertir en los salares de Pedernales y Maricunga, áreas controladas por la firma estatal que son ricas en en litio. Este año, Corfo logró un nuevo acuerdo con Albemarle, que amplía su arrendamiento minero a 2044 y le da una cuota adicional. Albemarle acordó vender una cuarta parte de su producción a precios preferenciales a empresas chilenas que proponen fabricar productos de valor agregado, empezando por los cátodos para baterías.
QUEDARSE EN LA PARTE SUPERIOR
Con mayores cuotas, el salar de Atacama por sí solo podría cuadruplicar la producción hasta las 350.000 toneladas al año, sin extraer más salmuera, dice Eduardo Bitran, director ejecutivo de Corfo. Eso ayudaría a asegurar la posición de Chile en la parte superior de la tabla mundial de la liga de litio. Poner fin al estatus estratégico del metal y deshacerse de las cuotas haría aún más sentido. Así mejoraría las instituciones y la infraestructura del país. Aunque son los mejores de la región, se quedan atrás de Australia. «Chile va en la dirección correcta, pero se necesita más», dice Daniela Desormeaux de signumBOX, una empresa de investigación de mercado con sede en Santiago. Para SQM, este progreso es todavía demasiado lento, por lo que se ha dirigido a Argentina.
Eso no habría ocurrido hace dos años. Hace décadas que nadie pensaba en Argentina como un negocio. Cristina Fernández de Kirchner, la populista que gobernó hasta diciembre de 2015, empeoró las cosas. Los controles de divisas para apuntalar el peso impidieron a las compañías extranjeras repatriar los dividendos. Los impuestos a la exportación redujeron los beneficios y los controles de las importaciones hicieron difícil incorporar maquinaria. Los inversionistas tenían que solicitar a la autoridad tributaria el permiso para importar, y luego al banco central por una moneda fuerte, que disminuyó a medida que la administración de Fernández pasaba. «Por lo general, llevaría meses obtener equipos de perforación y bombas en Argentina», dice David Sidoo, director ejecutivo de Advantage Lithium, una empresa canadiense.
Bajo la constitución, las provincias, no el gobierno federal, poseen los minerales del país. Las empresas mineras tuvieron que encontrar su camino a través de una confusión de las normas y reglamentos provinciales. «Fue como la Torre de Babel», dice Daniel Meilán, actual secretario de minería del país. A los inversionistas les resultaba difícil determinar qué empresas ya habían recibido concesiones, mientras que los gobiernos provinciales a menudo se abrían paso rudamente para participar de los proyectos. JEMSE, empresa minera propiedad del gobierno de la provincia de Jujuy, exigió una participación accionaria del 20% en Sales de Jujuy antes de acordar el 8,5%, el cual fue financiado con un préstamo de la empresa.
El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, ha intentado desbloquear la inversión, incluida la de litio. En su primera semana en el cargo, el ex empresario alivió los controles de divisas y comenzó a desechar los impuestos a la exportación. Su entusiasmo empresarial ha influido en los gobiernos provinciales, que están aprobando permisos para la exploración y extracción mucho más rápido. «Es mucho más rápido conseguir equipos en el país ahora», dice Sidoo. El gobierno de Jujuy ha creado una base de datos para facilitar que los inversionistas averiguen quién tiene concesiones mineras.
El gobierno federal está tratando de armonizar las regulaciones provinciales. Ha llegado a un acuerdo sobre un royalty estándar (3% de los ingresos, más 1,5% para mejorar la infraestructura local), que ahora debe pasar a través de legislaturas provinciales y federales. Macri tiene planes ambiciosos para mejorar la pésima infraestructura del país, aunque eso llevará más tiempo.
Estos avances han comenzado a descongelar la inversión en litio. En 2016, el sector atrajo US$ 1.500 millones; la producción aumentó cerca del 60%. «Estamos en el modo de expansión», dice Alex Losada-Calderón, director de operaciones de ventas de Jujuy, que invierte US$ 160 millones en nuevos equipos. El país espera producir 145.000 toneladas de carbonato de litio en 2022, cinco veces la producción del año pasado. Pero Meilán sigue siendo cauteloso. Argentina perdió la confianza de los inversores durante muchos años, dice. «Se necesitará más de un día para recuperarla».
El escudo de Potosí, una ciudad de la llanura alta andina del sur de Bolivia, declaraba «Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes». Sus minas de plata financiaban el imperio español. Los exploradores de hoy están ansiosos por explotar los yacimientos de litio de la zona, pero el gobierno democrático de Bolivia es menos acogedor que el imperial.
El régimen de inversiones del país sufre de «falta de seguridad jurídica, debilidad del estado de derecho, corrupción y medidas turbulentas de arbitraje internacional», según el Departamento de Estado de EE.UU. Bajo el gobierno de izquierda liderado por el presidente Evo Morales desde 2006, Bolivia se ha retirado de numerosos tratados bilaterales de inversión, negando a los inversionistas el acceso al arbitraje internacional. Su gobierno ha nacionalizado partes de las industrias de petróleo y gas, junto con la mayor compañía de telecomunicaciones y la mayor parte del sector eléctrico.
El gobierno mantiene un control aún más estricto sobre el litio que sobre el gas, su mayor exportación. YPFB, la empresa estatal de gas natural, al menos participa en empresas conjuntas con compañías del sector privado. Desde 2010 el derecho de extraer salmuera de litio ha sido reservado para el estado. Las empresas privadas ahora no pueden hacer nada más que mirar ansiosamente el salar de Uyuni cerca de Potosí, el más grande del mundo.
La incursión del estado en la extracción de litio no va bien. Todavía no ha calculado cómo los recursos de Uyuni se traducen en reservas explotables, lo que normalmente ocurre antes de que alguien perfore un pozo. Aun así, ha construido una operación piloto de extracción y sigue adelante con los planes para construir una planta de litio-carbonato a gran escala capaz de producir 30.000 toneladas al año. La empresa está retrasada, muy por encima del presupuesto y conmovida por la falta de experiencia y tecnología, dice Juan Carlos Zuleta, economista especializado en litio.
Al igual que Chile, Bolivia espera formar alianzas con firmas privadas para fabricar productos de valor agregado, incluyendo baterías y autos eléctricos, a través de una nueva empresa de litio, Yacimientos de Litio Bolivianos. Pero la insistencia del gobierno en mantener una participación de control está desalentando a los posibles inversionistas. En 2016 Bolivia vendió 25 toneladas de carbonato de litio a China, embolsando sólo $ 208.000.
La actitud del gobierno hacia la inversión privada puede estar suavizándose. Una ley minera promulgada en 2014 permite nuevos contratos entre empresas privadas y el estado (aunque no en litio). Una ley de inversión, aprobada en el mismo año, establece un marco para atraer inversionistas extranjeros al país. Otra medida reciente establece normas para arbitrar disputas entre inversores extranjeros y el Estado, lo que podría reducir la incertidumbre causada por la retirada de Bolivia de los tratados bilaterales. Juntos, estos han despertado el interés de los inversionistas, dice Fernando Aguirre, un abogado. Bolivia tiene un largo camino por delante antes de desafiar a Chile y Argentina por la supremacía del triángulo de litio. Si continúa abriéndose, Potosí podría algún día volver a la gloria.
-Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa de The Economist que empezó a circular el 15 de junio de 2017. Fue traducido y editado por El Mercurio Inversiones. Puede acceder a la versión original haciendo clic aquí.
El litio es un commodity codiciado. Las baterías de iones de litio almacenan energía que alimenta los teléfonos móviles, los coches eléctricos y las redes eléctricas (cuando son alimentadas por turbinas eólicas y células fotovoltaicas). Joe Lowry, un experto en el más liviano de los metales, espera que la demanda casi se triplique para 2025. La oferta está rezagada, lo que ha elevado el precio. Los precios de los contratos anuales para el carbonato de litio y el hidróxido de litio se duplicaron en 2017, según la revista Industrial Minerals. Eso atrae a los inversionistas al «triángulo de litio» que cubre Argentina, Bolivia y Chile. La región posee el 54% de los «recursos de litio» del mundo, una indicación inicial de la oferta potencial antes de evaluar las reservas probadas.
Los tres países no han estado igualmente ansiosos por aprovechar la oportunidad. Que Chile sea amigable con el mercado tiene una gran ventaja. Argentina se apresura a recuperar terreno perdido, como sugiere la actividad en el salar de Olaroz. Bolivia, cuyos recursos son tan grandes como los argentinos, apenas ha comenzado a explotarlos. Esas diferencias sugieren mucho sobre cómo el trío sudamericano trata la empresa y la inversión de manera más general. Se enfrentan a un desafío formidable en Australia, donde el litio debe ser extraído de la roca de manera más costosa y enviado a China para su procesamiento, aunque las condiciones de inversión son más amigables.
EL CAMPEÓN REGIONAL
Chile dominó los mercados mundiales del litio durante décadas. El salar de Atacama tiene las reservas probadas más grandes y de mayor calidad. El sol abrasador del desierto, las escasas lluvias y las salmueras ricas en minerales hacen que los costos de producción de Chile sean los más bajos del mundo. A ello suma el clima de inversión más benigno de la región. El país está muy por delante en los ránking de facilidad en hacer negocios, niveles de corrupción, y la calidad de su burocracia y tribunales. Sus depósitos de litio están cerca de Antofagasta y otros puertos chilenos; el carbonato de litio que se produce en la argentina Jujuy pasa a través de ellos.
Pero el crecimiento se ha aplanado, lo que ha permitido que Australia amenace la posición de Chile como el primer productor mundial. Esto se debe principalmente a que, en lo que respecta al litio, Chile es menos liberal que el cobre, la mayor exportación del país. Afortunadamente, ese problema se puede arreglar fácilmente.
Las leyes promulgadas en los años setenta y ochenta clasifican el litio como un material «estratégico» sobre la base de que puede utilizarse en futuras centrales de fusión nuclear. Hay pocas perspectivas de que Chile construya uno de estos pronto, pero los controles sobre la producción de litio siguen siendo una forma de proteger el frágil ecosistema del desierto.
Sólo dos compañías, la chilena Soquimich SQM : +0 y la estadounidense Albemarle, pueden extraer salmuera bajo contratos de arrendamiento que fueron firmados en los años ochenta. Además, están sujetos a cuotas sobre el litio que pueden producir de la salmuera, que también produce otros minerales. El gobierno quiere aumentar la producción. Pero la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), que posee las reservas de litio, está ahora involucrada en una disputa legal con SQM, por lo que se ha negado a aumentar sus cuotas, que probablemente la compañía utilice hasta 2021.
Chile está buscando otras formas de aumentar la producción. En enero, Codelco, empresa estatal de cobre, invitó a empresas privadas a invertir en los salares de Pedernales y Maricunga, áreas controladas por la firma estatal que son ricas en en litio. Este año, Corfo logró un nuevo acuerdo con Albemarle, que amplía su arrendamiento minero a 2044 y le da una cuota adicional. Albemarle acordó vender una cuarta parte de su producción a precios preferenciales a empresas chilenas que proponen fabricar productos de valor agregado, empezando por los cátodos para baterías.
QUEDARSE EN LA PARTE SUPERIOR
Con mayores cuotas, el salar de Atacama por sí solo podría cuadruplicar la producción hasta las 350.000 toneladas al año, sin extraer más salmuera, dice Eduardo Bitran, director ejecutivo de Corfo. Eso ayudaría a asegurar la posición de Chile en la parte superior de la tabla mundial de la liga de litio. Poner fin al estatus estratégico del metal y deshacerse de las cuotas haría aún más sentido. Así mejoraría las instituciones y la infraestructura del país. Aunque son los mejores de la región, se quedan atrás de Australia. «Chile va en la dirección correcta, pero se necesita más», dice Daniela Desormeaux de signumBOX, una empresa de investigación de mercado con sede en Santiago. Para SQM, este progreso es todavía demasiado lento, por lo que se ha dirigido a Argentina.
Eso no habría ocurrido hace dos años. Hace décadas que nadie pensaba en Argentina como un negocio. Cristina Fernández de Kirchner, la populista que gobernó hasta diciembre de 2015, empeoró las cosas. Los controles de divisas para apuntalar el peso impidieron a las compañías extranjeras repatriar los dividendos. Los impuestos a la exportación redujeron los beneficios y los controles de las importaciones hicieron difícil incorporar maquinaria. Los inversionistas tenían que solicitar a la autoridad tributaria el permiso para importar, y luego al banco central por una moneda fuerte, que disminuyó a medida que la administración de Fernández pasaba. «Por lo general, llevaría meses obtener equipos de perforación y bombas en Argentina», dice David Sidoo, director ejecutivo de Advantage Lithium, una empresa canadiense.
Bajo la constitución, las provincias, no el gobierno federal, poseen los minerales del país. Las empresas mineras tuvieron que encontrar su camino a través de una confusión de las normas y reglamentos provinciales. «Fue como la Torre de Babel», dice Daniel Meilán, actual secretario de minería del país. A los inversionistas les resultaba difícil determinar qué empresas ya habían recibido concesiones, mientras que los gobiernos provinciales a menudo se abrían paso rudamente para participar de los proyectos. JEMSE, empresa minera propiedad del gobierno de la provincia de Jujuy, exigió una participación accionaria del 20% en Sales de Jujuy antes de acordar el 8,5%, el cual fue financiado con un préstamo de la empresa.
El nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, ha intentado desbloquear la inversión, incluida la de litio. En su primera semana en el cargo, el ex empresario alivió los controles de divisas y comenzó a desechar los impuestos a la exportación. Su entusiasmo empresarial ha influido en los gobiernos provinciales, que están aprobando permisos para la exploración y extracción mucho más rápido. «Es mucho más rápido conseguir equipos en el país ahora», dice Sidoo. El gobierno de Jujuy ha creado una base de datos para facilitar que los inversionistas averiguen quién tiene concesiones mineras.
El gobierno federal está tratando de armonizar las regulaciones provinciales. Ha llegado a un acuerdo sobre un royalty estándar (3% de los ingresos, más 1,5% para mejorar la infraestructura local), que ahora debe pasar a través de legislaturas provinciales y federales. Macri tiene planes ambiciosos para mejorar la pésima infraestructura del país, aunque eso llevará más tiempo.
Estos avances han comenzado a descongelar la inversión en litio. En 2016, el sector atrajo US$ 1.500 millones; la producción aumentó cerca del 60%. «Estamos en el modo de expansión», dice Alex Losada-Calderón, director de operaciones de ventas de Jujuy, que invierte US$ 160 millones en nuevos equipos. El país espera producir 145.000 toneladas de carbonato de litio en 2022, cinco veces la producción del año pasado. Pero Meilán sigue siendo cauteloso. Argentina perdió la confianza de los inversores durante muchos años, dice. «Se necesitará más de un día para recuperarla».
El escudo de Potosí, una ciudad de la llanura alta andina del sur de Bolivia, declaraba «Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes». Sus minas de plata financiaban el imperio español. Los exploradores de hoy están ansiosos por explotar los yacimientos de litio de la zona, pero el gobierno democrático de Bolivia es menos acogedor que el imperial.
El régimen de inversiones del país sufre de «falta de seguridad jurídica, debilidad del estado de derecho, corrupción y medidas turbulentas de arbitraje internacional», según el Departamento de Estado de EE.UU. Bajo el gobierno de izquierda liderado por el presidente Evo Morales desde 2006, Bolivia se ha retirado de numerosos tratados bilaterales de inversión, negando a los inversionistas el acceso al arbitraje internacional. Su gobierno ha nacionalizado partes de las industrias de petróleo y gas, junto con la mayor compañía de telecomunicaciones y la mayor parte del sector eléctrico.
El gobierno mantiene un control aún más estricto sobre el litio que sobre el gas, su mayor exportación. YPFB, la empresa estatal de gas natural, al menos participa en empresas conjuntas con compañías del sector privado. Desde 2010 el derecho de extraer salmuera de litio ha sido reservado para el estado. Las empresas privadas ahora no pueden hacer nada más que mirar ansiosamente el salar de Uyuni cerca de Potosí, el más grande del mundo.
La incursión del estado en la extracción de litio no va bien. Todavía no ha calculado cómo los recursos de Uyuni se traducen en reservas explotables, lo que normalmente ocurre antes de que alguien perfore un pozo. Aun así, ha construido una operación piloto de extracción y sigue adelante con los planes para construir una planta de litio-carbonato a gran escala capaz de producir 30.000 toneladas al año. La empresa está retrasada, muy por encima del presupuesto y conmovida por la falta de experiencia y tecnología, dice Juan Carlos Zuleta, economista especializado en litio.
Al igual que Chile, Bolivia espera formar alianzas con firmas privadas para fabricar productos de valor agregado, incluyendo baterías y autos eléctricos, a través de una nueva empresa de litio, Yacimientos de Litio Bolivianos. Pero la insistencia del gobierno en mantener una participación de control está desalentando a los posibles inversionistas. En 2016 Bolivia vendió 25 toneladas de carbonato de litio a China, embolsando sólo $ 208.000.
La actitud del gobierno hacia la inversión privada puede estar suavizándose. Una ley minera promulgada en 2014 permite nuevos contratos entre empresas privadas y el estado (aunque no en litio). Una ley de inversión, aprobada en el mismo año, establece un marco para atraer inversionistas extranjeros al país. Otra medida reciente establece normas para arbitrar disputas entre inversores extranjeros y el Estado, lo que podría reducir la incertidumbre causada por la retirada de Bolivia de los tratados bilaterales. Juntos, estos han despertado el interés de los inversionistas, dice Fernando Aguirre, un abogado. Bolivia tiene un largo camino por delante antes de desafiar a Chile y Argentina por la supremacía del triángulo de litio. Si continúa abriéndose, Potosí podría algún día volver a la gloria.
-Este artículo fue publicado originalmente en la edición impresa de The Economist que empezó a circular el 15 de junio de 2017. Fue traducido y editado por El Mercurio Inversiones. Puede acceder a la versión original haciendo clic aquí.
