Tierra cara, impuestos baratos, pero el campo llora

La Mesa de Enlace agropecuaria se volvió a mostrar unida en rechazo a un proyecto de ley bonaerense de reforma tributaria que tiene como objetivo cobrar más impuesto inmobiliario a la tierra y de manera más progresiva. Pero si de algo peca la iniciativa no es de confiscatoria, como protestan la Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro, sino por haberse quedado corta.
De 2003 hasta ahora el valor en dólares de la tierra en la Provincia de Buenos Aires aumentó entre 3 y 5 veces. Según datos de la Compañía Argentina de Tierras, en la zona Sud (Necochea, Tres Arroyos) el valor promedio de la hectárea pasó de 1.500 a 7.500 dólares; en la zona Centro-Oeste (Balcarce, Tandil) subió de 3.500 a 11.000 dólares; y en la zona Núcleo (Pergamino, Rojas, Salto) saltó de 4.000 a 17.000 dólares.
La recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR), en cambio, tuvo un incremento mucho menor: fue de 770 millones de pesos en 2003 y de 2.162 millones el año pasado, lo que traducido a dólares es nada más que una duplicación.
Si además se considera que la recaudación total de la provincia en ese período subió de 5.508 a 34.813 millones de pesos, se tiene como resultado que el IIR ha perdido gravitación como fuente de financiamiento: en 2003 representaba el 3,4 por ciento del total, y el año pasado nada más que el 2 por ciento.
Esto significa que la estructura tributaria de la provincia se ha vuelto más regresiva, por la sencilla razón de que el IIR es el único impuesto provincial que, en teoría, grava con criterios de progresividad ese patrimonio.
La causa básica de que eso ocurriera fue la desactualización de las valuaciones fiscales sobre las que se aplica la alícuota del IIR. No sólo quedaron muy retrasadas respecto a la evolución de los precios de mercado, sino que los ajustes que se fueron realizando no siguieron los convenientes criterios de progresividad. Por ejemplo, un campo de 5.000 hectáreas en Tres Arroyos paga por hectárea casi lo mismo que uno de 125 hectáreas en la misma localidad.
Dado que también quedaron retrasadas las valuaciones fiscales urbanas, la recaudación total del Impuesto Inmobiliario perdió participación en el total de ingresos provinciales: en 2003 aportaba el 14 por ciento de los recursos, y el año pasado sólo 6,2 por ciento.
La distorsión queda muy en evidencia al comparar Inmobiliario con Patentes Automotor. Mientras que en 2003 se pagaba por inmuebles más del doble que por autos, en 2011 se pagó lo mismo.
Otro ejemplo de la absurda desproporción de las valuaciones fiscales, es que con la venta de un Citroen C3 se podrían adquirir 30 hectáreas en Pergamino que permitirían generar una renta anual de medio millón de pesos, según cálculos de técnicos de la gobernación.
Con ostensible demora, el gobierno de Daniel Scioli finalmente impulsó, apurado por los ahogos presupuestarios más que por un ánimo de equidad tributaria, un proyecto de ley para mejorar la recaudación del IIR, tanto en términos cuantitativos como en la distribución de las cargas. Para ello, en lugar de los ajustes por coeficientes generales, realizaron una completa revaluación de los campos, que con la alícuota a aplicar les permitirá aumentar la recaudación en alrededor del 40 por ciento. Con la particularidad de que más de la mitad de las partidas pagarán igual o menos. Es decir que los aumentos afectarán a las propiedades más grandes y mejor ubicadas.
Los que diseñaron la reforma ilustran con el siguiente ejemplo: En Carlos Tejedor, una partida promedio pagará anualmente de IIR 3732 pesos (30 pesos por hectárea), cuando en la actualidad paga 3.976 pesos (32 por hectárea. Dentro de ese mismo municipio un campo muy grande de 8.273 hectáreas pagará 430.679 pesos (52 por hectárea), cuando en la actualidad paga 285.971 (35 por hectárea).
A nadie puede sorprender que el proyecto haya levantado a la dirigencia agropecuaria. Es lógica y costumbre que los ruralistas salgan a protestar por una medida que afecta sus bolsillos. Pero esta vez lo llamativo fue el argumento que más esgrimieron para oponerse: se quejan de que el aumento de la valuación fiscal va a provocar que muchos productores tengan que pagar más (o por primera vez) Bienes Personales y/o Ganancia Mínima Presunta al fisco nacional. Hugo Biolcatti despotricó que se trata de una “coparticipación al revés”. Más florido, Eduardo Buzzi dijo “tenemos un Virrey Scioli que recauda para la reina Cristina”, y agregó que el gobernador “hace el trabajo sucio aumentando el valor de las tierras y nos hace pagar Bienes Personales”.
Como argumento es descabellado. En primer lugar, suponen que un gobernador no debería colaborar para que el Estado Nacional mejore su propia recaudación. Además, resulta autoincriminatorio de lo poco que los productores pagan de Bienes Personales, dado que aún después de la reforma las valuaciones no superarían la mitad del correspondiente valor de mercado; es decir que muchos de ellos se vienen salvando de pagar ese tributo gracias a la ridícula valuación de sus campos.
Es uno de los tantos elementos que explican por qué Bienes Personales pasó de representar un ínfimo 2,2 por ciento de la recaudación nacional en 2003 a un más insignificante 1,1 por ciento el año pasado.