Quiere establecer metas fiscales hasta 2019
Mariano Boettner
mboettner@diariobae.com
Los ministros de economía de las provincias se llevaron ayer del despacho de uno de los principales funcionarios del Ministerio del Interior un listado de puntos a coordinar con los gobernadores para transitar un camino de reducción del déficit fiscal consolidado hasta 2019. Entre esos ítems sobre los que la Casa Rosada y los mandatarios deberán ahora terminar de limar asperezas están la reducción de la presión fiscal, la actualización de valores catastrales, y un esquema más “eficiente” de empleo púbico.
Uno de los puntos que se discute con las provincias
es la reducción de la presión impositiva
Con el principal problema que dificultaba la relación con las provincias ya resuelto, que fue la necesidad de acordar rápidamente un esquema de devolución a las jurisdicciones del 15% de fondos de coparticipación que se destinaban a financiar el Anses, funcionarios del ministro del Interior Rogelio Frigerio iniciaron conversaciones con enviados de los gobernadores para delinear un “Acuerdo para el fortalecimiento del federalismo”, tal el título del documento repartido entre los funcionarios provinciales al que accedió en exclusiva BAE Negocios. En ese documento de cinco carillas, Frigerio propone a las provincias una serie de medidas destinadas a “un sendero de equilibrio fiscal y la resolución de históricas demandas recíprocas entre las partes”.
El boceto de acuerdo contiene unos 25 puntos divididos entre partes. En la primera, las medidas apuntan al “equilibrio fiscal de cada jurisdicción en el año 2019, salvar las dificultades de la administración tributaria y a optimizar la efectividad y eficiencia del gasto”. Para esto, Frigerio propuso “aumentar la recaudación propia, mejorar estructuras tributarias a través de la reducción de costos de cumplimiento”. Para la cartera política, “el crecimiento del gasto público está condicionado por la dinámica de las erogaciones corrientes, particularmente las destinadas a cubrir salarios de empleados públicos”.
El déficit consolidado supera los $40.000 M, del
cual la mitad corresponde a Buenos Aires
Entre las acciones para lograr estos objetivos, el documento prevé:
Fijar metas fiscales para los próximos cuatro años que aseguren la mejora del resultado financiero de las cuentas públicas, la calidad y sostenibilidad del gasto público y utilización responsable del endeudamiento.
Reducción programada de carga tributaria de impuestos que presentan mayores efectos distorsivos.
Actualizar valores catastrales.
Actualizar los registros de la propiedad automotores e inmuebles.
Implementar sistemas de incentivos basados en la gestión por objetivos y resultados para los empleados del sector público.
Realizar un relevamiento y análisis de los recursos humanos en el ámbito del administración pública de forma tal de optimizar su desempeño y maximizar sus capacidades potenciales.
Sistemas jubilatorios armonizados y aplicarlos a la planta activa de empleados públicos. No está previsto el traspaso de cajas jubilatorias provinciales a Nación ni la devolución de Nación de aquellas cajas de provincias en su momento transferidas.
Por otra parte, el boceto que ya tienen los gobernadores explicita el compromiso de “acordar mediante la firma de convenios bilaterales o colectivos, la compensación y/o resolución definitiva de tales diferencias”. Para eso, se prevé la firma de acuerdos individuales con cada jurisdicción, considerando las diferencias entre ellas respecto a su situación de deuda con Nación o viceversa.
Por último, el Gobierno nacional intentará acordar con las provincias “incrementar la competitividad territorial, la diversificación productiva y desarrollo de nuevos eslabones en las cadenas de valor”.
Mariano Boettner
mboettner@diariobae.com
Los ministros de economía de las provincias se llevaron ayer del despacho de uno de los principales funcionarios del Ministerio del Interior un listado de puntos a coordinar con los gobernadores para transitar un camino de reducción del déficit fiscal consolidado hasta 2019. Entre esos ítems sobre los que la Casa Rosada y los mandatarios deberán ahora terminar de limar asperezas están la reducción de la presión fiscal, la actualización de valores catastrales, y un esquema más “eficiente” de empleo púbico.
Uno de los puntos que se discute con las provincias
es la reducción de la presión impositiva
Con el principal problema que dificultaba la relación con las provincias ya resuelto, que fue la necesidad de acordar rápidamente un esquema de devolución a las jurisdicciones del 15% de fondos de coparticipación que se destinaban a financiar el Anses, funcionarios del ministro del Interior Rogelio Frigerio iniciaron conversaciones con enviados de los gobernadores para delinear un “Acuerdo para el fortalecimiento del federalismo”, tal el título del documento repartido entre los funcionarios provinciales al que accedió en exclusiva BAE Negocios. En ese documento de cinco carillas, Frigerio propone a las provincias una serie de medidas destinadas a “un sendero de equilibrio fiscal y la resolución de históricas demandas recíprocas entre las partes”.
El boceto de acuerdo contiene unos 25 puntos divididos entre partes. En la primera, las medidas apuntan al “equilibrio fiscal de cada jurisdicción en el año 2019, salvar las dificultades de la administración tributaria y a optimizar la efectividad y eficiencia del gasto”. Para esto, Frigerio propuso “aumentar la recaudación propia, mejorar estructuras tributarias a través de la reducción de costos de cumplimiento”. Para la cartera política, “el crecimiento del gasto público está condicionado por la dinámica de las erogaciones corrientes, particularmente las destinadas a cubrir salarios de empleados públicos”.
El déficit consolidado supera los $40.000 M, del
cual la mitad corresponde a Buenos Aires
Entre las acciones para lograr estos objetivos, el documento prevé:
Fijar metas fiscales para los próximos cuatro años que aseguren la mejora del resultado financiero de las cuentas públicas, la calidad y sostenibilidad del gasto público y utilización responsable del endeudamiento.
Reducción programada de carga tributaria de impuestos que presentan mayores efectos distorsivos.
Actualizar valores catastrales.
Actualizar los registros de la propiedad automotores e inmuebles.
Implementar sistemas de incentivos basados en la gestión por objetivos y resultados para los empleados del sector público.
Realizar un relevamiento y análisis de los recursos humanos en el ámbito del administración pública de forma tal de optimizar su desempeño y maximizar sus capacidades potenciales.
Sistemas jubilatorios armonizados y aplicarlos a la planta activa de empleados públicos. No está previsto el traspaso de cajas jubilatorias provinciales a Nación ni la devolución de Nación de aquellas cajas de provincias en su momento transferidas.
Por otra parte, el boceto que ya tienen los gobernadores explicita el compromiso de “acordar mediante la firma de convenios bilaterales o colectivos, la compensación y/o resolución definitiva de tales diferencias”. Para eso, se prevé la firma de acuerdos individuales con cada jurisdicción, considerando las diferencias entre ellas respecto a su situación de deuda con Nación o viceversa.
Por último, el Gobierno nacional intentará acordar con las provincias “incrementar la competitividad territorial, la diversificación productiva y desarrollo de nuevos eslabones en las cadenas de valor”.
