• UIF, CNV, AFIP Y BCRA TRABAJAN SOBRE SUS NORMATIVAS
La inminente salida del default prepara el escenario para salir a mostrar a la Argentina como una marca atractiva en los mercados internacionales. Con este plan, el Gobierno ya instruyó a un grupo de organismos para eliminar de a poco las trabas que hoy tienen los inversores del exterior al ingresar capitales al país.
En esta dirección ya trabajan el Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Todos estos apuntan ahora a flexibilizar sus propias regulaciones y dictar nuevas normativas que faciliten la apertura de cuentas locales y el giro de divisas que realizan los inversores no residentes.
En la Argentina hay actualmente 294.000 cuentas inscriptos en Caja de Valores, de las cuales menos del 1% son de agentes del extranjero. En el mercado de futuros del Rofex, en tanto, hay registrados hoy unos 150, de los cuales se calcula que alrededor de 20 pertenecen son «no residentes» (en rigor, las cifras no se publican porque están afectadas por el secreto bursátil). El objetivo oficial es generar incentivos para ampliar este universo y atraer un mayor flujo de capitales en un año clave para la Argentina.
Sólo por el ascenso en la categoría de mercado de «frontera» a «emergente», que resolvería a mediano plazo el banco Morgan Stanley (sobre su propio índice), hay quienes pronostican que el país atraerá unos u$s 3.000 millones adicionales de inversión de portafolio en el próximo año, y que los activos locales tendrán una segunda ola de subas en sus precios. La decisión de esta entidad financiera se pondrá en estudio a partir de junio y se hará efectiva en 2017.
Para aprovechar al máximo este proceso, en la CNV ya estudian levantar algunos obstáculos que tienen los agentes al ingresar dinero en el mercado local. Tanto ese organismo como el BCRA, la UIF y la AFIP piden actualmente a los «no residentes», al abrir una cuenta en el mercado local, una lista de requisitos que es notablemente más extensa que la que exigen otros países. E imponen, además, algunas restricciones particulares. El objetivo es, ahora, imitar la regulación de otras economías del mundo sin dejar de respetar las recomendaciones internacionales sobre lavado de dinero.
Algunos ejemplos que hoy están en estudio. La UIF, hoy a cargo de Mariano Federici, exige a los inversores lo que se llama la «debida diligencia», para que conozcan a sus clientes y comprueben la licitud de sus fondos (por normas que están en sintonía con los organismos que combaten el lavado de dinero a nivel global). El organismo obliga a titulares de una cuenta a completar un legajo con información personal y a presentar documentación respaldatoria de su dinero.
En el Gobierno quieren que, con algunos cambios en la regulación, se pueda evitar la presentación de estos datos para los casos de aquellos fondos del exterior que pertenecen a países cooperantes del GAFI (es decir, aquellos que cumplen las exigencias de este organismo encargado de combatir el lavado de dinero y colaboran con él), y que por esta razón se supone que cumplieron ya con la «debida diligencia».
En la CNV hubo ya muchas reuniones con asociaciones bancarias y agentes del mercado que buscaron recoger sus opiniones y conocer los problemas que advierten sobre las inversiones del exterior. Muchas de las trabas o de los vacíos legales afectan hoy, por ejemplo, a los administradores de fondos extranjeros, que operan en nombre de sus cuotapartistas, y que requieren para esto de una cuenta comitente. La normativa no es demasiado clara al respecto y no exime a estos fondos de informar a la UIF (dado que son «sujetos obligados») la titularidad de cada uno de sus clientes, que varían de un momento a otro. El Gobierno quiere que a estos inversores les alcance con demostrar que pertenecen a un país cooperante del GAFI.
En el mercado de futuros local también esperan que, a partir de este año, se expanda con fuerza la apertura de nuevas cuentas de inversores del exterior. En el Rofex hay actualmente trabas para agentes no residentes que operan con derivados desde el exterior: si bien pueden colocar sus garantías fuera del país, deben realizar en pesos los pagos para compensar las diferencias diarias en el tipo de cambio. Esto último los obliga a conseguir que una ALyC (agente de liquidación y compensación) les abra una cuenta en el país y les permita realizar las transferencias en moneda local. Una solución factible, aún no vigente, sería permitirles pagar las diferencias diarias en divisas desde el exterior.
El proceso es largo. Los proyectos de los organismos, si bien por ahora son diversos, van en la misma dirección.
La inminente salida del default prepara el escenario para salir a mostrar a la Argentina como una marca atractiva en los mercados internacionales. Con este plan, el Gobierno ya instruyó a un grupo de organismos para eliminar de a poco las trabas que hoy tienen los inversores del exterior al ingresar capitales al país.
En esta dirección ya trabajan el Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Todos estos apuntan ahora a flexibilizar sus propias regulaciones y dictar nuevas normativas que faciliten la apertura de cuentas locales y el giro de divisas que realizan los inversores no residentes.
En la Argentina hay actualmente 294.000 cuentas inscriptos en Caja de Valores, de las cuales menos del 1% son de agentes del extranjero. En el mercado de futuros del Rofex, en tanto, hay registrados hoy unos 150, de los cuales se calcula que alrededor de 20 pertenecen son «no residentes» (en rigor, las cifras no se publican porque están afectadas por el secreto bursátil). El objetivo oficial es generar incentivos para ampliar este universo y atraer un mayor flujo de capitales en un año clave para la Argentina.
Sólo por el ascenso en la categoría de mercado de «frontera» a «emergente», que resolvería a mediano plazo el banco Morgan Stanley (sobre su propio índice), hay quienes pronostican que el país atraerá unos u$s 3.000 millones adicionales de inversión de portafolio en el próximo año, y que los activos locales tendrán una segunda ola de subas en sus precios. La decisión de esta entidad financiera se pondrá en estudio a partir de junio y se hará efectiva en 2017.
Para aprovechar al máximo este proceso, en la CNV ya estudian levantar algunos obstáculos que tienen los agentes al ingresar dinero en el mercado local. Tanto ese organismo como el BCRA, la UIF y la AFIP piden actualmente a los «no residentes», al abrir una cuenta en el mercado local, una lista de requisitos que es notablemente más extensa que la que exigen otros países. E imponen, además, algunas restricciones particulares. El objetivo es, ahora, imitar la regulación de otras economías del mundo sin dejar de respetar las recomendaciones internacionales sobre lavado de dinero.
Algunos ejemplos que hoy están en estudio. La UIF, hoy a cargo de Mariano Federici, exige a los inversores lo que se llama la «debida diligencia», para que conozcan a sus clientes y comprueben la licitud de sus fondos (por normas que están en sintonía con los organismos que combaten el lavado de dinero a nivel global). El organismo obliga a titulares de una cuenta a completar un legajo con información personal y a presentar documentación respaldatoria de su dinero.
En el Gobierno quieren que, con algunos cambios en la regulación, se pueda evitar la presentación de estos datos para los casos de aquellos fondos del exterior que pertenecen a países cooperantes del GAFI (es decir, aquellos que cumplen las exigencias de este organismo encargado de combatir el lavado de dinero y colaboran con él), y que por esta razón se supone que cumplieron ya con la «debida diligencia».
En la CNV hubo ya muchas reuniones con asociaciones bancarias y agentes del mercado que buscaron recoger sus opiniones y conocer los problemas que advierten sobre las inversiones del exterior. Muchas de las trabas o de los vacíos legales afectan hoy, por ejemplo, a los administradores de fondos extranjeros, que operan en nombre de sus cuotapartistas, y que requieren para esto de una cuenta comitente. La normativa no es demasiado clara al respecto y no exime a estos fondos de informar a la UIF (dado que son «sujetos obligados») la titularidad de cada uno de sus clientes, que varían de un momento a otro. El Gobierno quiere que a estos inversores les alcance con demostrar que pertenecen a un país cooperante del GAFI.
En el mercado de futuros local también esperan que, a partir de este año, se expanda con fuerza la apertura de nuevas cuentas de inversores del exterior. En el Rofex hay actualmente trabas para agentes no residentes que operan con derivados desde el exterior: si bien pueden colocar sus garantías fuera del país, deben realizar en pesos los pagos para compensar las diferencias diarias en el tipo de cambio. Esto último los obliga a conseguir que una ALyC (agente de liquidación y compensación) les abra una cuenta en el país y les permita realizar las transferencias en moneda local. Una solución factible, aún no vigente, sería permitirles pagar las diferencias diarias en divisas desde el exterior.
El proceso es largo. Los proyectos de los organismos, si bien por ahora son diversos, van en la misma dirección.
