14/10/12
Cristina Fernández, a cinco años de haber asumido, sigue siendo un enigma . Ese enigma suelen ser sus palabras. Sus actos, en cambio, resultan casi inconfundibles y, con frecuencia, en una dirección antagónica a sus discursos. Esa contradicción plantea otro interrogante: cuánto la Presidenta cree, de verdad , lo que dice. Si se tratara sólo de una impostación política, producto de la conveniencia, podría ser consagrada como figura inigualable desde el retorno democrático. Si se tratara de una convicción, de un dogma, el problema se tornaría mucho más grave. Ninguno de los casos podría ser observado sin un sentido crítico.
La proa de su Gobierno enfila exclusivamente ahora contra los medios de comunicación , en especial contra Clarín . Acusa con recurrencia a ese periodismo de supuestas anomalías e ilegalidades que, en realidad, comete su propio Gobierno.
Sus palabras rebotan inevitablemente en un espejo. La Presidenta celebró la semana pasada el tercer aniversario de la ley de medios con un acto político durante el cual encadenó imputaciones, falacias y arbitrariedades.
Seducida, tal vez, por la asistencia del ex candidato de la izquierda francesa, Jean Luc Mélenchon, le preguntó si entendía que una ley sancionada por el Congreso, por amplia mayoría, todavía no se pueda cumplir. Por ese hipotético incumplimiento responsabilizó a Clarín. No existe tal incumplimiento: esa ley tiene vigencia con excepción del artículo 161, referido a la desinversión, bajo una medida cautelar que ampara sólo a Clarín . Ocurre que el Gobierno nunca se ocupó de instrumentarla por dos motivos: el desorden interno que hace dos semanas, recién, desembocó en la designación de Martín Sabbatella como titular del AFSCA, organismo dedicado a la aplicación de la norma. También ahora, tardíamente, se permitirá el ingreso de un representante opositor. Al kirchnerismo, por otra parte, sólo le ha interesado la adecuación que deba hacer Clarín y no el resto de los grupos mediáticos, en general afines al Gobierno. De no haber sido así, jamás podría haberse concretado la venta del Grupo Hadad (Radio 10, C5N) al empresario K Cristóbal López.
Cristina, con tono epopéyico, aludió a los desafíos que plantearía la ley de medios. Uno de ellos sería observar si la Argentina podría ser en el futuro más plural y más diversa. Aquella norma no garantiza nada si, en verdad, no impera antes la convicción política sobre la libertad de ideas, de imagen y de palabras como motores de una democracia mejor. El kirchnerismo no parece comulgar con nada de eso. Bastaría para comprobarlo con dos episodios frescos: cómo la televisión oficial y paraoficial escondieron la protesta popular con cacerolas del 13 de septiembre y la manifestación del sindicalismo opositor, el miércoles, en la Plaza de Mayo.
Otro de los desafíos enarbolados por la Presidenta refirió a la necesidad de la plena vigencia del estado de derecho. De que ningún poder sectorial pueda colocarse por encima de los poderes institucionales. Tan atinada esa advertencia, como prevenir que el Poder Ejecutivo no termine sometiendo –según lo intenta– al Congreso y a la Justicia.
Cristina relató entonces una historia invertida . Mencionó el bloqueo a la designación de un juez en el Consejo de la Magistratura como una culpa ajena. El Gobierno pretendió imponer una jueza propia, María Lorena Gagliardi, surgida de un concurso cuestionado, pero fracasó ya tres veces por no contar con los dos tercios necesarios. Ese magistrado debe resolver sobre el controvertido artículo 161. En la maniobra cometió cualquier tropelía. Recusó a un juez subrogante, Raúl Tettamanti, avalado por la Corte Suprema. Tettamanti, jubilado, fue convocado a la actividad para llenar los huecos de la Justicia que el Gobierno nunca cubre. Ese vacío no deja de resultarle funcional: basta reparar en la cantidad de causas que atesora Norberto Oyarbide, la mayoría ligadas a sospechas de corrupción en el Gobierno.
Tettamanti terminó renunciando porque aquella recusación del ministro de Justicia Julio Alak no se detuvo en formalidades. El ex juez fundamentó esa renuncia en razones personales y familiares . Un hermano suyo, Roberto Oscar, se desempeñó como almirante en la base de Puerto Belgrano durante la dictadura. El ex juez habría recibido una admonición sobre la apertura de una causa al militar por supuestos delitos de lesa humanidad. Alak siguió denunciando conspiraciones y recusó a otro juez subrogante –Roberto Torti– nombrado por la Cámara. Sólo iba a estar ocho días en el cargo.
Sobre esas distorsiones y embestidas Cristina prefirió no decir ni mu. Habló de otras cosas, en cambio, con una imprecisión y orfandad informativa que llamaron la atención. Se regodeó, por ejemplo, con un editorial de The New York Times que criticó ciertas objeciones sobre la administración de Barack Obama, entre ellas la medición del desempleo. Cualquier intención suya de vincularlo con el INDEC no sonó a casualidad. Quizás la Presidenta no tuvo tiempo de indagar con profundidad en el texto elegido. Las cifras del desempleo en EE.UU. han sido puestas en tela de juicio, varias veces, por Joseph Stiglitz, Premio Nobel y economista dilecto paseado por estas tierras, hace poco, por el kirchnerismo. Hombre, por supuesto, más afín a los demócratas que a los republicanos.
Cristina enredó aquel editorial del diario estadounidense con los hipotéticos pronósticos errados sobre las elecciones que ganó Hugo Chávez en Venezuela, para denunciar la manipulación en que incurriría el periodismo. Esa manipulación es, muchas veces, más vieja que la pólvora. Pero en su volteada cayeron también las cadenas estadounidenses CNN y Fox que sirvieron para desnudar la precariedad del concepto presidencial cuando apunta a los medios de comunicación. Habló de ambas como monopolios que no son . Son cadenas que, por tradición y calidad, sin ser infalibles, poseen una mayor penetración pública que otras. Ese es el secreto. Tampoco fue certera otra aseveración suya: que en EE.UU. los propietarios de diarios no pueden serlo de canales de televisión. Se puede citar un caso entre varios: la cadena nacional Fox pertenece al mismo grupo que The Wall Street Journal . El cuadro de desaciertos se completó con una omisión no menor: no existe en EE.UU. ninguna emisora estatal , salvo una señal de entretenimiento.
Sabbatella ha pasado a ser una nueva estrella en el firmamento cristinista. Su irrupción podría trasuntar alguna metamorfosis en el ADN del poder. Se advierte un persistente corrimiento peronista en beneficio de dirigentes que provienen de la izquierda y logran el apuntalamiento de La Cámpora. Sabbatella capitaneará la aplicación de la ley de medios, la “gran batalla” de Cristina antes de las legislativas del año próximo. Axel Kicillof, de cuna marxista, controla los resortes de la economía. Curiosamente fue el diputado Carlos Heller, ex dirigente del PC, el gran defensor del Presupuesto 2013 la semana pasada en Diputados.
Aquel empinamiento de Sabbatella representaría también un ocaso veloz para Gabriel Mariotto. El vicegobernador de Buenos Aires fue una de las criaturas políticas inventadas por Cristina para limitar el poder territorial de Daniel Scioli.
Pero ese laboratorio presidencial pareciera fallar . Amado Boudou, otra creación, sigue oculto por el escándalo Ciccone y ha debido resignar poder burocrático en el Senado. También el ministro Hernán Lorenzino se distanció de él y barrió con tres funcionarios que quedaban en Economía. El fiscal Jorge Di Lello, que investiga el caso Ciccone, iba a avanzar con una prueba que comprometía más al vicepresidente. Decidió retrasarla después de una señal clara surgida del poder.
Mariotto perdió su primera pulseada en la AFSCA, cuando fue desbordado por La Cámpora. Se embarcó, a instancias de Cristina, en una cruzada contra Scioli que abortó ante la amenaza de un gran conflicto que podía perjudicar al Gobierno. El retroceso fue leído como una derrota. La víctima terminó siendo el vicegobernador. Scioli respira aliviado.
Se trató, finalmente, de una historia repetida. La Presidenta siempre corta distraídamente el hilo por lo más delgado. Raúl Garré, asesor y hermano de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue echado por el largo pleito salarial con Gendarmería y Prefectura que en la superficie cesó. Ese decreto que originó la protesta –y que el Gobierno defendió inútilmente– pasó también por Kicillof, Lorenzino, Juan Manuel Abal Medina y Carlos Zannini, antes de que Cristina lo rubricara.
Antonio Caló está temblando. Al dirigente metalúrgico lo atormentan las sombras declinantes de Boudou, Mariotto y Garré. Su situación es aún peor que la de ellos. La jefatura en la CGT K nació por defecto, por ausencia de alguien que conformara más el paladar presidencial. Cristina lo dejó además con las manos vacías en la audiencia de la Casa Rosada. Ni un anuncio favorable que le diera vigor. Para colmo, la violencia y el salvajismo de la UOCRA, uno de los principales gremios del cegetismo oficial.
Moyano tuvo motivos para brindar. Aquella endeblez de Caló y su alianza con Pablo Micheli, de la CTA, parecen ir redondeando una identidad y un sindicalismo activo de sesgo opositor. El camionero dice haber dado el primer paso para la construcción de una alternativa política.
Aguarda ahora alguna correspondencia en el peronismo.
Allí se mecen suavemente algunas hojas en un paisaje tieso, hace mucho.
Copyright Clarín 2012
Cristina Fernández, a cinco años de haber asumido, sigue siendo un enigma . Ese enigma suelen ser sus palabras. Sus actos, en cambio, resultan casi inconfundibles y, con frecuencia, en una dirección antagónica a sus discursos. Esa contradicción plantea otro interrogante: cuánto la Presidenta cree, de verdad , lo que dice. Si se tratara sólo de una impostación política, producto de la conveniencia, podría ser consagrada como figura inigualable desde el retorno democrático. Si se tratara de una convicción, de un dogma, el problema se tornaría mucho más grave. Ninguno de los casos podría ser observado sin un sentido crítico.
La proa de su Gobierno enfila exclusivamente ahora contra los medios de comunicación , en especial contra Clarín . Acusa con recurrencia a ese periodismo de supuestas anomalías e ilegalidades que, en realidad, comete su propio Gobierno.
Sus palabras rebotan inevitablemente en un espejo. La Presidenta celebró la semana pasada el tercer aniversario de la ley de medios con un acto político durante el cual encadenó imputaciones, falacias y arbitrariedades.
Seducida, tal vez, por la asistencia del ex candidato de la izquierda francesa, Jean Luc Mélenchon, le preguntó si entendía que una ley sancionada por el Congreso, por amplia mayoría, todavía no se pueda cumplir. Por ese hipotético incumplimiento responsabilizó a Clarín. No existe tal incumplimiento: esa ley tiene vigencia con excepción del artículo 161, referido a la desinversión, bajo una medida cautelar que ampara sólo a Clarín . Ocurre que el Gobierno nunca se ocupó de instrumentarla por dos motivos: el desorden interno que hace dos semanas, recién, desembocó en la designación de Martín Sabbatella como titular del AFSCA, organismo dedicado a la aplicación de la norma. También ahora, tardíamente, se permitirá el ingreso de un representante opositor. Al kirchnerismo, por otra parte, sólo le ha interesado la adecuación que deba hacer Clarín y no el resto de los grupos mediáticos, en general afines al Gobierno. De no haber sido así, jamás podría haberse concretado la venta del Grupo Hadad (Radio 10, C5N) al empresario K Cristóbal López.
Cristina, con tono epopéyico, aludió a los desafíos que plantearía la ley de medios. Uno de ellos sería observar si la Argentina podría ser en el futuro más plural y más diversa. Aquella norma no garantiza nada si, en verdad, no impera antes la convicción política sobre la libertad de ideas, de imagen y de palabras como motores de una democracia mejor. El kirchnerismo no parece comulgar con nada de eso. Bastaría para comprobarlo con dos episodios frescos: cómo la televisión oficial y paraoficial escondieron la protesta popular con cacerolas del 13 de septiembre y la manifestación del sindicalismo opositor, el miércoles, en la Plaza de Mayo.
Otro de los desafíos enarbolados por la Presidenta refirió a la necesidad de la plena vigencia del estado de derecho. De que ningún poder sectorial pueda colocarse por encima de los poderes institucionales. Tan atinada esa advertencia, como prevenir que el Poder Ejecutivo no termine sometiendo –según lo intenta– al Congreso y a la Justicia.
Cristina relató entonces una historia invertida . Mencionó el bloqueo a la designación de un juez en el Consejo de la Magistratura como una culpa ajena. El Gobierno pretendió imponer una jueza propia, María Lorena Gagliardi, surgida de un concurso cuestionado, pero fracasó ya tres veces por no contar con los dos tercios necesarios. Ese magistrado debe resolver sobre el controvertido artículo 161. En la maniobra cometió cualquier tropelía. Recusó a un juez subrogante, Raúl Tettamanti, avalado por la Corte Suprema. Tettamanti, jubilado, fue convocado a la actividad para llenar los huecos de la Justicia que el Gobierno nunca cubre. Ese vacío no deja de resultarle funcional: basta reparar en la cantidad de causas que atesora Norberto Oyarbide, la mayoría ligadas a sospechas de corrupción en el Gobierno.
Tettamanti terminó renunciando porque aquella recusación del ministro de Justicia Julio Alak no se detuvo en formalidades. El ex juez fundamentó esa renuncia en razones personales y familiares . Un hermano suyo, Roberto Oscar, se desempeñó como almirante en la base de Puerto Belgrano durante la dictadura. El ex juez habría recibido una admonición sobre la apertura de una causa al militar por supuestos delitos de lesa humanidad. Alak siguió denunciando conspiraciones y recusó a otro juez subrogante –Roberto Torti– nombrado por la Cámara. Sólo iba a estar ocho días en el cargo.
Sobre esas distorsiones y embestidas Cristina prefirió no decir ni mu. Habló de otras cosas, en cambio, con una imprecisión y orfandad informativa que llamaron la atención. Se regodeó, por ejemplo, con un editorial de The New York Times que criticó ciertas objeciones sobre la administración de Barack Obama, entre ellas la medición del desempleo. Cualquier intención suya de vincularlo con el INDEC no sonó a casualidad. Quizás la Presidenta no tuvo tiempo de indagar con profundidad en el texto elegido. Las cifras del desempleo en EE.UU. han sido puestas en tela de juicio, varias veces, por Joseph Stiglitz, Premio Nobel y economista dilecto paseado por estas tierras, hace poco, por el kirchnerismo. Hombre, por supuesto, más afín a los demócratas que a los republicanos.
Cristina enredó aquel editorial del diario estadounidense con los hipotéticos pronósticos errados sobre las elecciones que ganó Hugo Chávez en Venezuela, para denunciar la manipulación en que incurriría el periodismo. Esa manipulación es, muchas veces, más vieja que la pólvora. Pero en su volteada cayeron también las cadenas estadounidenses CNN y Fox que sirvieron para desnudar la precariedad del concepto presidencial cuando apunta a los medios de comunicación. Habló de ambas como monopolios que no son . Son cadenas que, por tradición y calidad, sin ser infalibles, poseen una mayor penetración pública que otras. Ese es el secreto. Tampoco fue certera otra aseveración suya: que en EE.UU. los propietarios de diarios no pueden serlo de canales de televisión. Se puede citar un caso entre varios: la cadena nacional Fox pertenece al mismo grupo que The Wall Street Journal . El cuadro de desaciertos se completó con una omisión no menor: no existe en EE.UU. ninguna emisora estatal , salvo una señal de entretenimiento.
Sabbatella ha pasado a ser una nueva estrella en el firmamento cristinista. Su irrupción podría trasuntar alguna metamorfosis en el ADN del poder. Se advierte un persistente corrimiento peronista en beneficio de dirigentes que provienen de la izquierda y logran el apuntalamiento de La Cámpora. Sabbatella capitaneará la aplicación de la ley de medios, la “gran batalla” de Cristina antes de las legislativas del año próximo. Axel Kicillof, de cuna marxista, controla los resortes de la economía. Curiosamente fue el diputado Carlos Heller, ex dirigente del PC, el gran defensor del Presupuesto 2013 la semana pasada en Diputados.
Aquel empinamiento de Sabbatella representaría también un ocaso veloz para Gabriel Mariotto. El vicegobernador de Buenos Aires fue una de las criaturas políticas inventadas por Cristina para limitar el poder territorial de Daniel Scioli.
Pero ese laboratorio presidencial pareciera fallar . Amado Boudou, otra creación, sigue oculto por el escándalo Ciccone y ha debido resignar poder burocrático en el Senado. También el ministro Hernán Lorenzino se distanció de él y barrió con tres funcionarios que quedaban en Economía. El fiscal Jorge Di Lello, que investiga el caso Ciccone, iba a avanzar con una prueba que comprometía más al vicepresidente. Decidió retrasarla después de una señal clara surgida del poder.
Mariotto perdió su primera pulseada en la AFSCA, cuando fue desbordado por La Cámpora. Se embarcó, a instancias de Cristina, en una cruzada contra Scioli que abortó ante la amenaza de un gran conflicto que podía perjudicar al Gobierno. El retroceso fue leído como una derrota. La víctima terminó siendo el vicegobernador. Scioli respira aliviado.
Se trató, finalmente, de una historia repetida. La Presidenta siempre corta distraídamente el hilo por lo más delgado. Raúl Garré, asesor y hermano de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, fue echado por el largo pleito salarial con Gendarmería y Prefectura que en la superficie cesó. Ese decreto que originó la protesta –y que el Gobierno defendió inútilmente– pasó también por Kicillof, Lorenzino, Juan Manuel Abal Medina y Carlos Zannini, antes de que Cristina lo rubricara.
Antonio Caló está temblando. Al dirigente metalúrgico lo atormentan las sombras declinantes de Boudou, Mariotto y Garré. Su situación es aún peor que la de ellos. La jefatura en la CGT K nació por defecto, por ausencia de alguien que conformara más el paladar presidencial. Cristina lo dejó además con las manos vacías en la audiencia de la Casa Rosada. Ni un anuncio favorable que le diera vigor. Para colmo, la violencia y el salvajismo de la UOCRA, uno de los principales gremios del cegetismo oficial.
Moyano tuvo motivos para brindar. Aquella endeblez de Caló y su alianza con Pablo Micheli, de la CTA, parecen ir redondeando una identidad y un sindicalismo activo de sesgo opositor. El camionero dice haber dado el primer paso para la construcción de una alternativa política.
Aguarda ahora alguna correspondencia en el peronismo.
Allí se mecen suavemente algunas hojas en un paisaje tieso, hace mucho.
Copyright Clarín 2012
