La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre de 2009 fue un cambio trascendente en política de medios. La norma reemplazó un decreto de la Dictadura Militar, de 1980, que a su vez había sufrido modificaciones (sobre todo entre 1989 y 2003) que empeoraron el original. Pero las expectativas abiertas con la (ex) nueva ley no se han cumplido aún.
¿Cuáles son los ejes de esta ley? En el plano estructural, establece que el 33% de las licencias de radio y televisión se destinen a organizaciones sin fines de lucro. Impone límites a la concentración de la propiedad, en particular a la propiedad cruzada.
Exige cuotas de contenidos de producción propia a los licenciatarios. Dispone controles sociales y políticos de una amplitud inédita en la historia de la regulación de medios, incorporando a la oposición política y a fuerzas sociales al Directorio de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual y de los medios de gestión estatal.
Asimismo, requiere información de acceso público sobre la titularidad de las licencias y sobre la recepción de publicidad oficial por parte de los licenciatarios. Los usuarios del sistema de radio y televisión tendrían, según la ley, un Defensor del Público.
Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta ahora, su concreción sólo es visible en la asignación de licencias a municipios, provincias y universidades (ello no significa que hayan comenzado a operar o que puedan hacerlo); también en concursos para radios de baja potencia en algunas provincias y además en la promoción de contenidos con criterio federal que son organizados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
¿Qué obturó la ejecución del resto de la ley? Por un lado, el Gobierno enfocó prioritariamente su energía contra el Grupo Clarín. Como este grupo, el principal del paisaje mediático, cuenta con una medida cautelar que impide que el artículo 161 de desconcentración se le aplique hasta el 7 de diciembre, el Gobierno juzgó asimétrico hacer cumplir la ley a otros grupos (Vila-Manzano, Hadad -ahora Cristóbal López -, o Cadena 3). Y como la atención del Gobierno está centrada en Clarín, el resto de la ley quedó relegado.
Ese resto es importante porque, entre otros aspectos, permitiría a los grupos sociales no lucrativos acceder a licencias; oxigenaría con una necesaria transparencia la titularidad de los medios. También contribuiría a que la oposición ejerza su rol de control de los actos de gobierno. Otro aspecto sería que inauguraría una cultura ciudadana de diálogo con los medios y modificaría la impronta partidaria de emisoras que deberían ser públicas.
Sería injusto, por otro lado, asignar toda la responsabilidad al Gobierno. Hasta diciembre de 2011 la oposición se resistió a integrar la Comisión Bicameral que debería controlar la gestión de la ley. Desde entonces, es el Gobierno el que frena la presencia de otras voces.
La justicia, además, actúa con tiempos vaticanos para resolver una cuestión que combina doctrina sobre competencia en mercados de medios, libertad de expresión y derecho a la comunicación.
Y las empresas, acostumbradas que los gobiernos regulen a favor de una mayor concentración, objetaron las nuevas reglas de juego que limitan sus planes de expansión.
La ley no es perfecta. Elude, por ejemplo, cuestiones como la convergencia tecnológica y la viabilidad económica de un sistema en el que deberán convivir medios privados, comunitarios y públicos.
La pendiente aplicación de la ley, y su mejora con nuevas regulaciones que respondan las cuestiones que la ley dejó ausentes, requieren de un compromiso que hasta ahora no fue percibido como necesario por los principales actores del sistema de medios.
¿Cuáles son los ejes de esta ley? En el plano estructural, establece que el 33% de las licencias de radio y televisión se destinen a organizaciones sin fines de lucro. Impone límites a la concentración de la propiedad, en particular a la propiedad cruzada.
Exige cuotas de contenidos de producción propia a los licenciatarios. Dispone controles sociales y políticos de una amplitud inédita en la historia de la regulación de medios, incorporando a la oposición política y a fuerzas sociales al Directorio de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual y de los medios de gestión estatal.
Asimismo, requiere información de acceso público sobre la titularidad de las licencias y sobre la recepción de publicidad oficial por parte de los licenciatarios. Los usuarios del sistema de radio y televisión tendrían, según la ley, un Defensor del Público.
Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta ahora, su concreción sólo es visible en la asignación de licencias a municipios, provincias y universidades (ello no significa que hayan comenzado a operar o que puedan hacerlo); también en concursos para radios de baja potencia en algunas provincias y además en la promoción de contenidos con criterio federal que son organizados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
¿Qué obturó la ejecución del resto de la ley? Por un lado, el Gobierno enfocó prioritariamente su energía contra el Grupo Clarín. Como este grupo, el principal del paisaje mediático, cuenta con una medida cautelar que impide que el artículo 161 de desconcentración se le aplique hasta el 7 de diciembre, el Gobierno juzgó asimétrico hacer cumplir la ley a otros grupos (Vila-Manzano, Hadad -ahora Cristóbal López -, o Cadena 3). Y como la atención del Gobierno está centrada en Clarín, el resto de la ley quedó relegado.
Ese resto es importante porque, entre otros aspectos, permitiría a los grupos sociales no lucrativos acceder a licencias; oxigenaría con una necesaria transparencia la titularidad de los medios. También contribuiría a que la oposición ejerza su rol de control de los actos de gobierno. Otro aspecto sería que inauguraría una cultura ciudadana de diálogo con los medios y modificaría la impronta partidaria de emisoras que deberían ser públicas.
Sería injusto, por otro lado, asignar toda la responsabilidad al Gobierno. Hasta diciembre de 2011 la oposición se resistió a integrar la Comisión Bicameral que debería controlar la gestión de la ley. Desde entonces, es el Gobierno el que frena la presencia de otras voces.
La justicia, además, actúa con tiempos vaticanos para resolver una cuestión que combina doctrina sobre competencia en mercados de medios, libertad de expresión y derecho a la comunicación.
Y las empresas, acostumbradas que los gobiernos regulen a favor de una mayor concentración, objetaron las nuevas reglas de juego que limitan sus planes de expansión.
La ley no es perfecta. Elude, por ejemplo, cuestiones como la convergencia tecnológica y la viabilidad económica de un sistema en el que deberán convivir medios privados, comunitarios y públicos.
La pendiente aplicación de la ley, y su mejora con nuevas regulaciones que respondan las cuestiones que la ley dejó ausentes, requieren de un compromiso que hasta ahora no fue percibido como necesario por los principales actores del sistema de medios.
