Cartellone, ¿les pedían coimas?
-No. No. No, porque, digamos, alguna empresa tiene que hacer las obras. Nosotros jamás en la vida hemos dejado de hacer una obra: la empezamos y la terminamos. Eso es una cuestión que hay que verla. Digamos, siempre alguien tiene que hacer las cosas.
Poco habituado al diálogo con periodistas, la respuesta de José Cartellone, uno de los empresarios contratistas más importantes de la Argentina, no será nunca un ejemplo retórico o de coherencia discursiva. Y es probable que, si la Justicia lo cita, deba perfeccionar su declaración.
Pero esas palabras del mendocino, que finalizó así un breve encuentro con la nacion y otros medios durante el seminario organizado ayer por la mañana por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), tienen un valor más fáctico que argumental: los dueños del capital, involucrados masivamente en la causa de los cuadernos de las coimas, han decidido al menos dar la cara.
Lo hizo ayer por la mañana hasta Paolo Rocca, el más poderoso de todos, cuando se refirió al pago de coimas que el Grupo Techint, que él preside, por la indemnización que cobraría por la estatización de Sidor, la siderúrgica que el grupo tenía en Venezuela. Hace un mes, ante consultas similares, unos y otros se habrían escabullido entre las mesas del Hotel Sheraton, donde se desarrolló este foro.
Esta actitud, que no tiene precedente en la historia del establishment, parte de la naturaleza de la investigación: la ley del arrepentido, que rige desde hace un año medio, los obliga indefectiblemente a anticiparse en la defensa porque desconocen hasta qué punto podría incriminarlos.
¿Quién podría sentirse tranquilo en un sistema que funcionó sin fisuras durante décadas? Lo planteó de manera cruda el empresario agropecuario David Lacroze cuando, en su panel, citó el pasaje de la apedreada del evangelio de San Juan: «Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra», dijo, y agregó que lo único que podría despejar tantas dudas es «una Justicia independiente que separe la paja del trigo».
¿Son víctimas o responsables?, insistió la nacion ante Cartellone, que prefirió una respuesta más abarcadora: «No es un problema de los empresarios, es un problema de la sociedad. La sociedad es la que tiene que cambiar. Somos todos los que tenemos que cambiar. Necesitamos un cambio cultural», respondió.
Que ese cambio de paradigma tenga posibilidades de prosperar durante la presidencia de Mauricio Macri, exreferente de un grupo contratista de obra pública (entre otras actividades), es no solo una ironía de la historia, sino lo que la vuelve más impredecible.
¿Hasta dónde avanzará la investigación y a quiénes alcanzará?, es una pregunta que inquieta no solo al universo de la obra pública, sino también al financiero. La búsqueda de la verdad es un camino arduo no exento de sorpresas y, a veces, en un país habituado a lo contrario, difícil de poner en palabras.
-No. No. No, porque, digamos, alguna empresa tiene que hacer las obras. Nosotros jamás en la vida hemos dejado de hacer una obra: la empezamos y la terminamos. Eso es una cuestión que hay que verla. Digamos, siempre alguien tiene que hacer las cosas.
Poco habituado al diálogo con periodistas, la respuesta de José Cartellone, uno de los empresarios contratistas más importantes de la Argentina, no será nunca un ejemplo retórico o de coherencia discursiva. Y es probable que, si la Justicia lo cita, deba perfeccionar su declaración.
Pero esas palabras del mendocino, que finalizó así un breve encuentro con la nacion y otros medios durante el seminario organizado ayer por la mañana por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), tienen un valor más fáctico que argumental: los dueños del capital, involucrados masivamente en la causa de los cuadernos de las coimas, han decidido al menos dar la cara.
Lo hizo ayer por la mañana hasta Paolo Rocca, el más poderoso de todos, cuando se refirió al pago de coimas que el Grupo Techint, que él preside, por la indemnización que cobraría por la estatización de Sidor, la siderúrgica que el grupo tenía en Venezuela. Hace un mes, ante consultas similares, unos y otros se habrían escabullido entre las mesas del Hotel Sheraton, donde se desarrolló este foro.
Esta actitud, que no tiene precedente en la historia del establishment, parte de la naturaleza de la investigación: la ley del arrepentido, que rige desde hace un año medio, los obliga indefectiblemente a anticiparse en la defensa porque desconocen hasta qué punto podría incriminarlos.
¿Quién podría sentirse tranquilo en un sistema que funcionó sin fisuras durante décadas? Lo planteó de manera cruda el empresario agropecuario David Lacroze cuando, en su panel, citó el pasaje de la apedreada del evangelio de San Juan: «Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra», dijo, y agregó que lo único que podría despejar tantas dudas es «una Justicia independiente que separe la paja del trigo».
¿Son víctimas o responsables?, insistió la nacion ante Cartellone, que prefirió una respuesta más abarcadora: «No es un problema de los empresarios, es un problema de la sociedad. La sociedad es la que tiene que cambiar. Somos todos los que tenemos que cambiar. Necesitamos un cambio cultural», respondió.
Que ese cambio de paradigma tenga posibilidades de prosperar durante la presidencia de Mauricio Macri, exreferente de un grupo contratista de obra pública (entre otras actividades), es no solo una ironía de la historia, sino lo que la vuelve más impredecible.
¿Hasta dónde avanzará la investigación y a quiénes alcanzará?, es una pregunta que inquieta no solo al universo de la obra pública, sino también al financiero. La búsqueda de la verdad es un camino arduo no exento de sorpresas y, a veces, en un país habituado a lo contrario, difícil de poner en palabras.
