Más notas para entender este tema
A pesar de las críticas, el Senado avanzará hoy en el acuerdo con Irán
Intelectuales, políticos y artistas piden más diálogo
Boaz Ganor: «Ningún atentado de Hezbollah se podría cometer sin ayuda de Irán»
La principal justificación de Cristina Kirchner y sus colaboradores del memorándum de entendimiento con el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad es que conseguirá una respuesta iraní a las imputaciones de la justicia argentina por el atentado contra la AMIA. El argumento tiene un defecto principal: disimula que la diplomacia de Irán ya oficializó su versión sobre ese crimen y sobre el proceso que lo investiga.
El 10 de octubre de 2010, el representante de Irán ante las Naciones Unidas, Mohammad Khazaee, dirigió una nota al presidente de la Asamblea General en la que rechazó las recriminaciones que había realizado Cristina Kirchner ante ese organismo el 25 de septiembre anterior. En esa carta, catalogada como A/65/495 y fechada el 28 de septiembre de 2010, se formularon afirmaciones graves y categóricas. No sólo el régimen de Ahmadinejad aseguró que «se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado, directa o indirectamente, en la explosión». También imputó al gobierno argentino haber avalado arrestos ilegales y torturas durante las pesquisas; haber financiado a grupos terroristas como la Organización Muhaidín Jalq para fraguar testimonios contra ciudadanos inocentes, y haber realizado en 1995 un atentado contra el encargado de negocios iraní en Buenos Aires, entre otros cargos. El texto concluye afirmando que «la investigación criminal de este caso está plagada de irregularidades y carece de todos los atributos esenciales de una resolución judicial».
Es difícil imaginar que las autoridades de Irán se retractarán de esas declaraciones. Entre otras razones porque quien las suscribió, el embajador Khazaee, sigue siendo el representante de su país en la ONU. A la luz de esa nota se comprende mejor la exigencia iraní de crear la Comisión de la Verdad para «revisar la evidencia reunida» en el expediente, tal como admitió la Presidenta en el mensaje dirigido al Congreso. En otras palabras: la Argentina irá a la Comisión de la Verdad no a pedir sino a dar explicaciones.
Irán sumó a esta conquista otra igual de valiosa: tal como Héctor Timerman admitió ante el senador Nito Artaza, sólo podrán ser interrogados los cinco iraníes que tienen pedidos de captura de Interpol. Es decir: para indagar a los demás acusados hará falta otro acuerdo. ¿Cómo hará, entonces, el Gobierno, para «hacer avanzar la causa» si el juez y el fiscal no pueden solicitar declaración a una parte de los imputados? Lo que parece irracional para los intereses argentinos tiene lógica para los intereses iraníes. Ahmadinejad no pretende que progrese un proceso «plagado de irregularidades». Sólo aspira a llevar a las elecciones, en junio de este año, un trofeo: su gobierno ya no podrá ser acusado de cobijar a prófugos internacionales. Sencillo: una vez que se habiliten los interrogatorios, los imputados regularizarán su situación procesal aun cuando se nieguen a declarar. Por esta razón el acuerdo se circunscribió a los cinco buscados por Interpol.
Timerman menospreció las consecuencias de sus actos cuando dijo en el Senado que «si todo sale mal, va a quedar todo como está». Si todo sale mal, es decir, si Irán no habilita sanciones, los acusados habrán accedido al expediente, pedirán las medidas que conduzcan a sus objetivos y someterán toda la causa a la Comisión de la Verdad, sin cuyo pronunciamiento la Justicia no podrá dar un solo paso.
Este extravío de la diplomacia argentina inspira la incógnita principal de estos días: ¿por qué el Gobierno ha renunciado al esclarecimiento del atentado? La pregunta está mal planteada, porque supone que el kirchnerismo alguna vez pretendió la dilucidación del crimen. Pero para Cristina Kirchner y su esposo la causa AMIA fue siempre un capítulo de la relación bilateral con los Estados Unidos.
Como legisladora e integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de esa investigación, la Presidenta se cansó de denunciar que la «pista iraní» era superficial e interesada, y que desviaba la atención de la «pista siria», que involucraba, según ella, a allegados a la familia Menem. Cuando llegaron a la Casa Rosada, los Kirchner abandonaron esa tesis y se abrazaron a la de la autoría iraní. La mutación fue parte de una estrategia según la cual la alianza con los representantes de la comunidad judía, sobre todo los de Estados Unidos, conseguiría que Washington fuera menos exigente con la normalización internacional que se esperaba de la Argentina.
El principal objetor de esa simplificación fue el entonces cónsul en Nueva York, Timerman, quien le dijo a Cristina Kirchner que el ensayo no daría los resultados previstos. Tuvo razón. La Presidenta acusó al régimen de Irán como nadie antes y, sin embargo, desde los Estados Unidos le siguen exigiendo que regularice sus estadísticas y que pague los compromisos del Ciadi. Ni ella ni su esposo consiguieron, en una década, pisar el Salón Oval.
El acuerdo con Ahmadinejad, que es la reacción ante ese inexorable fracaso, devuelve a la Presidenta a sus convicciones de legisladora. El pacto comenzó a tejerse a los dos meses de que el embajador Khazaee presentó su carta en la ONU. El 23 de noviembre de 2010 la cancillería argentina contestó con una desmentida genérica las acusaciones iraníes. Y el 24 de enero de 2011 Cristina Kirchner envió a Timerman a Siria, para reunirse con su presidente, Bashar Al-Assad. Los diplomáticos sirios acompañaron a Timerman a reunirse con los iraníes, como acaba de confirmar el canciller Alí Akbar Salehi, al decir que «desde hace dos años estamos negociando el acuerdo». La cronología es, en este caso, reveladora. Cristina Kirchner envió a Timerman a Siria a pactar con los iraníes el 24 de enero de 2011. El 10 de febrero, es decir, 17 días después, lo mandó a Ezeiza, alicate en mano, a incautar el material militar de un avión de los Estados Unidos, con el argumento de que podría tratarse de un atentado. Ambos hechos integran el mismo proceso.
La Presidenta intentó explicar su increíble vuelta de campana diciendo: «Jamás permitiremos que la tragedia de la AMIA sea jugada como pieza de ajedrez en el tablero geopolítico de terceros». Inesperada sinceridad: es lo que ella creyó estar haciendo entre 2003 y 2011 en relación con los Estados Unidos. Por ejemplo, el 10 de agosto de 2010 envió a Timerman a entrevistarse con Hillary Clinton para decirle que los iraníes que habían volado la AMIA intentaron hacer lo mismo con el aeropuerto Kennedy. Y en diciembre pasado el atentado porteño fue uno de los fundamentos de la ley que promulgó Barack Obama para «contrarrestar la influencia iraní en el continente».
Cristina Kirchner, según comentarios que realizó ante interlocutores de confianza, está convencida de que su aproximación a Teherán la ubicará en el centro de la escena que, supone, está por venir. Cree que es inminente un gran conflicto internacional protagonizado por Rusia, Irán, Israel y los Estados Unidos. Y se ve a sí misma como mediadora en el orden que suceda a ese estallido.
En 1995, un diplomático israelí recién llegado a Buenos Aires participaba de la primera conmemoración por el atentado contra la AMIA. Impresionado, comentó con una colaboradora que nunca había visto gente tan desesperada como los familiares de las víctimas. La asistente le explicó: «Además de llorar la pérdida, ellos lloran que jamás obtendrán reparación». Esa denegación de justicia es el atentado de índole moral denunciado por Santiago Kovadloff..
A pesar de las críticas, el Senado avanzará hoy en el acuerdo con Irán
Intelectuales, políticos y artistas piden más diálogo
Boaz Ganor: «Ningún atentado de Hezbollah se podría cometer sin ayuda de Irán»
La principal justificación de Cristina Kirchner y sus colaboradores del memorándum de entendimiento con el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad es que conseguirá una respuesta iraní a las imputaciones de la justicia argentina por el atentado contra la AMIA. El argumento tiene un defecto principal: disimula que la diplomacia de Irán ya oficializó su versión sobre ese crimen y sobre el proceso que lo investiga.
El 10 de octubre de 2010, el representante de Irán ante las Naciones Unidas, Mohammad Khazaee, dirigió una nota al presidente de la Asamblea General en la que rechazó las recriminaciones que había realizado Cristina Kirchner ante ese organismo el 25 de septiembre anterior. En esa carta, catalogada como A/65/495 y fechada el 28 de septiembre de 2010, se formularon afirmaciones graves y categóricas. No sólo el régimen de Ahmadinejad aseguró que «se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado, directa o indirectamente, en la explosión». También imputó al gobierno argentino haber avalado arrestos ilegales y torturas durante las pesquisas; haber financiado a grupos terroristas como la Organización Muhaidín Jalq para fraguar testimonios contra ciudadanos inocentes, y haber realizado en 1995 un atentado contra el encargado de negocios iraní en Buenos Aires, entre otros cargos. El texto concluye afirmando que «la investigación criminal de este caso está plagada de irregularidades y carece de todos los atributos esenciales de una resolución judicial».
Es difícil imaginar que las autoridades de Irán se retractarán de esas declaraciones. Entre otras razones porque quien las suscribió, el embajador Khazaee, sigue siendo el representante de su país en la ONU. A la luz de esa nota se comprende mejor la exigencia iraní de crear la Comisión de la Verdad para «revisar la evidencia reunida» en el expediente, tal como admitió la Presidenta en el mensaje dirigido al Congreso. En otras palabras: la Argentina irá a la Comisión de la Verdad no a pedir sino a dar explicaciones.
Irán sumó a esta conquista otra igual de valiosa: tal como Héctor Timerman admitió ante el senador Nito Artaza, sólo podrán ser interrogados los cinco iraníes que tienen pedidos de captura de Interpol. Es decir: para indagar a los demás acusados hará falta otro acuerdo. ¿Cómo hará, entonces, el Gobierno, para «hacer avanzar la causa» si el juez y el fiscal no pueden solicitar declaración a una parte de los imputados? Lo que parece irracional para los intereses argentinos tiene lógica para los intereses iraníes. Ahmadinejad no pretende que progrese un proceso «plagado de irregularidades». Sólo aspira a llevar a las elecciones, en junio de este año, un trofeo: su gobierno ya no podrá ser acusado de cobijar a prófugos internacionales. Sencillo: una vez que se habiliten los interrogatorios, los imputados regularizarán su situación procesal aun cuando se nieguen a declarar. Por esta razón el acuerdo se circunscribió a los cinco buscados por Interpol.
Timerman menospreció las consecuencias de sus actos cuando dijo en el Senado que «si todo sale mal, va a quedar todo como está». Si todo sale mal, es decir, si Irán no habilita sanciones, los acusados habrán accedido al expediente, pedirán las medidas que conduzcan a sus objetivos y someterán toda la causa a la Comisión de la Verdad, sin cuyo pronunciamiento la Justicia no podrá dar un solo paso.
Este extravío de la diplomacia argentina inspira la incógnita principal de estos días: ¿por qué el Gobierno ha renunciado al esclarecimiento del atentado? La pregunta está mal planteada, porque supone que el kirchnerismo alguna vez pretendió la dilucidación del crimen. Pero para Cristina Kirchner y su esposo la causa AMIA fue siempre un capítulo de la relación bilateral con los Estados Unidos.
Como legisladora e integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de esa investigación, la Presidenta se cansó de denunciar que la «pista iraní» era superficial e interesada, y que desviaba la atención de la «pista siria», que involucraba, según ella, a allegados a la familia Menem. Cuando llegaron a la Casa Rosada, los Kirchner abandonaron esa tesis y se abrazaron a la de la autoría iraní. La mutación fue parte de una estrategia según la cual la alianza con los representantes de la comunidad judía, sobre todo los de Estados Unidos, conseguiría que Washington fuera menos exigente con la normalización internacional que se esperaba de la Argentina.
El principal objetor de esa simplificación fue el entonces cónsul en Nueva York, Timerman, quien le dijo a Cristina Kirchner que el ensayo no daría los resultados previstos. Tuvo razón. La Presidenta acusó al régimen de Irán como nadie antes y, sin embargo, desde los Estados Unidos le siguen exigiendo que regularice sus estadísticas y que pague los compromisos del Ciadi. Ni ella ni su esposo consiguieron, en una década, pisar el Salón Oval.
El acuerdo con Ahmadinejad, que es la reacción ante ese inexorable fracaso, devuelve a la Presidenta a sus convicciones de legisladora. El pacto comenzó a tejerse a los dos meses de que el embajador Khazaee presentó su carta en la ONU. El 23 de noviembre de 2010 la cancillería argentina contestó con una desmentida genérica las acusaciones iraníes. Y el 24 de enero de 2011 Cristina Kirchner envió a Timerman a Siria, para reunirse con su presidente, Bashar Al-Assad. Los diplomáticos sirios acompañaron a Timerman a reunirse con los iraníes, como acaba de confirmar el canciller Alí Akbar Salehi, al decir que «desde hace dos años estamos negociando el acuerdo». La cronología es, en este caso, reveladora. Cristina Kirchner envió a Timerman a Siria a pactar con los iraníes el 24 de enero de 2011. El 10 de febrero, es decir, 17 días después, lo mandó a Ezeiza, alicate en mano, a incautar el material militar de un avión de los Estados Unidos, con el argumento de que podría tratarse de un atentado. Ambos hechos integran el mismo proceso.
La Presidenta intentó explicar su increíble vuelta de campana diciendo: «Jamás permitiremos que la tragedia de la AMIA sea jugada como pieza de ajedrez en el tablero geopolítico de terceros». Inesperada sinceridad: es lo que ella creyó estar haciendo entre 2003 y 2011 en relación con los Estados Unidos. Por ejemplo, el 10 de agosto de 2010 envió a Timerman a entrevistarse con Hillary Clinton para decirle que los iraníes que habían volado la AMIA intentaron hacer lo mismo con el aeropuerto Kennedy. Y en diciembre pasado el atentado porteño fue uno de los fundamentos de la ley que promulgó Barack Obama para «contrarrestar la influencia iraní en el continente».
Cristina Kirchner, según comentarios que realizó ante interlocutores de confianza, está convencida de que su aproximación a Teherán la ubicará en el centro de la escena que, supone, está por venir. Cree que es inminente un gran conflicto internacional protagonizado por Rusia, Irán, Israel y los Estados Unidos. Y se ve a sí misma como mediadora en el orden que suceda a ese estallido.
En 1995, un diplomático israelí recién llegado a Buenos Aires participaba de la primera conmemoración por el atentado contra la AMIA. Impresionado, comentó con una colaboradora que nunca había visto gente tan desesperada como los familiares de las víctimas. La asistente le explicó: «Además de llorar la pérdida, ellos lloran que jamás obtendrán reparación». Esa denegación de justicia es el atentado de índole moral denunciado por Santiago Kovadloff..
