El durísimo comunicado emitido ayer por la Comisión Nacional de la Independencia Judicial, que exhorta al Poder Ejecutivo a dejar de arrogarse funciones judiciales, y la actitud de la Cámara Civil y Comercial Federal de resistir las fuertes presiones del gobierno nacional , reivindican el papel de la Justicia frente al riesgo institucional en el que hoy se encuentran la República, la democracia y, en definitiva, todos y cada uno de los argentinos.
Haber llegado al punto de que magistrados de todo el país tengan que alertar sobre el daño que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le está haciendo al Poder Judicial habla a las claras de la gravedad de la situación. Lamentablemente, ese daño no es nuevo. Ya en su desesperada batalla por defenderse de acusaciones de corrupción, el vicepresidente Amado Boudou había lanzado diatribas de todo tipo contra integrantes del Poder Judicial, a los que, además, logró neutralizar.
La Justicia ha padecido como nunca antes los embates de la furia de los gobernantes. No obstante ello, la Cámara Civil y Comercial Federal, uno de los blancos preferidos del ataque kirchnerista para que nada se hiciera en torno de la ley de servicios de comunicación audiovisual, más conocida como ley de medios, se expidió ayer prorrogando la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín hasta que se dicte sentencia definitiva.
Tal decisión judicial mantiene suspendida la llamada cláusula de desinversión, que obliga a empresas de radio y televisión a desprenderse de licencias que superen el límite establecido por la norma cuya constitucionalidad fue cuestionada por el citado holding. En otra sentencia, los magistrados rechazaron la recusación masiva que anteayer había hecho el Gobierno respecto de los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal.
Se ha dado así un paso hacia la racionalidad frente a la prepotencia con que el Gobierno ha venido intentando imponer su avieso criterio sobre la aplicación de la ley de medios recusando jueces, pidiendo la anulación de fallos y amenazando con que una sentencia en contra de sus intereses será considerada un alzamiento del Poder Judicial .
Nada más lejano de la institucionalidad resulta la grosera y desenfadada campaña oficial montada en torno del llamado 7-D, donde la D podría perfectamente simbolizar desmesura, desequilibrio y decadencia de un Poder Ejecutivo que, montado equivocadamente en el abultado porcentaje de votos que obtuvo en las últimas elecciones, se ha sentido habilitado para violentar la propia Constitución Nacional.
¿De qué otra forma podrían entenderse los mecanismos que ha venido usando para desestabilizar a magistrados, amenazándolos con revolver en su pasado en busca de algún hecho comprometido y hasta de inventarlo si no lo hubiera?
¿Cómo se explica que más allá de algunas voces disonantes de la oposición, todo un séquito de legisladores haya preferido desechar las más elementales formas de la democracia votando sin discusión los pedidos del Gobierno? Nada justifica semejante comportamiento rayano en una obsecuencia probablemente temerosa de perder los favores del oficialismo en el poder.
Jueces, legisladores y gobernadores son igualmente blanco de las presiones del Ejecutivo, un poder que se autoproclama superior al resto, cuando es sabido que los tres poderes del Estado tienen la misma jerarquía constitucional y deben controlarse mutuamente.
Con el mentado 7-D, el Gobierno ha puesto al país en un abismo por un capricho, cuyo único objetivo ha demostrado ser el desguace del Grupo Clarín, grupo de empresas castigado más por su independencia de la voz oficial que por cuestiones vinculadas estrictamente con la aplicación de la ley de medios, que, salta a la vista, no está siendo igual para todos.
Hoy, 7 de diciembre, debería ser un día más en un país respetuoso de sus leyes. Sin embargo, no lo es. El feroz ataque gubernamental hacia todos aquellos que osen cuestionar su capciosa interpretación de la norma pretende convertirlos en golpistas, destituyentes o en traidores a la patria.
¿Es respetar las instituciones una rebelión? ¿Representa el apego a la ley una piedra en el zapato que el Gobierno puede expulsar a su gusto? ¿Son éstos los ejemplos que nos merecemos los argentinos de parte de las más altas autoridades y es ésta la imagen que queremos proyectar hacia el exterior?
Aunque hubiera sido deseable contar con ella antes, la reacción pública de los jueces de todo el país nos debe hacer pensar sobre la necesidad de deponer las actitudes violentas, de desandar el camino de intrigas, presiones, amenazas y locura recorrido hasta hoy.
Es necesario volver a hacer un llamado a la cordura para evitar así males mayores y poder situarnos en la senda de la que nunca debimos haber salido: la del respeto por las instituciones y por el pueblo que votó a este gobierno y también por el que no lo votó.
La división entre «nosotros» y «ellos» tiene que hallar un límite. Desandar el camino y serenar los ánimos para reencontrarnos no es haber perdido ninguna batalla. Al contrario, es trabajar juntos para procurarnos un futuro mejor..
Haber llegado al punto de que magistrados de todo el país tengan que alertar sobre el daño que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le está haciendo al Poder Judicial habla a las claras de la gravedad de la situación. Lamentablemente, ese daño no es nuevo. Ya en su desesperada batalla por defenderse de acusaciones de corrupción, el vicepresidente Amado Boudou había lanzado diatribas de todo tipo contra integrantes del Poder Judicial, a los que, además, logró neutralizar.
La Justicia ha padecido como nunca antes los embates de la furia de los gobernantes. No obstante ello, la Cámara Civil y Comercial Federal, uno de los blancos preferidos del ataque kirchnerista para que nada se hiciera en torno de la ley de servicios de comunicación audiovisual, más conocida como ley de medios, se expidió ayer prorrogando la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín hasta que se dicte sentencia definitiva.
Tal decisión judicial mantiene suspendida la llamada cláusula de desinversión, que obliga a empresas de radio y televisión a desprenderse de licencias que superen el límite establecido por la norma cuya constitucionalidad fue cuestionada por el citado holding. En otra sentencia, los magistrados rechazaron la recusación masiva que anteayer había hecho el Gobierno respecto de los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal.
Se ha dado así un paso hacia la racionalidad frente a la prepotencia con que el Gobierno ha venido intentando imponer su avieso criterio sobre la aplicación de la ley de medios recusando jueces, pidiendo la anulación de fallos y amenazando con que una sentencia en contra de sus intereses será considerada un alzamiento del Poder Judicial .
Nada más lejano de la institucionalidad resulta la grosera y desenfadada campaña oficial montada en torno del llamado 7-D, donde la D podría perfectamente simbolizar desmesura, desequilibrio y decadencia de un Poder Ejecutivo que, montado equivocadamente en el abultado porcentaje de votos que obtuvo en las últimas elecciones, se ha sentido habilitado para violentar la propia Constitución Nacional.
¿De qué otra forma podrían entenderse los mecanismos que ha venido usando para desestabilizar a magistrados, amenazándolos con revolver en su pasado en busca de algún hecho comprometido y hasta de inventarlo si no lo hubiera?
¿Cómo se explica que más allá de algunas voces disonantes de la oposición, todo un séquito de legisladores haya preferido desechar las más elementales formas de la democracia votando sin discusión los pedidos del Gobierno? Nada justifica semejante comportamiento rayano en una obsecuencia probablemente temerosa de perder los favores del oficialismo en el poder.
Jueces, legisladores y gobernadores son igualmente blanco de las presiones del Ejecutivo, un poder que se autoproclama superior al resto, cuando es sabido que los tres poderes del Estado tienen la misma jerarquía constitucional y deben controlarse mutuamente.
Con el mentado 7-D, el Gobierno ha puesto al país en un abismo por un capricho, cuyo único objetivo ha demostrado ser el desguace del Grupo Clarín, grupo de empresas castigado más por su independencia de la voz oficial que por cuestiones vinculadas estrictamente con la aplicación de la ley de medios, que, salta a la vista, no está siendo igual para todos.
Hoy, 7 de diciembre, debería ser un día más en un país respetuoso de sus leyes. Sin embargo, no lo es. El feroz ataque gubernamental hacia todos aquellos que osen cuestionar su capciosa interpretación de la norma pretende convertirlos en golpistas, destituyentes o en traidores a la patria.
¿Es respetar las instituciones una rebelión? ¿Representa el apego a la ley una piedra en el zapato que el Gobierno puede expulsar a su gusto? ¿Son éstos los ejemplos que nos merecemos los argentinos de parte de las más altas autoridades y es ésta la imagen que queremos proyectar hacia el exterior?
Aunque hubiera sido deseable contar con ella antes, la reacción pública de los jueces de todo el país nos debe hacer pensar sobre la necesidad de deponer las actitudes violentas, de desandar el camino de intrigas, presiones, amenazas y locura recorrido hasta hoy.
Es necesario volver a hacer un llamado a la cordura para evitar así males mayores y poder situarnos en la senda de la que nunca debimos haber salido: la del respeto por las instituciones y por el pueblo que votó a este gobierno y también por el que no lo votó.
La división entre «nosotros» y «ellos» tiene que hallar un límite. Desandar el camino y serenar los ánimos para reencontrarnos no es haber perdido ninguna batalla. Al contrario, es trabajar juntos para procurarnos un futuro mejor..
