El secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, fue uno de los que decidió el precio de referencia con el que se iban a cancelar los contratos del Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX). Quintana era, hasta asumir como funcionario de Mauricio Macri, director de Farmcity y CEO del Fondo Pegasus que, entre ambos, compraron US$ 11.480.000 de dólares a futuro.
Según la declaración testimonial del Gerente General de ROFEX, Diego Germán Fernández, ante el juez Claudio Bonadio hubo una reunión que se llevó a cabo «el domingo 13 de diciembre de 2015 en el Ministerio de Economía». «En esta última reunión (…) se acordó que si ROFEX declaraba la emergencia y realizaba una corrección de precios, el mercado podía ser normalizado y obviamente el BCRA iba a honrar sus obligaciones», relató Fernández el 12 de febrero en el juzgado federal número 11.
Los asistentes a ese mitin fueron, siempre según Fernández, Mario Quintana y Luis Caputo. «Las futuras autoridades de la nación sostenían que el mercado podía quedar bloqueado en forma indefinida, que se iba a armar una comisión investigadora para ver las operaciones y que se iban a impugnar las operaciones al menos del período de septiembre a diciembre, generalmente decían con una acción de lesividad», amplió Fernández.
Previo a esto hubo diversas reuniones con las futuras autoridades en las que «se llegó al consenso de que los valores de los futuros de Nueva York eran demasiado elevados para ser tenidos en cuenta» y hubo acuerdo en que «sí constituían una referencia válida las cotizaciones de los títulos públicos nacionales atados a la cotización del dólar oficial conocidos como dollar linked».
En castellano: un intermedio entre la posición de Federico Sturzenegger y el ROFEX. Esto, que se institucionalizó a las 17:30hs del día siguiente del cónclave en el ministerio de Economía a través del Ejercicio 107/acta n° 10, constituyó una anomalía en el funcionamiento del ROFEX que paga según el spot. Es decir, el precio del dólar –que comunica oficialmente el BCRA- del día en el que se cancelan los contratos.
Según el ex titular de la Oficina Anticorrupción Manuel Garrido, «habría que investigar si (Quintana) no incurrió en las conductas prohibidas en la ley de ética Pública». Para el ex diputado de la UCR, el secretario de Coordinación Interministerial «debería ser investigado por la Oficina Anticorrupción». Los procederes presuntamente irregulares a los que hace referencia Garrido son los contemplados en el inciso I del artículo 2 de la ley antes mencionada que prevé «abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil».
También en el inciso B del artículo 15 que plantea «abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria». Quintana fue director de Farmacity y CEO de Pegasus hasta su asunción en el Gobierno. Ambas empresas operaron contratos de dólar futuro por un monto conjunto de US$ 11.480.000. Por último y siempre según el ex titular de la OA, «habría que investigar» si Quintana no incurrió en la conducta prohibida en el artículo 265 del Código Penal que determina que «será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo».
Según la declaración testimonial del Gerente General de ROFEX, Diego Germán Fernández, ante el juez Claudio Bonadio hubo una reunión que se llevó a cabo «el domingo 13 de diciembre de 2015 en el Ministerio de Economía». «En esta última reunión (…) se acordó que si ROFEX declaraba la emergencia y realizaba una corrección de precios, el mercado podía ser normalizado y obviamente el BCRA iba a honrar sus obligaciones», relató Fernández el 12 de febrero en el juzgado federal número 11.
Los asistentes a ese mitin fueron, siempre según Fernández, Mario Quintana y Luis Caputo. «Las futuras autoridades de la nación sostenían que el mercado podía quedar bloqueado en forma indefinida, que se iba a armar una comisión investigadora para ver las operaciones y que se iban a impugnar las operaciones al menos del período de septiembre a diciembre, generalmente decían con una acción de lesividad», amplió Fernández.
Previo a esto hubo diversas reuniones con las futuras autoridades en las que «se llegó al consenso de que los valores de los futuros de Nueva York eran demasiado elevados para ser tenidos en cuenta» y hubo acuerdo en que «sí constituían una referencia válida las cotizaciones de los títulos públicos nacionales atados a la cotización del dólar oficial conocidos como dollar linked».
En castellano: un intermedio entre la posición de Federico Sturzenegger y el ROFEX. Esto, que se institucionalizó a las 17:30hs del día siguiente del cónclave en el ministerio de Economía a través del Ejercicio 107/acta n° 10, constituyó una anomalía en el funcionamiento del ROFEX que paga según el spot. Es decir, el precio del dólar –que comunica oficialmente el BCRA- del día en el que se cancelan los contratos.
Según el ex titular de la Oficina Anticorrupción Manuel Garrido, «habría que investigar si (Quintana) no incurrió en las conductas prohibidas en la ley de ética Pública». Para el ex diputado de la UCR, el secretario de Coordinación Interministerial «debería ser investigado por la Oficina Anticorrupción». Los procederes presuntamente irregulares a los que hace referencia Garrido son los contemplados en el inciso I del artículo 2 de la ley antes mencionada que prevé «abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil».
También en el inciso B del artículo 15 que plantea «abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria». Quintana fue director de Farmacity y CEO de Pegasus hasta su asunción en el Gobierno. Ambas empresas operaron contratos de dólar futuro por un monto conjunto de US$ 11.480.000. Por último y siempre según el ex titular de la OA, «habría que investigar» si Quintana no incurrió en la conducta prohibida en el artículo 265 del Código Penal que determina que «será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo».
