El proyecto es para extraer potasio e incluye la construcción de 400 kilómetros de ferrocarril y una terminal portuaria propia en Bahía Blanca, entre otras obras. En 2012, los aportes del sector a las arcas públicas ascenderían a cinco mil millones de pesos.
La empresa minera brasileña Vale le anunció ayer a la presidenta Cristina Fernández que invertirá cerca de seis mil millones de dólares para extraer potasio en el departamento mendocino de Malargüe. El proyecto incluye la construcción de 400 kilómetros de ferrocarril y una terminal portuaria propia en Bahía Blanca, entre otras obras. Argentina se convertirá así en el tercer mayor exportador y quinto productor global de potasio. La magnitud de la inversión de Vale es reflejo de las favorables condiciones regulatorias, punto que es motivo de discusión entre los especialistas.
El trabajo Dimensionamiento del aporte fiscal de la minería en Argentina, realizado por la consultora Abeceb.com con la colaboración de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), indica que la presión fiscal sobre la minería en la Argentina es superior a la de Chile, Perú o Canadá y está en línea con otros sectores de la economía nacional. La imposición sería del 24 por ciento sobre las ventas y del 53 por ciento del valor agregado. En 2012, los aportes del sector a las arcas públicas ascenderían a cinco mil millones de pesos. El especialista en minería del Cemop, Nicolás Gutman, advierte que publicaciones internacionales dicen que la Argentina es uno de los países más benevolentes en términos fiscales y que las mineras tienen un margen de maniobra enorme para evadir impuestos.
Desde 2002, el precio del oro creció casi un 400 por ciento y la suba para el promedio del resto de los commodities metalíferos llega a un 342 por ciento. Se registran los mayores valores históricos a nivel absoluto. Por eso, los presupuestos para exploración minera se duplicaron en el último lustro y llegan a 11.200 millones de dólares. Argentina se ubica entre los diez destinos favoritos de las mineras para realizar actividades de exploración y está en el quinto lugar en América latina. Las reservas nacionales de cobre ocupan el cuarto lugar del mundo, el séptimo puesto en el caso de la plata, el noveno en oro y el tercero en litio, metal que tiene una importancia fenomenal para los últimos desarrollos tecnológicos.
El marco regulatorio argentino se basa en la Ley de Inversiones Mineras de 1993. Consagró estabilidad fiscal por 30 años y amplios beneficios fiscales, como la amortización acelerada de los bienes de capital, doble deducción de gastos en exploración y devolución anticipada de IVA. Ese contrato fue uno de los pocos que se mantuvo intacto luego de la crisis de 2001, indicó Dante Sica, director de Abeceb.com.
A partir del impulso de la generosa normativa y la suba de precios internacionales, la inversión en el sector se multiplicó por diez desde 2003. En términos reales, la producción se triplicó desde 1997, y pasó a tener un peso preponderante la llamada megaminería, en desmedro de la típica exploración de rocas de aplicación en canteras. Los regímenes de tributación a la minería están siendo revisados a nivel global. Zambia, Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile, Brasil y Perú hicieron modificaciones tributarias o presentaron proyectos en esa materia, con el objetivo de aumentar la carga fiscal, manifestó Sica. La Argentina aplicó en 2007 retenciones del 5 y 10 por ciento según el producto y obligó a liquidar la totalidad de las divisas generadas en la exportación.
Según datos de Abeceb.com, la minería aportó 4340 millones de pesos al Estado nacional en 2010, 140 por ciento más que en 2006. Casi la mitad se explicó por el Impuesto a las Ganancias, seguido por las retenciones y los impuestos a la seguridad social. La presión fiscal estaría en un nivel similar al sector automotor y algo superior al textil. El agro, en cambio, tributa un 50 por ciento. La diferencia respecto de las otras actividades es que la minería explota recursos no renovables, tiene costos ambientales altísimos y no genera desarrollo industrial, advierte Gutman.
A nivel provincial, el 40 por ciento de los ingresos de Catamarca se explican por la minería, y en San Juan ese valor llega a 12 por ciento. La carga tributaria consolidada sería del 50 por ciento sobre las utilidades antes de impuestos, por encima de países como Chile, Perú y Canadá.
En la industria minera se vende el metal junto con barro, y luego en un laboratorio en el extranjero se analiza cuánto fue el neto exportado. En función de eso, las mineras tributan. Es decir que tienen un margen de maniobra muy grande para la evasión. Barrick Gold declaró al gobierno argentino que la mina de Veladero tenía un valor de seis mil millones de dólares cuando la compañía promocionó entre sus inversores un negocio de 14 mil millones, ejemplifica. Con una presión mucho más alta los números cerrarían igual, es un recurso cada vez más escaso que ninguna empresa quiere perder. En Africa hay una presión fiscal del 105 por ciento y las empresa siguen allí, agrega.
La empresa minera brasileña Vale le anunció ayer a la presidenta Cristina Fernández que invertirá cerca de seis mil millones de dólares para extraer potasio en el departamento mendocino de Malargüe. El proyecto incluye la construcción de 400 kilómetros de ferrocarril y una terminal portuaria propia en Bahía Blanca, entre otras obras. Argentina se convertirá así en el tercer mayor exportador y quinto productor global de potasio. La magnitud de la inversión de Vale es reflejo de las favorables condiciones regulatorias, punto que es motivo de discusión entre los especialistas.
El trabajo Dimensionamiento del aporte fiscal de la minería en Argentina, realizado por la consultora Abeceb.com con la colaboración de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), indica que la presión fiscal sobre la minería en la Argentina es superior a la de Chile, Perú o Canadá y está en línea con otros sectores de la economía nacional. La imposición sería del 24 por ciento sobre las ventas y del 53 por ciento del valor agregado. En 2012, los aportes del sector a las arcas públicas ascenderían a cinco mil millones de pesos. El especialista en minería del Cemop, Nicolás Gutman, advierte que publicaciones internacionales dicen que la Argentina es uno de los países más benevolentes en términos fiscales y que las mineras tienen un margen de maniobra enorme para evadir impuestos.
Desde 2002, el precio del oro creció casi un 400 por ciento y la suba para el promedio del resto de los commodities metalíferos llega a un 342 por ciento. Se registran los mayores valores históricos a nivel absoluto. Por eso, los presupuestos para exploración minera se duplicaron en el último lustro y llegan a 11.200 millones de dólares. Argentina se ubica entre los diez destinos favoritos de las mineras para realizar actividades de exploración y está en el quinto lugar en América latina. Las reservas nacionales de cobre ocupan el cuarto lugar del mundo, el séptimo puesto en el caso de la plata, el noveno en oro y el tercero en litio, metal que tiene una importancia fenomenal para los últimos desarrollos tecnológicos.
El marco regulatorio argentino se basa en la Ley de Inversiones Mineras de 1993. Consagró estabilidad fiscal por 30 años y amplios beneficios fiscales, como la amortización acelerada de los bienes de capital, doble deducción de gastos en exploración y devolución anticipada de IVA. Ese contrato fue uno de los pocos que se mantuvo intacto luego de la crisis de 2001, indicó Dante Sica, director de Abeceb.com.
A partir del impulso de la generosa normativa y la suba de precios internacionales, la inversión en el sector se multiplicó por diez desde 2003. En términos reales, la producción se triplicó desde 1997, y pasó a tener un peso preponderante la llamada megaminería, en desmedro de la típica exploración de rocas de aplicación en canteras. Los regímenes de tributación a la minería están siendo revisados a nivel global. Zambia, Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile, Brasil y Perú hicieron modificaciones tributarias o presentaron proyectos en esa materia, con el objetivo de aumentar la carga fiscal, manifestó Sica. La Argentina aplicó en 2007 retenciones del 5 y 10 por ciento según el producto y obligó a liquidar la totalidad de las divisas generadas en la exportación.
Según datos de Abeceb.com, la minería aportó 4340 millones de pesos al Estado nacional en 2010, 140 por ciento más que en 2006. Casi la mitad se explicó por el Impuesto a las Ganancias, seguido por las retenciones y los impuestos a la seguridad social. La presión fiscal estaría en un nivel similar al sector automotor y algo superior al textil. El agro, en cambio, tributa un 50 por ciento. La diferencia respecto de las otras actividades es que la minería explota recursos no renovables, tiene costos ambientales altísimos y no genera desarrollo industrial, advierte Gutman.
A nivel provincial, el 40 por ciento de los ingresos de Catamarca se explican por la minería, y en San Juan ese valor llega a 12 por ciento. La carga tributaria consolidada sería del 50 por ciento sobre las utilidades antes de impuestos, por encima de países como Chile, Perú y Canadá.
En la industria minera se vende el metal junto con barro, y luego en un laboratorio en el extranjero se analiza cuánto fue el neto exportado. En función de eso, las mineras tributan. Es decir que tienen un margen de maniobra muy grande para la evasión. Barrick Gold declaró al gobierno argentino que la mina de Veladero tenía un valor de seis mil millones de dólares cuando la compañía promocionó entre sus inversores un negocio de 14 mil millones, ejemplifica. Con una presión mucho más alta los números cerrarían igual, es un recurso cada vez más escaso que ninguna empresa quiere perder. En Africa hay una presión fiscal del 105 por ciento y las empresa siguen allí, agrega.
