Afines de mayo de este año, el Frente Amplio del Uruguay eligió a sus autoridades. Votaron todos los adherentes del Frente… mayores de 14 años. En Brasil, se puede votar al presidente a partir de los 16. En la Argentina, en las ciudades de Córdoba, Colonia Caroya y Zapala, se puede votar desde los 16 para elegir autoridades municipales. En muchos municipios, a partir de los 16 años se puede participar y votar el «Presupuesto participativo». Ejemplos de nuevas realidades, sin alejarnos de nuestra geografía ni mencionar regímenes diferentes al nuestro.
Existe un movimiento hacia la baja de edad en la adquisición de los derechos políticos. Los argumentos se apoyan principalmente en un cambio de paradigma que interpreta que los jóvenes son sujetos de derecho, y a los evidentes cambios sociales y culturales asociados a la llamada «sociedad del conocimiento», las nuevas tecnologías, la realidad de las nuevas familias y los roles que en ellas desempeñan tanto adultos como nuevas generaciones.
Un paradigma que se expresa en la Convención sobre los Derechos del Niño (Unicef; 1989) suscripta por la Argentina en 1990, y en la Ley Integral de Protección de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que consagra el derecho a «participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés», y que «sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo» en «el ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo». De allí a considerar que, en la franja de 16 a 18 años, haya jóvenes interesados en participar de la vida política, a través del ejercicio del voto, hay un camino previsible.
Por supuesto, no todos los y las jóvenes manifiestan interés por la política ni tienen todos el mismo capital educativo y cultural, y muchos sufren materias pendientes en términos de vulnerabilidad social. Claro que, en este punto, algo no muy diferente podría decirse de los adultos (y la incidencia en sus motivaciones al momento de votar). Por otra parte, hay que reconocer que, entre los 16 y los 18 años, muchos jóvenes trabajan, son padres y madres, se dedican al cuidado familiar y, además, estudian.
En cuanto al punto de vista que entiende cuestionable la oportunidad (no la cuestión de fondo) porque supone podría favorecer al oficialismo, advertiría que la emergencia de una nueva sensibilidad política entre muchos jóvenes (que no significa necesariamente vocación militante, sino un renovado interés en saber, informarse, opinar sobre cuestiones políticas), no se traduce automáticamente en favor del oficialismo. Y siempre habrá un oficialismo de turno. De lo que se trata, es de trabajar políticamente para ganar el voto, trabajo que deben realizar las diferentes opciones partidarias.
Sin embargo, no es posible soslayar como motivación lo señalado en la canción de Raúl Porchetto, «si hay que triunfar, siempre te vamos a llamar». Es bueno recordar que cuando en 2006 Telerman presentó un proyecto para que pudieran votar en las Comunas quienes tuvieran entre 16 y 18 años, expresaron su apoyo legisladores de Pro (que habían presentado un proyecto de código electoral que bajaba la edad a los 16), mientras Enrique Olivera (entonces ARI) insinuaba que la propuesta debería ir más allá de las comunas, y se oponían los legisladores kirchneristas de la ciudad. Conclusión: una situación proclive a la conveniencia, sesga las opiniones.
No obstante, se trata de una ventana de oportunidad, como sucedió en ocasión del debate sobre el matrimonio igualitario. Y si verdaderamente nos interesa alentar la participación y el compromiso en las y los jóvenes, deberíamos acompañar tal iniciativa con dispositivos institucionales (transparentes, consensuados y con mecanismos de control) que doten de herramientas que estimulen el ejercicio de este derecho. El Estado en primer lugar, las organizaciones políticas (¡y sus juventudes!), organizaciones sociales, y medios de comunicación, podrían aportar, campañas mediante, para que los jóvenes se apropien de este derecho. Como ejemplo, la juventud del Partido de los Trabajadores, en Brasil, definió una campaña específica para este sector de jóvenes, con muy diversas herramientas de formación y comunicación.
Y también hay que señalar que, como escribió Charly, «no es sólo una cuestión de elecciones», y es necesario orientar más recursos a una agenda específica, que se traduzca en políticas públicas integrales, bajo la concepción de que los jóvenes son sujetos de derecho y no objetos de política. No es que nada se haya hecho, es que mucho queda por hacer. Como, por ejemplo, dar tratamiento parlamentario a la Convención Iberoamericana de Derecho de los Jóvenes.
Finalmente, la propuesta de otorgar derechos políticos a los jóvenes a partir de los 16 años, sin duda, es materia que genera polémica, como todas las cuestiones que refieren a la política. Pero también como todas las cuestiones que refieren a los jóvenes cuando se trata de distribuir poder desde una perspectiva adulta. © LA NACION.
Existe un movimiento hacia la baja de edad en la adquisición de los derechos políticos. Los argumentos se apoyan principalmente en un cambio de paradigma que interpreta que los jóvenes son sujetos de derecho, y a los evidentes cambios sociales y culturales asociados a la llamada «sociedad del conocimiento», las nuevas tecnologías, la realidad de las nuevas familias y los roles que en ellas desempeñan tanto adultos como nuevas generaciones.
Un paradigma que se expresa en la Convención sobre los Derechos del Niño (Unicef; 1989) suscripta por la Argentina en 1990, y en la Ley Integral de Protección de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que consagra el derecho a «participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés», y que «sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo» en «el ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo». De allí a considerar que, en la franja de 16 a 18 años, haya jóvenes interesados en participar de la vida política, a través del ejercicio del voto, hay un camino previsible.
Por supuesto, no todos los y las jóvenes manifiestan interés por la política ni tienen todos el mismo capital educativo y cultural, y muchos sufren materias pendientes en términos de vulnerabilidad social. Claro que, en este punto, algo no muy diferente podría decirse de los adultos (y la incidencia en sus motivaciones al momento de votar). Por otra parte, hay que reconocer que, entre los 16 y los 18 años, muchos jóvenes trabajan, son padres y madres, se dedican al cuidado familiar y, además, estudian.
En cuanto al punto de vista que entiende cuestionable la oportunidad (no la cuestión de fondo) porque supone podría favorecer al oficialismo, advertiría que la emergencia de una nueva sensibilidad política entre muchos jóvenes (que no significa necesariamente vocación militante, sino un renovado interés en saber, informarse, opinar sobre cuestiones políticas), no se traduce automáticamente en favor del oficialismo. Y siempre habrá un oficialismo de turno. De lo que se trata, es de trabajar políticamente para ganar el voto, trabajo que deben realizar las diferentes opciones partidarias.
Sin embargo, no es posible soslayar como motivación lo señalado en la canción de Raúl Porchetto, «si hay que triunfar, siempre te vamos a llamar». Es bueno recordar que cuando en 2006 Telerman presentó un proyecto para que pudieran votar en las Comunas quienes tuvieran entre 16 y 18 años, expresaron su apoyo legisladores de Pro (que habían presentado un proyecto de código electoral que bajaba la edad a los 16), mientras Enrique Olivera (entonces ARI) insinuaba que la propuesta debería ir más allá de las comunas, y se oponían los legisladores kirchneristas de la ciudad. Conclusión: una situación proclive a la conveniencia, sesga las opiniones.
No obstante, se trata de una ventana de oportunidad, como sucedió en ocasión del debate sobre el matrimonio igualitario. Y si verdaderamente nos interesa alentar la participación y el compromiso en las y los jóvenes, deberíamos acompañar tal iniciativa con dispositivos institucionales (transparentes, consensuados y con mecanismos de control) que doten de herramientas que estimulen el ejercicio de este derecho. El Estado en primer lugar, las organizaciones políticas (¡y sus juventudes!), organizaciones sociales, y medios de comunicación, podrían aportar, campañas mediante, para que los jóvenes se apropien de este derecho. Como ejemplo, la juventud del Partido de los Trabajadores, en Brasil, definió una campaña específica para este sector de jóvenes, con muy diversas herramientas de formación y comunicación.
Y también hay que señalar que, como escribió Charly, «no es sólo una cuestión de elecciones», y es necesario orientar más recursos a una agenda específica, que se traduzca en políticas públicas integrales, bajo la concepción de que los jóvenes son sujetos de derecho y no objetos de política. No es que nada se haya hecho, es que mucho queda por hacer. Como, por ejemplo, dar tratamiento parlamentario a la Convención Iberoamericana de Derecho de los Jóvenes.
Finalmente, la propuesta de otorgar derechos políticos a los jóvenes a partir de los 16 años, sin duda, es materia que genera polémica, como todas las cuestiones que refieren a la política. Pero también como todas las cuestiones que refieren a los jóvenes cuando se trata de distribuir poder desde una perspectiva adulta. © LA NACION.
