Un país que oscila entre Chávez y Putin

Nadie había dicho que la Constitución sería sólo de cumplimiento optativo. Nadie anticipó nunca que las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (un nido de burócratas, según los gobernantes) pueden convertirse fácilmente en papeles inservibles. Los caminos autoritarios que eligió el gobierno de Cristina Kirchner están colocando a la Argentina en el lote de países latinoamericanosque han decidido dejar de lado la democracia plena en nombre de una revolución imprecisa.
La primera víctima de tales procesos es siempre la libertad de prensa, porque ésta es el principal obstáculo para avanzar sobre las otras libertades. Sobresale el engaño electoral: nunca se anticipó, antes del 23 de octubre, que había una lista de enemigos por batir y una guerra pendiente. Ahora sí existen la lista, el plan y la guerra.
Es probable que el Gobierno se haga cargo de Papel Prensa antes de confiscar sus acciones. La ley aprobada por el Congreso se lo permite. Más allá de la polémica entre funcionarios por la ley antiterrorista, que describe por sí sola la confusión de su texto, el Gobierno podrá aferrarse a su letra amplia y vaga para acusar al periodismo ante la Justicia. La amenaza está en la ley. Los funcionarios pueden hacer mañana lo que desmienten hoy. Ya lo han hecho. La persecución a LA NACION por parte de la agencia impositiva y la incautación parcial de Cablevisión están explicitando un plan, no el error casual de un funcionario o de un juez.
Surgen, inevitables, algunas preguntas esenciales: ¿por qué muchos gobiernos de América latina desnaturalizan en el ejercicio la legitimidad democrática de origen que ciertamente tienen? ¿Por qué la Argentina de Cristina Kirchner prefirió reflejarse en los espejos más desacreditados de la región latinoamericana? ¿Qué ofrecen las experiencias de Hugo Chávez, en Venezuela, de Rafael Correa, en Ecuador, y de Daniel Ortega, en Nicaragua, si no la parodia de un territorio excéntrico e imprevisible?
El Gobierno no esperará estar en desacuerdo con un plan de inversiones para tomar el control de Papel Prensa, la única fábrica argentina de papel para diarios. Mucho antes, seguramente, se respaldará en la declaración de «interés público», que el Congreso le dio al insumo básico de los diarios, para erigirse al menos en coadministrador de esa empresa. Un oficialismo cerrado como un bloque de cemento fue impenetrable a alternativas más civilizadas que la simple colonización de una empresa privada. Ni siquiera tenía necesidad de convertirse por ley en árbitro de las importaciones de papel, porque de hecho tiene las facultades para abrir, cerrar o condicionar todas las importaciones. No se conformó con la facultad implícita; la hizo también explícita y manifiesta.
A veces es necesario repetir lo obvio: los diarios no tienen destino si no disponen del papel para ser impresos. ¿Qué garantías de contar con ese bien imprescindible tendrá el periodismo gráfico luego de que la administración kirchnerista tome el control de la producción nacional y de la importación de papel? ¿Será Guillermo Moreno, el funcionario que dirigirá la producción y la importación, ecuánime y comprensivo con todos los diarios? No, desde ya; no son ésos los atributos de su personalidad. El kirchnerismo les ha permitido hasta la ilegalidad a sus amigos y la ha negado hasta la justicia a sus presuntos enemigos.
La Constitución protege a la libertad de prensa en varios de sus artículos, pero además le prohíbe al Congreso legislar contra esa libertad. Decenas de legisladores oficialistas y sus aliados han votado contra la letra y el espíritu de la Constitución en una de las mayores deserciones masivas de los compromisos institucionales que se recuerden. La historia los recordará cuando describa un tiempo en que se usaron los nobles mecanismos de la democracia para ahogar a la democracia.
El fuero judicial en el que se resolverá el necesario conflicto por Papel Prensa (el contencioso administrativo) ya fue también colonizado por los amigos del kirchnerismo. Sólo le quedará al periodismo independiente el reaseguro de la Corte Suprema de Justicia, pero la cuestión llegará a esa instancia luego de varios meses. La jurisprudencia de la Corte indica que nunca trata medidas cautelares de tribunales inferiores; mucho menos recurrirá al per saltum , una vía rápida que tiene para cuando están en riesgo asuntos de gravedad institucional. De esa manera, Moreno ya habrá armado y desarmado la única fábrica de papel para diarios cuando el caso llegue a la Corte.
Otro problema surgirá cuando el Gobierno deba cumplir con una eventual resolución del máximo tribunal de Justicia. ¿Lo hará? Ya es una costumbre, mala por cierto, que el Gobierno no cumpla, o cumpla sólo parcialmente, las decisiones de la Corte. El diario LA NACION fue inhibido de disponer de sus bienes, en un viejo pleito con la AFIP, por una resolución de un juez, Carlos Falco, que no tuvo en cuenta que la Corte había decidido que no se innovara en la cuestión hasta que se decidiera la cuestión de fondo. Para peor, la cuestión de fondo, o parte de ella, está esperando una resolución de la propia Corte.
La AFIP no notificó al juez de que existía la medida cautelar de la Corte ni el juez se preocupó en recabar la información. Peor todavía: el magistrado decidió darle vista a la AFIP durante tres días después que leyó, sorprendido, la medida cautelar de la Corte. ¿Por qué simples funcionarios deberían convertir en opinable una decisión del tribunal más importante del país? ¿Por qué un juez les abre las puertas de la opinión a los funcionarios cuando se trata de una resolución de los máximos jueces de la Nación?
Hace pocas semanas, la AFIP embargó cuentas corrientes de muchos argentinos, que ni siquiera habían sido notificados de que tenían causas abiertas en la Justicia por parte de la agencia impositiva. La AFIP lo hizo respaldada en una arbitraria resolución de hace más de diez años, que autorizaba los embargos sin sentencia judicial. Incumplió otra vez una orden de la Corte: ésta declaró inconstitucional, hace mucho tiempo, aquella resolución. No importa. El Gobierno necesitaba con urgencia esos recursos.
Pero ¿acaso no pasa lo mismo con los jubilados, cuyos salarios deberían ser actualizados de acuerdo con una resolución de la Corte? Deberían ser, pero no lo son. La administración no tomó nunca ninguna resolución del tribunal como una doctrina. La editorial Perfil está esperando todavía que el Gobierno cumpla con una orden de la Corte para que le entregue publicidad oficial. La Corte ordenó, pero el Gobierno no obedeció. Perfil fue excluida siempre, sistemáticamente, del reparto de la publicidad del Estado.
Las instancias inferiores de la Justicia son, la mayoría de las veces, funcionales a los intereses de los gobernantes. El caso de Cablevisión es otro escándalo que se respalda, según la confesión de los propios funcionarios, en la guerra contra el Grupo Clarín. El juez mendocino Walter Bento decidió que Cablevisión tiene una posición dominante en el mercado. Esa empresa de televisión por cable controla el 47 por ciento del mercado nacional y el 59 por ciento de la Capital.
Los manuales indican que existe posición dominante sólo cuando se controla alrededor del 80 por ciento de un mercado. No hay peor imagen para una democracia, además, que la que muestra a militares o policías fuertemente armados ingresando en medios de comunicación. Es lo que hemos visto.
El hiperkirchnerista José Sbatella chocó con kirchneristas más moderados como Florencio Randazzo y Miguel Pichetto por la aplicación de la ley antiterrorista. Los medios caerán bajo ella, dijo Sbatella. Randazzo y Pichetto lo desmintieron. Es probable, desgraciadamente, que Sbatella tenga razón y que cualquier información u opinión indeseable para el oficialismo se convierta en el futuro en un acto de terrorismo. Un periodista que cuenta una mala noticia o que tiene una opinión crítica sobre cuestiones sensibles podría merecer una dura acusación. Cristina Kirchner comenzó a esbozar esa teoría en Montevideo, cuando dijo que los medios quieren que a ella, y a los gobernantes que piensan como ella, les vaya mal. Eso podría ser terrorismo en la letra de la nueva ley.
La Argentina actual vacila entre la Venezuela de Chávez y la Rusia de Putin. En Rusia puede haber diarios y hasta capitalistas multimillonarios. Siempre, claro está, que diarios y millonarios sea indignamente sumisos frente a los que mandan..