A Mauricio Macri las declaraciones de Margarita Stolbizer le retumban en la cabeza. La diputada del GEN afirmó, con el molde de una denuncia, que el Gobierno estaría aletargando las cuatro causas (ruta del dinero K, Los Sauces, Hotesur y venta de dólar a futuro) que martirizan a Cristina Fernández en la Justicia. Adjudicó tal lentitud a un presunto objetivo político macrista: facilitar que la ex presidenta sea candidata en las legislativas del año que viene. Una garantía de polarización electoral de la cual podría sacar provecho el oficialismo. En desmedro, según las tempranas conjeturas, de cualquier propuesta alternativa.
Al Presidente no le importó tanto esa advertencia como el trasfondo de las palabras de Stolbizer. La mujer, cuya fortaleza radica en su combate contra la corrupción –en especial la kirchnerista– quiso instalar la idea de que el Gobierno, como sus antecesores, estaría haciendo un uso político del Poder Judicial. Para colmo, la jueza María Servini de Cubría realizó en paralelo una pirueta. Hace tres semanas había declarado que “ahora se trabaja con tranquilidad, sin presiones”. Hace horas aseguró que esa presiones habrían regresado. Germán Garavano, el ministro de Justicia, la conminó a que, de ser así, efectúe las denuncias.
Macri enfrenta dos contratiempos objetivos con la Justicia. No ha logrado en diez meses la renovación que se había propuesto. La dinámica de las cosas también variaron. El vértigo inicial en Comodoro Py con las causas de corrupción de la “década ganada” viró hacia un ritmo amodorrado. Uno de los jueces más veteranos y activos tiene su explicación: “Se hizo el acopio de pruebas. Ahora hay que procesarlas. No es de un día para el otro”, dijo. La expectativa se centra en la declaración que el juez Julián Ercolini le tomará a Cristina a fin de mes, con motivo de la obra pública que de modo indiscriminado habría favorecido a Lázaro Báez.
Lo cierto es que el macrismo, hasta el presente, sólo consiguió la renuncia de Norberto Oyarbide. Lo hizo para evitar un juicio político en el Consejo de la Magistratura por el que pugnaba Elisa Carrió. La transa corrió por cuenta de Daniel Angelici, el titular de Boca, y amigo íntimo del Presidente.
Angelici desapareció en apariencia de la escena corrido por la crisis que envuelve al fútbol. El “Tano” tampoco tiene suerte en su actividad blanca. La mayoría de los presidentes de los clubes lo acusan por el desmanejo que se evidencia en la AFA. También por la carencia de influencia que el fútbol argentino demuestra en la entidad regional (la Conmebol) y en la FIFA. Stolbizer no se quiso tirar a la pileta. Aunque presumiría que Angelici estaría también detrás de la marcha en segunda que adquirieron un puñado de causas de la corrupción K.
Existen otras ofensivas judiciales que estarían empantanadas. El abogado Ricardo Monner Sans formuló una denuncia contra el camarista federal Eduardo Freiler por enriquecimiento ilícito. La causa está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Federico Delgado. Sería el primer paso para un posible juicio de destitución en el Consejo de la Magistratura. En ese organismo el PEN descubriría algunos problemas.
Allí se sustancia también un procedimiento contra Daniel Rafecas por mal desempeño. Ese juez estuvo en la mira del kirchnerismo a raíz del escándalo Ciccone que involucra a Amado Boudou. Logró un escudo protector cuando cerró la denuncia del fiscal muerto, Alberto Nisman, contra Cristina por encubrimiento terrorista en la causa de la AMIA. Fue por el Memorandum de Entendimiento con Irán. La misma razón lo dejó ahora cerca del juicio político. Pero el Gobierno no tiene garantías de juntar los votos necesarios. Habría un imprevisto. El representante del PEN, Juan Mahiques, se mostraría renuente a votar la destitución de Rafecas. ¿Por qué? Algunas fuentes lo adjudican simplemente a cuestiones personales.
Entre tantas desventuras, sin embargo, el macrismo consiguió en el Congreso un medio paso. Las Comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara de Diputados dio dictamen al proyecto que reforma la Ley del Ministerio Público. Cargo que ocupa Alejandra Gils Carbó. Una funcionaria clave en la retaguardia judicial de Cristina y el kirchnerismo.
Hace rato que el ministro Garavano está detrás del asunto. Pero la condición de minoría le insume tiempo y costos al macrismo. Aún cuando se trate de temas coincidentes para el arco opositor. El oficialismo debió, por ejemplo, aceptar condiciones que impuso el Frente Renovador de Sergio Massa. El proyecto original preveía la creación de cuatro subprocuraciones con el objetivo de menguar el poder de Gils Carbó. Esa figura quedó sustituida por nuevas facultades que se concedieron a la Comisión Bicameral encargada de la fiscalización del Ministerio Público. Hace 20 años que fue creada pero jamás se reglamentó su funcionamiento. Esa comisión será liderada por la diputada Graciela Camaño, del FR.
Existe otro tópico que parece todavía en el aire. Se estableció el mandato de la Procuración en cinco años pero no está claro, según el dictamen, que podría ocurrir con Gils Carbó. El Gobierno aspira a que renuncie o se jubile. El ministro Garavano repite tal consejo. Pero la mujer no da ningún indicio de hacerle caso. Al contrario. Pensaría en una estrategia para judicializar su posible remoción. Y llevar otros aspectos del dictamen al mismo terreno bajo el rótulo de la inconstitucionalidad. La funcionaria no estaría sola. Obvio, cuenta con la solidaridad de muchos de los fiscales que supo entronizar. Pero habría otros enfrentadas con ella que también plantean objeciones sobre debilidades constitucionales que encerraría el nuevo proyecto.
El Frente para la Victoria y la izquierda dura cuestionan el contenido de la iniciativa. Los pejotistas también (Diego Bossio) aunque con mayor moderación. Pero la alianza de Cambiemos con el Frente Renovador podría asegurar la semana que viene su aprobación en Diputados. En el Senado, al panorama sería mas incierto. Las comisiones empezarán a funcionar recién la primera semana de noviembre. Allí el peso peronista es superior al de todos. De tal forma, asoma crucial la negociación que el macrismo pueda abrir con los gobernadores.
Algunos hasta arriesgan pactos. Habrá que verlo. Por caso, ofrecer el control de la Procuración a algún funcionario judicial del interior. El rumor intenso apunta a Salta. El gobernador es Juan Manuel Urtubey, que suele tener un diálogo fluido con el Presidente. Su hermano, José, es senador. La prenda de negociación podría resultar el fiscal general de aquella provincia, Pablo López Viñals, que se desempeña como Procurador General. Desde hace tiempo estaría buscando otros horizontes. Aunque dirigentes pejotistas advirtieron que no reuniría las mejores condiciones. Ha sido objetado por el perfil personalista y cierta tendencia a querer estrechar la relación de la Justicia con el poder político.
La realidad indica que el tránsito del proyecto en el Senado sería engorroso. Con la firme posibilidad de que el que vote Diputados sufra modificaciones. Y deba retornar a la Cámara iniciadora. Ese trámite arrimaría el calendario inexorablemente a fin de año. Está el riesgo de la pausa estival. Luego podría despuntar una historia diferente, con la campaña y las elecciones legislativas al alcance de la mano.
Al Presidente no le importó tanto esa advertencia como el trasfondo de las palabras de Stolbizer. La mujer, cuya fortaleza radica en su combate contra la corrupción –en especial la kirchnerista– quiso instalar la idea de que el Gobierno, como sus antecesores, estaría haciendo un uso político del Poder Judicial. Para colmo, la jueza María Servini de Cubría realizó en paralelo una pirueta. Hace tres semanas había declarado que “ahora se trabaja con tranquilidad, sin presiones”. Hace horas aseguró que esa presiones habrían regresado. Germán Garavano, el ministro de Justicia, la conminó a que, de ser así, efectúe las denuncias.
Macri enfrenta dos contratiempos objetivos con la Justicia. No ha logrado en diez meses la renovación que se había propuesto. La dinámica de las cosas también variaron. El vértigo inicial en Comodoro Py con las causas de corrupción de la “década ganada” viró hacia un ritmo amodorrado. Uno de los jueces más veteranos y activos tiene su explicación: “Se hizo el acopio de pruebas. Ahora hay que procesarlas. No es de un día para el otro”, dijo. La expectativa se centra en la declaración que el juez Julián Ercolini le tomará a Cristina a fin de mes, con motivo de la obra pública que de modo indiscriminado habría favorecido a Lázaro Báez.
Lo cierto es que el macrismo, hasta el presente, sólo consiguió la renuncia de Norberto Oyarbide. Lo hizo para evitar un juicio político en el Consejo de la Magistratura por el que pugnaba Elisa Carrió. La transa corrió por cuenta de Daniel Angelici, el titular de Boca, y amigo íntimo del Presidente.
Angelici desapareció en apariencia de la escena corrido por la crisis que envuelve al fútbol. El “Tano” tampoco tiene suerte en su actividad blanca. La mayoría de los presidentes de los clubes lo acusan por el desmanejo que se evidencia en la AFA. También por la carencia de influencia que el fútbol argentino demuestra en la entidad regional (la Conmebol) y en la FIFA. Stolbizer no se quiso tirar a la pileta. Aunque presumiría que Angelici estaría también detrás de la marcha en segunda que adquirieron un puñado de causas de la corrupción K.
Existen otras ofensivas judiciales que estarían empantanadas. El abogado Ricardo Monner Sans formuló una denuncia contra el camarista federal Eduardo Freiler por enriquecimiento ilícito. La causa está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Federico Delgado. Sería el primer paso para un posible juicio de destitución en el Consejo de la Magistratura. En ese organismo el PEN descubriría algunos problemas.
Allí se sustancia también un procedimiento contra Daniel Rafecas por mal desempeño. Ese juez estuvo en la mira del kirchnerismo a raíz del escándalo Ciccone que involucra a Amado Boudou. Logró un escudo protector cuando cerró la denuncia del fiscal muerto, Alberto Nisman, contra Cristina por encubrimiento terrorista en la causa de la AMIA. Fue por el Memorandum de Entendimiento con Irán. La misma razón lo dejó ahora cerca del juicio político. Pero el Gobierno no tiene garantías de juntar los votos necesarios. Habría un imprevisto. El representante del PEN, Juan Mahiques, se mostraría renuente a votar la destitución de Rafecas. ¿Por qué? Algunas fuentes lo adjudican simplemente a cuestiones personales.
Entre tantas desventuras, sin embargo, el macrismo consiguió en el Congreso un medio paso. Las Comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara de Diputados dio dictamen al proyecto que reforma la Ley del Ministerio Público. Cargo que ocupa Alejandra Gils Carbó. Una funcionaria clave en la retaguardia judicial de Cristina y el kirchnerismo.
Hace rato que el ministro Garavano está detrás del asunto. Pero la condición de minoría le insume tiempo y costos al macrismo. Aún cuando se trate de temas coincidentes para el arco opositor. El oficialismo debió, por ejemplo, aceptar condiciones que impuso el Frente Renovador de Sergio Massa. El proyecto original preveía la creación de cuatro subprocuraciones con el objetivo de menguar el poder de Gils Carbó. Esa figura quedó sustituida por nuevas facultades que se concedieron a la Comisión Bicameral encargada de la fiscalización del Ministerio Público. Hace 20 años que fue creada pero jamás se reglamentó su funcionamiento. Esa comisión será liderada por la diputada Graciela Camaño, del FR.
Existe otro tópico que parece todavía en el aire. Se estableció el mandato de la Procuración en cinco años pero no está claro, según el dictamen, que podría ocurrir con Gils Carbó. El Gobierno aspira a que renuncie o se jubile. El ministro Garavano repite tal consejo. Pero la mujer no da ningún indicio de hacerle caso. Al contrario. Pensaría en una estrategia para judicializar su posible remoción. Y llevar otros aspectos del dictamen al mismo terreno bajo el rótulo de la inconstitucionalidad. La funcionaria no estaría sola. Obvio, cuenta con la solidaridad de muchos de los fiscales que supo entronizar. Pero habría otros enfrentadas con ella que también plantean objeciones sobre debilidades constitucionales que encerraría el nuevo proyecto.
El Frente para la Victoria y la izquierda dura cuestionan el contenido de la iniciativa. Los pejotistas también (Diego Bossio) aunque con mayor moderación. Pero la alianza de Cambiemos con el Frente Renovador podría asegurar la semana que viene su aprobación en Diputados. En el Senado, al panorama sería mas incierto. Las comisiones empezarán a funcionar recién la primera semana de noviembre. Allí el peso peronista es superior al de todos. De tal forma, asoma crucial la negociación que el macrismo pueda abrir con los gobernadores.
Algunos hasta arriesgan pactos. Habrá que verlo. Por caso, ofrecer el control de la Procuración a algún funcionario judicial del interior. El rumor intenso apunta a Salta. El gobernador es Juan Manuel Urtubey, que suele tener un diálogo fluido con el Presidente. Su hermano, José, es senador. La prenda de negociación podría resultar el fiscal general de aquella provincia, Pablo López Viñals, que se desempeña como Procurador General. Desde hace tiempo estaría buscando otros horizontes. Aunque dirigentes pejotistas advirtieron que no reuniría las mejores condiciones. Ha sido objetado por el perfil personalista y cierta tendencia a querer estrechar la relación de la Justicia con el poder político.
La realidad indica que el tránsito del proyecto en el Senado sería engorroso. Con la firme posibilidad de que el que vote Diputados sufra modificaciones. Y deba retornar a la Cámara iniciadora. Ese trámite arrimaría el calendario inexorablemente a fin de año. Está el riesgo de la pausa estival. Luego podría despuntar una historia diferente, con la campaña y las elecciones legislativas al alcance de la mano.
