La historia iba a ser así: la estatización de YPF se empantanaría porque las demandas de Repsol ante el juez Thomas Griesa inhiben a las multinacionales de invertir en una compañía cuya propiedad está en litigio. Pero, como dice Fernando Henrique Cardoso, cuando esperamos lo inevitable sucede lo inesperado.
La principal operación económica de Cristina Kirchner está amenazada porque los pueblos originarios de la Amazonia ecuatoriana, amparados por el bolivariano Rafael Correa, embargaron a Chevron Argentina en un juicio por daños ambientales. Chevron era, hasta ahora, la única gran petrolera privada que se había interesado en explotar el yacimiento Vaca Muerta con YPF.
Pésima noticia para Miguel Galuccio. Además de estar fastidiado con el balance de su empresa, pierde la única asociación internacional que, brumosa y todo, podía exhibir. El miércoles, el juez Adrián Elcuj Miranda bloqueó el 40% de los depósitos bancarios y de las ventas de Chevron como parte de un embargo de US$ 19.000 millones decidido por Ecuador.
El acuerdo con YPF quedará para otro momento. Como carece de estaciones de servicio, Chevron no es una empresa popular. Sin embargo, se trata de la cuarta productora de petróleo, que tiene entre sus clientes a Esso y Shell, que ya recibieron la orden de retener el 40% de lo que le pagan.
El embargo es parte de una historia agresiva y novelesca que comienza en 1993. Ese año Cristóbal Bonifaz, un abogado de Massachusetts de origen ecuatoriano, se asoció con su colega Steven Donzinger para demandar a la norteamericana Texaco por el daño ambiental provocado en Lago Agrio, en plena selva del noreste ecuatoriano. Bonifaz y Donzinger patrocinaron a 48 pobladores que alegaron, en representación de otros 30.000, que la petrolera los intoxicó y enfermó.
Texaco actuó en Ecuador desde 1964 hasta 1992, convirtiendo al país en el segundo productor sudamericano de petróleo. El despegue se realizó con un descuido hacia el medio ambiente propio de la época. El agua contaminada que se utiliza para la extracción de hidrocarburos no se reinyectaba en los pozos sino que se volcaba en piletones, dañando los cursos de agua. Además de las concesivas leyes ecuatorianas, Texaco contaba con la ventaja de haberse asociado a la estatal Petroecuador, que quedó al frente de la operación en 1992.
Aun así, en 1995 Texaco pagó 40 millones de dólares para reparar los daños provocados al medio ambiente. Ecuador renunció a cualquier otra demanda. Bonifaz y Donzinger siguieron litigando en Nueva York hasta 2003, cuando los tribunales de ese estado derivaron la causa a Ecuador. Ahora la demanda era contra Chevron Co., que en 2001 compró Texaco. Bonifaz abandonó el caso en 2006, cuando un tribunal de San Francisco lo condenó por fraguar tres denuncias de falsos enfermos de cáncer. Donzinger siguió con su saga en combinación con el ecuatoriano Pablo Fajardo.
Donzinger sorprende a quienes no lo conocen por su locuacidad e histrionismo. Egresado de Harvard, prepara sus presentaciones con sentido escenográfico, asegurándose que en todas las audiencias haya aborígenes semidesnudos, con adornos y tatuajes. En 2009 contrató al cineasta Joe Berlinger para que filmara el litigio. Así nació Crude, un documental que acusa a Chevron de haber derramado 650.000 barriles de crudo, contaminado 500.000 hectáreas, provocado 306 casos de cáncer en 227 familias y hacer desaparecer dos comunidades indígenas. Donzinger también llevó el argumento a un libro con más fotos que texto.
El duelo de Donzinger con Chevron tiene un formato emocionante y persuasivo, capaz de fascinar a The New Yorker y Vanity Fair: David contra Goliat. Sin embargo, desde la llegada de Correa al poder, en 2007,la nave de Donzinger, Fajardo y sus representados recibió viento de cola.
En Estados Unidos la peripecia de Donzinger es menos luminosa. Chevron consiguió que los tribunales le impusieran un «discovery», procedimiento que obliga a alguien a revelar sus archivos. El histriónico abogado debió poner sobre la mesa mails, diarios íntimos, correspondencia y kilométricas cintas de video que Berlinger no había utilizado. Quedó muy mal parado. Chevron pudo denunciar con documentos que Donzinger y Fajardo impusieron al perito que debía evaluar los daños que le imputan. Donzinger recibió un aviso de que su equipo sobornaba a ese experto. Él mismo confiesa en un mail que las únicas pruebas que tiene son «humo, espejos, mierda». Chevron llevó a los tribunales la correspondencia de un abogado ecuatoriano que, alarmado por el «discovery», advirtió a Donzinger que «podemos ir todos presos».
A partir de estas evidencias, Chevron dice que la causa es una farsa. En su auxilio apareció una tribu ecuatoriana que acusó a Donzinger de vender sus derechos sobre una sentencia favorable a un grupo financiero.
Así y todo, el 15 de octubre pasado la justicia de Ecuador condenó en segunda instancia a Chevron a pagar una indemnización de US$ 8646 millones. Como la empresa no pidió disculpas por los hechos que se le imputan, los jueces llevaron el monto a US$ 19.000 millones. Ese dineral será destinado a un fideicomiso administrado por el Frente de Defensa de la Amazonia, un organismo de derechos humanos vinculado al partido de Correa. Según Chevron, en los archivos de Donzinger aparecieron indicios de que varios pasajes de la sentencia fueron redactados por los denunciantes. Como Chevron no opera en Ecuador, los demandantes constituyeron una red de abogados para embargar activos de la compañía alrededor del mundo, comenzando por Canadá, Brasil, Colombia y la Argentina. En Buenos Aires los pueblos originarios ecuatorianos hicieron una jugada no convencional, contratando a Enrique Bruchou, un destacado abogado de bancos y compañías petroleras. En Canadá habría definiciones en marzo. En Brasil el proceso es lento porque está en manos del Superior Tribunal de Justicia. Como en Colombia hay una huelga judicial, la medida se hizo efectiva por primera vez en Buenos Aires, con el embargo del 40% de la operación de la compañía.
Los demandantes ecuatorianos se ampararon en una convención sudamericana sobre medidas cautelares suscripta por la Argentina y por Ecuador, en el marco de la cual el juez Elcuj Miranda embargó a la petrolera sin necesidad de consultarla. El viernes el magistrado dispuso que el Banco Central congele el 40% de las cuentas de Chevron Argentina.
El abogado de Chevron Argentina, Julio César Rivera, se presentó en el tribunal el mismo viernes rechazando el embargo. Su argumento es que Chevron Argentina es una subsidiaria de Chevron Co., es decir, una persona jurídica distinta, que estuvo al margen del pleito de Ecuador. En consecuencia, se le está negando el derecho de defensa, lo que viola el orden jurídico argentino, resguardado por el tratado sobre medidas cautelares.
Los demandantes relativizan ello diciendo que en sus presentaciones ante la Securities and Exchange Commission Chevron Co. se presenta como propietaria de Chevron Argentina. Para Chevron Argentina ese dato es secundario, ya que un principio elemental del derecho societario impide que una persona jurídica sea obligada a responder por otra. «Si no fuera así -aducen sus abogados-, las casas matrices de los bancos extranjeros deberían haber auxiliado a sus subsidiarias cuando, en 2002, se pesificaron los depósitos en dólares.»
La acción de Chevron no cayó a pesar del embargo. Los defensores de la compañía dicen que es porque el mercado advierte la irracionalidad de las sentencias. Sus detractores lo atribuyen a la habilidad de John Watson, chairman y CEO de la petrolera, para ocultar a los inversores que la empresa está en problemas.
La Presidenta tiene otro pleito al que prestar atención, por si no alcanzaran los de Clarín, los holdouts, la Fragata Libertad y la presentación que Repsol hará en el Ciadi esta semana. Sin embargo, el caso de Chevron es el más incómodo por cómo se alinean los actores. De un lado está la única multinacional que admitió estar evaluando una inversión en YPF. Desde que lo hizo, el director de Chevron para América latina, Alí Moshiri, aparece en la página web de la empresa estatizada estrechando la mano de Galuccio como si fueran Napoleón y Wellington. Para que se sienta más a gusto, la Presidenta invitó a Moshiri a pasar unos días de descanso en El Calafate.
Del otro lado no aparece el controvertido Donzinger o el Frente para la Defensa de la Amazonia sino los pueblos originarios que agitan, amparados por el bolivariano Correa, la bandera ambientalista. Habrá que forzar mucho la retórica para hacer coincidir esta distribución de roles con el libreto del modelo..
La principal operación económica de Cristina Kirchner está amenazada porque los pueblos originarios de la Amazonia ecuatoriana, amparados por el bolivariano Rafael Correa, embargaron a Chevron Argentina en un juicio por daños ambientales. Chevron era, hasta ahora, la única gran petrolera privada que se había interesado en explotar el yacimiento Vaca Muerta con YPF.
Pésima noticia para Miguel Galuccio. Además de estar fastidiado con el balance de su empresa, pierde la única asociación internacional que, brumosa y todo, podía exhibir. El miércoles, el juez Adrián Elcuj Miranda bloqueó el 40% de los depósitos bancarios y de las ventas de Chevron como parte de un embargo de US$ 19.000 millones decidido por Ecuador.
El acuerdo con YPF quedará para otro momento. Como carece de estaciones de servicio, Chevron no es una empresa popular. Sin embargo, se trata de la cuarta productora de petróleo, que tiene entre sus clientes a Esso y Shell, que ya recibieron la orden de retener el 40% de lo que le pagan.
El embargo es parte de una historia agresiva y novelesca que comienza en 1993. Ese año Cristóbal Bonifaz, un abogado de Massachusetts de origen ecuatoriano, se asoció con su colega Steven Donzinger para demandar a la norteamericana Texaco por el daño ambiental provocado en Lago Agrio, en plena selva del noreste ecuatoriano. Bonifaz y Donzinger patrocinaron a 48 pobladores que alegaron, en representación de otros 30.000, que la petrolera los intoxicó y enfermó.
Texaco actuó en Ecuador desde 1964 hasta 1992, convirtiendo al país en el segundo productor sudamericano de petróleo. El despegue se realizó con un descuido hacia el medio ambiente propio de la época. El agua contaminada que se utiliza para la extracción de hidrocarburos no se reinyectaba en los pozos sino que se volcaba en piletones, dañando los cursos de agua. Además de las concesivas leyes ecuatorianas, Texaco contaba con la ventaja de haberse asociado a la estatal Petroecuador, que quedó al frente de la operación en 1992.
Aun así, en 1995 Texaco pagó 40 millones de dólares para reparar los daños provocados al medio ambiente. Ecuador renunció a cualquier otra demanda. Bonifaz y Donzinger siguieron litigando en Nueva York hasta 2003, cuando los tribunales de ese estado derivaron la causa a Ecuador. Ahora la demanda era contra Chevron Co., que en 2001 compró Texaco. Bonifaz abandonó el caso en 2006, cuando un tribunal de San Francisco lo condenó por fraguar tres denuncias de falsos enfermos de cáncer. Donzinger siguió con su saga en combinación con el ecuatoriano Pablo Fajardo.
Donzinger sorprende a quienes no lo conocen por su locuacidad e histrionismo. Egresado de Harvard, prepara sus presentaciones con sentido escenográfico, asegurándose que en todas las audiencias haya aborígenes semidesnudos, con adornos y tatuajes. En 2009 contrató al cineasta Joe Berlinger para que filmara el litigio. Así nació Crude, un documental que acusa a Chevron de haber derramado 650.000 barriles de crudo, contaminado 500.000 hectáreas, provocado 306 casos de cáncer en 227 familias y hacer desaparecer dos comunidades indígenas. Donzinger también llevó el argumento a un libro con más fotos que texto.
El duelo de Donzinger con Chevron tiene un formato emocionante y persuasivo, capaz de fascinar a The New Yorker y Vanity Fair: David contra Goliat. Sin embargo, desde la llegada de Correa al poder, en 2007,la nave de Donzinger, Fajardo y sus representados recibió viento de cola.
En Estados Unidos la peripecia de Donzinger es menos luminosa. Chevron consiguió que los tribunales le impusieran un «discovery», procedimiento que obliga a alguien a revelar sus archivos. El histriónico abogado debió poner sobre la mesa mails, diarios íntimos, correspondencia y kilométricas cintas de video que Berlinger no había utilizado. Quedó muy mal parado. Chevron pudo denunciar con documentos que Donzinger y Fajardo impusieron al perito que debía evaluar los daños que le imputan. Donzinger recibió un aviso de que su equipo sobornaba a ese experto. Él mismo confiesa en un mail que las únicas pruebas que tiene son «humo, espejos, mierda». Chevron llevó a los tribunales la correspondencia de un abogado ecuatoriano que, alarmado por el «discovery», advirtió a Donzinger que «podemos ir todos presos».
A partir de estas evidencias, Chevron dice que la causa es una farsa. En su auxilio apareció una tribu ecuatoriana que acusó a Donzinger de vender sus derechos sobre una sentencia favorable a un grupo financiero.
Así y todo, el 15 de octubre pasado la justicia de Ecuador condenó en segunda instancia a Chevron a pagar una indemnización de US$ 8646 millones. Como la empresa no pidió disculpas por los hechos que se le imputan, los jueces llevaron el monto a US$ 19.000 millones. Ese dineral será destinado a un fideicomiso administrado por el Frente de Defensa de la Amazonia, un organismo de derechos humanos vinculado al partido de Correa. Según Chevron, en los archivos de Donzinger aparecieron indicios de que varios pasajes de la sentencia fueron redactados por los denunciantes. Como Chevron no opera en Ecuador, los demandantes constituyeron una red de abogados para embargar activos de la compañía alrededor del mundo, comenzando por Canadá, Brasil, Colombia y la Argentina. En Buenos Aires los pueblos originarios ecuatorianos hicieron una jugada no convencional, contratando a Enrique Bruchou, un destacado abogado de bancos y compañías petroleras. En Canadá habría definiciones en marzo. En Brasil el proceso es lento porque está en manos del Superior Tribunal de Justicia. Como en Colombia hay una huelga judicial, la medida se hizo efectiva por primera vez en Buenos Aires, con el embargo del 40% de la operación de la compañía.
Los demandantes ecuatorianos se ampararon en una convención sudamericana sobre medidas cautelares suscripta por la Argentina y por Ecuador, en el marco de la cual el juez Elcuj Miranda embargó a la petrolera sin necesidad de consultarla. El viernes el magistrado dispuso que el Banco Central congele el 40% de las cuentas de Chevron Argentina.
El abogado de Chevron Argentina, Julio César Rivera, se presentó en el tribunal el mismo viernes rechazando el embargo. Su argumento es que Chevron Argentina es una subsidiaria de Chevron Co., es decir, una persona jurídica distinta, que estuvo al margen del pleito de Ecuador. En consecuencia, se le está negando el derecho de defensa, lo que viola el orden jurídico argentino, resguardado por el tratado sobre medidas cautelares.
Los demandantes relativizan ello diciendo que en sus presentaciones ante la Securities and Exchange Commission Chevron Co. se presenta como propietaria de Chevron Argentina. Para Chevron Argentina ese dato es secundario, ya que un principio elemental del derecho societario impide que una persona jurídica sea obligada a responder por otra. «Si no fuera así -aducen sus abogados-, las casas matrices de los bancos extranjeros deberían haber auxiliado a sus subsidiarias cuando, en 2002, se pesificaron los depósitos en dólares.»
La acción de Chevron no cayó a pesar del embargo. Los defensores de la compañía dicen que es porque el mercado advierte la irracionalidad de las sentencias. Sus detractores lo atribuyen a la habilidad de John Watson, chairman y CEO de la petrolera, para ocultar a los inversores que la empresa está en problemas.
La Presidenta tiene otro pleito al que prestar atención, por si no alcanzaran los de Clarín, los holdouts, la Fragata Libertad y la presentación que Repsol hará en el Ciadi esta semana. Sin embargo, el caso de Chevron es el más incómodo por cómo se alinean los actores. De un lado está la única multinacional que admitió estar evaluando una inversión en YPF. Desde que lo hizo, el director de Chevron para América latina, Alí Moshiri, aparece en la página web de la empresa estatizada estrechando la mano de Galuccio como si fueran Napoleón y Wellington. Para que se sienta más a gusto, la Presidenta invitó a Moshiri a pasar unos días de descanso en El Calafate.
Del otro lado no aparece el controvertido Donzinger o el Frente para la Defensa de la Amazonia sino los pueblos originarios que agitan, amparados por el bolivariano Correa, la bandera ambientalista. Habrá que forzar mucho la retórica para hacer coincidir esta distribución de roles con el libreto del modelo..
