Esta semana se realizó frente al Congreso una marcha pidiendo que se trate un proyecto de ley de aborto no punible. Será también una de las reivindicaciones principales de la movilización que el próximo 8 de marzo tendrá lugar en el país.
Siendo la fuerza política que controla el Ejecutivo y que ha logrado con éxito implementar su agenda legislativa, vale la pena preguntarse cuáles son los antecedentes de la fuerza de Mauricio Macri en este tema. Más aún cuando hay quienes advierten que algunas condicionalidades podrían llevar al oficialismo a avanzar en una agenda de este tipo: por un lado, la identificación de algunos miembros del PRO y de Cambiemos con ideas liberales en cuanto a los derechos civiles; por el otro, por cierto espíritu de confrontación con el Papa Francisco de otros miembros.
Claro que esos dos elementos pueden llegar a resultar débiles frente a otras condiciones. En primer lugar, intuitivamente podría arriesgarse que la base de votantes duros de Cambiemos no compartiría plenamente un avance en este sentido. Por otro lado, como vamos a ver, la historia política del PRO en materia de legislación sobre aborto no parece presentarse como un indicador que permita aventurarle un buen futuro a un proyecto de este tipo. Según revelaron algunos diarios de fuentes del Gobierno, el propio Mauricio Macri dio libertad de acción para que el proyecto se trate en el Congreso.
En marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que estableció la constitucionalidad del aborto en las circunstancias tipificadas en el Código Penal. Pero no se quedó allí: el fallo exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a “implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos y a disponer un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio”.
Tanto el PRO como la oposición en la legislatura comenzaron a elaborar proyectos de protocolos de implementación en la Legislatura. Según consignan las crónicas de la época, el bloque del PRO no tenía una posición unificada. Uno de los proyectos era el de Carmen Polledo que preveía que la mujer menor de 18 años requería de autorización de un representante legal y que la declaración jurada debía ser hecha en la dirección del hospital y no en el consultorio, de manera íntima con el profesional. Pero la falta de un criterio único en el bloque provocó la demora en el tratamiento y, según esas mismas crónicas, pusieron al PRO en situación de bloquear la legislación propia y los proyectos de la oposición.
Finalmente, ante la imposibilidad de avanzar en ningún sentido, el jefe de Gobierno Mauricio Macri adhirió al fallo de la Corte el 6 de septiembre de 2012. Lo hizo a través de una resolución del ministro de Salud, Jorge Lemus. La resolución 1.252 hizo una interpretación restrictiva del fallo de la Corte, en el mismo sentido del proyecto de Polledo: una menor de edad que requiriera un aborto no punible necesitaba la autorización de un representante legal, la intervención del hospital en la firma de la declaración jurada, un equipo interdisciplinario y estar en el límite gestacional de las doce semanas. Todas barreras no especificadas ni en el Código Penal ni en el fallo de la Corte cuyo espíritu era el de quitar obstáculos frente a la necesidad de un aborto no punible. Lemus renunció al ministerio de Salud de la Ciudad tres días después de reglamentar el protocolo: hay quienes sospechan que por presión de la Iglesia y quienes sospechan que por la ruptura de la relación con los médicos municipales.
La resolución no hizo que los espacios opositores dejaran de buscar tratar el proyecto para que el protocolo salga por ley. De hecho, la interpretación restrictiva provocó que los esfuerzos en ese sentido se incrementen, a pesar de la oposición del PRO que bloqueaba hasta entonces el tratamiento sobre tablas de los proyectos. Finalmente llegó ese día: el 27 de septiembre de 2012 la Legislatura aprobó un proyecto de ley presentado por espacios opositores, regulando el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles. El protocolo se aprobó por la mínima diferencia: 30 a favor contra 29 en contra (1). El bloque del PRO votó plenamente disciplinado: sus 26 legisladores votaron en contra. Entre los nombres de quienes votaron en contra figuran los hoy ministros de la Nación, Sergio Bergman y Rogelio Frigerio; el secretario de Presidencia, Fernando de Andreis; y el ministro de Seguridad de la provincia, Cristina Ritondo.
Sin embargo, esta ley no entró en vigencia. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, sostuvo que el proyecto “contiene prescripciones que exceden los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia” y lo vetó. Entonces quedó en vigencia fue el protocolo que había implementado por resolución el ministro Lemus. Hasta julio de 2013, cuando un fallo judicial declaró la inconstitucionalidad del veto de Macri.
Tres años estuvo vigente el protocolo que sancionó la Legislatura, hasta que en febrero de 2016, con Mauricio Macri ya presidente y Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno, la Cámara de Apelaciones restableció el protocolo de Lemus.
En junio de 2015, con Cristina Kirchner al frente del gobierno, el ministerio de Salud de la Nación actualizó la guía de atención de los abortos no punibles incorporando los criterios del fallo de la Corte: los casos de aborto no punibles no deben ser judicializados y no se requiere denuncia policial ni judicial sino declaración jurada de la mujer para practicar la intervención.
En 2012, la provincia de Buenos Aires había establecido un protocolo pero con carácter restrictivo: entre otras cosas, imponía el obstáculo de formar un equipo interdisciplinario, algo que contenía también el protocolo de Lemus, por ejemplo.
Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, su entonces ministra de Salud, Zulma Ortíz, emitió una resolución para adherir al protocolo nacional, en cumplimiento con el fallo de la Corte. La resolución, sin embargo, nunca llegó a publicarse en el boletín oficial de la provincia. Vidal decidió volver atrás con la resolución aduciendo que ya había un protocolo vigente, el dictado por Daniel Scioli en 2012, que prevé más restricciones que las requeridas por la Corte.
El antecedente de los protocolos de aborto no punible en la Ciudad y en la Provincia, cuando el PRO fue gobierno, permiten tener un panorama inicial sobre cuál podría ser su actitud respecto a un proyecto de despenalización del aborto en el Congreso de la Nación, un debate que la democracia argentina le debe a la mitad de su población.
A primera vista, daría la impresión de que los sectores del PRO que se definen a sí mismo como “liberales” no han logrado construir los consensos internos necesarios para encarar reformas de este tipo. Sin embargo, eso no significa que lo que pasó una vez tenga que volver a suceder: las circunstancias cambian y hasta las convicciones juegan roles diferentes en escenarios diferentes. Para el gobierno de Macri representa una oportunidad: en un Congreso que empieza a darle la espalda, recuperar una demanda que le permita avanzar en una agenda positiva y proactiva, poniendo al país entre los países progresista del mundo al que el Presidente dice querer integrarse, aparece una ventana para construir un consenso transversal a diferentes fuerzas políticas.
Pareciera una ecuación conveniente, dado el contexto.
(1) Hay un error en la versión taquigráfica: Alejandro García (PRO) figura votando positivo mientras Laura García Tuñón (BApT) figura como voto negativo. Es a la inversa: de hecho, García Tuñón fue una de las impulsoras del tratamiento del proyecto.
Se registran los siguientes votos positivos: Alegre (FPV), Amor (FPV), Basteiro (BApT), Bergel (SUR), Bisutti (NE), Bodart (MST-SUR), Cabandié (FPV), Campos (UCR), Camps (SUR), Cerruti (NE), Ferraro (CC), Form (NE), García Tuñón (BApT), Gentili (SUR), González Gass (SUR), González (BApT), Gullo (FPV), Ibarra (FPyP), Lubertino (FPV), Naddeo (FPyP), Neira (BApT), Nenna (FPV), Presman (UCR), Rachid (FPV), Raffo (SUR), Rinaldi (FPyP), Romeo (FPV), Sánchez Andía (CC), Sánchez (CC) y Selser (SUR).
Se registran los siguientes votos negativos: Acevedo (PRO),
Amoroso (UF), Arenaza (BpU), Bergman (PRO), de Andreis (PRO), Frigerio (PRO), Garayalde (PRO), García (PRO) , Herrero (PRO), Lipovetzky (PRO), Martínez Barrios (PRO), Montes (BpU), Morales Gorleri (PRO), Moscariello (PRO), Ocampo (PRO), Pagani (PRO), Polledo (PRO), Presti (PRO), Quattromano (PRO), Quintana (PRO), Rebot (PRO), Ritondo (PRO), Rueda (PRO), Saya (PRO), Screnci Silva (PRO), Seijo (PRO), Spalla (PRO), Varela (PRO) y Zago (PRO).
Fuente: Legislatura de la Ciudad, versiones taquigráficas.
Siendo la fuerza política que controla el Ejecutivo y que ha logrado con éxito implementar su agenda legislativa, vale la pena preguntarse cuáles son los antecedentes de la fuerza de Mauricio Macri en este tema. Más aún cuando hay quienes advierten que algunas condicionalidades podrían llevar al oficialismo a avanzar en una agenda de este tipo: por un lado, la identificación de algunos miembros del PRO y de Cambiemos con ideas liberales en cuanto a los derechos civiles; por el otro, por cierto espíritu de confrontación con el Papa Francisco de otros miembros.
Claro que esos dos elementos pueden llegar a resultar débiles frente a otras condiciones. En primer lugar, intuitivamente podría arriesgarse que la base de votantes duros de Cambiemos no compartiría plenamente un avance en este sentido. Por otro lado, como vamos a ver, la historia política del PRO en materia de legislación sobre aborto no parece presentarse como un indicador que permita aventurarle un buen futuro a un proyecto de este tipo. Según revelaron algunos diarios de fuentes del Gobierno, el propio Mauricio Macri dio libertad de acción para que el proyecto se trate en el Congreso.
En marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que estableció la constitucionalidad del aborto en las circunstancias tipificadas en el Código Penal. Pero no se quedó allí: el fallo exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a “implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos y a disponer un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio”.
Tanto el PRO como la oposición en la legislatura comenzaron a elaborar proyectos de protocolos de implementación en la Legislatura. Según consignan las crónicas de la época, el bloque del PRO no tenía una posición unificada. Uno de los proyectos era el de Carmen Polledo que preveía que la mujer menor de 18 años requería de autorización de un representante legal y que la declaración jurada debía ser hecha en la dirección del hospital y no en el consultorio, de manera íntima con el profesional. Pero la falta de un criterio único en el bloque provocó la demora en el tratamiento y, según esas mismas crónicas, pusieron al PRO en situación de bloquear la legislación propia y los proyectos de la oposición.
Finalmente, ante la imposibilidad de avanzar en ningún sentido, el jefe de Gobierno Mauricio Macri adhirió al fallo de la Corte el 6 de septiembre de 2012. Lo hizo a través de una resolución del ministro de Salud, Jorge Lemus. La resolución 1.252 hizo una interpretación restrictiva del fallo de la Corte, en el mismo sentido del proyecto de Polledo: una menor de edad que requiriera un aborto no punible necesitaba la autorización de un representante legal, la intervención del hospital en la firma de la declaración jurada, un equipo interdisciplinario y estar en el límite gestacional de las doce semanas. Todas barreras no especificadas ni en el Código Penal ni en el fallo de la Corte cuyo espíritu era el de quitar obstáculos frente a la necesidad de un aborto no punible. Lemus renunció al ministerio de Salud de la Ciudad tres días después de reglamentar el protocolo: hay quienes sospechan que por presión de la Iglesia y quienes sospechan que por la ruptura de la relación con los médicos municipales.
La resolución no hizo que los espacios opositores dejaran de buscar tratar el proyecto para que el protocolo salga por ley. De hecho, la interpretación restrictiva provocó que los esfuerzos en ese sentido se incrementen, a pesar de la oposición del PRO que bloqueaba hasta entonces el tratamiento sobre tablas de los proyectos. Finalmente llegó ese día: el 27 de septiembre de 2012 la Legislatura aprobó un proyecto de ley presentado por espacios opositores, regulando el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles. El protocolo se aprobó por la mínima diferencia: 30 a favor contra 29 en contra (1). El bloque del PRO votó plenamente disciplinado: sus 26 legisladores votaron en contra. Entre los nombres de quienes votaron en contra figuran los hoy ministros de la Nación, Sergio Bergman y Rogelio Frigerio; el secretario de Presidencia, Fernando de Andreis; y el ministro de Seguridad de la provincia, Cristina Ritondo.
Sin embargo, esta ley no entró en vigencia. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, sostuvo que el proyecto “contiene prescripciones que exceden los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia” y lo vetó. Entonces quedó en vigencia fue el protocolo que había implementado por resolución el ministro Lemus. Hasta julio de 2013, cuando un fallo judicial declaró la inconstitucionalidad del veto de Macri.
Tres años estuvo vigente el protocolo que sancionó la Legislatura, hasta que en febrero de 2016, con Mauricio Macri ya presidente y Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno, la Cámara de Apelaciones restableció el protocolo de Lemus.
En junio de 2015, con Cristina Kirchner al frente del gobierno, el ministerio de Salud de la Nación actualizó la guía de atención de los abortos no punibles incorporando los criterios del fallo de la Corte: los casos de aborto no punibles no deben ser judicializados y no se requiere denuncia policial ni judicial sino declaración jurada de la mujer para practicar la intervención.
En 2012, la provincia de Buenos Aires había establecido un protocolo pero con carácter restrictivo: entre otras cosas, imponía el obstáculo de formar un equipo interdisciplinario, algo que contenía también el protocolo de Lemus, por ejemplo.
Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, su entonces ministra de Salud, Zulma Ortíz, emitió una resolución para adherir al protocolo nacional, en cumplimiento con el fallo de la Corte. La resolución, sin embargo, nunca llegó a publicarse en el boletín oficial de la provincia. Vidal decidió volver atrás con la resolución aduciendo que ya había un protocolo vigente, el dictado por Daniel Scioli en 2012, que prevé más restricciones que las requeridas por la Corte.
El antecedente de los protocolos de aborto no punible en la Ciudad y en la Provincia, cuando el PRO fue gobierno, permiten tener un panorama inicial sobre cuál podría ser su actitud respecto a un proyecto de despenalización del aborto en el Congreso de la Nación, un debate que la democracia argentina le debe a la mitad de su población.
A primera vista, daría la impresión de que los sectores del PRO que se definen a sí mismo como “liberales” no han logrado construir los consensos internos necesarios para encarar reformas de este tipo. Sin embargo, eso no significa que lo que pasó una vez tenga que volver a suceder: las circunstancias cambian y hasta las convicciones juegan roles diferentes en escenarios diferentes. Para el gobierno de Macri representa una oportunidad: en un Congreso que empieza a darle la espalda, recuperar una demanda que le permita avanzar en una agenda positiva y proactiva, poniendo al país entre los países progresista del mundo al que el Presidente dice querer integrarse, aparece una ventana para construir un consenso transversal a diferentes fuerzas políticas.
Pareciera una ecuación conveniente, dado el contexto.
(1) Hay un error en la versión taquigráfica: Alejandro García (PRO) figura votando positivo mientras Laura García Tuñón (BApT) figura como voto negativo. Es a la inversa: de hecho, García Tuñón fue una de las impulsoras del tratamiento del proyecto.
Se registran los siguientes votos positivos: Alegre (FPV), Amor (FPV), Basteiro (BApT), Bergel (SUR), Bisutti (NE), Bodart (MST-SUR), Cabandié (FPV), Campos (UCR), Camps (SUR), Cerruti (NE), Ferraro (CC), Form (NE), García Tuñón (BApT), Gentili (SUR), González Gass (SUR), González (BApT), Gullo (FPV), Ibarra (FPyP), Lubertino (FPV), Naddeo (FPyP), Neira (BApT), Nenna (FPV), Presman (UCR), Rachid (FPV), Raffo (SUR), Rinaldi (FPyP), Romeo (FPV), Sánchez Andía (CC), Sánchez (CC) y Selser (SUR).
Se registran los siguientes votos negativos: Acevedo (PRO),
Amoroso (UF), Arenaza (BpU), Bergman (PRO), de Andreis (PRO), Frigerio (PRO), Garayalde (PRO), García (PRO) , Herrero (PRO), Lipovetzky (PRO), Martínez Barrios (PRO), Montes (BpU), Morales Gorleri (PRO), Moscariello (PRO), Ocampo (PRO), Pagani (PRO), Polledo (PRO), Presti (PRO), Quattromano (PRO), Quintana (PRO), Rebot (PRO), Ritondo (PRO), Rueda (PRO), Saya (PRO), Screnci Silva (PRO), Seijo (PRO), Spalla (PRO), Varela (PRO) y Zago (PRO).
Fuente: Legislatura de la Ciudad, versiones taquigráficas.
