La Argentina enfrenta el desafío de revertir cuanto antes el déficit energético. El peso de las importaciones de combustibles en las cuentas externas del país es muy grande y amenaza la sustentabilidad de nuestra economía. Los recursos no convencionales hidrocarburíferos representan una gran oportunidad, pero es necesario tomar decisiones políticas difíciles y complejas para gatillar un proceso inversor de la envergadura suficiente como para ponerlos en valor de cara a sustituir lo que hoy importamos.
En la historia argentina, otros gobernantes se enfrentaron a dilemas parecidos. Juan D. Perón primero y Arturo Frondizi, después, debieron lidiar con una producción de hidrocarburos insuficiente, con un peso de los combustibles en el total importado que superaba el 20%, y con importantes reservas de hidrocarburos que no podían ser desarrolladas y producidas, porque la estructura organizacional de YPF y de la industria no generaba los recursos y divisas necesarios para toda la inversión requerida por el sector.
Ambos presidentes llegaron a esa encrucijada enfrentando múltiples restricciones, y debieron dejar atrás posiciones tradicionales propias y de sus respectivos partidos, en un proceso que provocó una profunda resignificación del «nacionalismo petrolero» conocido hasta entonces. Perón y Frondizi pasaron al «nacionalismo de fines», consistente en apuntar al autoabastecimiento energético como objetivo principal tendiente a darle autonomía y fortaleza a la economía del país y alentar la inversión extranjera.
En aquellos años, como sucede hoy, muchos actores de la vida política perdieron de vista el objetivo central de la inversión para incrementar la producción, y se enredaron en discusiones sobre aspectos secundarios. Al presidente Perón le cuestionaron la sociedad con la Standard Oil of California, y las ganancias que se llevaría la empresa al asociarse con YPF.
El peronismo, sin embargo, no pudo poner en práctica su nueva política petrolera. Perón envió el contrato con la California al Congreso, pero el golpe militar de septiembre de 1955 impidió su ratificación legislativa. Frondizi, en cambio, asumió la presidencia tres años después y pudo implementar numerosos contratos de producción, desarrollo y exploración que en sólo cuatro años impulsaron la producción petrolera de 5,6 a 15,6 millones de metros cúbicos anuales.
Hoy, como sucedió con Perón y Frondizi, el gobierno nacional ha decidido poner un freno a la dependencia del combustible importado impulsando cambios en la legislación orientados a atraer nuevas inversiones que incrementen nuestra producción de petróleo y gas.
Como en aquellos años, la acción del Gobierno levanta críticas de izquierda a derecha. Desde los que cuestionan la llegada de las inversiones de las grandes petroleras internacionales, hasta los que cuestionan la presencia estatal en la nueva YPF.
También se suman también quienes, dentro y fuera de las provincias petroleras, malinterpretan el dominio provincial de los hidrocarburos establecido en la reforma constitucional y la ley corta, y objetan sin razón cualquier intento del gobierno nacional por coordinar la política energética en beneficio del conjunto de los argentinos. Estas críticas pierden de vista el objetivo principal: maximizar la inversión pública y privada para mejorar las reservas y la producción.
En esta oportunidad nos proponemos trabajar con el consenso; primero el consenso con los gobernadores de las provincias petroleras, actores siempre importantes, pero hoy centrales a partir del cambio constitucional que transfirió el dominio del subsuelo. Y luego con la industria y con todas las fuerzas políticas, discutiendo estos cambios en el Congreso Nacional, con la convicción de que entre todos debemos darle al país una salida para alcanzar definitivamente un autoabastecimiento definitivo en el plano de la energía.
Las áreas nuevas deben adjudicarse de manera transparente mediante licitaciones públicas; deben definirse los plazos para permisos y concesiones; el esquema fiscal debe ser equilibrado y estable; todas las empresas deben tener un lugar y un rol (públicas y privadas, argentinas y extranjeras, provinciales y nacionales), en un marco de cuidado del medio ambiente.
Los acuerdos duraderos que podamos alcanzar en torno de estos temas serán una plataforma de despegue para las fuertes inversiones que necesita nuestra industria de los hidrocarburos.
El autor es senador nacional del FPV.
En la historia argentina, otros gobernantes se enfrentaron a dilemas parecidos. Juan D. Perón primero y Arturo Frondizi, después, debieron lidiar con una producción de hidrocarburos insuficiente, con un peso de los combustibles en el total importado que superaba el 20%, y con importantes reservas de hidrocarburos que no podían ser desarrolladas y producidas, porque la estructura organizacional de YPF y de la industria no generaba los recursos y divisas necesarios para toda la inversión requerida por el sector.
Ambos presidentes llegaron a esa encrucijada enfrentando múltiples restricciones, y debieron dejar atrás posiciones tradicionales propias y de sus respectivos partidos, en un proceso que provocó una profunda resignificación del «nacionalismo petrolero» conocido hasta entonces. Perón y Frondizi pasaron al «nacionalismo de fines», consistente en apuntar al autoabastecimiento energético como objetivo principal tendiente a darle autonomía y fortaleza a la economía del país y alentar la inversión extranjera.
En aquellos años, como sucede hoy, muchos actores de la vida política perdieron de vista el objetivo central de la inversión para incrementar la producción, y se enredaron en discusiones sobre aspectos secundarios. Al presidente Perón le cuestionaron la sociedad con la Standard Oil of California, y las ganancias que se llevaría la empresa al asociarse con YPF.
El peronismo, sin embargo, no pudo poner en práctica su nueva política petrolera. Perón envió el contrato con la California al Congreso, pero el golpe militar de septiembre de 1955 impidió su ratificación legislativa. Frondizi, en cambio, asumió la presidencia tres años después y pudo implementar numerosos contratos de producción, desarrollo y exploración que en sólo cuatro años impulsaron la producción petrolera de 5,6 a 15,6 millones de metros cúbicos anuales.
Hoy, como sucedió con Perón y Frondizi, el gobierno nacional ha decidido poner un freno a la dependencia del combustible importado impulsando cambios en la legislación orientados a atraer nuevas inversiones que incrementen nuestra producción de petróleo y gas.
Como en aquellos años, la acción del Gobierno levanta críticas de izquierda a derecha. Desde los que cuestionan la llegada de las inversiones de las grandes petroleras internacionales, hasta los que cuestionan la presencia estatal en la nueva YPF.
También se suman también quienes, dentro y fuera de las provincias petroleras, malinterpretan el dominio provincial de los hidrocarburos establecido en la reforma constitucional y la ley corta, y objetan sin razón cualquier intento del gobierno nacional por coordinar la política energética en beneficio del conjunto de los argentinos. Estas críticas pierden de vista el objetivo principal: maximizar la inversión pública y privada para mejorar las reservas y la producción.
En esta oportunidad nos proponemos trabajar con el consenso; primero el consenso con los gobernadores de las provincias petroleras, actores siempre importantes, pero hoy centrales a partir del cambio constitucional que transfirió el dominio del subsuelo. Y luego con la industria y con todas las fuerzas políticas, discutiendo estos cambios en el Congreso Nacional, con la convicción de que entre todos debemos darle al país una salida para alcanzar definitivamente un autoabastecimiento definitivo en el plano de la energía.
Las áreas nuevas deben adjudicarse de manera transparente mediante licitaciones públicas; deben definirse los plazos para permisos y concesiones; el esquema fiscal debe ser equilibrado y estable; todas las empresas deben tener un lugar y un rol (públicas y privadas, argentinas y extranjeras, provinciales y nacionales), en un marco de cuidado del medio ambiente.
Los acuerdos duraderos que podamos alcanzar en torno de estos temas serán una plataforma de despegue para las fuertes inversiones que necesita nuestra industria de los hidrocarburos.
El autor es senador nacional del FPV.
