Un intendente peronista, que gobierna uno de los tres principales municipios de la provincia de Buenos Aires, tiene en su despacho una grande y primorosa foto de Cristina, que luce allí radiante y con banda presidencial. Días atrás, a punto de recibir la visita de un secretario de Estado con llegada directa y cotidiana a la Presidenta, le indicó a su secretario que repitiera el procedimiento habitual en esos casos. El secretario, más rápido que volando, sacó el bello retrato de Cristina de la caja donde lo guarda y lo colgó en lugar visible, arriba y detrás del sillón de su jefe. Se trataba de actuar, de modo convincente y hasta el mínimo detalle, el imprescindible ritual de alineamiento con la Presidenta.
Esta modesta historia, contada a Clarín por protagonistas directos, es una de las tantas formas de disciplina que muchos intendentes y también unos cuantos gobernadores se imponen a sí mismos antes de que se la impongan los emisarios de la Presidenta.
Algunos pueden vivirlo como parte de las humillaciones que deben atravesarse para alcanzar, retener y ampliar el poder político personal. Pero todos saben que esas demostraciones melosas de subordinación –que tienen su expresión máxima en el coro de aplaudidores de los actos en la Casa Rosada– son el pasaporte a la posibilidad de disfrutar la consideración del poder. Ese privilegio, en el caso de los que tienen que gestionar provincias o municipios, se traduce lisa y llanamente en dinero para pagar sueldos y hacer obras. Ese es el collar de ahogo con el que Cristina y sus talibanes mantienen en línea a intendentes y gobernadores con pretensión de autonomía política.
En este tiempo de economía en retroceso, cuentas fiscales en déficit, inflación sin freno y deterioro del empleo, el torniquete sobre Daniel Scioli y su demorado pago de aguinaldos fue el caso más robusto y notorio de esa política, pero no el único. La presión financiera es una práctica que se repite a diario. Sólo que se hace con menos visibilidad pública y sin las consecuencias nefastas para la imagen presidencial que tuvo el apriete político al gobernador bonaerense, usando como variable de ajuste a más de medio millón de empleados públicos que esperaban el pago.
Los intendentes de la Provincia, por ahora, se están conformando con la promesa de obras que reparte Julio De Vido en asiduas giras en las que hace matiné, tarde y noche; reflotado como operador político y económico para esa tarea de desgaste sobre Scioli.
A algunos intendentes que además de promesas necesitan efectivo para “mantener la paz social” (así llaman al hecho de pagar los sueldos a tiempo), incluso se les ha hecho llegar ayuda directa desde el Gobierno. No son muchos, por cierto. Jefes municipales del GBA dicen que sus colegas Raúl Othacehé (Merlo) y Mariano West (Moreno) han sido algunos de los auxiliados, igual que algunos intendentes del interior provincial. Pero que a otros como Alberto Descalzo (Ituzaingó) los dejaron afuera y llevan dos meses de pago desdoblado a sus empleados.
“Los municipios grandes se arreglan bien con sus recursos” dice un intendente de un municipio grande. Estos suelen ser tipos conservadores en la administración, agrega. Y dice que es normal que tengan “dos sueldos adentro” depositados en el banco para asegurarse el corto plano. Y cuenta el caso de Fernando Espinoza (La Matanza), que es la envidia de sus pares porque tiene “más de 120 millones de pesos puestos en plazo fijo”.
Otro intendente blindado es Sergio Massa (Tigre), con números ordenados, recursos suficientes y una imagen muy fuerte que compite mano a mano con la de Scioli, las dos por encima de la de Cristina. De todos los jefes comunales, Massa es el único que tiene una proyección provincial firme y –según cómo se ordenen los planetas– hasta una chance de jugar en el escenario nacional.
Prudente, Massa aguarda en silencio mientras se acerca un tiempo de definición política que los protagonistas sitúan a fines de este año, cuando se muestren las cartas para el juego electoral de 2013.
Los gobernadores tienen urgencias en un punto parecidas a las de los intendentes, pero mucho más complejas y articuladas, aunque varias provincias tienen menos habitantes que los municipios del GBA.
El problema principal de los gobernadores de los distritos más grandes es que Cristina los considera enemigos amenazantes. Y se ha propuesto triturarles cualquier proyección política personal. Es muy claro en el caso de Scioli, pero también lo sufre el cordobés José Manuel De la Sota. No es necesario abundar en explicaciones sobre el bombardeo a Mauricio Macri, y el socialista santafesino Antonio Bonfatti hace malabares no siempre elegantes para evitar enemistarse con la Casa Rosada.
La cuestión es que allí hay tres potenciales candidatos a la presidencia: Scioli, Macri y también De la Sota, que se largó a caminar el peronismo y verá en algún tiempo cuál es el eco que encuentra.
Pero como la gestión es lo primero, y el reaseguro para que cualquier plan político pueda prosperar, entre estos mandatarios ya hubo contactos subterráneos. El objetivo que se plantean es tender una red de seguridad común que los ponga a resguardo de las operaciones de desgaste del Gobierno nacional, que en este diario ya se definió con acierto como la coparticipación federal de los costos del ajuste.
Hace una semana, Clarín reveló que en secreto Macri y Scioli habían hecho un pacto de no agresión, después de algunos cruces feos entre su gente a causa del conflicto por la basura.
Lo que se sabe ahora además es que, en un rápido y discreto paso por la Capital, De la Sota se reunió esta semana con Scioli. También su gente entro en contacto con allegados a Macri. Sin acuerdos de fondo, intercambiaron información sobre los números de cada uno. Scioli llega a diciembre pero se puede complicar con el pago del segundo aguinaldo. De la Sota pasa bien el verano y después verá. Macri, aún con restricciones, tiene más caja que los demás.
En los próximos días, un emisario haría contacto con Bonfatti, para completar la primera aproximación a esa red de seguridad que los gobernadores ven necesaria para atravesar el larguísimo camino hacia la sucesión presidencial de 2015, que los puede encontrar como competidores.
Pero Cristina también juega y tiene las cartas más fuertes. Habrá que ver entonces hasta dónde progresa este intento de darle racionalidad a la etapa política que se avecina.
Esta modesta historia, contada a Clarín por protagonistas directos, es una de las tantas formas de disciplina que muchos intendentes y también unos cuantos gobernadores se imponen a sí mismos antes de que se la impongan los emisarios de la Presidenta.
Algunos pueden vivirlo como parte de las humillaciones que deben atravesarse para alcanzar, retener y ampliar el poder político personal. Pero todos saben que esas demostraciones melosas de subordinación –que tienen su expresión máxima en el coro de aplaudidores de los actos en la Casa Rosada– son el pasaporte a la posibilidad de disfrutar la consideración del poder. Ese privilegio, en el caso de los que tienen que gestionar provincias o municipios, se traduce lisa y llanamente en dinero para pagar sueldos y hacer obras. Ese es el collar de ahogo con el que Cristina y sus talibanes mantienen en línea a intendentes y gobernadores con pretensión de autonomía política.
En este tiempo de economía en retroceso, cuentas fiscales en déficit, inflación sin freno y deterioro del empleo, el torniquete sobre Daniel Scioli y su demorado pago de aguinaldos fue el caso más robusto y notorio de esa política, pero no el único. La presión financiera es una práctica que se repite a diario. Sólo que se hace con menos visibilidad pública y sin las consecuencias nefastas para la imagen presidencial que tuvo el apriete político al gobernador bonaerense, usando como variable de ajuste a más de medio millón de empleados públicos que esperaban el pago.
Los intendentes de la Provincia, por ahora, se están conformando con la promesa de obras que reparte Julio De Vido en asiduas giras en las que hace matiné, tarde y noche; reflotado como operador político y económico para esa tarea de desgaste sobre Scioli.
A algunos intendentes que además de promesas necesitan efectivo para “mantener la paz social” (así llaman al hecho de pagar los sueldos a tiempo), incluso se les ha hecho llegar ayuda directa desde el Gobierno. No son muchos, por cierto. Jefes municipales del GBA dicen que sus colegas Raúl Othacehé (Merlo) y Mariano West (Moreno) han sido algunos de los auxiliados, igual que algunos intendentes del interior provincial. Pero que a otros como Alberto Descalzo (Ituzaingó) los dejaron afuera y llevan dos meses de pago desdoblado a sus empleados.
“Los municipios grandes se arreglan bien con sus recursos” dice un intendente de un municipio grande. Estos suelen ser tipos conservadores en la administración, agrega. Y dice que es normal que tengan “dos sueldos adentro” depositados en el banco para asegurarse el corto plano. Y cuenta el caso de Fernando Espinoza (La Matanza), que es la envidia de sus pares porque tiene “más de 120 millones de pesos puestos en plazo fijo”.
Otro intendente blindado es Sergio Massa (Tigre), con números ordenados, recursos suficientes y una imagen muy fuerte que compite mano a mano con la de Scioli, las dos por encima de la de Cristina. De todos los jefes comunales, Massa es el único que tiene una proyección provincial firme y –según cómo se ordenen los planetas– hasta una chance de jugar en el escenario nacional.
Prudente, Massa aguarda en silencio mientras se acerca un tiempo de definición política que los protagonistas sitúan a fines de este año, cuando se muestren las cartas para el juego electoral de 2013.
Los gobernadores tienen urgencias en un punto parecidas a las de los intendentes, pero mucho más complejas y articuladas, aunque varias provincias tienen menos habitantes que los municipios del GBA.
El problema principal de los gobernadores de los distritos más grandes es que Cristina los considera enemigos amenazantes. Y se ha propuesto triturarles cualquier proyección política personal. Es muy claro en el caso de Scioli, pero también lo sufre el cordobés José Manuel De la Sota. No es necesario abundar en explicaciones sobre el bombardeo a Mauricio Macri, y el socialista santafesino Antonio Bonfatti hace malabares no siempre elegantes para evitar enemistarse con la Casa Rosada.
La cuestión es que allí hay tres potenciales candidatos a la presidencia: Scioli, Macri y también De la Sota, que se largó a caminar el peronismo y verá en algún tiempo cuál es el eco que encuentra.
Pero como la gestión es lo primero, y el reaseguro para que cualquier plan político pueda prosperar, entre estos mandatarios ya hubo contactos subterráneos. El objetivo que se plantean es tender una red de seguridad común que los ponga a resguardo de las operaciones de desgaste del Gobierno nacional, que en este diario ya se definió con acierto como la coparticipación federal de los costos del ajuste.
Hace una semana, Clarín reveló que en secreto Macri y Scioli habían hecho un pacto de no agresión, después de algunos cruces feos entre su gente a causa del conflicto por la basura.
Lo que se sabe ahora además es que, en un rápido y discreto paso por la Capital, De la Sota se reunió esta semana con Scioli. También su gente entro en contacto con allegados a Macri. Sin acuerdos de fondo, intercambiaron información sobre los números de cada uno. Scioli llega a diciembre pero se puede complicar con el pago del segundo aguinaldo. De la Sota pasa bien el verano y después verá. Macri, aún con restricciones, tiene más caja que los demás.
En los próximos días, un emisario haría contacto con Bonfatti, para completar la primera aproximación a esa red de seguridad que los gobernadores ven necesaria para atravesar el larguísimo camino hacia la sucesión presidencial de 2015, que los puede encontrar como competidores.
Pero Cristina también juega y tiene las cartas más fuertes. Habrá que ver entonces hasta dónde progresa este intento de darle racionalidad a la etapa política que se avecina.
