El daño que Daniel Scioli le causó a Cristina Kirchner cuando confesó que si ella no consigue otra reelección él pretende ser candidato a presidente en 2015 fue doble. Abrió con tres años de antelación la disputa sucesoria y precipitó una discusión constitucional que, hasta ese momento, se mantenía larvada. Desde hace tres semanas, el kirchnerismo se ha visto obligado a convertir la reforma de la Constitución en un eje de su política.
El debate replicará el método adoptado para la ley de medios. La izquierda oficialista programa foros y conferencias a lo largo del país, para hacer ver la necesidad de consagrar en la ley suprema las transformaciones de los últimos años. La consigna es no hablar de reelección, aunque algunos la defiendan. En las horas de optimismo, esos centuriones imaginan que el año próximo habrá elecciones de constituyentes junto con las parlamentarias. Si no alcanzan esa meta, confían en que esas parlamentarias sean tan buenas como para alcanzar, con algunas negociaciones, los dos tercios de ambas cámaras.
Para una lectura convencional, esta construcción es un ardid. Es decir, las consignas programáticas serían la máscara detrás de la cual, llegado el momento, la señora de Kirchner contrabandeará un permiso para volver a postularse. Pensar así puede ser superficial. Este proceso tiene motivaciones ideológicas que no quedarían satisfechas con un cambio instrumental. Quienes lo impulsan proponen, en sus palabras, «cambiar la matriz jurídica de 1853». La estrategia sería, entonces, la inversa de la que el peronismo llevó adelante en 1994. En aquel momento se blindó el articulado dogmático para cambiar algunas disposiciones instrumentales. Para los nuevos reformistas esa receta significó una condenable subordinación de la política al mercado. Ahora el objetivo es romper el molde liberal de la Constitución. Al lado de esa conquista, la reelección es accesoria.
La semilla fue plantada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el último 25 de abril, en un acto organizado por Eduardo Sigal (Frente Grande), Luis D’Elía (Federación Tierra y Vivienda) y Pedro Wasiejko (CTA). El 21 de junio pasado, un mes después de las declaraciones de Scioli, la iniciativa adquirió otra densidad. En el teatro Margarita Xirgu se presentó el «movimiento hacia una nueva constitución emancipadora». Participaron casi todas las organizaciones del kirchnerismo ultra, coordinadas por la CTA, repitiendo el formato del Frente para la Soberanía Energética, que ambientó la estatización de YPF. Sólo La Cámpora, la agrupación de Cristina y Máximo Kirchner, y Kolina, de Alicia Kirchner, se abstuvieron de participar en la jugada para no contaminarla con la expectativa de la reelección.
Un grupo de constitucionalistas elabora una agenda para esta reforma. Entre ellos está Raúl Ferreyra, profesor de la UBA, ligado al más encumbrado auspiciante del proyecto, el juez Raúl Zaffaroni. En abril, Ferreyra aclaró que ningún poder constituido puede arrogarse el poder constituyente. Fue una recusación de las prevenciones de Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte. La tensión Lorenzetti-Zaffaroni cobija varios secretos de la juridicidad kirchnerista.
Jorge Cholvis, gerente de la Administración General de Puertos, también trabaja en este grupo. Cholvis se precia de ser el legatario de Arturo Sampay, inspirador del texto de 1949, que para el peronismo es la idea platónica de Constitución. Entre los expertos también está Eduardo Barcesat, de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Y Alejandro Médici, de la Universidad de La Plata, quien promueve la «crítica decolonial», según la cual el derecho público de la región fue modelado por sucesivas dominaciones imperiales. Junto con estos juristas militan intelectuales de Carta Abierta como Ricardo Forster y Carlos Girotti.
Esta red de profesores ha establecido desde comienzos de año un vínculo con la Universidad de Valencia. Allí están radicados los constitucionalistas Roberto Viciano Pastor, viejo conocido de Juan Manuel Abal Medina, y Rubén Martínez Dalmau. Son el presidente y el vice del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Estos teóricos de la izquierda radical española han trabajado como asesores en las reformas constitucionales de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sus ideas están cifradas Estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano , un libro de autoría colectiva editado por Viciano Pastor.
En marzo último, invitado por la CTA, Viciano visitó la Universidad de La Plata, donde explicó que «la reforma de la Carta Magna del año 94 fue un pacto entre las elites del país para llevar a la letra la entrada en el Consenso de Washington». Viciano volverá en septiembre, para participar de otro seminario de la central de Yasky.
La corriente reformista es muy diversa. Juristas que, como Zaffaroni, promueven el parlamentarismo conviven con presidencialistas extremos como Cholvis. El debate inicial, en la UBA fue acompañado por una declaración expresa en contra de la reelección, que facilitó conversaciones con Leopoldo Moreau (UCR) y Alicia Siciliani (socialismo), en una exploración sobre el número de votos que se necesitan para declarar la necesidad de la reforma. Sin embargo, dos meses después, Yasky revelaba que se pretende otro período para Cristina Kirchner.
El acta de fundación del movimiento expresa una finalidad que amalgama esa Babel: la discusión del orden capitalista. Allí se afirma que «la Constitución vigente [?]fue pensada para el proyecto neoliberal de sumisión de la Nación, de extranjerización de la economía, de saqueo de los recursos naturales y de exclusión de millones de argentinos y argentinas».
Para un grupo político que estatizó YPF una década después de haberla privatizado, el hecho de que los Kirchner hayan estado entre los autores de aquella Constitución maldita no ha de plantear contradicción alguna. Ese texto debe ser ahora modificado por otro que exprese una nueva regulación de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los servicios públicos, de la política energética, de medios y financiera, de la administración de los recursos naturales, de la propiedad de la tierra. Se trata de constitucionalizar el «vamos por todo».
El neoconstitucionalismo bolivariano que sirve de referencia al kirchnerismo considera que la pretensión de petrificar la sección programática de las constituciones es un ideologema que sirvió a las elites para resguardar su posición dominante del impulso de las mayorías. El nuevo paradigma hereda de la reacción antiliberal de la primera posguerra mucho más de lo que está dispuesto a reconocer. Su axioma principal es que las constituciones deben ser plásticas, ya que están llamadas a reflejar la voluntad popular, encarnada, como de costumbre, en el líder.
El principal problema del kirchnerismo es que todavía no ha despejado la incógnita del líder. Zaffaroni comentó entre sus amigos que, a comienzos de año, tuvo una conversación con Cristina Kirchner en la que ella no desalentó la reforma. Pero no habló de reelección. Otros visitantes de Olivos repiten lo que escuchan de Máximo Kirchner y Carlos Zannini: que la Presidenta abandonará el poder en 2015. Cuando ella habla de los costos que paga por gobernar, esos acólitos creen estar corroborando aquel pronóstico.
Imposible saber cuál es la verdad. Pero la hipótesis de que la señora de Kirchner no buscará otra reelección vuelve más activos a los que promueven la reforma. Los kirchneristas ortodoxos, casi todos ajenos al peronismo, necesitan que su jefa genere una ilusión de eternidad para conservar la capacidad de decisión. Sobre todo para confeccionar las listas electorales del año que viene. Por un momento olvidan que eso depende más del estado de la economía que de su capacidad de movilización.
La incógnita principal de este emprendimiento es cuál es su relación con el peronismo. Hasta ahora la reforma y la reelección han sido el programa de una dirigencia con la cual la Presidenta se ha propuesto regenerar esa fuerza política. Ese universo de kirchneristas ajenos al PJ, al que pertenecen desde Sabbatella hasta Abal Medina, desde Diana Conti hasta Nilda Garré, carece de candidato. La sola presunción de que el proceso que se inició en 2003 desemboque en un gobierno de Scioli los hace ver el abismo.
Los gobernadores y dirigentes de la CGT se mantienen ajenos al debate. Cristina Kirchner sabe que sin ellos no resolverá su ecuación de poder. Del mismo modo, Scioli sabe que puede avanzar hacia la Presidencia sin Cristina Kirchner, pero no contra ella. Ambos seguirán buscando a tientas, por unos meses, la partícula de Dios..
El debate replicará el método adoptado para la ley de medios. La izquierda oficialista programa foros y conferencias a lo largo del país, para hacer ver la necesidad de consagrar en la ley suprema las transformaciones de los últimos años. La consigna es no hablar de reelección, aunque algunos la defiendan. En las horas de optimismo, esos centuriones imaginan que el año próximo habrá elecciones de constituyentes junto con las parlamentarias. Si no alcanzan esa meta, confían en que esas parlamentarias sean tan buenas como para alcanzar, con algunas negociaciones, los dos tercios de ambas cámaras.
Para una lectura convencional, esta construcción es un ardid. Es decir, las consignas programáticas serían la máscara detrás de la cual, llegado el momento, la señora de Kirchner contrabandeará un permiso para volver a postularse. Pensar así puede ser superficial. Este proceso tiene motivaciones ideológicas que no quedarían satisfechas con un cambio instrumental. Quienes lo impulsan proponen, en sus palabras, «cambiar la matriz jurídica de 1853». La estrategia sería, entonces, la inversa de la que el peronismo llevó adelante en 1994. En aquel momento se blindó el articulado dogmático para cambiar algunas disposiciones instrumentales. Para los nuevos reformistas esa receta significó una condenable subordinación de la política al mercado. Ahora el objetivo es romper el molde liberal de la Constitución. Al lado de esa conquista, la reelección es accesoria.
La semilla fue plantada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el último 25 de abril, en un acto organizado por Eduardo Sigal (Frente Grande), Luis D’Elía (Federación Tierra y Vivienda) y Pedro Wasiejko (CTA). El 21 de junio pasado, un mes después de las declaraciones de Scioli, la iniciativa adquirió otra densidad. En el teatro Margarita Xirgu se presentó el «movimiento hacia una nueva constitución emancipadora». Participaron casi todas las organizaciones del kirchnerismo ultra, coordinadas por la CTA, repitiendo el formato del Frente para la Soberanía Energética, que ambientó la estatización de YPF. Sólo La Cámpora, la agrupación de Cristina y Máximo Kirchner, y Kolina, de Alicia Kirchner, se abstuvieron de participar en la jugada para no contaminarla con la expectativa de la reelección.
Un grupo de constitucionalistas elabora una agenda para esta reforma. Entre ellos está Raúl Ferreyra, profesor de la UBA, ligado al más encumbrado auspiciante del proyecto, el juez Raúl Zaffaroni. En abril, Ferreyra aclaró que ningún poder constituido puede arrogarse el poder constituyente. Fue una recusación de las prevenciones de Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte. La tensión Lorenzetti-Zaffaroni cobija varios secretos de la juridicidad kirchnerista.
Jorge Cholvis, gerente de la Administración General de Puertos, también trabaja en este grupo. Cholvis se precia de ser el legatario de Arturo Sampay, inspirador del texto de 1949, que para el peronismo es la idea platónica de Constitución. Entre los expertos también está Eduardo Barcesat, de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Y Alejandro Médici, de la Universidad de La Plata, quien promueve la «crítica decolonial», según la cual el derecho público de la región fue modelado por sucesivas dominaciones imperiales. Junto con estos juristas militan intelectuales de Carta Abierta como Ricardo Forster y Carlos Girotti.
Esta red de profesores ha establecido desde comienzos de año un vínculo con la Universidad de Valencia. Allí están radicados los constitucionalistas Roberto Viciano Pastor, viejo conocido de Juan Manuel Abal Medina, y Rubén Martínez Dalmau. Son el presidente y el vice del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Estos teóricos de la izquierda radical española han trabajado como asesores en las reformas constitucionales de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sus ideas están cifradas Estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano , un libro de autoría colectiva editado por Viciano Pastor.
En marzo último, invitado por la CTA, Viciano visitó la Universidad de La Plata, donde explicó que «la reforma de la Carta Magna del año 94 fue un pacto entre las elites del país para llevar a la letra la entrada en el Consenso de Washington». Viciano volverá en septiembre, para participar de otro seminario de la central de Yasky.
La corriente reformista es muy diversa. Juristas que, como Zaffaroni, promueven el parlamentarismo conviven con presidencialistas extremos como Cholvis. El debate inicial, en la UBA fue acompañado por una declaración expresa en contra de la reelección, que facilitó conversaciones con Leopoldo Moreau (UCR) y Alicia Siciliani (socialismo), en una exploración sobre el número de votos que se necesitan para declarar la necesidad de la reforma. Sin embargo, dos meses después, Yasky revelaba que se pretende otro período para Cristina Kirchner.
El acta de fundación del movimiento expresa una finalidad que amalgama esa Babel: la discusión del orden capitalista. Allí se afirma que «la Constitución vigente [?]fue pensada para el proyecto neoliberal de sumisión de la Nación, de extranjerización de la economía, de saqueo de los recursos naturales y de exclusión de millones de argentinos y argentinas».
Para un grupo político que estatizó YPF una década después de haberla privatizado, el hecho de que los Kirchner hayan estado entre los autores de aquella Constitución maldita no ha de plantear contradicción alguna. Ese texto debe ser ahora modificado por otro que exprese una nueva regulación de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los servicios públicos, de la política energética, de medios y financiera, de la administración de los recursos naturales, de la propiedad de la tierra. Se trata de constitucionalizar el «vamos por todo».
El neoconstitucionalismo bolivariano que sirve de referencia al kirchnerismo considera que la pretensión de petrificar la sección programática de las constituciones es un ideologema que sirvió a las elites para resguardar su posición dominante del impulso de las mayorías. El nuevo paradigma hereda de la reacción antiliberal de la primera posguerra mucho más de lo que está dispuesto a reconocer. Su axioma principal es que las constituciones deben ser plásticas, ya que están llamadas a reflejar la voluntad popular, encarnada, como de costumbre, en el líder.
El principal problema del kirchnerismo es que todavía no ha despejado la incógnita del líder. Zaffaroni comentó entre sus amigos que, a comienzos de año, tuvo una conversación con Cristina Kirchner en la que ella no desalentó la reforma. Pero no habló de reelección. Otros visitantes de Olivos repiten lo que escuchan de Máximo Kirchner y Carlos Zannini: que la Presidenta abandonará el poder en 2015. Cuando ella habla de los costos que paga por gobernar, esos acólitos creen estar corroborando aquel pronóstico.
Imposible saber cuál es la verdad. Pero la hipótesis de que la señora de Kirchner no buscará otra reelección vuelve más activos a los que promueven la reforma. Los kirchneristas ortodoxos, casi todos ajenos al peronismo, necesitan que su jefa genere una ilusión de eternidad para conservar la capacidad de decisión. Sobre todo para confeccionar las listas electorales del año que viene. Por un momento olvidan que eso depende más del estado de la economía que de su capacidad de movilización.
La incógnita principal de este emprendimiento es cuál es su relación con el peronismo. Hasta ahora la reforma y la reelección han sido el programa de una dirigencia con la cual la Presidenta se ha propuesto regenerar esa fuerza política. Ese universo de kirchneristas ajenos al PJ, al que pertenecen desde Sabbatella hasta Abal Medina, desde Diana Conti hasta Nilda Garré, carece de candidato. La sola presunción de que el proceso que se inició en 2003 desemboque en un gobierno de Scioli los hace ver el abismo.
Los gobernadores y dirigentes de la CGT se mantienen ajenos al debate. Cristina Kirchner sabe que sin ellos no resolverá su ecuación de poder. Del mismo modo, Scioli sabe que puede avanzar hacia la Presidencia sin Cristina Kirchner, pero no contra ella. Ambos seguirán buscando a tientas, por unos meses, la partícula de Dios..
