Una solución peronista

«Lo que hizo este gobierno, desde 2003 hasta acá, fue nada más y nada menos que darle una vida al habitante del conurbano que no la tenía. Le dimos un presente. Y también una esperanza de futuro. Le dimos la posibilidad de comer, de vez en cuando, una tira de asado. Le pusimos en la televisión abierta el Fútbol para Todos. Y además le dimos la alternativa de viajar a la Ciudad para concurrir a su trabajo sin que el presupuesto para el transporte se le volviera prohibitivo. Para eso, entre otras cosas, se usaron los subsidios. Ahora la discusión es cómo salimos de esto: con más regulación o con menos regulación; con más ajuste o con menos ajuste.»
La confesión fue realizada por un funcionario del equipo económico, la semana pasada, en un café del Rosedal de Palermo, donde nos encontramos por casualidad, después de una sesión de entrenamiento físico. Y es un testimonio clave, porque implica la aceptación de que la Presidenta está obligada a desarmar algo similar a una bomba de tiempo: la política de subsidios indiscriminados y la presión sobre el precio del dólar. El agente público lo admite. Los subsidios a la «marchanta» permitieron al Gobierno, entre otras cosas, ganar las elecciones por paliza. Y el atraso del tipo de cambio posibilitó, al trabajador en blanco, mantener el poder adquisitivo del salario y soportar, «de manera digna», los estragos de la inflación real.
El hombre con el que hablé el viernes pasado no es un funcionario cualquiera. Viene participando del debate sobre «el modelo» desde que Néstor Kirchner asumió la Presidencia, y es de los que aboga por un Estado «hiperactivo», capaz de quitarles a los que más tienen para distribuir la riqueza entre los que menos tienen. De hecho, hace poco, le envió un paper a la Presidenta con sugerencias para equilibrar el presente desbarajuste económico. Sin embargo, no es ingenuo. Sostiene que, al final, habrá una solución «peronista», con un poco de «capitalismo ortodoxo y mucha presencia del Estado para corregir las inequidades».
Vaticina un pronto acuerdo con el Club de París y un ajuste «escalonado y no brutal» para los subsidios al transporte y la energía. Pronostica, también, un aumento «considerable» del costo de vida para la clase media y media alta, que alejará a unos cuántos millones de votantes hasta antes de las próximas elecciones legislativas. Y una «recomposición» de la asignación por hijo y otros planes sociales para que los habitantes del conurbano -a quienes el Gobierno «les dio una vida»- no sientan que la pueden perder de la noche a la mañana. El funcionario reconoce, con expreso pedido de reserva de su identidad, que los subsidios son «una bomba de tiempo», y que el mecanismo de relojería para desactivarlo debería ser manipulado con suma delicadeza. Acepta que el aumento de la inflación es lo que produce la presión sobre el precio del dólar. Pero afirma que esa presión sobre la moneda norteamericana tiene como principales protagonistas a los grandes bancos y las empresas más poderosas. «Yo tengo las cifras oficiales: el 65% de los que compran dólares pertenecen al mercado mayorista. El resto no compra más de 10.000 dólares cada vez, y lo hace por imitación», asegura.
Con sobrentendidos, opina que las medidas para controlar el tipo de cambio fueron, por lo menos, atolondradas. Se niega a criticar a Mercedes Marcó del Pont, Guillermo Moreno o Ricardo Echegaray y reconoce que no es un experto en política cambiaria, pero afirma que hubiera sido mejor una intervención más fuerte del Banco Central para terminar de convencer al mercado, no dejar subir el precio más allá de lo que el Gobierno cree conveniente y así «desinflar expectativas».
El funcionario está convencido, igual que Cristina Fernández, que uno de los grandes problemas de la economía es «el terrorismo» que, según ellos, practican algunos medios de comunicación con la información económica. «Esto no es la hiperinflación de los 90 ni el corralito, ni la crisis de diciembre de 2001 ni nada que se le parezca. Los desajustes son evidentes, pero tenemos tiempo para corregirlos sin provocar una crisis gravísima, o forzar una devaluación del 20 o el 30% de la moneda. Si ustedes ponen al dólar todos los días en la tapa del diario terminan generando una expectativa extra», sostiene el miembro del equipo económico, con una iPad en la mano y dos teléfonos celulares sobre la mesa.
¿Cuánto tiempo tiene la administración para corregir las distorsiones? El aumento de los subsidios posee una inercia que parece imparable. Crecen un 20% por año por encima de todas las variables económicas, incluida la inflación real. Hasta 2006 los subsidios representaban un 4% del total de los ingresos. Y durante 2010 ya estaban en un 16. Su «desmantelamiento» debería incluir una impresionante base de datos, capaz de discernir, por ejemplo, entre un pasajero de subte y colectivo rico, y otro pobre; un vecino de Pilar que no tiene gas natural y otro que calefacciona su piscina con gas muy barato; una pequeña empresa que iría a la quiebra si le quitan el subsidio para pagar la luz y una financiera super-rentable con pocos empleados y muchos clientes. «Hay que subsidiar al usuario que lo necesita y no a la empresa que da el servicio -me explicó ayer Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf)-, porque eso termina en la injusticia que tenemos hoy. Para eso se precisa una Encuesta Permanente de Hogares seria, capaz de clasificar a quién se debe subsidiar y a quién no.»
Todo parece apuntar a lo mismo. Es tiempo de gobernar con sintonía fina y no de prepo, a lo Moreno o a lo Echegaray. Para que la bomba se vaya desarmando con prolijidad y no explote en el medio de la operación. Una receta peronista: para no espantar a la clase media y mantener los tres millones de votos del conurbano bonaerense, la madre de todas las batallas de cualquier elección nacional.
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