Ricardo Lorenzetti brindó un discurso muy particular la semana pasada: habló como miembro de una generación. Según dijo, «las instituciones no son ajenas a la historia, a la situación del país, a las demandas del pueblo y a la influencia que cada generación ejerce sobre ellas». La voz con la que dice hablar Lorenzetti es la de la generación que llegó a la Corte con la democracia, con la reforma constitucional de 1994, y «con la enorme responsabilidad de servir a un pueblo que ha luchado y sufrido mucho, en todos los sentidos, durante demasiado tiempo.»
La generación de la democracia, afirma Lorenzetti, llega para mantener lo bueno, cambiar lo malo y agregar lo mejor. En particular en la Corte, para mantener la jurisprudencia que defiende libertad de expresión, el derecho de propiedad en sentido amplio y el acceso a los derechos de todos los ciudadanos a través de procesos rápidos y efectivos. Pero también para cambiar decisiones basadas en un constitucionalismo que fue complaciente con gobiernos de facto y que restringían la autonomía de las personas impidiéndoles elegir sus planes de vida libremente, las que violaban su integridad personal en las cárceles y en las comisarías, y las que coartaban los derechos al trabajo, a la salud, a la vivienda o a alimentarse.
La generación de la democracia, dice Lorenzetti, no sólo reivindica el rechazo a los golpes de Estado, sino también los valores de la reforma de 1994, que nos protegen expresamente contra la discriminación, los abusos del mercado y los daños al medioambiente. La Corte se abre a estos reclamos a través de audiencias públicas inéditas y su presidente afirma que los tribunales deben asumir un rol «activo y progresista» respecto de todos los grupos vulnerables. Por eso, a pesar de suavizar el reto con pedidos de reformas procedimentales, insta a que en el Poder Judicial «empleados y funcionarios hagan un esfuerzo para que los que padecen injusticias no sufran demoras injustificadas».
Para Lorenzetti, el rol de la Corte se muestra en su aporte al Estado de Derecho, en el límite a cualquier autoritarismo y en la construcción de un proyecto de país definido procedimentalmente: un consenso basado en reglas, no en fines. Un proyecto de país que acuerde en la forma correcta de deliberar sobre lo que es bueno y no que imponga una concepción de lo que es bueno como la única correcta.
La Corte ocupa en ese proyecto el ambiguo e inestable espacio entre hacer valer lo que decide la mayoría y lo que surge de la práctica constitucional. Las dos fuentes de legitimidad, la democracia y la Constitución, la voluntad mayoritaria y los derechos, reclaman autoridad. El rol de los jueces es respetar ambas a medida que construyen la práctica compleja en la que consiste el derecho.
No muchas veces se escucha una voz que dice hablar por la generación de la democracia. No es habitual escuchar a quienes se reivindican como hijos de la transición, de los juicios, de la reforma del 94, del activismo judicial, de la lucha por los derechos humanos, sociales, económicos y culturales. Lorenzetti ha hecho ese esfuerzo. Y para quienes quieran escucharlo, lo ha dicho con luminosa claridad, echando mano de una sugerente forma retórica, utilizando en paralelo dos hitos del relato de nuestra generación: el Nunca Más de los derechos humanos y el Nunca Menos de los derechos sociales.
Dice Lorenzetti: «En un mundo donde hay un retroceso del bienestar de los ciudadanos, en un mundo donde hay madres que no pueden prometer un futuro a sus hijos, en un mundo donde se llama ciudadanos a quienes no tienen nada de nada, casi como una ofensa. En ese mundo es donde la Corte interpreta la Constitución y dice: ?nunca menos’, en materia de derechos económico-sociales, como lo reclama el pueblo argentino.» Y al mencionar el rechazo a la doctrina de facto y la legitimidad excepcional de los juicios por violaciones estatales masivas de derechos humanos señala: «La Corte ha dicho ?nunca más’ como lo reclamó el pueblo argentino».
Estos reclamos populares son la forma particular que adquirió la construcción democrática en nuestro país. Dijimos «nunca más» a que otros decidan por nosotros y nos transformen en cómplices de las violaciones de los derechos de nuestros vecinos, y también dijimos «nunca menos» al negarnos a tolerar que algunos de nosotros carezcan de lo que se necesita para ser parte de la conversación común dignamente. Esa forma de leer el mandato de la generación de la democracia tiene en esta Corte un lugar más donde encontrar sus fundamentos: hay que leer los fallos y los autores que Lorenzetti cita como su apoyo intelectual.
En la triste situación actual de nuestras conversaciones el discurso fue tomado como parte de discusiones coyunturales. Mejor sería tomarlo literalmente y sumarnos a sus palabras cuando propone una misión para la Corte, que también puede ser una misión para cualquiera de nosotros: «Nuestra misión no es dejar un registro para las crónicas policiales de peleas entre vecinos; nuestra misión es dejar un registro para la historia».
© LA NACION.
La generación de la democracia, afirma Lorenzetti, llega para mantener lo bueno, cambiar lo malo y agregar lo mejor. En particular en la Corte, para mantener la jurisprudencia que defiende libertad de expresión, el derecho de propiedad en sentido amplio y el acceso a los derechos de todos los ciudadanos a través de procesos rápidos y efectivos. Pero también para cambiar decisiones basadas en un constitucionalismo que fue complaciente con gobiernos de facto y que restringían la autonomía de las personas impidiéndoles elegir sus planes de vida libremente, las que violaban su integridad personal en las cárceles y en las comisarías, y las que coartaban los derechos al trabajo, a la salud, a la vivienda o a alimentarse.
La generación de la democracia, dice Lorenzetti, no sólo reivindica el rechazo a los golpes de Estado, sino también los valores de la reforma de 1994, que nos protegen expresamente contra la discriminación, los abusos del mercado y los daños al medioambiente. La Corte se abre a estos reclamos a través de audiencias públicas inéditas y su presidente afirma que los tribunales deben asumir un rol «activo y progresista» respecto de todos los grupos vulnerables. Por eso, a pesar de suavizar el reto con pedidos de reformas procedimentales, insta a que en el Poder Judicial «empleados y funcionarios hagan un esfuerzo para que los que padecen injusticias no sufran demoras injustificadas».
Para Lorenzetti, el rol de la Corte se muestra en su aporte al Estado de Derecho, en el límite a cualquier autoritarismo y en la construcción de un proyecto de país definido procedimentalmente: un consenso basado en reglas, no en fines. Un proyecto de país que acuerde en la forma correcta de deliberar sobre lo que es bueno y no que imponga una concepción de lo que es bueno como la única correcta.
La Corte ocupa en ese proyecto el ambiguo e inestable espacio entre hacer valer lo que decide la mayoría y lo que surge de la práctica constitucional. Las dos fuentes de legitimidad, la democracia y la Constitución, la voluntad mayoritaria y los derechos, reclaman autoridad. El rol de los jueces es respetar ambas a medida que construyen la práctica compleja en la que consiste el derecho.
No muchas veces se escucha una voz que dice hablar por la generación de la democracia. No es habitual escuchar a quienes se reivindican como hijos de la transición, de los juicios, de la reforma del 94, del activismo judicial, de la lucha por los derechos humanos, sociales, económicos y culturales. Lorenzetti ha hecho ese esfuerzo. Y para quienes quieran escucharlo, lo ha dicho con luminosa claridad, echando mano de una sugerente forma retórica, utilizando en paralelo dos hitos del relato de nuestra generación: el Nunca Más de los derechos humanos y el Nunca Menos de los derechos sociales.
Dice Lorenzetti: «En un mundo donde hay un retroceso del bienestar de los ciudadanos, en un mundo donde hay madres que no pueden prometer un futuro a sus hijos, en un mundo donde se llama ciudadanos a quienes no tienen nada de nada, casi como una ofensa. En ese mundo es donde la Corte interpreta la Constitución y dice: ?nunca menos’, en materia de derechos económico-sociales, como lo reclama el pueblo argentino.» Y al mencionar el rechazo a la doctrina de facto y la legitimidad excepcional de los juicios por violaciones estatales masivas de derechos humanos señala: «La Corte ha dicho ?nunca más’ como lo reclamó el pueblo argentino».
Estos reclamos populares son la forma particular que adquirió la construcción democrática en nuestro país. Dijimos «nunca más» a que otros decidan por nosotros y nos transformen en cómplices de las violaciones de los derechos de nuestros vecinos, y también dijimos «nunca menos» al negarnos a tolerar que algunos de nosotros carezcan de lo que se necesita para ser parte de la conversación común dignamente. Esa forma de leer el mandato de la generación de la democracia tiene en esta Corte un lugar más donde encontrar sus fundamentos: hay que leer los fallos y los autores que Lorenzetti cita como su apoyo intelectual.
En la triste situación actual de nuestras conversaciones el discurso fue tomado como parte de discusiones coyunturales. Mejor sería tomarlo literalmente y sumarnos a sus palabras cuando propone una misión para la Corte, que también puede ser una misión para cualquiera de nosotros: «Nuestra misión no es dejar un registro para las crónicas policiales de peleas entre vecinos; nuestra misión es dejar un registro para la historia».
© LA NACION.
