En los dos extremos de la cadena productiva se observa que los productores cobran cada vez menos y los consumidores pagan cada vez más por los artículos de primera necesidad que se producen íntegramente en nuestro país”. La denuncia forma parte de la última declaración que formuló, hace 15 días, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSa) perteneciente a la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El documento busca reflejar cómo impactan las distorsiones del mercado en la seguridad alimentaria del país y ahora es debatido por los especialistas en derecho a la alimentación de las cátedras libres que funcionan en las principales universidades públicas del país.
“A esta situación basada en la volatilidad y el alza de los precios, en especial de los alimentos que integran nuestra mesa, se suman las maniobras de desabastecimiento, de acaparamiento y especulativas, cuyo origen hay que ubicar en el alto grado de concentración monopólica y extranjerizante de la industria alimentaria”, advierte el texto y explica que este proceso ocurre gracias “a un puñado de empresas que poseen el manejo de toda la cadena, tanto del mercado interno como de la exportación, que van desde la producción, el transporte, la comercialización y la distribución hasta llegar a los consumidores”.
Esos verdaderos formadores de precios, según el texto firmado por la titular de la cátedra Myriam Gorban, son “dos empresas que controlan el comercio de los lácteos, uno el aceite, el pan y el azúcar, tres el de las galletitas, mermeladas y panificados, cuatro la producción, faenamiento y comercialización de la carne y la mayoría de ellas son transnacionales”.
Sin mencionar los nombres de cada grupo aludido, la declaración demuestra el impacto que tienen sobre los precios, a partir de los últimos números que revelaron las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en su informe 2013 sobre “precios de producción y consumo”, para explicar la enorme diferencia que hay entre los valores de los supermercados y el que cobran los productores rurales.
“El precio de la lechuga se incrementa en un 1500 % desde lo que se le paga al productor hasta que llega al consumidor, la naranja aumenta el 800%, la leche un 205%, el tomate un 329% y en el caso del tomate triturado llega a aumentar hasta el 5929%”, sostiene la cátedra y advierte que “nuestra historia ha sufrido demasiadas situaciones críticas como las que estamos viviendo en estos días y como señalamos inicialmente nuestra seguridad y estabilidad democrática están amenazadas por lo que calificamos como “golpes de mercado”, dice el documento y recuerda los sufridos por Juan “Perón cuando estableció el control de precios”, por Arturo Illia cuando pretendió “controlar el precio de los alimentos y por “Raúl Alfonsín por la hiperinflación”.
El mensaje de la CaLiSa de la UBA, que atraviesa a distintas facultades como Medicina y Agronomía, ya está en manos de otras unidades académicas que también cuentan cátedras transversales como la Universidad Nacional de la Patagonia (San Juan Bosco), del Comahue, de Mar del Plata, de Luján y de Lomas de Zamora, entre otras, que ahora preparan un pronunciamiento y un plan de acción en común. Entre las propuestas, la cátedra le reclamó al gobierno “límites a los avances de estos capitales multinacionales y reforzar la producción agrícola ganadera de los pequeños y medianos productores”, además de ofrecer medidas para el mejoramiento de “la comercialización de la pequeña y mediana empresa».
Para los expertos, es vital la reapertura de una nueva junta de Granos y Carnes y que el Ejecutivo apoye la “diversificación de los cultivos”. «
