El fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, admitió que el resultado, es decir, la culminación de la desaparición de Candela Rodríguez en un homicidio , es una prueba del fracaso del sistema de investigación penal bonaerense.
Tal afirmación parece tanto un mea culpa como un reclamo: en las actuales circunstancias, sin cuerpos propios de detectives en condiciones y número suficiente como para encarar investigaciones autónomas con estricto control de un fiscal, el Ministerio Público, que en Buenos Aires encabeza la acción penal, depende de lo que la policía le lleve. La policía es parte del gobierno, no del Poder Judicial.
En este caso, los que dieron la cara fueron Nieva Woodgate y el fiscal al que le tocó dirigir el caso: Marcelo Tavolaro. Ayer, el jefe de los fiscales de Morón dio claros indicios de que el desenlace no había dejado a la Justicia y a la policía en la misma vereda.
El primer indicio fue su enojo por la filtración a la prensa de la grabación de una escucha -una de los miles de llamadas que se recibieron en el caso-, casi paralelamente con la confirmación del hallazgo del cadáver.
Esa misma escucha, en realidad su sentido y real peso en el curso de la investigación, también puso al fiscal general y a la policía en lugares disímiles. Nieva Woodgate relativizó su valor probatorio e, incluso, insistió en que el padre de la víctima, presuntamente el destinatario de la exigencia que se desprende de la llamada del hombre aún no identificado, había negado enfáticamente cualquier deuda que pudiera explicar semejante reclamo.
Y, aunque después de muchas pasadas, el padre de Candela dijo que la voz del teléfono le resultaba conocida, sostuvo que, en todo caso, ese que él creía que podía ser no tenía ningún motivo para hacerle un mal así.
La urgente filtración del audio de la escucha en los canales que seguían en vivo el cruento desenlace mostró instantáneamente la idea de que había una exigencia que, a diferencia de un secuestro extorsivo tradicional, no se refería al pago de un rescate sino, ante todo, a la devolución de algo que el padre de la víctima tenía sin que le correspondiera tenerlo. Lo que se llama en la jerga «un ajuste de cuentas».
Si Nieva Woodgate se enojó por la filtración, es viable creer que ni él ni los fiscales fueron quienes hicieron trascender la llamada. El otro actor posible es la policía bonaerense.
Urgencia
La urgencia por difundir ese audio parece encerrar la idea de que se pretende reducir el caso a una venganza, a un problema entre particulares que era imposible prevenir (la gran exigencia al Estado en materia de seguridad) y cuyo resultado trágico y violento no es posible atribuir a las autoridades y funcionarios estatales.
En el mismo sentido pueden leerse las novedades de la víspera: el allanamiento de una casa que se presumía vacía y en la que ya desde la semana pasada los vecinos advertían movimientos sospechosos -sin que eso movilizara un operativo, sino hasta una vez conocido el crimen-, y el secuestro de una camioneta vinculada a un vecino ex convicto al que ya le habían revisado la casa y que nunca hizo un ademán de ocultarse.
Los índices de esclarecimiento de delitos en el país son bajísimos. Menos de la mitad de los homicidios tienen sentencia; pero en el total de delitos contra las personas y contra la propiedad, según las últimas estadísticas conocidas (de 2008), no se llega ni al 3% de sentencias condenatorias.
Eso también simboliza el fracaso del sistema de investigación penal, un fracaso que, además de en las divergencias de comando en las pesquisas, debe rastrearse en las crónicas deficiencias en la tarea puramente criminalística.
Anteayer, inmediatamente después del hallazgo, las cámaras mostraron a los peritos enfundados en trajes aislantes para preservar de contaminación la escena del crimen en plena tarea de búsqueda de rastros.
Curiosamente, al caer la noche, todas las prevenciones, todas las barreras, ya habían caído. Los camarógrafos de todos los canales pudieron adentrarse en el terreno y prácticamente pararse sobre el punto exacto en el que había aparecido Candela. Si había alguna huella de calzado, por ejemplo, los reporteros las multiplicaron por miles. Punto para los asesinos.
La más rigurosa asepsia de la escena del crimen es fundamental para encauzar una investigación. La prueba científica, a diferencia de las declaraciones de los testigos -sujetas a subjetividades e, incluso, a influencias indebidas- es irrefutable. Perder la posibilidad de obtener rastros «limpios» es arriesgarse al fracaso.
Sin poner en duda el trabajo de los profesionales que hurgaron allí donde apareció el cuerpo del delito, parece cuanto menos apresurado, e incluso arriesgado, haber liberado tan rápido la escena al paso de curiosos. No se trataba de un lugar cuyo acceso debiera ser rápidamente concedido, como una calle o la vía de un tren.
Proteger las pruebas
Más allá del interés público por los avances de una pesquisa, la Justicia y la policía deben proteger las pruebas.
La eventual contaminación de la escena del crimen o el filtrado apresurado, cualquiera sea el fin perseguido, de una prueba que podría ser reveladora (la escucha) van en detrimento y siembran dudas en una investigación.
Mientras tanto, las versiones surgen y apuntan a instalar la idea de una venganza, un ajuste entre delincuentes y a dejar las cosas allí, como si el hecho de que todo eso ocurriera en las propias narices de la policía y en un solo barrio no fuera también un fracaso.
Debido a la sensibilidad del tema, la nota ha sido cerrada a comentarios .
Tal afirmación parece tanto un mea culpa como un reclamo: en las actuales circunstancias, sin cuerpos propios de detectives en condiciones y número suficiente como para encarar investigaciones autónomas con estricto control de un fiscal, el Ministerio Público, que en Buenos Aires encabeza la acción penal, depende de lo que la policía le lleve. La policía es parte del gobierno, no del Poder Judicial.
En este caso, los que dieron la cara fueron Nieva Woodgate y el fiscal al que le tocó dirigir el caso: Marcelo Tavolaro. Ayer, el jefe de los fiscales de Morón dio claros indicios de que el desenlace no había dejado a la Justicia y a la policía en la misma vereda.
El primer indicio fue su enojo por la filtración a la prensa de la grabación de una escucha -una de los miles de llamadas que se recibieron en el caso-, casi paralelamente con la confirmación del hallazgo del cadáver.
Esa misma escucha, en realidad su sentido y real peso en el curso de la investigación, también puso al fiscal general y a la policía en lugares disímiles. Nieva Woodgate relativizó su valor probatorio e, incluso, insistió en que el padre de la víctima, presuntamente el destinatario de la exigencia que se desprende de la llamada del hombre aún no identificado, había negado enfáticamente cualquier deuda que pudiera explicar semejante reclamo.
Y, aunque después de muchas pasadas, el padre de Candela dijo que la voz del teléfono le resultaba conocida, sostuvo que, en todo caso, ese que él creía que podía ser no tenía ningún motivo para hacerle un mal así.
La urgente filtración del audio de la escucha en los canales que seguían en vivo el cruento desenlace mostró instantáneamente la idea de que había una exigencia que, a diferencia de un secuestro extorsivo tradicional, no se refería al pago de un rescate sino, ante todo, a la devolución de algo que el padre de la víctima tenía sin que le correspondiera tenerlo. Lo que se llama en la jerga «un ajuste de cuentas».
Si Nieva Woodgate se enojó por la filtración, es viable creer que ni él ni los fiscales fueron quienes hicieron trascender la llamada. El otro actor posible es la policía bonaerense.
Urgencia
La urgencia por difundir ese audio parece encerrar la idea de que se pretende reducir el caso a una venganza, a un problema entre particulares que era imposible prevenir (la gran exigencia al Estado en materia de seguridad) y cuyo resultado trágico y violento no es posible atribuir a las autoridades y funcionarios estatales.
En el mismo sentido pueden leerse las novedades de la víspera: el allanamiento de una casa que se presumía vacía y en la que ya desde la semana pasada los vecinos advertían movimientos sospechosos -sin que eso movilizara un operativo, sino hasta una vez conocido el crimen-, y el secuestro de una camioneta vinculada a un vecino ex convicto al que ya le habían revisado la casa y que nunca hizo un ademán de ocultarse.
Los índices de esclarecimiento de delitos en el país son bajísimos. Menos de la mitad de los homicidios tienen sentencia; pero en el total de delitos contra las personas y contra la propiedad, según las últimas estadísticas conocidas (de 2008), no se llega ni al 3% de sentencias condenatorias.
Eso también simboliza el fracaso del sistema de investigación penal, un fracaso que, además de en las divergencias de comando en las pesquisas, debe rastrearse en las crónicas deficiencias en la tarea puramente criminalística.
Anteayer, inmediatamente después del hallazgo, las cámaras mostraron a los peritos enfundados en trajes aislantes para preservar de contaminación la escena del crimen en plena tarea de búsqueda de rastros.
Curiosamente, al caer la noche, todas las prevenciones, todas las barreras, ya habían caído. Los camarógrafos de todos los canales pudieron adentrarse en el terreno y prácticamente pararse sobre el punto exacto en el que había aparecido Candela. Si había alguna huella de calzado, por ejemplo, los reporteros las multiplicaron por miles. Punto para los asesinos.
La más rigurosa asepsia de la escena del crimen es fundamental para encauzar una investigación. La prueba científica, a diferencia de las declaraciones de los testigos -sujetas a subjetividades e, incluso, a influencias indebidas- es irrefutable. Perder la posibilidad de obtener rastros «limpios» es arriesgarse al fracaso.
Sin poner en duda el trabajo de los profesionales que hurgaron allí donde apareció el cuerpo del delito, parece cuanto menos apresurado, e incluso arriesgado, haber liberado tan rápido la escena al paso de curiosos. No se trataba de un lugar cuyo acceso debiera ser rápidamente concedido, como una calle o la vía de un tren.
Proteger las pruebas
Más allá del interés público por los avances de una pesquisa, la Justicia y la policía deben proteger las pruebas.
La eventual contaminación de la escena del crimen o el filtrado apresurado, cualquiera sea el fin perseguido, de una prueba que podría ser reveladora (la escucha) van en detrimento y siembran dudas en una investigación.
Mientras tanto, las versiones surgen y apuntan a instalar la idea de una venganza, un ajuste entre delincuentes y a dejar las cosas allí, como si el hecho de que todo eso ocurriera en las propias narices de la policía y en un solo barrio no fuera también un fracaso.
Debido a la sensibilidad del tema, la nota ha sido cerrada a comentarios .
