En la marcha que se realizó ayer por el centro de Montevideo en defensa del medioambiente comenzaron a recolectarse firmas para promover un plebiscito de reforma constitucional.
La iniciativa pretende incluir en el artículo 47 de la Constitución la siguiente sentencia: «Prohíbase la explotación minera metalífera a cielo abierto en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay».
El artículo 47 sostiene que la protección del medio ambiente es de interés general y que «las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente».
El plebiscito es promovido por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), y grupos de vecinos de Cerro Chato y Valentines, zonas de mayor influencia del proyecto de extracción de hierro Aratirí.
Carol Aviaga, dirigente del Partido Nacional y referente en Lavalleja de los colectivos en defensa del medio ambiente, dijo a El País que las papeletas para la recolección de firmas ya están prontas, incluso señaló que mañana comenzará a repartir 20.000 en Lavalleja. Dijo que se trabajará con las organizaciones en cada departamento para que la iniciativa recolecte firmas en todo el país.
Sebastián Ríos, referente de la comisión «Por La Vida y el Agua» de Tacuarembó dijo a El País que no todas las organizaciones sociales que se oponen a a la minería a cielo abierto han tomado posición sobre el plebiscito. «Aún no ha sido discutido en la mayoría de las organizaciones departamentales. Suponemos que en cuestión de un mes el tema estará analizado y se buscará que la iniciativa logre el mayor respaldo posible para conformar una dirección nacional, hacer un lanzamiento que tenga la difusión necesaria y así fortalecer la campaña de recolección de firmas», dijo.
Los promotores deben presentar 250.000 firmas seis meses antes de las elecciones nacionales, es decir, abril. Ríos dijo que si no se llega, la campaña se mantendrá durante el próximo gobierno. «Tener la campaña activa permitirá generar dudas y demorar cualquier proyecto en curso», explicó.
El 2 de junio de 2011 fue el propio presidente José Mujica quien lanzó la idea de promover un referéndum consultivo sobre la instalación de Aratirí, la minera que pretende extraer 18 millones de toneladas anuales de hierro e impactará directa e indirectamente en unas 4.300 hectáreas y cinco departamentos con un mineroducto hasta Rocha.
«La magnitud de los recursos nos obliga a una discusión abierta. No creo que por ser gobierno podamos laudar el destino de semejante riqueza sin tratar de incluir en esas decisiones todas las variables posibles. Por desgracia, el Uruguay institucionalmente no tiene la figura que existe en muchos países, el plebiscito consultivo, donde el gobierno le hace preguntas a la nación, y a partir de la respuesta toma las decisiones», dijo en aquel momento el presidente. Semanas después se informó que Presidencia trabajaba en un texto para permitir la realización de referéndum consultivos, pero nunca más se habló del tema.
Marcha.
La Asamblea Ambiental Permanente en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales (que está integrada por más de 45 organizaciones sociales de todo el país) realizó ayer su 5ª marcha con el foco en el rechazo a la minera Aratirí, la regasificadora y el puerto de aguas profundas. La movilización, que congregó a miles de personas, se realizó por la Avenida 18 de Julio desde el Obelisco hasta la Plaza Independencia, donde se leyó una proclama. De la marcha -que fue convocada por varios sindicatos como ADES, Afutu, Adeom y la FEUU- participaron personas de todas las edades y provenientes de varios departamentos. Una importante cantidad de manifestantes se trasladaban a caballo. También se vieron pancartas con consignas ambientalistas y con críticas al presidente José Mujica.
La proclama rechazó el proyecto de la minera Aratirí en la zona de Valentines, la regasificadora en Puntas de Sayago y el puerto de aguas profunda de Rocha. «El camino que se nos propone no aumenta el desarrollo sino la dependencia, y nos devuelve a la colonia», indicaron en la proclama. También se denunciaron presiones sobre la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para que apruebe los proyectos».
Proyectos en la mira ambiental
El proyecto de la minera Aratirí se desarrollará en los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres. El emprendimiento, que pertenece al consorcio indio Zamin Ferrous, planea invertir US$ 3.000 millones para extraer 18 millones de toneladas anuales de hierro destinadas a la exportación. Semanas atrás, el Parlamento aprobó la ley de megaminería, un elemento clave para que el emprendimiento de Aratirí pueda prosperar. De acuerdo con una encuesta realizada en julio de 2012 por la consultora Cifra, el 61% de la población de todo el país apoya el proyecto minero, y el 81% considera que la exportación de mineral de hierro contribuirá al desarrollo.
El segundo emprendimiento polémico es el de la regasificadora que se prevé instalar en Puntas de Sayago. El contrato que firmó el gobierno con Gas Sayago (controlada por UTE y Ancap), cuenta con el aval del Poder Ejecutivo a la firma GDF-Suez para que pueda obtener el financiamiento de US$ 1.125 millones. El emprendimiento comenzaría a desarrollarse en 2015 e implica la construcción de una terminal marítima que tendría una unidad flotante de almacenamiento y regasificación, y un muelle con escollera de 1,5 kilómetros.
El tercer proyecto cuestionado y que también fue mencionado en la movilización de ayer, es del puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha, más específicamente entre La Paloma y Cabo Polonio, zona cuyo frente marítimo comprende los balnearios Mar del Plata, El Palenque y San Francisco. La terminal portuaria es una pieza clave para el proyecto minero de Aratirí, que lo utilizará para la exportación del hierro extraído y que llegará a la zona por un mineroducto que cruzará varios departamentos. El presidente José Mujica ha definido el puerto de aguas profundas como un proyecto clave ante un «apagón logístico».
La iniciativa pretende incluir en el artículo 47 de la Constitución la siguiente sentencia: «Prohíbase la explotación minera metalífera a cielo abierto en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay».
El artículo 47 sostiene que la protección del medio ambiente es de interés general y que «las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente».
El plebiscito es promovido por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), y grupos de vecinos de Cerro Chato y Valentines, zonas de mayor influencia del proyecto de extracción de hierro Aratirí.
Carol Aviaga, dirigente del Partido Nacional y referente en Lavalleja de los colectivos en defensa del medio ambiente, dijo a El País que las papeletas para la recolección de firmas ya están prontas, incluso señaló que mañana comenzará a repartir 20.000 en Lavalleja. Dijo que se trabajará con las organizaciones en cada departamento para que la iniciativa recolecte firmas en todo el país.
Sebastián Ríos, referente de la comisión «Por La Vida y el Agua» de Tacuarembó dijo a El País que no todas las organizaciones sociales que se oponen a a la minería a cielo abierto han tomado posición sobre el plebiscito. «Aún no ha sido discutido en la mayoría de las organizaciones departamentales. Suponemos que en cuestión de un mes el tema estará analizado y se buscará que la iniciativa logre el mayor respaldo posible para conformar una dirección nacional, hacer un lanzamiento que tenga la difusión necesaria y así fortalecer la campaña de recolección de firmas», dijo.
Los promotores deben presentar 250.000 firmas seis meses antes de las elecciones nacionales, es decir, abril. Ríos dijo que si no se llega, la campaña se mantendrá durante el próximo gobierno. «Tener la campaña activa permitirá generar dudas y demorar cualquier proyecto en curso», explicó.
El 2 de junio de 2011 fue el propio presidente José Mujica quien lanzó la idea de promover un referéndum consultivo sobre la instalación de Aratirí, la minera que pretende extraer 18 millones de toneladas anuales de hierro e impactará directa e indirectamente en unas 4.300 hectáreas y cinco departamentos con un mineroducto hasta Rocha.
«La magnitud de los recursos nos obliga a una discusión abierta. No creo que por ser gobierno podamos laudar el destino de semejante riqueza sin tratar de incluir en esas decisiones todas las variables posibles. Por desgracia, el Uruguay institucionalmente no tiene la figura que existe en muchos países, el plebiscito consultivo, donde el gobierno le hace preguntas a la nación, y a partir de la respuesta toma las decisiones», dijo en aquel momento el presidente. Semanas después se informó que Presidencia trabajaba en un texto para permitir la realización de referéndum consultivos, pero nunca más se habló del tema.
Marcha.
La Asamblea Ambiental Permanente en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales (que está integrada por más de 45 organizaciones sociales de todo el país) realizó ayer su 5ª marcha con el foco en el rechazo a la minera Aratirí, la regasificadora y el puerto de aguas profundas. La movilización, que congregó a miles de personas, se realizó por la Avenida 18 de Julio desde el Obelisco hasta la Plaza Independencia, donde se leyó una proclama. De la marcha -que fue convocada por varios sindicatos como ADES, Afutu, Adeom y la FEUU- participaron personas de todas las edades y provenientes de varios departamentos. Una importante cantidad de manifestantes se trasladaban a caballo. También se vieron pancartas con consignas ambientalistas y con críticas al presidente José Mujica.
La proclama rechazó el proyecto de la minera Aratirí en la zona de Valentines, la regasificadora en Puntas de Sayago y el puerto de aguas profunda de Rocha. «El camino que se nos propone no aumenta el desarrollo sino la dependencia, y nos devuelve a la colonia», indicaron en la proclama. También se denunciaron presiones sobre la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para que apruebe los proyectos».
Proyectos en la mira ambiental
El proyecto de la minera Aratirí se desarrollará en los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres. El emprendimiento, que pertenece al consorcio indio Zamin Ferrous, planea invertir US$ 3.000 millones para extraer 18 millones de toneladas anuales de hierro destinadas a la exportación. Semanas atrás, el Parlamento aprobó la ley de megaminería, un elemento clave para que el emprendimiento de Aratirí pueda prosperar. De acuerdo con una encuesta realizada en julio de 2012 por la consultora Cifra, el 61% de la población de todo el país apoya el proyecto minero, y el 81% considera que la exportación de mineral de hierro contribuirá al desarrollo.
El segundo emprendimiento polémico es el de la regasificadora que se prevé instalar en Puntas de Sayago. El contrato que firmó el gobierno con Gas Sayago (controlada por UTE y Ancap), cuenta con el aval del Poder Ejecutivo a la firma GDF-Suez para que pueda obtener el financiamiento de US$ 1.125 millones. El emprendimiento comenzaría a desarrollarse en 2015 e implica la construcción de una terminal marítima que tendría una unidad flotante de almacenamiento y regasificación, y un muelle con escollera de 1,5 kilómetros.
El tercer proyecto cuestionado y que también fue mencionado en la movilización de ayer, es del puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha, más específicamente entre La Paloma y Cabo Polonio, zona cuyo frente marítimo comprende los balnearios Mar del Plata, El Palenque y San Francisco. La terminal portuaria es una pieza clave para el proyecto minero de Aratirí, que lo utilizará para la exportación del hierro extraído y que llegará a la zona por un mineroducto que cruzará varios departamentos. El presidente José Mujica ha definido el puerto de aguas profundas como un proyecto clave ante un «apagón logístico».
