Sábado 27 de diciembre de 2014 | Publicado en edición impresa
Editorial II
Por presión del presidente electo, Tabaré Vázquez, se aprobó una norma que pone en riesgo la libertad de opinión en el vecino país
Respondiendo a la fuerte presión del presidente electo, Tabaré Vázquez -que procura quedar de alguna manera alejado de la responsabilidad histórica que naturalmente asumen quienes son acusados de restringir la libertad de opinión y de prensa- el Congreso uruguayo sancionó la ley de medios impulsada por el Poder Ejecutivo.
Lo hizo en una actitud que, por cierto, no se condice con la recordada expresión del actual presidente oriental, José Mujica, en el sentido de que «la mejor ley de medios es la que no existe». Lo que demuestra que, para algunos, la distancia entre los dichos y los hechos es enorme. La sanción, cabe apuntar, se formalizó contra la opinión expresa de los partidos tradicionales de oposición y con los votos del oficialista Frente Amplio.
Desde la oposición recibió un aluvión de críticas pues se la cuestiona por inconstitucional, por afectar la libertad de expresión y por su contenido ideológico.
La norma crea nada menos que seis diferentes organismos de control a los medios, pero no incluye regular o restringir a internet, y fue calificada duramente por el senador colorado Pedro Bordaberry como un riesgo para la libertad de opinión.
También la cuestionó el senador del Partido Nacional, Sergio Abreu, como una afectación al estado de derecho, claramente violatoria de la Constitución uruguaya, precisamente por afectar la libertad de opinión. Agregó que, además, permitirá que, mediante interpretaciones regulatorias extensivas de normas redactadas, no por casualidad, de modo ambiguo, se le asigne alcances abusivos.
En rigor, para Abreu se instalan en su país tres tipos diferentes de mecanismos de censura: el que obviamente tendrá como actor al gobierno de turno; el que quedará, en cambio, en manos de la burocracia que se crea, y finalmente el de la llamada autocensura, que derivará de la existencia misma de la norma.
Procurando identificar su origen ideológico, el ex presidente Luis Alberto Lacalle calificó a la ley como formando parte del «camino bolivariano», que es el que impulsan algunos sectores minoritarios del Frente Amplio.
Como suele suceder, la norma nada dice acerca de una forma nueva y gravísima de monopolios: aquellos que conforman los enormes multi-medios que, siempre con los dineros de todos los contribuyentes, organizan sistemáticamente los gobiernos populistas con el propósito de manipular a la opinión pública, aplaudirse constante y desvergonzadamente a sí mismos, anular y disimular las críticas de la oposición o de la prensa libre y, peor aún, tratar de asegurar su propia impunidad por si resulta necesaria en el futuro en casos de corrupción.
Todo debido a la presión de Tabaré Vazquez, que reglamentará la ley y que, sin embargo, aparenta no tener parentesco alguno con el despropósito jurídico que se ha cometido..
Editorial II
Por presión del presidente electo, Tabaré Vázquez, se aprobó una norma que pone en riesgo la libertad de opinión en el vecino país
Respondiendo a la fuerte presión del presidente electo, Tabaré Vázquez -que procura quedar de alguna manera alejado de la responsabilidad histórica que naturalmente asumen quienes son acusados de restringir la libertad de opinión y de prensa- el Congreso uruguayo sancionó la ley de medios impulsada por el Poder Ejecutivo.
Lo hizo en una actitud que, por cierto, no se condice con la recordada expresión del actual presidente oriental, José Mujica, en el sentido de que «la mejor ley de medios es la que no existe». Lo que demuestra que, para algunos, la distancia entre los dichos y los hechos es enorme. La sanción, cabe apuntar, se formalizó contra la opinión expresa de los partidos tradicionales de oposición y con los votos del oficialista Frente Amplio.
Desde la oposición recibió un aluvión de críticas pues se la cuestiona por inconstitucional, por afectar la libertad de expresión y por su contenido ideológico.
La norma crea nada menos que seis diferentes organismos de control a los medios, pero no incluye regular o restringir a internet, y fue calificada duramente por el senador colorado Pedro Bordaberry como un riesgo para la libertad de opinión.
También la cuestionó el senador del Partido Nacional, Sergio Abreu, como una afectación al estado de derecho, claramente violatoria de la Constitución uruguaya, precisamente por afectar la libertad de opinión. Agregó que, además, permitirá que, mediante interpretaciones regulatorias extensivas de normas redactadas, no por casualidad, de modo ambiguo, se le asigne alcances abusivos.
En rigor, para Abreu se instalan en su país tres tipos diferentes de mecanismos de censura: el que obviamente tendrá como actor al gobierno de turno; el que quedará, en cambio, en manos de la burocracia que se crea, y finalmente el de la llamada autocensura, que derivará de la existencia misma de la norma.
Procurando identificar su origen ideológico, el ex presidente Luis Alberto Lacalle calificó a la ley como formando parte del «camino bolivariano», que es el que impulsan algunos sectores minoritarios del Frente Amplio.
Como suele suceder, la norma nada dice acerca de una forma nueva y gravísima de monopolios: aquellos que conforman los enormes multi-medios que, siempre con los dineros de todos los contribuyentes, organizan sistemáticamente los gobiernos populistas con el propósito de manipular a la opinión pública, aplaudirse constante y desvergonzadamente a sí mismos, anular y disimular las críticas de la oposición o de la prensa libre y, peor aún, tratar de asegurar su propia impunidad por si resulta necesaria en el futuro en casos de corrupción.
Todo debido a la presión de Tabaré Vazquez, que reglamentará la ley y que, sin embargo, aparenta no tener parentesco alguno con el despropósito jurídico que se ha cometido..
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