En medio de duras acusaciones entre el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados de Uruguay comenzó ayer a debatir la sanción a un proyecto de ley que elimina la amnistía a los militares de la dictadura y entiende que los delitos cometidos en esa época son considerados de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
“El Frente Amplio está decidido a llevarse por delante la voluntad popular y pisotear la decisión de la gente ”, dijo el diputado del Partido Nacional Javier García, en declaraciones al diario El País . Este aseguró que hoy “no estará en juego los derechos humanos ni la caducidad, sino el respeto a la decisión de la sociedad y a la democracia”.
“Aquí se protegieron los actos del terrorismo de Estado, s e impidió investigar, se dio la espalda a las víctimas.
Todo eso bajo el amparo de una ley aprobada por amenaza militar”, replicó el frenteamplista Luis Puig La Cámara Baja de 99 miembros –50 de los cuales pertenecen al gobernante Frente Amplio– inició ayer por la tarde un extenso debate que se especulaba tendría fin esta madrugada.
El Senado, donde el oficialismo también es mayoría, aprobó el martes la eliminación de la prescripción de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de facto, de 1973 a 1985. Si el proyecto se aprueba en Diputados, se eliminará la caducidad de esos delitos que debía regir a partir del 1° de noviembr e, de acuerdo con los plazos que fija el Código Penal. Esto podría abrir el paso a nuevos juicios contra militares retirados.
En los hechos, esta nueva ley eliminaría la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, sancionada en 1986. Según la oposición, la nueva ley sería un avasallamiento a la Constitución, ya que la amnistía fue ampliamente respaldada e n dos plebiscitos populares en 1989 y 2009 , este último durante las elecciones que llevaron a José Mujica a la presidencia.
Los militares anticiparon que presentarán una denuncia penal contra los ex tupamaros –movimiento guerrillero al que perteneció Mujica– presuntamente involucrados en secuestros y asesinatos que no fueron juzgados.
Con la eliminación de la prescripción, el Frente Amplio busca cumplir con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitó a Uruguay remover las trabas judiciales que impiden juzgar a los militares de la dictadura.
En mayo, el Frente Amplio había fracasado en su intento por eliminar la Ley de Caducidad –sancionada como contraparte de la amnistía a los tupamaros de 1985– al no obtener los votos suficientes en la Cámara de Diputados.
“El Frente Amplio está decidido a llevarse por delante la voluntad popular y pisotear la decisión de la gente ”, dijo el diputado del Partido Nacional Javier García, en declaraciones al diario El País . Este aseguró que hoy “no estará en juego los derechos humanos ni la caducidad, sino el respeto a la decisión de la sociedad y a la democracia”.
“Aquí se protegieron los actos del terrorismo de Estado, s e impidió investigar, se dio la espalda a las víctimas.
Todo eso bajo el amparo de una ley aprobada por amenaza militar”, replicó el frenteamplista Luis Puig La Cámara Baja de 99 miembros –50 de los cuales pertenecen al gobernante Frente Amplio– inició ayer por la tarde un extenso debate que se especulaba tendría fin esta madrugada.
El Senado, donde el oficialismo también es mayoría, aprobó el martes la eliminación de la prescripción de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de facto, de 1973 a 1985. Si el proyecto se aprueba en Diputados, se eliminará la caducidad de esos delitos que debía regir a partir del 1° de noviembr e, de acuerdo con los plazos que fija el Código Penal. Esto podría abrir el paso a nuevos juicios contra militares retirados.
En los hechos, esta nueva ley eliminaría la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, sancionada en 1986. Según la oposición, la nueva ley sería un avasallamiento a la Constitución, ya que la amnistía fue ampliamente respaldada e n dos plebiscitos populares en 1989 y 2009 , este último durante las elecciones que llevaron a José Mujica a la presidencia.
Los militares anticiparon que presentarán una denuncia penal contra los ex tupamaros –movimiento guerrillero al que perteneció Mujica– presuntamente involucrados en secuestros y asesinatos que no fueron juzgados.
Con la eliminación de la prescripción, el Frente Amplio busca cumplir con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitó a Uruguay remover las trabas judiciales que impiden juzgar a los militares de la dictadura.
En mayo, el Frente Amplio había fracasado en su intento por eliminar la Ley de Caducidad –sancionada como contraparte de la amnistía a los tupamaros de 1985– al no obtener los votos suficientes en la Cámara de Diputados.
