Por Augusto Costa *
La campaña de Macri abundó en promesas incumplidas; una de ellas era que bajar la inflación resultaba muy fácil y que lo iba a hacer en cuestión de semanas. Sin embargo, la realidad le dio la espalda. Durante los últimos meses se produjo una fenomenal escalada de precios que viene haciendo estragos en los bolsillos de la mayoría de los argentinos. En lugar de hacerse cargo de que este fenómeno es una consecuencia lógica de la política económica vigente, el macrismo viene instalando –con la complicidad de las corporaciones mediáticas– explicaciones insólitas para justificar su absoluta incapacidad de controlar la evolución de los precios.
Por un lado, se le atribuye a la “pesada herencia” kirchnerista el salto inflacionario que se produjo en el último bimestre del año pasado. El argumento que reproducen incansablemente los funcionarios y los diarios oficialistas Clarín y La Nación (junto con sus repetidoras de radio y televisión) es que el ex ministro de Economía Axel Kicillof le ordenó al Secretario de Comercio que antes de irse autorice aumentos generalizados de precios a los productores y comercializadores de bienes de consumo masivo como parte de un supuesto “plan bomba” para desestabilizar desde el inicio al gobierno de Macri. La estrategia habría incluido también dejar “tierra arrasada” en la Secretaría de Comercio mediante la destrucción y sustracción de documentos públicos, el robo de computadoras con información clave, la desprogramación de software informático e incluso la negativa a entregar a las nuevas autoridades las claves de acceso para los sistemas de administración del comercio exterior.
Es que de alguna manera el gobierno del PRO debe explicar por qué la inflación que venía desacelerándose rápidamente en 2014 y 2015 empezó a crecer vertiginosamente desde que Macri resultó electo. Por si quedan dudas, comparando eneronoviembre de 2014 con el mismo lapso de 2015, tanto los índices oficiales como los de las consultoras privadas y los de la oposición marcaban una desaceleración cercana a los 13 puntos. Para la Ciudad de Buenos Aires la inflación pasó de ser 33,6 por ciento en 2014 a 19,7 en 2015. Para el IPC Congreso de Patricia Bullrich bajó de 33,5 por ciento a 20,4 y según Elypsis la inflación había caído de 31,4 por ciento a 18,2. Todo esto, desde ya, antes de que asuma Macri y ponga en práctica su plan económico.
La idea de que fue el gobierno de Cristina el que “aceleró” la inflación antes de irse también se da de patadas con todo lo que venían sosteniendo el macrismo y las corporaciones mediáticas cuando eran oposición. En ese entonces, machacaban diariamente con que la Secretaría de Comercio no lograba controlar los precios ni poner límites a los abusos empresarios, al tiempo que cuestionaban todos y cada uno de los programas que desarrollaba el organismo por ser inútiles, intervencionistas o no tener ningún impacto positivo en la economía. Es decir, que el Estado a través de la administración de los precios y de programas como Precios Cuidados no podría nunca reducir la inflación.
Pero ahora resulta que el secretario de Comercio no sólo administraba los precios con una rigurosidad científica, sino que simplemente decretando una “zona liberada” podía generar una escalada inflacionaria. Peor aún, los descalabros económicos actuales, la pésima gestión del comercio exterior y la destrucción del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones no se deben al ajuste y la devaluación, a la inconsistencia de la política macrista o a la mala praxis o improvisación de sus funcionarios, sino a que faltaba un expediente y una computadora o a que la nueva gestión no contaba con un usuario y contraseña para administrar el comercio. Muy poco serio.
La realidad se encuentra bien lejos de estas operaciones políticas. No hubo que esperar a que Macri llegara a la presidencia para que la clara tendencia a la desaceleración de la inflación que venía observándose se revirtiera. La oleada de promesas de campaña del por entonces candidato generó un impacto directo en los precios a partir del mes de noviembre, proceso que luego se consolidó y potenció. Y esto no ocurrió porque el kirchnerismo de salida decretó una “zona liberada” para que los empresarios aumenten los precios, sino por el anuncio de una inminente “economía liberada” del macrismo, sin retenciones en la mayoría de los productos agropecuarios sensibles para la mesa de los argentinos, sin regulación del comercio interior y exterior y con un tipo de cambio 60 por ciento superior, tal como estamos viendo ahora.
Respecto a las otras acusaciones, es difícil no sorprenderse por lo infantil de algunos argumentos. Quienes alguna vez trabajaron en una oficina pública saben que se acumula una gran cantidad de papeles, desde presentaciones, carpetas y revistas hasta informes reservados de asesores. Y en cualquier lugar, cuando una gestión se acaba y deben liberarse los espacios, se tira lo que no sirve y se rompe lo que no es información oficial o necesaria para el desarrollo de las tareas. La existencia de una trituradora de papel o de una bolsa de residuos (evidencia fotográfica presentada por algunos medios como la prueba del delito) no equivale a destruir documentos públicos; de hecho estos elementos se encuentran en cualquier dependencia oficial. La maniobra es tan ridícula como decir que en el Gobierno de la Ciudad se alteran expedientes porque en una oficina se encontró una goma de borrar. Y parece un chiste que una gestión que se jacta de contar con el mejor equipo de los últimos 50 años no pueda administrar el comercio porque es incapaz de crear un usuario y una contraseña para un sistema informático, o de utilizar las claves que se les dejó como corresponde.
Digamos las cosas como son: la principal dificultad para cumplir con los objetivos que el macrismo dice tener pero que niega con sus acciones son sus políticas y sus propios funcionarios. Las actuales autoridades de la Secretaría de Comercio recibieron todos los elementos para poder desarrollar sus tareas: equipos técnicos profesionales; las normativas para evitar abusos y poner límites a los formadores de precios; programas de impulso al consumo y de defensa del consumidor muy instalados y valorados socialmente; sistemas informáticos para gestionar eficientemente el comercio y monitorear la evolución de las principales variables económicas (precios, producción, inversión, empleo, importaciones, etc.).
Pero en cuestión de semanas, el macrismo se dedicó a destruir todas las capacidades estatales acumuladas durante años para transformar a la Secretaría de Comercio en la Secretaría del Libre Comercio, eliminando o desvirtuando todas las herramientas que hasta el momento resultaban cruciales para el accionar del organismo. Y todo esto con el objetivo de congraciarse con las grandes corporaciones empresarias (o directamente como imposición de los capitales concentrados). Para peor, todo esto se dio en el marco del acoso laboral y despido de más de 200 trabajadores de la Secretaría, de dejar sin funciones a otros tantos, de amenazar con echar a buena parte de los empleados y de desarmar equipos de trabajo consolidados y con experiencia.
Así es como hoy casi no existe Precios Cuidados en todas sus variantes (supermercados, almacenes, motos, construcción) y el cumplimiento del acotado esquema vigente es bajísimo (reconocido por todos los consumidores y por las propias autoridades); los comercios privados se ven obligados a autogestionarse SUBEneficio ante la desidia de la secretaría; Ahora12 no tiene ningún tipo de control; no hay inspectores ni relevadores de precios en las calles; no hay personal que realice el seguimiento de precios ni ninguna norma que obligue a las empresas a informarlos; se frenó el programa de defensa del consumidor Consumo Protegido (que pasó de atender 1000 casos de abusos de empresas en 2014 a 50.000 en 2015), y se disolvió el área que monitoreaba el comercio exterior que tenía como fin la defensa de la industria nacional y el empleo.
A la luz de los hechos, queda claro que los verdaderos ñoquis de la Secretaría de Comercio no son los cientos de trabajadores capacitados y comprometidos que fueron echados ni los que planean cesantear en el futuro (muchos de los cuales ya comenzaron a recibir telegramas de despido), sino sus actuales autoridades, que intentan desligarse de cualquier tipo de responsabilidad en materia de gestión del comercio interior y exterior y esperan cómodamente en sus despachos a que los representantes de las corporaciones les digan lo que tienen que hacer mientras se dedican a hacer chistes tontos en Twitter.
La buena noticia es que los funcionarios macristas ya no tienen ningún problema con las claves de acceso a los sistemas de gestión del Estado que justifique no cumplir con sus tareas. El Ministerio de Modernización se encarga de la uniformidad de criterio para todos los organismos. Usuario: “Macri”; Contraseña: “Ajuste”. La mala noticia es que, de seguir así las cosas, al pueblo argentino le esperan momentos muy dramáticos.
* Ex secretario de Comercio.
La campaña de Macri abundó en promesas incumplidas; una de ellas era que bajar la inflación resultaba muy fácil y que lo iba a hacer en cuestión de semanas. Sin embargo, la realidad le dio la espalda. Durante los últimos meses se produjo una fenomenal escalada de precios que viene haciendo estragos en los bolsillos de la mayoría de los argentinos. En lugar de hacerse cargo de que este fenómeno es una consecuencia lógica de la política económica vigente, el macrismo viene instalando –con la complicidad de las corporaciones mediáticas– explicaciones insólitas para justificar su absoluta incapacidad de controlar la evolución de los precios.
Por un lado, se le atribuye a la “pesada herencia” kirchnerista el salto inflacionario que se produjo en el último bimestre del año pasado. El argumento que reproducen incansablemente los funcionarios y los diarios oficialistas Clarín y La Nación (junto con sus repetidoras de radio y televisión) es que el ex ministro de Economía Axel Kicillof le ordenó al Secretario de Comercio que antes de irse autorice aumentos generalizados de precios a los productores y comercializadores de bienes de consumo masivo como parte de un supuesto “plan bomba” para desestabilizar desde el inicio al gobierno de Macri. La estrategia habría incluido también dejar “tierra arrasada” en la Secretaría de Comercio mediante la destrucción y sustracción de documentos públicos, el robo de computadoras con información clave, la desprogramación de software informático e incluso la negativa a entregar a las nuevas autoridades las claves de acceso para los sistemas de administración del comercio exterior.
Es que de alguna manera el gobierno del PRO debe explicar por qué la inflación que venía desacelerándose rápidamente en 2014 y 2015 empezó a crecer vertiginosamente desde que Macri resultó electo. Por si quedan dudas, comparando eneronoviembre de 2014 con el mismo lapso de 2015, tanto los índices oficiales como los de las consultoras privadas y los de la oposición marcaban una desaceleración cercana a los 13 puntos. Para la Ciudad de Buenos Aires la inflación pasó de ser 33,6 por ciento en 2014 a 19,7 en 2015. Para el IPC Congreso de Patricia Bullrich bajó de 33,5 por ciento a 20,4 y según Elypsis la inflación había caído de 31,4 por ciento a 18,2. Todo esto, desde ya, antes de que asuma Macri y ponga en práctica su plan económico.
La idea de que fue el gobierno de Cristina el que “aceleró” la inflación antes de irse también se da de patadas con todo lo que venían sosteniendo el macrismo y las corporaciones mediáticas cuando eran oposición. En ese entonces, machacaban diariamente con que la Secretaría de Comercio no lograba controlar los precios ni poner límites a los abusos empresarios, al tiempo que cuestionaban todos y cada uno de los programas que desarrollaba el organismo por ser inútiles, intervencionistas o no tener ningún impacto positivo en la economía. Es decir, que el Estado a través de la administración de los precios y de programas como Precios Cuidados no podría nunca reducir la inflación.
Pero ahora resulta que el secretario de Comercio no sólo administraba los precios con una rigurosidad científica, sino que simplemente decretando una “zona liberada” podía generar una escalada inflacionaria. Peor aún, los descalabros económicos actuales, la pésima gestión del comercio exterior y la destrucción del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones no se deben al ajuste y la devaluación, a la inconsistencia de la política macrista o a la mala praxis o improvisación de sus funcionarios, sino a que faltaba un expediente y una computadora o a que la nueva gestión no contaba con un usuario y contraseña para administrar el comercio. Muy poco serio.
La realidad se encuentra bien lejos de estas operaciones políticas. No hubo que esperar a que Macri llegara a la presidencia para que la clara tendencia a la desaceleración de la inflación que venía observándose se revirtiera. La oleada de promesas de campaña del por entonces candidato generó un impacto directo en los precios a partir del mes de noviembre, proceso que luego se consolidó y potenció. Y esto no ocurrió porque el kirchnerismo de salida decretó una “zona liberada” para que los empresarios aumenten los precios, sino por el anuncio de una inminente “economía liberada” del macrismo, sin retenciones en la mayoría de los productos agropecuarios sensibles para la mesa de los argentinos, sin regulación del comercio interior y exterior y con un tipo de cambio 60 por ciento superior, tal como estamos viendo ahora.
Respecto a las otras acusaciones, es difícil no sorprenderse por lo infantil de algunos argumentos. Quienes alguna vez trabajaron en una oficina pública saben que se acumula una gran cantidad de papeles, desde presentaciones, carpetas y revistas hasta informes reservados de asesores. Y en cualquier lugar, cuando una gestión se acaba y deben liberarse los espacios, se tira lo que no sirve y se rompe lo que no es información oficial o necesaria para el desarrollo de las tareas. La existencia de una trituradora de papel o de una bolsa de residuos (evidencia fotográfica presentada por algunos medios como la prueba del delito) no equivale a destruir documentos públicos; de hecho estos elementos se encuentran en cualquier dependencia oficial. La maniobra es tan ridícula como decir que en el Gobierno de la Ciudad se alteran expedientes porque en una oficina se encontró una goma de borrar. Y parece un chiste que una gestión que se jacta de contar con el mejor equipo de los últimos 50 años no pueda administrar el comercio porque es incapaz de crear un usuario y una contraseña para un sistema informático, o de utilizar las claves que se les dejó como corresponde.
Digamos las cosas como son: la principal dificultad para cumplir con los objetivos que el macrismo dice tener pero que niega con sus acciones son sus políticas y sus propios funcionarios. Las actuales autoridades de la Secretaría de Comercio recibieron todos los elementos para poder desarrollar sus tareas: equipos técnicos profesionales; las normativas para evitar abusos y poner límites a los formadores de precios; programas de impulso al consumo y de defensa del consumidor muy instalados y valorados socialmente; sistemas informáticos para gestionar eficientemente el comercio y monitorear la evolución de las principales variables económicas (precios, producción, inversión, empleo, importaciones, etc.).
Pero en cuestión de semanas, el macrismo se dedicó a destruir todas las capacidades estatales acumuladas durante años para transformar a la Secretaría de Comercio en la Secretaría del Libre Comercio, eliminando o desvirtuando todas las herramientas que hasta el momento resultaban cruciales para el accionar del organismo. Y todo esto con el objetivo de congraciarse con las grandes corporaciones empresarias (o directamente como imposición de los capitales concentrados). Para peor, todo esto se dio en el marco del acoso laboral y despido de más de 200 trabajadores de la Secretaría, de dejar sin funciones a otros tantos, de amenazar con echar a buena parte de los empleados y de desarmar equipos de trabajo consolidados y con experiencia.
Así es como hoy casi no existe Precios Cuidados en todas sus variantes (supermercados, almacenes, motos, construcción) y el cumplimiento del acotado esquema vigente es bajísimo (reconocido por todos los consumidores y por las propias autoridades); los comercios privados se ven obligados a autogestionarse SUBEneficio ante la desidia de la secretaría; Ahora12 no tiene ningún tipo de control; no hay inspectores ni relevadores de precios en las calles; no hay personal que realice el seguimiento de precios ni ninguna norma que obligue a las empresas a informarlos; se frenó el programa de defensa del consumidor Consumo Protegido (que pasó de atender 1000 casos de abusos de empresas en 2014 a 50.000 en 2015), y se disolvió el área que monitoreaba el comercio exterior que tenía como fin la defensa de la industria nacional y el empleo.
A la luz de los hechos, queda claro que los verdaderos ñoquis de la Secretaría de Comercio no son los cientos de trabajadores capacitados y comprometidos que fueron echados ni los que planean cesantear en el futuro (muchos de los cuales ya comenzaron a recibir telegramas de despido), sino sus actuales autoridades, que intentan desligarse de cualquier tipo de responsabilidad en materia de gestión del comercio interior y exterior y esperan cómodamente en sus despachos a que los representantes de las corporaciones les digan lo que tienen que hacer mientras se dedican a hacer chistes tontos en Twitter.
La buena noticia es que los funcionarios macristas ya no tienen ningún problema con las claves de acceso a los sistemas de gestión del Estado que justifique no cumplir con sus tareas. El Ministerio de Modernización se encarga de la uniformidad de criterio para todos los organismos. Usuario: “Macri”; Contraseña: “Ajuste”. La mala noticia es que, de seguir así las cosas, al pueblo argentino le esperan momentos muy dramáticos.
* Ex secretario de Comercio.
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