La posibilidad de que se edifiquen viviendas sociales en el playón ferroviario de Caballito , tal como anunció el Gobierno nacional, volvió a despertar una vieja polémica en el barrio que fuera epicentro de los reclamos contra las torres de los últimos años.
Asociaciones vecinales reclaman que esos terrenos sean usados como espacio verde , e incluso que formen parte del Corredor Verde del Oeste , un viejo proyecto para armar un parque lineal desde Once hasta Liniers.
Tras el anuncio de la presidenta Cristina Kirchner, el Gobierno firmó el decreto N° 1.723, en el que establece que el polígono limitado por Donato Alvarez, Bacacay, pasaje Andrade, Avellaneda, Martín de Gainza, Rojas y Yerbal sea sumado a un plan para construir edificios en el marco del plan Pro. Cre.Ar. Además, informaron que llamarían a un concurso de proyectos para urbanizar la zona. El dinero que se obtenga por ese desarrollo inmobiliario se utilizaría para financiar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra anunciada en 2006 y que recién comenzó en julio.
Pero este anuncio no fue apoyado por los vecinos del barrio. Rodolfo Dillinger, presidente de SOS Caballito, aseguró: “ Desde 1994 pedimos que el 100% del terreno ferroviario se use para un parque público.
Nuestro barrio tiene una densidad de 28.000 habitantes por kilómetro cuadrado cuando la media de la Ciudad es de 15.000 hab/km2.
Además, tenemos 1,20 m2 de espacios verdes por persona, cuando la Organización Mundial de la Salud plantea que lo sustentable es tener 10 m2. La construcción no siempre implica progreso”.
En la misma línea se pronunció la organización Proto Comuna Caballito: “Nuestro barrio es una de las zonas con mas alto nivel de contaminación del aire, sonora y visual.
Se encuentra al borde del colapso cloacal y de provisión de agua, y con niveles de saturación en el transito y el transporte”, señaló su titular, Gustavo Desplats.
Si hay un tema sensible para la gente del barrio es justamente la construcción. Con un conflicto muchas veces politizado como marco, en junio de 2006 comenzaron a movilizarse porque, en pleno boom inmobiliario, veían que las torres avanzaban y, además de alterar la identidad de la zona, complicaban el abastecimiento de agua, luz y otros servicios públicos. Esa movida no sólo se contagió; también logró que el Gobierno porteño suspendiera provisoriamente en 2007 las construcciones en Caballito y otros barrios e introdujera más requisitos para las futuras obras. Luego, la Legislatura porteña terminó poniéndole un tope de altura a las edificaciones en más de 80 manzanas. Los vecinos, de hecho, también se opusieron a la construcción de un shopping en los terrenos ferroviarios, y en 2008 presentaron un petitorio con 12.000 firmas para que el playón del tren Sarmiento fuera convertido en un parque.
Otras organizaciones también se mostraron en contra del anuncio presidencial. Según la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos (APEVU), el proyecto del Gobierno nacional provocará que los terrenos ferroviarios “queden liberados para emprendimientos inmobiliarios, y tres o cuatro organismos nacionales con la colaboración de la Sociedad Central de Arquitectos se transformarán en el Gran Jurado Urbanizador, echando por la borda a la Constitución Nacional, la de la Ciudad de Buenos Aires y el Código de Planeamiento Urbano”. Esta última norma establece que el 65% de la superficie de los playones debe ser destinado a uso público .
Hay otro problema. El Plan Urbano Ambiental, aprobado por ley, establece la creación del Corredor Verde del Oeste, un parque lineal entre Once y Liniers, sobre los terrenos que se ganarán cuando sea soterrado el Sarmiento, lo que permitiría ganar más de 100.000 m2 de espacios verdes. “Si bien no hay una ley que determine si los playones deben formar parte del Corredor, sí lo estipuló de esa manera el dictamen del Consejo del Plan Urbano Ambiental. Los terrenos no deberían ser usados para construir viviendas”, aseguró Gerardo Gómez Coronado, Defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad.
Asociaciones vecinales reclaman que esos terrenos sean usados como espacio verde , e incluso que formen parte del Corredor Verde del Oeste , un viejo proyecto para armar un parque lineal desde Once hasta Liniers.
Tras el anuncio de la presidenta Cristina Kirchner, el Gobierno firmó el decreto N° 1.723, en el que establece que el polígono limitado por Donato Alvarez, Bacacay, pasaje Andrade, Avellaneda, Martín de Gainza, Rojas y Yerbal sea sumado a un plan para construir edificios en el marco del plan Pro. Cre.Ar. Además, informaron que llamarían a un concurso de proyectos para urbanizar la zona. El dinero que se obtenga por ese desarrollo inmobiliario se utilizaría para financiar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra anunciada en 2006 y que recién comenzó en julio.
Pero este anuncio no fue apoyado por los vecinos del barrio. Rodolfo Dillinger, presidente de SOS Caballito, aseguró: “ Desde 1994 pedimos que el 100% del terreno ferroviario se use para un parque público.
Nuestro barrio tiene una densidad de 28.000 habitantes por kilómetro cuadrado cuando la media de la Ciudad es de 15.000 hab/km2.
Además, tenemos 1,20 m2 de espacios verdes por persona, cuando la Organización Mundial de la Salud plantea que lo sustentable es tener 10 m2. La construcción no siempre implica progreso”.
En la misma línea se pronunció la organización Proto Comuna Caballito: “Nuestro barrio es una de las zonas con mas alto nivel de contaminación del aire, sonora y visual.
Se encuentra al borde del colapso cloacal y de provisión de agua, y con niveles de saturación en el transito y el transporte”, señaló su titular, Gustavo Desplats.
Si hay un tema sensible para la gente del barrio es justamente la construcción. Con un conflicto muchas veces politizado como marco, en junio de 2006 comenzaron a movilizarse porque, en pleno boom inmobiliario, veían que las torres avanzaban y, además de alterar la identidad de la zona, complicaban el abastecimiento de agua, luz y otros servicios públicos. Esa movida no sólo se contagió; también logró que el Gobierno porteño suspendiera provisoriamente en 2007 las construcciones en Caballito y otros barrios e introdujera más requisitos para las futuras obras. Luego, la Legislatura porteña terminó poniéndole un tope de altura a las edificaciones en más de 80 manzanas. Los vecinos, de hecho, también se opusieron a la construcción de un shopping en los terrenos ferroviarios, y en 2008 presentaron un petitorio con 12.000 firmas para que el playón del tren Sarmiento fuera convertido en un parque.
Otras organizaciones también se mostraron en contra del anuncio presidencial. Según la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos (APEVU), el proyecto del Gobierno nacional provocará que los terrenos ferroviarios “queden liberados para emprendimientos inmobiliarios, y tres o cuatro organismos nacionales con la colaboración de la Sociedad Central de Arquitectos se transformarán en el Gran Jurado Urbanizador, echando por la borda a la Constitución Nacional, la de la Ciudad de Buenos Aires y el Código de Planeamiento Urbano”. Esta última norma establece que el 65% de la superficie de los playones debe ser destinado a uso público .
Hay otro problema. El Plan Urbano Ambiental, aprobado por ley, establece la creación del Corredor Verde del Oeste, un parque lineal entre Once y Liniers, sobre los terrenos que se ganarán cuando sea soterrado el Sarmiento, lo que permitiría ganar más de 100.000 m2 de espacios verdes. “Si bien no hay una ley que determine si los playones deben formar parte del Corredor, sí lo estipuló de esa manera el dictamen del Consejo del Plan Urbano Ambiental. Los terrenos no deberían ser usados para construir viviendas”, aseguró Gerardo Gómez Coronado, Defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad.
