Cristina de Kirchner
El atardecer del lunes, Cristina de Kirchner abrió la quinta de Olivos a dos huéspedes inesperados: los militantes de la JP bonaerense que, un rato antes, en la jura de Daniel Scioli y Gabriel Mariotto, resultaron heridos durante un entrevero con la Policía.
La Presidente recogió, esa tarde, datos e impresiones sobre el incidente, notificó de su malestar al gobernador y pidió ver a los contusos que viajaron, de inmediato, desde el hospital San Martín hasta Olivos acompañados por su jefe político, José Ottavis. Para entonces, Scioli había ordenado al ministro de Seguridad Ricardo Casal cesantear a los efectivos involucrados. Más temprano, en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Horacio González, se registró entre el gobernador y su vice un entredicho.
Mariotto clausuró la charla con un portazo y se retiró, solo, a ver a los misteriosos militantas cuya identidad, como los múltiples nombres de Dios, se conoce pero no puede pronunciarse.
Scioli agotó las horas siguientes en ejecutar una coreografía maltrecha: derramó sobre un malón de Infantería la categórica culpa del episodio. Exculpó a los militantes de la JP y despegó, en una amnistía automática, a Hugo Matzkin, jefe de la Bonaerense, presente en el lugar.
Al rato de asumir su segundo mandato, el gobernador se topó con una muestra -una dosis pequeña, de prueba- de lo que planea el kirchnerismo ortodoxo: forzarlo a definiciones que, de otro modo, difícilmente tomaría.
En criollo: tres garrotazos empujaron a Scioli a «romper» su idilio con la Policía, pretensión que el Gobierno exterioriza hace tiempo y que Nilda Garré manifestó, sin eufemismos, días atrás. Carlos Ruckauf, apenas juró como gobernador, confesó en una velada nocturna en la playa que consideraba imposible resolver la inseguridad. Scioli cree que no es posible lograrlo sin el aporte de la Policía.
En el Gobierno K reina otro precepto: la Bonaerense es parte de la inseguridad; parte del problema.
De las visibles, ésa es la incompatibilidad suprema entre La Plata y Olivos. Inédito en décadas, el acuartelamiento policial de ayer (ver pág. 22) fue computado por el kirchnerismo extremo como una doble victoria: doblega al gobernador y fractura la sociedad que, presume, existe entre él y la Policía.
Bíblico en aquello de ofrecer la otra mejilla, Scioli desmalezó su gabinete de caciques y concentró el relato político en Alberto Pérez, fervoroso promotor del alineamiento con la Casa Rosada. En estas horas, Pérez fue un explícito censor de la intervención policial.
Mientras en La Plata Scioli lidiaba con el acuartelamiento, en el Congreso se producía otra minirrebelión: los diputados sindicales se negaron a respaldar un proyecto repudiado por UATRE, el gremio de los peones de campo que capitanea Gerónimo Venegas. El faltazo no alteró la numerología legislativa, pero exteriorizó el malestar gremial.
En agosto de 2010, el bloque opositor juntó las manos para aprobar el 82% en Diputados. La votación estaba cantada -fue 136 a 89-, por lo que Hugo Moyano sondeó a Néstor Kirchner para que exima a los legisladores gremiales de votar contra el proyecto que fue, durante años, un pedido cegetista.
Tras una negociación sigilosa, el camionero pidió a los diputados del sindicalismo que bajen al recinto y voten con el bloque del FpV. Ayer no ocurrió nada de eso: no hubo enlaces, ni posible acuerdo para anudar el respaldo de los legisladores gremiales. Moyano y Scioli son trofeos que Cristina quiere en su pared. Aplica, frente a ambos, la misma táctica pero el jefe de la CGT y el gobernador reaccionan de modos antagónicos: Moyano choca y desafía; Scioli concede y confía en que su obediencia tendrá, a largo plazo, su premio.
El sábado, la Presidente juró otra vez: arrancó su segundo Gobierno, el tercero de la era K, con 69 puntos de imagen positiva -14 de negativa-, 15 más que el 54% con que empezó su anterior gestión. Recuperó 49 puntos sobre julio de 2008, cuando tocó su piso: había caído al 20% de apoyo.
Esa Cristina con poder hiperconcentrado imagina respecto de Moyano -con quien ordenó desactivar todas las terminales- un solo desenlace: quebrar el frente sindical, aislar al camionero y diezmar un bloque -la «corporación sindical», según el relato K- con el que su marido eligió negociar antes que guerrear.
Juntos bajo la perdigonada K, Moyano y Scioli podrían sellar un acuerdo de reciprocidad. Es un deseo, silvestre, que se invoca en círculos del peronismo.
Pero el azar interviene de maneras milagrosas: ayer el gobernador devaluó de «casi» ministerio a simple subsecretaría la Agencia de Transporte y Logística que diseñó para contentar la voracidad de cargos del camionero.
Uno más uno…
El atardecer del lunes, Cristina de Kirchner abrió la quinta de Olivos a dos huéspedes inesperados: los militantes de la JP bonaerense que, un rato antes, en la jura de Daniel Scioli y Gabriel Mariotto, resultaron heridos durante un entrevero con la Policía.
La Presidente recogió, esa tarde, datos e impresiones sobre el incidente, notificó de su malestar al gobernador y pidió ver a los contusos que viajaron, de inmediato, desde el hospital San Martín hasta Olivos acompañados por su jefe político, José Ottavis. Para entonces, Scioli había ordenado al ministro de Seguridad Ricardo Casal cesantear a los efectivos involucrados. Más temprano, en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Horacio González, se registró entre el gobernador y su vice un entredicho.
Mariotto clausuró la charla con un portazo y se retiró, solo, a ver a los misteriosos militantas cuya identidad, como los múltiples nombres de Dios, se conoce pero no puede pronunciarse.
Scioli agotó las horas siguientes en ejecutar una coreografía maltrecha: derramó sobre un malón de Infantería la categórica culpa del episodio. Exculpó a los militantes de la JP y despegó, en una amnistía automática, a Hugo Matzkin, jefe de la Bonaerense, presente en el lugar.
Al rato de asumir su segundo mandato, el gobernador se topó con una muestra -una dosis pequeña, de prueba- de lo que planea el kirchnerismo ortodoxo: forzarlo a definiciones que, de otro modo, difícilmente tomaría.
En criollo: tres garrotazos empujaron a Scioli a «romper» su idilio con la Policía, pretensión que el Gobierno exterioriza hace tiempo y que Nilda Garré manifestó, sin eufemismos, días atrás. Carlos Ruckauf, apenas juró como gobernador, confesó en una velada nocturna en la playa que consideraba imposible resolver la inseguridad. Scioli cree que no es posible lograrlo sin el aporte de la Policía.
En el Gobierno K reina otro precepto: la Bonaerense es parte de la inseguridad; parte del problema.
De las visibles, ésa es la incompatibilidad suprema entre La Plata y Olivos. Inédito en décadas, el acuartelamiento policial de ayer (ver pág. 22) fue computado por el kirchnerismo extremo como una doble victoria: doblega al gobernador y fractura la sociedad que, presume, existe entre él y la Policía.
Bíblico en aquello de ofrecer la otra mejilla, Scioli desmalezó su gabinete de caciques y concentró el relato político en Alberto Pérez, fervoroso promotor del alineamiento con la Casa Rosada. En estas horas, Pérez fue un explícito censor de la intervención policial.
Mientras en La Plata Scioli lidiaba con el acuartelamiento, en el Congreso se producía otra minirrebelión: los diputados sindicales se negaron a respaldar un proyecto repudiado por UATRE, el gremio de los peones de campo que capitanea Gerónimo Venegas. El faltazo no alteró la numerología legislativa, pero exteriorizó el malestar gremial.
En agosto de 2010, el bloque opositor juntó las manos para aprobar el 82% en Diputados. La votación estaba cantada -fue 136 a 89-, por lo que Hugo Moyano sondeó a Néstor Kirchner para que exima a los legisladores gremiales de votar contra el proyecto que fue, durante años, un pedido cegetista.
Tras una negociación sigilosa, el camionero pidió a los diputados del sindicalismo que bajen al recinto y voten con el bloque del FpV. Ayer no ocurrió nada de eso: no hubo enlaces, ni posible acuerdo para anudar el respaldo de los legisladores gremiales. Moyano y Scioli son trofeos que Cristina quiere en su pared. Aplica, frente a ambos, la misma táctica pero el jefe de la CGT y el gobernador reaccionan de modos antagónicos: Moyano choca y desafía; Scioli concede y confía en que su obediencia tendrá, a largo plazo, su premio.
El sábado, la Presidente juró otra vez: arrancó su segundo Gobierno, el tercero de la era K, con 69 puntos de imagen positiva -14 de negativa-, 15 más que el 54% con que empezó su anterior gestión. Recuperó 49 puntos sobre julio de 2008, cuando tocó su piso: había caído al 20% de apoyo.
Esa Cristina con poder hiperconcentrado imagina respecto de Moyano -con quien ordenó desactivar todas las terminales- un solo desenlace: quebrar el frente sindical, aislar al camionero y diezmar un bloque -la «corporación sindical», según el relato K- con el que su marido eligió negociar antes que guerrear.
Juntos bajo la perdigonada K, Moyano y Scioli podrían sellar un acuerdo de reciprocidad. Es un deseo, silvestre, que se invoca en círculos del peronismo.
Pero el azar interviene de maneras milagrosas: ayer el gobernador devaluó de «casi» ministerio a simple subsecretaría la Agencia de Transporte y Logística que diseñó para contentar la voracidad de cargos del camionero.
Uno más uno…
