La ofensiva del gobierno por quedarse con una porción de YPF atraviesa un verdadero campo minado. Imposible avanzar sobre un porcentaje de la petrolera sin generar daño.
Antes de anunciar qué pasos dará en esta dirección, la disyuntiva de Cristina Fernández pasa por poner en la balanza los beneficios para el país de recuperar el manejo de la compañía contra los posibles juicios y castigos en términos de imagen de la comunidad económica y financiera internacional.
Un aspecto insoslayable en relación a YPF es que el 57% de las acciones están en manos de Repsol, por lo que antes que nada hay que acordar con esta compañía. Pero todo debería quedar enmarcado por la ley de protección bilateral de inversiones que Argentina y España firmaron hace 20 años.
Ese «paraguas», que procuraba proteger las fuertes inversiones españolas en la Argentina, estableció cómo debería proceder el Estado que decidiera nacionalizar o expropiar una empresa, en este caso de capital español. Allí se determinan dos variables vitales:
* Una medida de estas características (es decir nacionalización o expropiación) sólo deberá aplicarse «por causas de utilidad pública».
* La parte que adoptara alguna de estas medidas «pagará al inversor, sin demora justificada, una indemnización adecuada».
España intensificó su ofensiva diplomática en defensa de los intereses de Repsol-YPF en la Argentina, al tiempo que hizo un llamado a la Unión Europea y al Grupo de los 20 para que respalden la defensa de sus intereses en el país. De hecho, amenazó con tomar «represalias» contra la Argentina si avanza algún proyecto de reestatización de la petrolera.
El primero de los aspectos debe pasar necesariamente por el Congreso, que deberá aplicar el concepto de «utilidad pública» ya sea a YPF o al petróleo. No debería tener mayores inconvenientes, ya que cuenta con los votos propios y, eventualmente, con los del socialismo y al menos de parte del radicalismo.
Resulta, sin embargo, mucho más controvertido el aspecto de la indemnización, ya que difícilmente las partes se puedan poner de acuerdo. ¿Cuánto vale YPF? Según la venta de acciones que llevó adelante Repsol hace poco más de un año en Wall Street, la compañía tiene un valor superior a los 15.000 millones de dólares. En aquel momento, la colocación de acciones en Wall Street se hizo entre 38 y 40 dólares.
Sin embargo, ahora el papel vale u$s 23, equivalente a 9.000 millones de dólares. Por supuesto, el gobierno argentino hará referencia al precio actual de la petrolera, mientras que Antonio Brufau –el número uno de Repsol– querrá que se respete el valor que tenía la compañía antes de que comenzara la ofensiva oficial.
Las declaraciones de funcionarios españoles hablando de «hostilidad» por parte de la Argentina demuestran con claridad que no se tratará de un proceso precisamente sencillo. La probabilidad de llegar a un millonario juicio es alta, aunque para el gobierno resultaría mejor llegar a un acuerdo lo antes posible para evitar un daño aún mayor en términos de reputación.
Pero hay más. Como cerca del 15% de las acciones de YPF cotiza en Wall Street, habrá que justificar la ofensiva a los inversores que tienen esos papeles en Nueva York y en todo caso acercarle a ellos también una propuesta de compra.
Se abre la puerta no sólo a duras sanciones de las autoridades regulatorias en Estados Unidos, sino a nuevos juicios de «fondos buitre» que podrían ya estar comprando acciones pensando en futuras demandas.
Uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, el «New York Times» , se ocupó ayer de esta ofensiva del gobierno argentino sobre YPF, refiriéndose a ella como un «resurgimiento nacionalista».
Y aunque es probable que en la reunión que Barack Obama mantenga hoy con Cristina el tema no se toque específicamente, se observa con preocupación en Washington el mayor intervencionismo del gobierno en la economía: freno a importaciones, freno al giro de utilidades al exterior y ahora la posibilidad de apropiación de más de un 50% de YPF serían, desde el punto de vista norteamericano, parte de un mismo planteo por parte de la Casa Rosada.
Aún quedan aspectos difusos. Por ejemplo, de dónde saldría la plata para llevar adelante la expropiación de YPF o en el mejor de los casos la compra negociada de la compañía. Pero, a diferencia de lo que sucede con una transacción comercial tradicional, en este caso el gobierno podría primero quedarse con la empresa y luego pagarla, algo que podría llevar mucho tiempo.
Por eso, el tema de los recursos no es prioritario. Y en todo caso está la posibilidad de recibir adelantos del Central (es decir emisión monetaria pura) para pagar. Claro que con ese dinero habría que a su vez comprarle reservas al Central, ya que difícilmente los españoles acepten cobrar su tenencia en pesos.
Aún dentro del gobierno hay divisiones. Están los que acuerdan en avanzar al estilo «topadora», especialmente el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Esta línea de acción toma en cuenta el impacto positivo que la recuperación de YPF tendría sobre la opinión pública y en particular el impulso que podría darle a un gobierno que el año que viene plantearía la necesidad de una reforma constitucional.
Además, tiene en cuenta que la salida negociada con Repsol resultaría larga e inviable, al menos desde el punto de vista de la urgencia de las decisiones oficiales.
Del otro lado están el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que se mostraban más proclives a una negociación con la compañía para obligarla a invertir más y evitar un reparto de utilidades.
Todo indica que, como viene sucediendo últimamente con el gobierno de Cristina, la estrategia es redoblar la apuesta. Como le gusta decir a la militancia kirchnerista: «Vamos por todo».
Antes de anunciar qué pasos dará en esta dirección, la disyuntiva de Cristina Fernández pasa por poner en la balanza los beneficios para el país de recuperar el manejo de la compañía contra los posibles juicios y castigos en términos de imagen de la comunidad económica y financiera internacional.
Un aspecto insoslayable en relación a YPF es que el 57% de las acciones están en manos de Repsol, por lo que antes que nada hay que acordar con esta compañía. Pero todo debería quedar enmarcado por la ley de protección bilateral de inversiones que Argentina y España firmaron hace 20 años.
Ese «paraguas», que procuraba proteger las fuertes inversiones españolas en la Argentina, estableció cómo debería proceder el Estado que decidiera nacionalizar o expropiar una empresa, en este caso de capital español. Allí se determinan dos variables vitales:
* Una medida de estas características (es decir nacionalización o expropiación) sólo deberá aplicarse «por causas de utilidad pública».
* La parte que adoptara alguna de estas medidas «pagará al inversor, sin demora justificada, una indemnización adecuada».
España intensificó su ofensiva diplomática en defensa de los intereses de Repsol-YPF en la Argentina, al tiempo que hizo un llamado a la Unión Europea y al Grupo de los 20 para que respalden la defensa de sus intereses en el país. De hecho, amenazó con tomar «represalias» contra la Argentina si avanza algún proyecto de reestatización de la petrolera.
El primero de los aspectos debe pasar necesariamente por el Congreso, que deberá aplicar el concepto de «utilidad pública» ya sea a YPF o al petróleo. No debería tener mayores inconvenientes, ya que cuenta con los votos propios y, eventualmente, con los del socialismo y al menos de parte del radicalismo.
Resulta, sin embargo, mucho más controvertido el aspecto de la indemnización, ya que difícilmente las partes se puedan poner de acuerdo. ¿Cuánto vale YPF? Según la venta de acciones que llevó adelante Repsol hace poco más de un año en Wall Street, la compañía tiene un valor superior a los 15.000 millones de dólares. En aquel momento, la colocación de acciones en Wall Street se hizo entre 38 y 40 dólares.
Sin embargo, ahora el papel vale u$s 23, equivalente a 9.000 millones de dólares. Por supuesto, el gobierno argentino hará referencia al precio actual de la petrolera, mientras que Antonio Brufau –el número uno de Repsol– querrá que se respete el valor que tenía la compañía antes de que comenzara la ofensiva oficial.
Las declaraciones de funcionarios españoles hablando de «hostilidad» por parte de la Argentina demuestran con claridad que no se tratará de un proceso precisamente sencillo. La probabilidad de llegar a un millonario juicio es alta, aunque para el gobierno resultaría mejor llegar a un acuerdo lo antes posible para evitar un daño aún mayor en términos de reputación.
Pero hay más. Como cerca del 15% de las acciones de YPF cotiza en Wall Street, habrá que justificar la ofensiva a los inversores que tienen esos papeles en Nueva York y en todo caso acercarle a ellos también una propuesta de compra.
Se abre la puerta no sólo a duras sanciones de las autoridades regulatorias en Estados Unidos, sino a nuevos juicios de «fondos buitre» que podrían ya estar comprando acciones pensando en futuras demandas.
Uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, el «New York Times» , se ocupó ayer de esta ofensiva del gobierno argentino sobre YPF, refiriéndose a ella como un «resurgimiento nacionalista».
Y aunque es probable que en la reunión que Barack Obama mantenga hoy con Cristina el tema no se toque específicamente, se observa con preocupación en Washington el mayor intervencionismo del gobierno en la economía: freno a importaciones, freno al giro de utilidades al exterior y ahora la posibilidad de apropiación de más de un 50% de YPF serían, desde el punto de vista norteamericano, parte de un mismo planteo por parte de la Casa Rosada.
Aún quedan aspectos difusos. Por ejemplo, de dónde saldría la plata para llevar adelante la expropiación de YPF o en el mejor de los casos la compra negociada de la compañía. Pero, a diferencia de lo que sucede con una transacción comercial tradicional, en este caso el gobierno podría primero quedarse con la empresa y luego pagarla, algo que podría llevar mucho tiempo.
Por eso, el tema de los recursos no es prioritario. Y en todo caso está la posibilidad de recibir adelantos del Central (es decir emisión monetaria pura) para pagar. Claro que con ese dinero habría que a su vez comprarle reservas al Central, ya que difícilmente los españoles acepten cobrar su tenencia en pesos.
Aún dentro del gobierno hay divisiones. Están los que acuerdan en avanzar al estilo «topadora», especialmente el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Esta línea de acción toma en cuenta el impacto positivo que la recuperación de YPF tendría sobre la opinión pública y en particular el impulso que podría darle a un gobierno que el año que viene plantearía la necesidad de una reforma constitucional.
Además, tiene en cuenta que la salida negociada con Repsol resultaría larga e inviable, al menos desde el punto de vista de la urgencia de las decisiones oficiales.
Del otro lado están el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que se mostraban más proclives a una negociación con la compañía para obligarla a invertir más y evitar un reparto de utilidades.
Todo indica que, como viene sucediendo últimamente con el gobierno de Cristina, la estrategia es redoblar la apuesta. Como le gusta decir a la militancia kirchnerista: «Vamos por todo».
