Por Javier González Fraga
14/04/12 – 12:08
En los últimos meses ha cambiado radicalmente el clima prevaleciente en el mundo empresario. La euforia del triunfo electoral de Cristina no permitió al público general tomar nota de que algunas cosas estaban cambiando en la Argentina, ya a mediados del año pasado. Efectivamente, según fuentes privadas más confiables que el INDEC, el PBI habría terminado el año 2011 con un crecimiento apenas menor al 7%, lo que no es nada malo, pero sólo se explica si en la segunda mitad el crecimiento fue bastante menor, fundamentalmente como consecuencia de la brusca desaceleración de la industria brasileña en esos meses. Cabe recordar que la industria del vecino país, después de una rápida y vigora recuperación de la recesión del 2008/09, tuvo un crecimiento nulo a fines del 2011.
En el 1° trimestre de este año se ha mantenido la desaceleración de nuestra economía. Al impacto en la industria automotriz y en la metalmecánica que produce un menor crecimiento en Brasil, se le suma el efecto de la sequía, que ha generado una pérdida de volumen por menores rindes, del orden del 10-20%; para los productores de soja —y para su socio, el Gobierno—, esto no ha sido tan grave, porque el aumento del precio de la oleaginosa compensa esas pérdidas, pero no es igual para el resto de los productores, ni para los trabajadores indirectos, como fleteros, proveedores y labores.
Estos menores rindes, sumados a los costos crecientes, impactan también en la rentabilidad de los negocios agrícolas, y parecería que esta es muy baja e incluso negativa cuando hay que pagar alquileres de campos, una práctica hoy muy extendida. En el caso particular del trigo y del maíz, la distorsión en los mercados que ha producido la intervención estatal, genera quebrantos mayores. En concreto, hoy el sector agropecuario, carece del optimismo y disposición a invertir que lo caracterizó en campañas anteriores, y esto condiciona el crecimiento de todo el interior del país.
El consumo ya está sintiendo este impacto. La variación de las ventas minoristas, según CAME, medidas en volumen, dio en marzo una caída del 2 % frente al año pasado. Y la producción automotriz creció sólo 2,7% en el 1° trimestre. Está contribuyendo a este menor crecimiento del consumo, una mayor cautela de los bancos en el otorgamiento de créditos a familias, que había crecido a tasas del 40% durante el 2011.
Los aumentos en el gas y la electricidad, o la reducción de los subsidios, que tienen el mismo efecto, también ayudan a planchar el consumo. Aunque se haya limitado esta revisión de subsidios a los barrios de más altos ingresos, su impacto en el consumo es inevitable, y llega en el peor momento del ciclo económico. Tarde o temprano, también se revisarán los costos del transporte urbano del área metropolitana, que afecta a todas las clases sociales.
Resulta incomprensible que un gobierno, que se autoproclama progresista, esté dispuesto a ajustar el consumo de las familias de clase medias y bajas para poder pagar a los tenedores de bonos de la deuda pública. Lo más lógico sería aprovechar la alta liquidez de los mercados financieros internacionales, y emitir nueva deuda para hacer frente a los próximos vencimientos.
Pero el cambio de clima no obedece solamente a la coyuntura económica. El Gobierno está dando señales preocupantes a los empresarios. La mayor intervención en la actividad económica, a través de controles cambiarios, o controles de importaciones, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, están generando incertidumbre y preocupación con respecto a los futuros pasos de este Gobierno, especialmente si le toca enfrentar dificultades fiscales o en el sector externo. Hasta hace poco, entre los empresarios, prevalecía la idea de que las políticas del Gobierno, instrumentadas fundamentalmente desde la Secretaría de Comercio, “apretaban pero no ahorcaban”. Pero ahora los temores son distintos.
Han aumentado su influencia los funcionarios que añoran las propuestas setentistas, pretendiendo que el Gobierno influya en las decisiones de inversión de las empresas más grandes, limitando también su capacidad de girar dividendos al exterior, e inclusive el pago a proveedores y acreedores.
Las empresas más grandes tienen estructura para atender los reclamos burocráticos de Comercio, pero en el mundo de las Pymes la situación es mucho más preocupante, ya que carecen de esa estructura, y en muchos casos han paralizado la producción ante la falta de insumos críticos.
En el plano energético es donde se evidencian las mayores amenazas. Seguramente hay buenos argumentos para demostrar que las petroleras no han cumplido con sus compromisos de inversión. E inclusive, en el caso de YPF, hay elementos para demostrar que han liquidado activos productivos para generar ganancias y pagar dividendos. Pero se oculta que atrás de esa reticencia a invertir hay un sistema de precios controlados que desalienta la exploración y la explotación petrolera. Sobre todo, considerando lo que está ofreciendo Brasil en el mismo negocio, y lo que está dispuesto a pagar el Estado argentino por el petróleo y el gas importado.
A esta creciente vocación por interferir en los negocios privados, se le suma una tendencia al aislamiento internacional, sumando conflictos con numerosas naciones por diversas razones, que nuestra diplomacia no sabe o no puede evitar. Hoy la Argentina no atrae inversiones extranjeras, ni siquiera las especulativas que invaden a casi todas las economías emergentes del mundo.
Lo que se está en definitiva viendo es algo destacado varias veces en los últimos años en esta columna. El punto más flojo de la política económica oficial es su incapacidad de generar nuevas inversiones realmente productivas. Mientras el consumo crece, empujado por el gasto público y la demanda de Brasil y de China, es fácil seguir invirtiendo para satisfacer una mayor demanda. Pero cuando el consumo se enfría, sólo las expectativas de nuevos negocios favorables impulsan la decisión de invertir. Hoy estamos ante un empresariado por lo menos cauteloso, más dispuesto a proteger sus posiciones líquidas, que a arriesgarlas en un proyecto dudoso.
En este contexto, ni una soja de US$ 550 por tonelada puede despejar el horizonte de nuevas dificultades económicas y políticas.
14/04/12 – 12:08
En los últimos meses ha cambiado radicalmente el clima prevaleciente en el mundo empresario. La euforia del triunfo electoral de Cristina no permitió al público general tomar nota de que algunas cosas estaban cambiando en la Argentina, ya a mediados del año pasado. Efectivamente, según fuentes privadas más confiables que el INDEC, el PBI habría terminado el año 2011 con un crecimiento apenas menor al 7%, lo que no es nada malo, pero sólo se explica si en la segunda mitad el crecimiento fue bastante menor, fundamentalmente como consecuencia de la brusca desaceleración de la industria brasileña en esos meses. Cabe recordar que la industria del vecino país, después de una rápida y vigora recuperación de la recesión del 2008/09, tuvo un crecimiento nulo a fines del 2011.
En el 1° trimestre de este año se ha mantenido la desaceleración de nuestra economía. Al impacto en la industria automotriz y en la metalmecánica que produce un menor crecimiento en Brasil, se le suma el efecto de la sequía, que ha generado una pérdida de volumen por menores rindes, del orden del 10-20%; para los productores de soja —y para su socio, el Gobierno—, esto no ha sido tan grave, porque el aumento del precio de la oleaginosa compensa esas pérdidas, pero no es igual para el resto de los productores, ni para los trabajadores indirectos, como fleteros, proveedores y labores.
Estos menores rindes, sumados a los costos crecientes, impactan también en la rentabilidad de los negocios agrícolas, y parecería que esta es muy baja e incluso negativa cuando hay que pagar alquileres de campos, una práctica hoy muy extendida. En el caso particular del trigo y del maíz, la distorsión en los mercados que ha producido la intervención estatal, genera quebrantos mayores. En concreto, hoy el sector agropecuario, carece del optimismo y disposición a invertir que lo caracterizó en campañas anteriores, y esto condiciona el crecimiento de todo el interior del país.
El consumo ya está sintiendo este impacto. La variación de las ventas minoristas, según CAME, medidas en volumen, dio en marzo una caída del 2 % frente al año pasado. Y la producción automotriz creció sólo 2,7% en el 1° trimestre. Está contribuyendo a este menor crecimiento del consumo, una mayor cautela de los bancos en el otorgamiento de créditos a familias, que había crecido a tasas del 40% durante el 2011.
Los aumentos en el gas y la electricidad, o la reducción de los subsidios, que tienen el mismo efecto, también ayudan a planchar el consumo. Aunque se haya limitado esta revisión de subsidios a los barrios de más altos ingresos, su impacto en el consumo es inevitable, y llega en el peor momento del ciclo económico. Tarde o temprano, también se revisarán los costos del transporte urbano del área metropolitana, que afecta a todas las clases sociales.
Resulta incomprensible que un gobierno, que se autoproclama progresista, esté dispuesto a ajustar el consumo de las familias de clase medias y bajas para poder pagar a los tenedores de bonos de la deuda pública. Lo más lógico sería aprovechar la alta liquidez de los mercados financieros internacionales, y emitir nueva deuda para hacer frente a los próximos vencimientos.
Pero el cambio de clima no obedece solamente a la coyuntura económica. El Gobierno está dando señales preocupantes a los empresarios. La mayor intervención en la actividad económica, a través de controles cambiarios, o controles de importaciones, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, están generando incertidumbre y preocupación con respecto a los futuros pasos de este Gobierno, especialmente si le toca enfrentar dificultades fiscales o en el sector externo. Hasta hace poco, entre los empresarios, prevalecía la idea de que las políticas del Gobierno, instrumentadas fundamentalmente desde la Secretaría de Comercio, “apretaban pero no ahorcaban”. Pero ahora los temores son distintos.
Han aumentado su influencia los funcionarios que añoran las propuestas setentistas, pretendiendo que el Gobierno influya en las decisiones de inversión de las empresas más grandes, limitando también su capacidad de girar dividendos al exterior, e inclusive el pago a proveedores y acreedores.
Las empresas más grandes tienen estructura para atender los reclamos burocráticos de Comercio, pero en el mundo de las Pymes la situación es mucho más preocupante, ya que carecen de esa estructura, y en muchos casos han paralizado la producción ante la falta de insumos críticos.
En el plano energético es donde se evidencian las mayores amenazas. Seguramente hay buenos argumentos para demostrar que las petroleras no han cumplido con sus compromisos de inversión. E inclusive, en el caso de YPF, hay elementos para demostrar que han liquidado activos productivos para generar ganancias y pagar dividendos. Pero se oculta que atrás de esa reticencia a invertir hay un sistema de precios controlados que desalienta la exploración y la explotación petrolera. Sobre todo, considerando lo que está ofreciendo Brasil en el mismo negocio, y lo que está dispuesto a pagar el Estado argentino por el petróleo y el gas importado.
A esta creciente vocación por interferir en los negocios privados, se le suma una tendencia al aislamiento internacional, sumando conflictos con numerosas naciones por diversas razones, que nuestra diplomacia no sabe o no puede evitar. Hoy la Argentina no atrae inversiones extranjeras, ni siquiera las especulativas que invaden a casi todas las economías emergentes del mundo.
Lo que se está en definitiva viendo es algo destacado varias veces en los últimos años en esta columna. El punto más flojo de la política económica oficial es su incapacidad de generar nuevas inversiones realmente productivas. Mientras el consumo crece, empujado por el gasto público y la demanda de Brasil y de China, es fácil seguir invirtiendo para satisfacer una mayor demanda. Pero cuando el consumo se enfría, sólo las expectativas de nuevos negocios favorables impulsan la decisión de invertir. Hoy estamos ante un empresariado por lo menos cauteloso, más dispuesto a proteger sus posiciones líquidas, que a arriesgarlas en un proyecto dudoso.
En este contexto, ni una soja de US$ 550 por tonelada puede despejar el horizonte de nuevas dificultades económicas y políticas.
