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La reforma del CD como la judicial fueron impulsadas en el convencimiento del gobierno de imponer su estrategia del “vamos por todo”, en desmedro de la creciente oposición política que había ganado las calles. Imposibilitado de revertir el signo de la movilización popular la dirección fue confrontarla en los espacios institucionales donde el oficialismo era -y aún es- mayoría, donde el debate nacional quedaba acotado a determinadas políticas -como es el caso de las antedichas reformas- y a la discusión de unos pocos. Si la concepción es el elitismo no es de extrañar que las aspiraciones de la sociedad en esta materia estén puestas en otro lado: en lugar de interpelar a la sociedad es apropiado primero comenzar por casa.
En cuanto al carácter dual de la representación política le cabe tanto a la oposición partidaria como al oficialismo, por una parte no nos olvidemos que el actual -y deplorado por casi todos- CP fue reformado por N. Kirchner al compás de las multitudes lideradas por Blumberg y que tiempo después el gobierno le adosara la ley antiterrorista y segundo queda manifiesta la contradicción de que previamente se reconoce que el gobierno no supo hacer la tarea de convencimiento de la sociedad, es decir: no supo “liderar a la gente”. Además de que para plasmar la “generosidad” del oficialismo de asignarle un rol a los partidos políticos en este tema no importara subvertir normas y procedimientos constitucionales, con esto la intención franca y la voluntad de consensuar quedaron opacadas.