Artepolítica

Una oportunidad

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Ya es noticia que el proyecto de reforma política, el cual incluía el voto electrónico, no se va a tratar este año y que, por lo tanto, no va a ser de aplicación en 2017. Para los que creíamos que el proyecto presentaba más problemas que soluciones resulta una noticia satisfactoria por lo que evita.

Pero, al mismo tiempo, deja un gusto amargo el hecho de haber perdido una oportunidad -de las que sabemos que no se dan ni todo el tiempo, ni todos los años- para discutir en profundidad una reforma política que sigue siendo necesaria. El país, la región y probablemente el mundo rediscuten la representación desde hace décadas: todos vemos fenómenos nuevos para los que se hace necesario tener nuevas herramientas. Y el sistema político necesita adaptarse. Si antes, mejor.

Una de las principales cuestiones que observamos en el frustrado proyecto de reforma política fue la falta de un diagnóstico claro. Parece una cuestión de forma pero es de fondo: si no hay diagnóstico, si no se establece claramente qué problemas del sistema político se quieren resolver, se hace más opaca una discusión que se presentó con la intención de -paradójicamente- transparentar.

Nuestro sistema político, como cualquier otro, tiene déficits. Incluso algunas de las propuestas que postulaba el proyecto oficial, y que quedaron supeditadas por el oficialismo a la suerte de la boleta con chip, representaban un avance respecto a la normativa actual. Por eso mismo, es que decimos que la ausencia de un diagnóstico fue decisiva a la hora de hacer caer la reforma planteada, reducida simplemente a la incorporación del voto electrónico (VE) como solución a un conjunto de problemas heterogéneos. Al mismo tiempo, el VE demostró en boca de numerosos especialistas sus serias deficiencias. Es decir: no sabemos cuáles problemas buscaba solucionar y a la vez era una herramienta deficitaria. El peor de los mundos.

En este caso, Cambiemos realizó algo que suele pagarse caro, que es romper su propia promesa. Cambiemos ganó, entre otras cosas, porque prometió diálogo, consenso y manejos tecnocráticos claros. En este tema en particular, el gobierno no cumplió con ninguna de sus tres promesas. El diagnóstico no fue nunca claro, ya que nunca quedó claramente establecido qué problema se buscaba solucionar: el voto electrónico apareció entonces como una solución elegida antes de tener el problema. El manejo no fue consensuado, sino que el gobierno se plantó en “boleta con chip o nada”, y las voces autorizadas de los expertos (tanto politólogos como tecnológicos) fueron desestimados sin ni siquiera buscar otros expertos. Las objeciones sobre los cortos tiempos, la dificultad de auditar y las fallas tecnológicas  simplemente se contrastaban con un “es lo que quiere la gente” o “lo pidió el presidente” o “el que está en contra valida a Cristina”.  Nunca se abrió un canal de negociación con el bloque peronista en el Senado. Demasiada imposición, sobre todo si no se tienen los votos.

Sin embargo, ello no nos debe desalentar en la búsqueda de perfeccionar nuestro sistema electoral, que impacta decididamente en nuestro sistema político en su conjunto, es decir en las formas e instituciones de representación.

Con la esperanza y la expectativa de que en marzo el Senado retome la discusión, estos son algunos de los puntos en los que nos parece que se puede enfocar una reforma destinada a adaptar el sistema político a los tiempos que se vienen, en caso de volver a enfrentar una oportunidad para discutir el tema:

– La vida interna de los partidos políticos sigue sin estar regulada y esa regulación necesita incluso muchos más consensos que los que se obtuvieron para el fallido proyecto que presentó el oficialismo. El objetivo de cualquier reforma debe ser fortalecer a los partidos y devolverles un lugar (si es que lo perdieron, si es que lo reclaman sin éxito) de centralidad respecto a la representación política de las demandas ciudadanas.

– Ordenar la oferta electoral es una necesidad para los partidos y para el elector. Eliminar colectoras y listas espejos es un avance, clarifica la oferta y contribuye a una necesaria rendición de cuentas de parte de los representantes con sus electores. Eso estaba incluido en el proyecto y no hay razón para no avanzar. Pero hay un trabajo de fondo que es necesario hacer en conjunto con los sistemas electorales provinciales: mejor avanzar de a poco y en conjunto sobre el ordenamiento de la oferta en todo el país, que querer llegar por arriba con una ley que no construyó los consensos básicos necesarios. Lo que está claro es que el problema de la multiplicidad de boletas no es solamente del sistema de emisión del voto sino que es más profundo y tiene que ver con la posibilidad de los actores de multiplicar las candidaturas sin pagar ningún costo.

– La paridad de género, más que necesaria, es una deuda de la democracia. Hay un proyecto con media sanción en la Cámara de Senadores que puede ser tratado en Diputados apenas comiencen las sesiones ordinarias de 2017 en marzo.

Cualquier proyecto de reforma política debería incluir la cuestión del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Aunque en los últimos años se produjeron avances sustantivos en la materia en lo que hace a la regulación normativa, aún subsisten distintos obstáculos que impiden la consecución de un sistema de financiamiento transparente y equitativo. ¿De qué manera se puede anular o al menos morigerar la influencia indebida de los grandes donantes? ¿No es necesario incrementar la presencia del Estado para asegurar una efectiva igualdad de oportunidades entre los candidatos/partidos? ¿Cómo se puede hacer para reducir la brecha existente entre las disposiciones legales y su nivel de cumplimiento? ¿No resulta prioritario, en tal sentido,  fortalecer las capacidades de los organismos de control?  Y por último, ¿de qué forma se puede lograr mayor coherencia y uniformidad en las normativas sobre el financiamiento político y electoral entre los niveles nacional y subnacional? Estas son solo algunas de las cuestiones vinculadas con la relación dinero-politica y cuyo abordaje resulta fundamental para mejorar la calidad de la representación política y de nuestra democracia.

– Que el proyecto oficial haya estado centrado en el sistema de emisión del sufragio sin ver el resto de los componentes de un sistema político no significa que la boleta de papel por partidos no pueda ser puesta en debate. Ese momento del sistema electoral tiene sus inconvenientes. Para poner un ejemplo: este estudio de CIPPEC sobre las elecciones de 2015 sostiene que el 99% de los electores encontró la boleta que buscaba. Al mismo tiempo, el 72% de los electores cree que es frecuente o muy frecuente que el robo de boletas exista. Para un sistema que – como dice Marcelo Escolar – está basado en “la administración de la desconfianza” es irrelevante la cantidad de denuncias ante la Justicia Electoral o no. En ese sentido, discutir un sistema de emisión del sufragio que vaya hacia la Boleta única de papel puede ser un avance si se hace evaluando los pros y contras de cada sistema y sin poner en riesgo los cimientos básicos del proceso electoral, como efectivamente hacía el proyecto de voto electrónico, No olvidemos: autonomiza cada nivel electoral (nación, provincia municipio) pero a la vez fortalece la lógica de partido de candidato, ya que solo figura un nombre en la boleta y no la lista completa de candidatos a diputados, por caso. Como sabemos, todos los sistemas son frazadas cortas: cubren los pies, desprotegen la cabeza y viceversa.

– Cualquier reforma debe encararse construyendo consensos previos: con los partidos políticos, con las universidades, con las organizaciones no gubernamentales. Eso significa tiempo y flexibilidad suficiente para atender los intereses de todos los actores. Porque una reforma en el modo de emitir el sufragio es, al finde cuentas, una alteración del sistema político.

Sintetizando: una reforma política en serio tiene que diagnosticar los problemas del sistema político, consensuar con los actores las posibles herramientas para solucionarlos y ofrecer mecanismos para que la ciudadanía tenga más – y no menos – capacidad de control sobre su sistema electoral.

En estos días se perdió una oportunidad de comenzar una reforma así, pero no quiere decir que se haya perdido para siempre. Es un buen punto de arranque para darnos en la Argentina un debate sobre la representación política de las demandas ciudadanas. Que así sea.

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Dominación

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Este breve texto parte de una hipótesis. Once meses de gobierno de Mauricio Macri permiten aventurar que la coalición política que encabeza el Presidente no tiene en mente ser “un gobierno más”, en el marco del juego político conocido, sino forjar un nuevo tipo de dinámica que excluya del régimen político a ciertos programas y posiciones encarnados en ciertos hombres y mujeres.

Se trata de fundar una nueva (¿o es vieja?) “normalidad” donde exista una re-jerarquización en la que algunos sectores (o dirigentes) quedan habilitados para plantear determinadas cuestiones y otros dirigentes, que tienen otras agendas, quedan afuera. Se redefine a través de qué trayectorias político-sociales puede accederse a ciertas posiciones en el aparato del Estado y qué menú de opciones de política pública es posible aplicar. Idealmente, queda “habilitado” un “equipo corto” como el del primer Gabinete de Mauricio Macri, donde priman los varones de cierto rango de edad (más o menos entre 40 y 50) que viven en un puñado de barrios (todos del norte, todos de alto valor del metro cuadrado en dólares) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, preferiblemente, fueron al mismo colegio que el del Presidente. No al posgrado. No a la universidad. Al mismo colegio secundario. Por ahora, hay un sector de la oposición, de sindicatos y de organizaciones sociales que pueden participar de esta dinámica. Quizás más adelante ciertas políticas públicas ya implementadas funcionen como un corset, un cinturón de castidad, en el que una vez puesta la llave sea muy difícil plantear jugar a otra cosa. El acelerado endeudamiento y la política de “metas de inflación” son sólo dos ejemplos de ellas.

Siempre conviene volver a Weber. La dominación implica la probabilidad de encontrar obediencia a un conjunto de mandatos dentro de un orden, en este caso político. La dominación puede implicar, es deseable, disciplina: obediencia “pronta, simple y automática”. Pero lo que a Weber pareció preocuparle más es señalar que se trata de una construcción que requiere de legitimidad para sostenerse. Legitimidad que puede incluir, o no, consenso. El truco aquí es ver cómo hará Cambiemos para dotar de legitimidad su nueva idea de juego político.

En este esquema que se plantea, las nuevas  jerarquías y trayectorias sociales en política y nuevos (¿o son viejos?) temas implicarían, de ser efectivamente rutinizados, algo así como empezar a jugar al rugby en un lugar en el que -a no confundirse- no ya por doce, sino por cien años se jugó al fútbol. Por ejemplo: pasar de un sistema electoral donde los partidos políticos tienen mucho peso el día de las elecciones a uno donde “se baja el precio para que un partido chico pueda competir” (como lo dijo Mauricio Macri el otro día) es refundacional. Pasar de un sistema donde los jueces de la Corte Suprema se nombran en el Senado a otro donde se nombran por decreto es (hubiera sido) refundacional. Pasar a un sistema donde los sindicatos pasen a ser de representantes de los trabajadores contra los patrones a ser sus socios y cogarantes sería refundacional. Pasar de un país en el que todo el mundo protesta libremente, toma escuelas, hace huelgas y corta calles a un país en el que las personas que protestan mucho van presas, es refundacional. Pasar de un país en el que los trabajadores no permiten que nadie les diga que no pueden tener consumos de lujo a un país en el que los políticos les dicen a los trabajadores permanentemente que tienen demasiado y que no lo merecen, es refundacional. Pasar de un país en el que la educación superior es un derecho a un país en el que la mera existencia de universidades en funcionamiento debe ser justificada y explicada como si se tratara de un gasto de lujo, es refundacional. Pasar de un país en el que las políticas de memoria ubican a la última dictadura cívico-militar como un genocidio a un país en el que un funcionario por día debate el número de desaparecidos, es refundacional. Lograr un país en donde la identidad kirchnerista, que obtuvo el 30% del voto como piso desde 2005 hasta 2015, desaparezca por completo, sería también refundacional. Este es el espíritu refundacional de Cambiemos. Las refundaciones (o los intentos de ella) son, como el gobierno de Cambiemos, intentos de reescribir un país que se apoyan sobre el borramiento de otro país. Como las de la Generación del 80, la Revolución Argentina o la última dictadura militar. El actual gobierno aspira a ser un gobierno refundacional de derecha. Y como tal pretende, volviendo a Weber, modificar la dinámica de la dominación.

Cambiemos se acerca a su primer año en el gobierno. En esta etapa, se registran señales transparentes sobre su visión de la política y la dirección estratégica a la que apuntan, pero emergen también incógnitas respecto de su aplicación. Paradójicamente, una administración que alimenta la idea de ser portador de la eficiencia y la modernización estatal, ha tropezado en estos casi doce meses con diversos problemas de gestión. Está claro cuál es el rumbo general deseado, pero no siempre los medios elegidos han resultado efectivos. Ha atravesado “pequeñas” crisis: la fuga de los hermanos Lanatta, el retroceso en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema por decreto, las idas y vueltas con el tarifazo a los servicios públicos, la aplicación de políticas negadas durante la campaña electoral, el apoyo explícito  a Hillary Clinton en la elección de Estados Unidos. Pero de todas ha salido adelante sin mayores daños. Es cierto, la paciencia social suele ser amplia en el primer año de mandato de todo gobierno.

En ese contexto, el macrismo avanza en base a prueba y error, avanza buscando límites, pero avanza con mucha claridad, sobre todo a partir de las definiciones del Presidente, que es quien enuncia (con más claridad ideológica que sus propios ministros) un programa de derecha neta que hace reaccionar a los opositores de manera extrañada.

Por ejemplo, pese a todas todas las apuestas que circularon sobre inminentes renuncias o cambios en el gabinete luego de aquellas “crisis”, nada de ello ocurrió: no desplazaron a Patricia Bullrich, no se fue Juan José Aranguren a su casa, no cambiaron a Susana Malcorra. Pareciera ser que hay algo en el modo de construcción política (de la dominación), que no está respondiendo a los cánones que estamos acostumbrados. Ministros desprestigiados y habiendo cometidos gruesos errores, pueden seguir al frente de sus carteras. Hasta ahora, una Canciller que cometiera no uno, no dos, sino tres desaguisados seguidos debía dejar su puesto. ¿Por qué no lo hace? Puede ser que en este gobierno pese más la pertenencia a un pequeño círculo de confianza no sólo política sino también social que cualquier idea tecnocrática. Pareciera ser, insistimos, que algo cambió en el código.

Otro cambio de regla del fútbol al rugby. “Juntos todo es posible”. La aplicación de las generalidades al lenguaje político parece llenar la comunicación oficial. Mientras Cristina Kirchner dedicaba horas a las cadenas nacionales, para enviar mensajes políticos, pero también para explicar los motivos y los objetivos de una política pública determinada -todos ellos debatibles, opinables en democracia-, ese esfuerzo y producción están ausentes en el mensaje de Cambiemos. Ellos saben por qué lo hacen ¿La sociedad? Que acompañe. “Este es mejor sistema” dijo Mauricio Macri sobre el voto electrónico. Punto. Cambiemos tiene varios expertos en ciencia política que bien podrían aportar a la discusión desde el punto de vista de su partido. No lo hacen. ¿Porque no quieren o porque las leyes tienen que salir así, “porque lo pidió el presidente”?

Esta ausencia o debilidad argumentativa en el debate sobre el voto electrónico no constituye una excepción sino más bien un patrón de comportamiento que se dio en otras medidas, como en los tarifazos, los despidos en el sector público, o el veto presidencial a la ley anti-despidos. El gobierno promueve la idea de que reconoce los errores propios y que está dispuesto a corregir cuando se equivoca. Pero la lógica más bien parece la de avanzar lo máximo posible, y en todo caso, retroceder cuando la relación de fuerzas le resulta adversa.

Varios jugadores de la política de fútbol se han preguntado por qué avanza el oficialismo con el proyecto de voto electrónico justo en este momento, o por qué se decidió hacerlo sin buscar aliados claros, sin tener respuestas técnicas. Así como se han preguntado de manera extrañada cómo el presidente no reemplaza a la deslegitimada Susana Malcorra o a Juan José Aranguren. Bajo las reglas del fútbol un ministro deslegitimado es un ministro que representa un peso muerto en el gabinete. Sin embargo, bajo las otras reglas puede valorarse más la decisión de mantener un ministro aún en momento de crisis para “comunicar” decisión o para dejar más aún en claro que “lo pide el presidente”.

Inclusive hay desconcierto entre otros actores, por así decirlo extra políticos. Diarios y medios de comunicación se sorprenden de que el nuevo gobierno antes de inaugurar una nueva era de abundancia recortó la pauta publicitaria y condenó a la industria a nadar (los dos grandes) o hundirse. Pero, ¿no será tal vez que este gobierno prefiere activamente un campo mediático con menos jugadores? ¿Que la intención no es comunicar más sino, justamente, comunicar menos?

A veces da la sensación de que los demás jugadores del campo político, tanto peronistas como los mismos radicales aliados de Cambiemos, siguen jugando al fútbol.  Los aliados del radicalismo, ¿se dan cuenta de que la ley del voto electrónico va a volver mucho más prescindibles y por lo mismo “baratos” sus fiscales? ¿Se dan cuenta los sindicatos que no funciona el plan económico de Cambiemos sin -como lo han dicho los empresarios en todos los foros empresarios “reducir el costo laboral”-? ¿Se dan cuenta los movimientos sociales que no entran en el esquema de Cambiemos como “movimientos” sino apenas como gestores “clase B” no ya de “lo social” sino de “los pobres”?

Decíamos al principio que Cambiemos no quiere ser un gobierno más, sino que su intención es reinscribir la historia del país en clave refundacional. Se abre el interrogante de las posibilidades de éxito de este ambicioso proyecto. ¿Cuál es la base social con la que cuenta para su concreción? El estrecho margen electoral con el cual triunfó en las elecciones 2015, ¿constituyen una apoyatura sólida? ¿Macri fue elegido para llevar adelante, como él dice, un cambio no solo económico y político sino también cultural? Y por último, ¿en qué medida podrá asentarse un nuevo tipo de legitimidad si las transformaciones propuestas no son acompañadas por mejoras en el plano económico y social para las mayorías?

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Pensamientos poselectorales aleatorios

Por José Itzighsohn.

Al igual que la mayoría de mis amigos, estoy impresionado esta mañana por el resultado de las elecciones, temeroso sobre el futuro y preguntándome cómo explicar lo que ocurrió y qué podría significar una Presidencia de Trump. Entonces aquí van algunas reflexiones rápidas y aleatorias que reuní para tratar de darle sentido a las cosas.

1. La reacción blanca.

Parece claro que Trump ganó movilizando el resentimiento del electorado blanco. Los primeros números que he visto muestran que obtuvo una gran mayoría del voto blanco masculino, pero también obtuvo la mayoría del voto de las mujeres blancas. Algunas personas argumentan que esta es un voto de protesta de clase. Y que Trump se haya llevado el viejo “rustbelt” (ex Estados industriales) podría apoyar ese argumento. Pero el voto blanco a favor de Trump fue tan amplio que ha ido más allá del voto de los obreros manufactureros blancos y de las comunidades dejadas de lado por la globalización. Esto puede ser parte de la razón por la cual alguna gente votó a Trump, pero a mí me parece más una reacción a la Presidencia de Obama y al ascendente movimiento social de personas de color (Black Lives Matter o la oposición al oleoducto de Dakota). En la historia de Estados Unidos, cada avance de la gente de color, cada movilización de la gente de color se ha encontrado con una reacción racista blanca. Más aún, como Du Bois nos enseñó hace mucho, en este país (y en el capitalismo históricamente) clase y raza no han sido entidades separadas, la clase trabajadora siempre ha estado fracturada por la raza. La clase trabajadora blanca siempre ha elegido su identidad racial por sobre sus intereses de clase.

2. Los neoliberales demócratas.

Sin dudas que Hillary era una candidata con la suficiente calificación. Voté por ella y deseé que fuera nuestra próxima presidente. Pero también era una candidata muy débil. Era muy vulnerable a los ataques sobre sus correos electrónicos y las acciones de la Fundación Clinton y era percibida muy negativamente por el electorado. Sin dudas su imagen negativa era en parte el resultado del patriarcado y el sexismo (incidentalmente, han habido mujeres presidentes y primeras ministras en muchos países del mundo y sólo en este “faro de democracia” la perspectiva de una mujer presidente genera una oposición tan fuerte). Pero ella también era una candidata débil porque es parte del establishment y ha tenido lazos muy estrechos con Wall Street y las elites económicas. Clinton es el producto del Partido Demócrata que ella, Bill y sus aliados construyeron. Un partido neoliberal tecnocrático que ha abandonado a los trabajadores y los pobres. Un partido en el que ella reclamó la candidatura casi como un derecho natural. Con los números que vemos ahora -miércoles por la mañana- Clinton ganó el voto popular, pero obtuvo entre 1 y 2 millones de votos menos que Obama. Y perdió tantos estados que ganó Obama. Se habló mucho durante los últimos años sobre cómo las tendencias demográficas significaban una continuidad demócrata en la Presidencia. Pero demografía no es destino. Para ganar, tenés que mantener y movilizar a tus votantes y Clinton obviamente fracasó en esa tarea. Como muchos de mis amigos apoyé a Bernie Sanders y pensé que sería un mejor candidato. No sabemos qué hubiera pasado si Bernie hubiera sido el candidato (las encuestas sugieren que hubiera derrotado a Trump pero sabemos que las encuestas y los encuestadores estuvieron entre los grandes perdedores de la noche del martes). Los demócratas necesitan dejar ir al partido de Clinton. Estoy triste y lamento que Hillary no sea presidenta hoy, pero también tengo mucha esperanza de que los Clinton, todos ellos, se desvanezcan de la política nacional.

3. Deja-vu de 2000.

Hay un cierto deja-vu de 2000 en esta elección. Los votos que fueron a Jill Stein hubieran puesto Michigan y Wisconsin en la columna de Clinton (no así Pennsylvania ni Florida). Esta vez, el voto al tercer partido fue más complicado, porque Gary Johnson obtuvo más votos que Jill Stein. No sé si los votantes de Johnson usualmente votan al Partido Demócrata o al Republicano. Pero el voto a un tercer partido, sea al de Stein o Johnson puede haberle costado a Clinton la elección. De todos modos, nuevamente, eso marca las debilidades de la candidatura de Clinton y la incapacidad de los demócratas para mantener sus votantes.

4. El gigante dormido que despierta.

Antes de las elecciones se habló de que el voto latino iba a detener a Trump. Ese pudo haber sido el caso en Nevada. Pero los primeros datos que circularon en Internet sugieren que 30% del voto latino se inclinó por Trump. Dada la distribución geográfica del voto latino no creo que este voto a Trump tuviera impacto en los resultados fuera de Florida, pero ganar Florida fue una parte importante en el camino de Trump a la victoria. De cualquier modo, el punto importante es que el voto latino es muy heterogéneo (al igual que la población latina lo es). Y hay segmentos del electorado latino que por diferentes razones votaría al Partido Republicano, incluso por un candidato como Trump. Estos segmentos son una minoría,pero no una insignificante, y en cualquier evaluación de la demografía y las coaliciones políticas, este voto republicano latino requiere ser tomado en cuenta.

5. Instituciones arcaicas.

Esta es la segunda vez en 16 años que los demócratas ganan el voto popular y pierden el colegio electoral. Esto puede llevarlos a darse cuenta de que necesitamos deshacernos de él. Los republicanos, por supuesto lo defenderán porque generalmente los beneficia, pero si un gran partido realmente se convenciera de la necesidad de reformar el proceso electoral hay esperanza de que lentamente, con tiempo, las cosas puedan cambiar.

6. Encuestas y encuestadores.

Nate Silver podría ser el único no-votante de Trump que hoy está algo así como feliz (asumo que no votó por Trump). Fue fuertemente criticado por argumentar que los candidatos estaban prácticamente en un empate y en una situación volátil, mientras que otros encuestadores (y cientistas políticos) predijeron un fácil triunfo de Clinton. Silver fue así reivindicado, pero incluso él previó que Clinton ganaría. De la lectura de su sitio sólo había una encuesta seria que consistentemente tenía a Trump al frente (creo que era la de USC/Dornsife pero no estoy seguro). En cualquier caso, las encuestas y los encuestadores tuvieron grandes fallas durante todo el año (primero el Brexit, después el referendum colombiano y ahora las elecciones en Estados Unidos). Trump insistió en que las encuestas estaban erradas. No sé si fue una bravata o si veía algo que el resto de nosotros (y por ‘nosotros’ quiero decir mis amigos y yo) no. No sé si esperaba esta victoria o si lo tomó por sorpresa. Peor quizás sea tiempo de que dejemos de mirar las encuestas.

Hace cuatro años recuerdo la sorpresa de los estrategas republicanos cuando vieron a Obama ganar la reelección. Sinceramente pensaban que iban a ganar. “Nosotros” mirábamos las predicciones de Nate Silver y sabíamos que estaban errados. Pero fue una lectura completamente diferente de lo que estaba pasando lo que me llevó a pensar que la fenomenología de Shutz es relevante para analizar cómo entendemos nuestro mundo político. Esta vez ocurrió lo opuesto. Nosotros leíamos las columnas de Silver y pensábamos que íbamos a ganar y nos despertamos con una realidad que creo que ninguno de nosotros esperaba. Una vez más. No sé si Trump vio cosas que nosotros no vimos o si los resultados lo sorprendieron, pero mostró que una política que presenta una visión y apela al pueblo puede derrotar a las encuestas. En otras palabras, el populismo vence a las encuestas y los demócratas harían bien en aprender de esto al tiempo que tratan de organizarse para recuperar la presidencia, esperamos que más pronto que tarde.

7. Qué sigue.

¿Quién sabe? Pero nada bueno. Los republicanos controlan las dos Cámaras del Congreso y pronto solidificarán su control sobre la Corte Suprema. Y la representación republicana en el Congreso está llena de integrantes del Tea Party. Entonces podemos esperar una agenda política bastante reaccionaria. ¿Hará Trump algo por sus votantes de la clase trabajadora en términos de proteccionismo o desarrollo de la infraestructura? Necesitamos esperar y ver pero no lo creo. Podemos esperar el fin de los muy moderados esfuerzos de Obama por una reforma migratoria, una legislación anti-inmigración y la continuidad o expansión de las políticas de deportación de Obama. También podemos esperar un mayor crecimiento del estado de seguridad nacional y represión de la protesta política. Después de todo, Trump se definió a sí mismo como un candidato de “ley y orden”. Podemos esperar también ver un crecimiento del racismo y la violencia racial, luego de que Trump liberara el resentimiento racial blanco en la campaña. En relaciones internacionales, gerenciar el Imperio norteamericano, Hillary era un halcón pero uno predecible que mantendría el poder estadounidense dentro del statu quo global. Trump es una persona impredecible y vengativa al mando de los medios de destrucción más poderosos que haya visto la humanidad. Quién sabe, quizás será un aislacionista que dejará solo al mundo. De algún modo no lo creo. Creo que veremos un viaje global turbulento.

José Itzighsohn es sociólogo y profesor de la Universidad de Brown.

Debate Reforma Electoral en el Senado.

Se desarrolla un plenario de comisiones en el Senado de la Nación para debatir la Reforma Electoral.

En representación de tooooodoooo lo que estuvimos escribiendo aquí, expone nuestro compañero Tomás Aguerre, Senador Emérito de Artepolítica por Olavarría.

Sí, medio que nos tomamos en serio la cosita esta.

Miralo y escuchalo acá:

Algo más que márketing: implicancias reales de las “metas de inflación”

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(Nota del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, publicada originalmente aquí).

La semana pasada tuvo lugar un hecho económico de importancia central, que sin embargo, pasó prácticamente desapercibido. El lunes 26 de septiembre, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger anunció formalmente que a partir del año que viene Argentina adoptará un sistema de “Metas de Inflación” (de ahora en más, MI).

La Nota de Economía N°4 presenta los fundamentos centrales de este esquema. En MI, el objetivo principal y excluyente del BCRA es ubicar la tasa  de inflación en un nivel preestablecido por las autoridades. El mecanismo a través del cual se espera que esto suceda es mediante la administración de una tasa de interés de política. En otras palabras, si la tasa de inflación es alta, se espera que un aumento de la tasa de interés por parte del BCRA restrinja el nivel actividad económica llevando la inflación a su valor objetivo.

Antes de pasar a los anuncios de Sturzenegger, cabe destacar tres aspectos preliminares de la aplicación de MI. Primero, que bajo este régimen el resto de los objetivos que puede tener un banco central están supeditados a la baja de la inflación. Este no es un asunto menor, ya que el hecho de que las MI tengan como única prioridad el control de la inflación puede entrar en abierta contradicción con la Carta Orgánica del BCRA.

En efecto, el artículo 3 de dicha Ley establece un mandato múltiple para el BCRA, es decir que la autoridad monetaria “tiene por finalidad […] la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Las MI, por el contrario, ponen foco únicamente en solo uno de estos objetivos, la estabilidad de precios.

Segundo, las MI no surgen de una esquema “monetarista” en sentido estricto. No obstante, este enfoque continúa respondiendo a una concepción ortodoxa de la economía, ya que interpreta a la inflación como un fenómeno eminentemente monetario. En efecto, para las MI la política de ingresos, la administración del tipo de cambio o los mecanismos de formación de precios vinculados a la puja distributiva no cumplen ningún papel en el control de la inflación.

Tercero, no se debe dejar de lado que habitualmente las MI no vienen solas. Suelen tener como “requisitos” flexibilidad cambiaria y equilibrio fiscal. Ambos elementos están presentes (y bajo presión) en el caso argentino. Esto quiere decir que las MI no solo determinan la orientación de política del BCRA, sino que condicionan casi la totalidad de la política económica del gobierno.

LOS ANUNCIOS DE STURZENEGGER

Entre las precisiones que dio el presidente del BCRA, vale la pena discutir las siguientes:

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ANUNCIOS Y POLÍTICA

En el discurso de presentación de MI, Sturzenegger dejo en claro su posición respecto del rol de la política monetaria y el BCRA. Para él las MI van a mejorar la distribución del ingreso y acelerar el crecimiento.Estas afirmaciones no tienen fundamento, ya que no hay evidencia empírica significativa sobre los efectos distributivos de las MI.

Cómo se afirma en la NdE4 “al “enmudecer” el conflicto distributivo y enfatizar el rol del banco central en la dinámica inflacionaria, el SMI es propenso a favorecer el poder empresario y sesgar regresivamente la distribución del ingreso. No debería sorprender que quiénes defienden los SMI suelen enfatizar la necesidad de desregulación del mercado de trabajo”.

Tampoco es cierto, tal como afirmó Sturzenegger, que las MI refuercen el crecimiento. Algunos trabajos lo único que indican es que reduce la volatilidad del producto, pero no queda claro porqué esto traería aparejadas mejoras en términos de bienestar. Lo cierto es que los intentos de reducir la inflación a través de impulsos recesivos tienen efectos depresivos sobre el nivel de actividad, que a largo plazo reducen el potencial de crecimiento de la economía y su capacidad para crear empleo.

Lo que sí está documentado es que las MI pueden mantener baja la inflación una vez que esta ya fue estabilizada. Es decir, aparentemente las MI tienen cierta efectividad para encapsular la inflación baja, pero no necesariamente son efectivas para llevarla a ese punto. Esto es importante porque la desinflación, si ocurriese el año que viene, estaría vinculada más a la apreciación apuntalada por un fuerte endeudamiento externo que a la aplicación de MI en sí.

Respecto de la creación del CPM, llama la atención su composición poco aperturista, que se aleja del espíritu observado en otros países con MI. Al respecto, es de notar que a pesar de tratarse de un cambio fundamental en el marco institucional donde se desarrolla la política económica, a diferencia de otros países con MI, no se dio ningún tipo de participación al Congreso de la Nación ni sea creó instancia alguna de discusión democrática.

Aunque estos aspectos “instrumentales” puedan parecer menores, para las MI son clave, ya que son una manera de fortalecer la “credibilidad” de la autoridad monetaria. En los hechos, la búsqueda de credibilidad no es más que un eufemismo para lo que realmente pretenden los bancos centrales que aplican MI, que es construirse una reputación de institución con capacidad de daño en la economía, y de este modo inducir un disciplinamiento de precios toda vez que la inflación se aleja de sus objetivos.

Es claro que el control de la inflación no debe ser monopolio de la ortodoxia económica. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no es lo mismo tener un “Plan Antinflacionario”, tan necesario para la Argentina hoy en día, que “Metas de Inflación”. Lo primero es un programa de duración predeterminada orientado a alcanzar un objetivo específico, utilizando herramientas múltiples y apuntando a ocasionar los menores costos posibles en términos de actividad y empleo. Lo segundo es, como se vio, una regla de política integral que se aplica de modo extendido en el tiempo, de consecuencias distributivas potencialmente nocivas, y efectos impredecibles en términos de empleo. Es sobre todo el carácter permanente de las MI lo que hace que la discusión respecto de su implementación deba transcender la esfera del Poder Ejecutivo Nacional.

#NOSOTRASPARAMOS #NIUNAMENOS #VIVASNOSQUEREMOS

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Trump y Clinton se subieron al ring de la telepolítica

 

Por Por Leandro Morgenfeld

(@leandromorgen Docente UBA. Investigador Adjunto del CONICET. Autor de Vecinos en conflicto. Argentina y Estados Unidos en las conferencias panamericanas, de Relaciones peligrosas. Argentina y Estados Unidos y del blog www.vecinosenconflicto.blogspot.com)

 

 

 

Estados Unidos, la cuna del showbiz, logró hace medio siglo transformar también la política en un espectáculo. Desde el famoso primer debate televisado, el 26 de septiembre de 1960, en el cual el joven y carismático John F. Kennedy descolocaba a Richard Nixon –rehusó maquillarse, transpiró exageradamente, se mostró nervioso-, casi todos comprendieron que, para la telepolítica, a veces una imagen o un gesto valen más que mil palabras. Scioli lo padeció en carne propia, cuando el saldo de Argentina Debate fue el nada espontáneo beso que Juliana Awada le estampó al final a Macri, viralizado luego por el aceitado aparato de propaganda comandado por Durán Barba.

 

El lunes por la noche asistimos a una suerte de Super Bowl de la política estadounidense, promocionado como el debate presidencial con más audiencia de toda la historia –más de 80 millones de televidentes-, superando el récord de 1980, cuando el actor devenido en político, Ronald Reagan, superaba a James Carter, imposibilitando su reelección e inaugurando una ofensiva neoconservadora que se prolongó por más de una década.

La expectativa era mayúscula: el desafiante Donald Trump, magnate de la especulación inmobiliaria, cuya fama se multiplicó gracias al reality “El aprendiz” (aquel en el que iba despidiendo participantes con el latiguillo You are fired!) iba a enfrentar a la incombustible Hillary Clinton, última sobreviviente de uno de los dos clanes políticos que dominaron la escena política en Washington en la posguerra fría. Contra todos los pronósticos, la candidatura del republicano no sólo no se desplomó al ritmo de sus ya casi cotidianos exabruptos, sino que llegó al primer debate casi igualando a su rival en intención de voto, según revelan las encuestas, esa otra gran pasión estadounidense.

El reciente desvanecimiento de Hillary, durante los actos del 11 de septiembre, pusieron el tema de su salud nuevamente en primer plano. Donald insistió en que esta mujer no tenía el temple para ser presidenta, menos Comandante en Jefe de las tropas imperiales. ¿Aguantaría Hillary los 90 minutos de un combate a 6 rounds, con las punzantes chicanas con las que Trump fue demoliendo a cada uno de sus contendientes en la interna republicana? Sí, lo hizo. Y salió airosa. Si el empresario tuvo un comienzo auspicioso, que auguraba al menos una victoria por puntos, luego de los primeros 30 minutos perdió la iniciativa, y Hillary logró colar tres o cuatro comentarios irónicos de su estudiado guión. Estas estocadas pusieron nervioso a Trump, al punto tal que terminó levantándole el tono al moderador del debate, cuando lo contradijo en relación con su apoyo a la invasión a Irak en 2003.

 

Enumeremos algunas impresiones sobre la carrera electoral, luego del mojón que implicó este primer debate.

 

1. Hay que tener en cuenta ciertas características singulares del sistema electoral estadoundiense. En primer lugar, el voto no es obligatorio, por lo cual para la demócrata será clave saber cuántos de los espantados con Trump finalmente irán a votarla, siendo que ella también cosecha un altísimo índice de rechazo. 

2. No hay sólo dos candidatos, sino cuatro con cierta relevancia. Gary Johnson, del Partido Libertario, y Jill Stein, del Verde, suman más de 10% de intención de votos, según las encuestas, aunque el sistema bipartidista no les permite participar en los debates, por lo tanto habrá que ver cuántos de esos votantes terminan optando por un voto “útil” a Clinton, considerándola el mal menor.

3. La elección no es directa, sino a través del colegio electoral. No gana el que más votos populares obtenga, sino el que consiga al menos 270 de los 538 electores. Y, quien se impone en cada estado, se queda con el 100% de los representantes: no hay reparto proporcional. Entre 30 y 40 estados son electoralmente previsibles: son siemrpe rojos (republicanos) o azules (demócratas).a elección la definen los otros 10 a 12 swing states, o sea los oscilantes. Allí se concentrarán en las próximas seis semanas los actos proselitistas y los centenares de millones de dólares que aceitan la maquinaria de la plutocracia estadounidense.

4. Ambos candidatos pertenecen, con matices, a la familia neoliberal y, más allá de lo que digan en la campaña, no van a modificar los lineamientos fundamentales del llamado “gobierno permanente” de Estados Unidos. Sin embargo, ésta es una elección atípica desde el inicio, lo cual plantea prevenciones frente a los análisis tradicionales.

5. En al campo demócrata, pese al apoyo compacto que la ex primera dama recibió por parte de su partido y sus multimillonarios aportantes, Bernie Sanders –el único senador extrapartidario de la Cámara Alta- cosechó el 46% de los votos en las primarias, obligándola a modificar en parte de discurso. Hillary, a diferencia de lo que le ocurrió con Obama hace 8 años, esta vez salvó la ropa, pero tiene un problema: como encarna al establishment político de Washington, muchos jóvenes entusiasmados por la retórica socialista del senador de Vermont se muestran renuentes a movilizarse y hacer campaña en favor de quien es considerada una  representante del 1% que gobierna contra el otro 99%.

6. Existe un extendido hartazgo hacia el sistema político y económico norteamericano. El tema es cómo y quién lo canaliza. Trump trata de presentarse como un outsider para capturar el voto anti-política, traccionando a su favor el rechazo al establishment de Washington, tan bien retratado en la popular serie House of Cards. En el debate, Trump acusó a Clinton de ser parte de quienes gobiernan hace 30 años, responsables de la crisis de empleo que derrumbó el American dream. Más allá de sus comentarios misóginos, xenófobos y favorables a la libre portación de armas sin regulación estatal, que tanto nos indignan y que encuetran eco en un sector no menor de la sociedad estadounidense, lo cierto es que Trump promete la defensa de los puestos de trabajo en Estados Unidos (5 millones de empleos fabriles perdidos en últimos 15 años, por eso dice rechazar el NAFTA y el TPP). Sobre ese sensible tópico versó su intervención en los primeros minutos del debate, insistiendo en que no va bien la economía de Estados Unidos, como pretenden exhibir Obama y Clinton.  Los más de 45 millones de pobres que viven en la principal potencia del mundo parecen darle la razón, al menos en esta parte del diagnóstico.

7. Si uno se quedara sólo con el debate, no habría dudas de que Clinton debería ganar. Ahora bien, hay que confrontar las propuestas apenas moderadamente progresistas que exhibió ante Trump (más impuestos a los ricos, garantía estatal de ciertas prestaciones en salud y educación, respeto a las minorías, reivindicación de las mujeres, regulación de la portación de armas, tolerancia hacia los inmigrantes) con su larga trayectoria como senadora y Secretaria de Estado. Como recuerda en un reciente artículo John MacArthur, director de Harper’s Magazine, la biografía política de Hillary dista de ser progresista: votó la invasión a Irak en 2003 (a diferencia de Obama o Sanders), dio tres discursos por 225.000 dólares cada uno ante banqueros de Goldman Sachs, apoyó siempre los tratados de libre comercio (fue la que negoció la firma del Acuerdo Transpacífico –TPP-, aunque ahora diga que se opone), impulsó el bombardeo contra Libia, alentó inicialmente a los islamistas radicales en Siria, fue parte del Consejo de Administración de WallMart entre 1986 y 1992 –de fuerte historial antisindical-, junto a su marido, apoyó la desregulación de WallStreet en los noventa, y el giro del Partido Demócrata, que abandonó por aquellos años cualquier atisbo de defensa del estado benefactor. O sea, por más que, frente a Trump, Hillary aparezca como una cándida exponente de la socialdemocracia, en realidad es una fiel representante del llamado “gobierno permanente” de Estados Unidos, aunque para la campaña deba travestirse de progresista. 

8. A esas contradicciones de su rival apuntó reiteradas veces Trump en el debate: lindas tus palabras, Hillary, pero son sólo eso, palabras. También le recordó que los afroamericanos estaban cansados de ser cortejados, cada cuatro años, para luego ser abandonados sin más.

9. Ese es otro de los datos a tener en cuenta para analizar el pulso de las elecciones. Si en la campaña vernácula los candidatos le hablan a un “argentino medio”, y prima lo políticamente correcto, según el sentido común establecido, en el caso de la sociedad estadounidense, mucho más diversa y fragmentada, cada uno le habla a su base electoral. O a su teleaudiencia. Trump pretende algo que para muchos es imposible: ganar con el voto de los hombres blancos de la “América profunda”. Clinton, en cambio, quiere ampliar el apoyo que cosecha entre las mujeres y las minorías: afroamericanos, latinos, musulmanes, LGBT. Las campañas, los actos, los discursos, las apelaciones, son segmentadas. El problema que concitan estos debates es que son una de las pocas instancias en las que hay que hablarles a todos los “nichos” electorales al mismo tiempo.

10. En síntesis, no hubo knock out el lunes. Para la mayoría, ganó Hillary, o al menos superó la tan temida prueba de fuego. Pero los balances no son homogéneos. Trump se encargó personalmente, vía twitter y en las primeras horas del martes, de mostrar sus propias encuestas, que lo daban como triunfador. La campaña sigue. El martes 4 de octubre se producirá el único cruce entre los vices: Tim Kaine, ex gobernador de Virginia, de perfil similar al de su compañera de fórmula, y Mike Pence, el ultraconservador evangelista que eligió Trump para asegurar el apoyo de la base de su partido, que reniega de ciertas desviaciones liberales del magnate. Luego habrá un segundo combate entre los pesos pesados, Trump y Clinton, el 9 de octubre. Y, como no podía ser de otro modo, el round final se peleará en Las Vegas, diez días más tarde.

Alguien dijo alguna vez que en las elecciones de Estados Unidos debería votar el mundo entero. No eligen sólo a su presidente, sino a la cabeza del gendarme planetario, al conductor del imperio del capital. Eso explica, en parte, por qué la contienda Trump-Clinton concita tanta atención mundial. Y, con todo lo que los distingue, ambos candidatos son fieles exponentes de la clase dominante estadounidense. Hasta hace poco, además, no se llevaban tan mal. Trump, por ejemplo, aportó 100.000 dólares a la controvertida Fundación Clinton en 2009. Y Hillary y su marido se ubicaron en la primera fila cuando Donald se casó, hace una década, con su escultural esposa, Melania.

Por último, una pregunta recurrente: ¿qué le conviene a América Latina y a la Argentina? ¿Trump o Clinton? Ninguno de los dos. Ambos continuarán con la estrategia secular de mantener el dominio en su patio trasero, fomentando la fragmentación de los países latinoamericanos y manteniendo lo más lejos posible a las potencias extra hemisféricas. A diferencia de Sanders, muy crítico en este aspecto, ni Trump ni Clinton se propusieron modificar esos lineamientos históricos. El republicano podría generar un crecimiento del sentimiento anti-yanqui (como ocurrió con bush hijo) por su xenofobia y su estigmatización de la población hispana. El triunfo de Hillary implicaría una continuidad de las políticas interamericanas de Obama –por eso Macri y Malcorra la prefieren-, pero con una posición más dura respecto a los países no alineados. En síntesis, si con Obama hubo expectativas, luego frustradas, ahora ni eso. Analizando la oferta electoral, es difícil tener esperanzas frente a la contienda que se resolverá el 8 de noviembre.

 

¿Voto cantado?

Por Nicolás Tereschuk y Tomás Aguerre.

Una nota reciente de la revista Time en su sitio web nos da  información, con mapa interactivo incluido, sobre el cruce de dos variables: por un lado, qué sistema de votación usa cada condado de los Estados Unidos. Y por el otro, cuál fue el resultado de los últimos comicios presidenciales allí.

 

El resumen de la información no deja de ser sorprendente:

Otros 40 millones de votantes, más o menos el 30 por ciento, utilizará algún tipo de voto electrónico:

Ahora veamos la otra variable. Nos cuenta Time, dato que nos llama la atención por demás:

Sin hacer lecturas lineales sobre un tema tan complejo, sí debería quedar claro que los sistemas electorales pueden moldear más o menos las preferencias de los electores. Con el sistema actual hemos tenido presidentes y legisladores nacionales de distintos partidos y orientaciones políticas. ¿Podemos garantizar que si cambiamos de sistema esto va a seguir siendo así? ¿En qué medida? ¿Los legisladores de todos los partidos se tomaron el tiempo para evaluar esto? ¿O estamos haciendo el mayor cambio en el sistema de votación en un siglo de apuro?

El artículo de Time señala también una cuestión interesante y poco debatida hasta ahora en la Argentina: el voto electrónico no sólo puede ser un problema en términos concretos, por los riesgos y problemas que puede ocasionar, si no también por las percepciones más en general sobre el sistema político y electoral. Merle King, directora del Center for Elections Systems de la universidad de Kennesaw le dice a Time: “si sucediera algo, incluso en una pequeña escala, que comprometa la percepción de la gente sobre la legitimidad de la elección, eso sería lo peor que podría pasar, un suceso terrible”.

Un experto en seguridad informática que demostró hace poco durante una nota con la CNN de qué manera se puede multivotar con una sola boleta electrónica, al ser consultado sobre cuál es su peor temor sobre los riesgos del voto electrónico dijo: “que se ponga en cuestión el sistema”.

Otro especialista es consultado en esta entrevista y dice: “no hace falta provocar un incidente, alcanza con crear la sensación de que pudiste haber ingresado al sistema y eso sólo ya hace sentir a cualquiera menos seguro con la tecnología que usa para votar”.

Si el voto electrónico puede provocar potenciales sesgos sobre la participación, el resultado y la legitimidad de la propia elección, ¿alcanza con decir que en Brasil creció la participación por el sistema o es necesaria un poco más de evidencia para un tema fundamental que hace a la base de la democracia?

Brasil: cómo es eso que la votaron 54 millones y la destituyeron 61

por Leila Mucarsel. 16108788

Entre los países de América Latina, Brasil fue el que consiguió llegar más lejos en el proyecto original de industrialización y el que enfrentó las mayores desigualdades de la región; hasta hace muy poco, era considerado como el país que reunía las mejores condiciones para el salto en dirección al desarrollo.

No menos importante, lo hizo con un proceso de inclusión social nunca antes visto en la historia de ese país bajo la consigna: “un país rico es un país sin pobres”, y más de 30 millones de ciudadanos brasileros dejaron de serlo. Este proceso se vio interrumpido por una crisis política y económica que se coronó con el reciente juicio político a Dilma Rouseff.

Existe una voz fuerte en la región y el mundo que ha denunciado los motivos eminentemente políticos de este proceso. Para apoyar esta hipótesis, basta con escuchar las declaraciones de los senadores que la juzgaron. Como sabemos, lejos de ser este un problema institucional, se trató de un problema político: no fue el combate por la corrupción ni la defensa de la democracia lo que motivó al golpe de estado, sino por el contrario, el objetivo fue la perpetuación y la ampliación de poder de las elites. En ese marco, consideramos central indagar en torno a qué mecanismos institucionales fueron los que posibilitaron el avance de estos procesos que han sido calificados como destituyentes porque desoyen el voto de las mayorías pero algunos sectores defienden argumentando que se cumplió el “debido proceso” y los “procedimientos institucionales”. “Las instituciones brasileñas fueron testeadas hasta su límite, y funcionaron sin rupturas — el Legislativo y el Judicial utilizaron su poder moderador sobre el Ejecutivo”, afirman desde estos sectores.

La gravedad de lo sucedido debe llevar a preguntarnos qué características tiene la institución de impeachment en Brasil y el resto de los países de Latinoamérica. Otro tanto debemos hacer con las instituciones de manejo presupuestario, la responsabilidad fiscal y la articulación entre el Estado y la banca pública. Es hora de repensar estas instituciones y analizar en qué medida es funcional a proyectos conservadores, tarea pendiente de los gobiernos de la década pasada.

En la constitución de Brasil se prevé la posibilidad de juicio político, y en la “ley de impeachment” de 1955, se expresa que el mismo procederá cuando un acto de un funcionario amenace la vigencia de la constitución, tipificando una serie de actos que son llamados “crímenes de responsabilidad”.

La denuncia a Dilma no fue por corrupción como quieren hacerle creer a los pueblos sino que, como no pudieron culparla por ningún acto de corrupción, denunciaron que la ex presidenta había incurrido en uno de estos crímenes de responsabilidad. Desde que Dilma asumió por primera vez el poder en 2011, se habían producido aproximadamente treinta peticiones para destituir a la presidenta de Brasil, una de ellas salió adelante liderada por el apoyo del presidente del Congreso Eduardo Cunha. No es casual que esto haya procedido en paralelo con la decisión política de Dilma de avanzar con las investigaciones en torno al “Lava Jato” en el quedó fuertemente incriminado Cunha.

¿De qué se acusa a Dilma?

Las acusaciones son dos: 1) Ampliación del presupuesto público sin pasar por el Congreso: En su defensa, Dilma argumenta que estos decretos no ampliaron sino que solo redistribuyeron gastos. Los decretos de líneas de crédito adicional en nada violaban la Ley de Presupuesto, la Ley de Directrices Presupuestarias ni la Ley de Responsabilidad Fiscal. Fueron actos en plena conformidad con la autorización legislativa concedida al Ejecutivo.

2) Maniobras o “pedaleadas” fiscales: el Gobierno retrasó una transferencia al Banco de Brasil para el pago de un programa de crédito agrícola (Plan Safra). Debido al retraso, el banco les pagó a los agricultores con recursos propios. Aunque el Gobierno restituyera luego el dinero al banco, la práctica fue denunciada como una pedalada (un intento de maquillaje fiscal). Dilma alega que estas maniobras son, sencillamente, retrasos en los pagos, y no préstamos. “Desde la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Fiscal, nunca se había contemplado el entendimiento que los eventuales retrasos de pago en el suministro de los servicios realizados por los bancos públicos, en favor del gobierno federal, deben entenderse legalmente como “operaciones de crédito”. El Gobierno firmó decretos de crédito suplementario en 2015 sin la autorización del Congreso. El Gobierno ya había admitido que no conseguiría cumplir la meta fiscal de aquel año por lo que la acusación de que se hizo para cubrir el déficit se cae por sí sola.

Si observamos, no hubo, por lo tanto en este caso, ninguna conducta ilícita y grave capaz de formar un “atentado” a la Constitución configurando crimen de responsabilidad. En palabras de Dilma, “soy la primera presidenta en la historia en ser depuesta por un tema administrativo-presupuestario”.

Dos reflexiones para iniciar el debate

En primer lugar, Hamilton, en los papeles de El Federalista, argumentó a favor de un juicio político diseñado a partir del Poder Legislativo con exclusión del Poder Judicial. En cuanto a la causa de su puesta en acción, en los Estados Unidos se sostuvieron dos perspectivas que reflejaban la filosofía de dos pensadores británicos. Según la óptica de Lord Blackstone, el impeachment era un instrumento que sólo podía ponerse en funcionamiento ante la violación de una ley bien establecida. Edmund Burke sostenía, en cambio, que el impeachment debía incluir también los casos de abuso de autoridad y abuso de confianza de los funcionarios. En esta línea, cabe preguntarnos si optar por esta última perspectiva no tiene el riesgo de transformar el juicio político en un elemento de intervención entre poderes, tergiversando su rol como mecanismo de “control constitucional”.

Se trata de una de las pocas ocasiones en la que una función cuasi jurisdiccional es ejercida por un poder diferente al judicial, y por esa razón, se recurre al término “político” porque político es el órgano que lo lleva a cabo (…). Se sostiene al respecto que: “los instrumentos constitucionales para el control político del poder representan una garantía de libertad, y por lo mismo, no pueden estar sujetos a la aplicación discrecional, confidencial y circunstancial que supone la adopción de acuerdos entre los agentes políticos” (Acuña, 2012). Ahora bien, ¿es posible garantizar que esto no va a suceder? Lo ocurrido en Brasil –sumado a los antecedentes de Paraguay y Honduras- parece decirnos a gritos ¡No! Estamos obligados a pensar otros mecanismos de control constitucional más vinculado a la democracia participativa que a la representativa como plebiscitos, llamados a elecciones directas posteriores al juicio políticos son caminos que creemos vale la pena explorar.

En segundo término, es necesario repensar los instrumentos como las leyes de presupuesto, y responsabilidad fiscal, así como profundizar el debate acerca de la relación Estado-Bancos Públicos en nuestra región.En contextos caracterizados por la complejidad y el cambio constante, nuestros presidentes requieren de herramientas que les permitan accionar en la economía con rapidez. En este sentido nos preguntamos si instituciones que son hijas de un tiempo de primacía neoliberal no deben ser revisadas a la luz de la experiencia en la pasada década. No se trata de eliminar herramientas que tiendan a la transparencia y la rendición de cuentas, que son por el contrario cada día más necesarias para evitar procesos de corrupción, pero sí de perfeccionar estos mecanismos para dar cuenta de los nuevos contextos y necesidades.

Si entendemos la necesidad de “recursos de poder” (Fraschini, Tereschuk, 2015) por parte de los líderes latinoamericanos como factor clave a la hora de sostener la estabilidad y defender el bienestar de los pueblos, comprenderemos la importancia de revisar estos mecanismos institucionales a la luz de la experiencia reciente.

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Nueve meses para atrás

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En estos nueve meses de gobierno de Mauricio Macri se nos inscribieron algunas certezas, algunas intuiciones y algunas perspectivas a futuro referidas a cómo gobierna el Presidente, eje central en la dinámica política de un país como la Argentina.

Si intentáramos resumir estas ideas, podrían plantearse de esta forma:

Lo que sabemos:

  1. “¿Nueva derecha?”:  El gobierno de Mauricio Macri se compone y se mueve como un gobierno de derecha clásico en la Argentina. Lo “corto” de su rango de políticas públicas aceptables o aun pensables, el concepto que tiene del Estado y de la historia nacional y, simplificando, el acento en el habla de sus principales funcionarios -correspondiente a no más de tres barrios de la Ciudad de Buenos Aires- completa el resto del panorama. Tomando una idea de Guillermo O’Donnell de la década del 70, podría decirse que la clave para comprender esta realidad no está en si el PRO plantea un Estado más grande o más chico, sino que ese Estado -tenga el tamaño que tenga- buscará sostener, alentar y expresar los intereses de las grandes empresas -locales y extranjeras-. En la “salud” de esos sectores, se reflejará la “salud” del país. No hay novedad en esa derecha. No le demos vueltas, porque siempre encontraremos lo mismo..

2. Modelo económico de exclusión, políticas sociales que no compensan. En estos primeros nueve meses se observa que las principales medidas tomadas en el plano económico y productivo estuvieron destinadas y tuvieron como consecuencia incrementar los beneficios empresariales, especialmente los de sus fracciones más concentradas del capital agropecuario y financiero así como las grandes empresas que fabrican y venden productos de consumo masivo (desde La Serenísima, hasta las cadenas de supermercados). Es un gobierno de CEOs y para CEOs, que concibe que la función económica del Estado debe ser, centralmente, la de instaurar óptimas condiciones para promover la tan anunciada -y hasta ahora postergada- lluvia de inversiones. La prioridad es llenar el bolsillo de los poderosos, luego ellos se encargarán de “derramar” sus beneficios en ayuda social. ¿Les suena? Nada nuevo bajo el sol. En ese marco, son prácticamente inexistentes las políticas económicas que buscan ampliar al colectivo de “beneficiarios” y la política social destinada a los sectores más vulnerables resulta insuficiente, al ser incapaz de revertir las consecuencias nocivas de un modelo económico excluyente y con un claro signo regresivo en materia de distribución del ingreso.

3. No son republicanos, ni institucionalistas: Las oposiciones que se enfrentan y se enfrentaron a los gobiernos del “giro a la izquierda” registrado en Sudamérica en la primera década de este siglo, no han sido “portadoras de institucionalidad” en la mayoría de los países. Y el macrismo no es una excepción. En un país en el que las reglas no se aplican tal como lo marca la norma escrita, o la norma misma es permanentemente modificada, aquella oposición ahora en el gobierno es otra expresión de esa realidad. Repasemos: Jueces de la Corte a los que se intenta nombrar por decreto; DNUs varios para modificar leyes profundamente discutidas; temas “tabú” para los “viejos” partidos políticos como meter mano en los datos de la ANSES con fines electorales; el impulso al mayor cambio en la manera de votar en cien años; prisión por motivos políticos a la dirigente indígena Milagro Sala; el incremento de la autonomía de las Fuerzas Armadas a través de la derogación de un decreto de Raúl Alfonsín; la utilización de la ley conocida como “antiterrorista” para apresar a un twittero que hizo un chiste; un protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad que limita el derecho a la protesta dando prioridad al llamado “derecho a circular”; intervención sobre áreas en las que el Gobierno central históricamente respetó la autonomía garantizada por ley, como el Conicet. Ejemplos que no hablan de un gobierno con apego a las instituciones, sean estas cuales sean, y que desde una mirada estrictamente institucionalista podrían considerarse como mecanismos para “inclinar la cancha” a favor del oficialismo. Es decir, lejos de iniciar un camino a una institucionalidad previsible, seguimos en la misma lógica que este gobierno cuando era oposición criticaba de forma sistemática. Ni republicanos, ni institucionalistas.

4. En pocos meses generaron -por acción u omisión- retrocesos en cuestiones que algunos creían saldadas, como la política de derechos humanos: resulta ser que, al contrario de lo que muchos postulaban, los juicios sobre la dictadura sí tienen ateos; el “revisionismo” de un proyecto fuertemente ideológico ha llegado a querer discutir la política de Derechos Humanos, la política migratoria, la política de derechos del trabajo -entre otras- que se habían construido no en doce sino en treinta años. Hablamos aquí de las políticas sobre las que no hubo grandes polémicas durante la campaña electoral ni en años anteriores. Sin embargo, se trata no casualmente de tres temas que la derecha argentina ha cuestionado por décadas. En esto también el gobierno se parece mucho más a una derecha clásica que a una derecha moderna.

5. El Gobierno tiene problemas manejando su ala dura empresaria: El macrismo ha generado, en lo que va de su primer año, más éxitos en el terreno “político” que en el “económico”. En la Argentina del PRO han aportado más a la “gobernabilidad” el peronismo y los gremios -actores centrales de la oposición- que los empresarios -actores centrales del oficialismo-. Hasta hoy, y a contramano de una lectura simplista, vuelve a ser el peronismo en la oposición el garante de gobernabilidad, tanto en el Congreso como en el ámbito gremial tradicional. Esto genera una serie de problemas en la dinámica política del gobierno, porque una gestión en la Casa Rosada puede ser de derecha o de izquierda en la Argentina, pero ante todo, tiene que funcionar. Es decir, debe poder presentar una serie de resultados tangibles y con perspectivas de proveer rédito político. Debe hacer goles.

6. No hay “halcones” y “palomas”. Hay “alópatas” y “homeópatas”: En un gobierno que es “duro”, “intenso” y bastante homogéneo en lo ideológico, la disputa principal no es entre “halcones” y “palomas” o “políticos” y “técnicos”. En el contexto de un gobierno de derecha, hay un sector más vinculado a “cómo-se-hacen-las cosas-habitualmente” -más amigo de relacionarse de una cierta manera con los medios, la Justicia, los Gobernadores, los Intendentes, los Gremios, la Ley, los Usos y las Costumbres-. Sector este al que llamaremos “alópatas”, más amantes de la “medicina tradicional”. Y otro más vinculado a una cierta idea liviana de “innovación”, de “no escuchar al ‘círculo rojo’” -ni a nadie-, de “uso de las nuevas tecnologías” y ruptura de ciertos canales de flujo de información y bienes materiales. A este último lo llamaremos “homeópatas”. El nombramiento de jueces de la Corte por decreto, la forma y la intensidad del fallido aumento de tarifas, el uso juguetón de la tecnología, el denominado “timbreo”, el uso liviano de las palabras, forman parte de esta lógica, donde también entran la dinámica CEO y empresarial para abordar temas de Estado. En un gobierno ideológicamente intenso se trata de dos formas de aplicar la misma receta.

7. ¿Endeudamiento o ajuste? Una falsa dicotomía. El gobierno ha insistido públicamente en que su estrategia económica es el gradualismo. Según el diagnóstico oficial, el bajo nivel de endeudamiento heredado ofrece al país la posibilidad de salir a tomar deuda y con ello evitar severas políticas de ajuste (la “buena herencia” del kirchnerismo a decir de uno de los conspicuos lobbystas de la derecha argentina). En función de ello, en estos meses aumentaron significativamente los niveles de deuda no solo del Estado nacional sino también de muchas administraciones provinciales. Sin embargo, en paralelo, asistimos a una pronunciada caída del salario real (del orden de los 12 puntos, según CIFRA) junto con un aumento en los niveles de desempleo. La conclusión que se deriva de esta situación debe ser aleccionadora para el futuro inmediato: el endeudamiento viene acompañado con políticas de ajuste. Así lo atestigua nuestra propia historia. Ello explica también la voluntad del gobierno, cada vez más explícita y manifiesta, de reducir los costos salariales como forma de dar sustentabilidad a su modelo económico. Otra vez las huellas de la derecha tradicional marcan el camino a recorrer.  

8. Empeoraron todos los indicadores sociales, sea cual sea la línea de base que se tome: Todo lo que había que mejorar está peor, no nos vamos a extender en esto. Cuando aparezcan los “brotes verdes” sociales con respecto a 2015, en diciembre por ejemplo, charlamos.

9. El núcleo de su agenda es menos poder al trabajador: Los ojos inescrutables de los trabajadores que escuchan al Presidente detrás de él en la mayoría de sus presentaciones públicas no dejan de llamar la atención. Uno puede preguntarse para qué insistir con estas escenografías en donde trabajadores y trabajadoras, aparentemente incómodos, deben escuchar, mansos, que se hable mal de ellos, de sus actitudes, de regulaciones que los protegen. No es una imagen que transmita alegría o apoyo. Pero tal vez esa imagen es lo que se busca transmitir. Hoy por hoy esa es la relación de fuerza: un gobierno que avisa a los trabajadores cuál es el lugar “que les correponde”. La imagen dice más que mil políticas. Eso sí, no deja de sorprender que el presidente en ningún momento desde que asumió, al menos en relación con los laburantes, se pudo sacar la camiseta de empresario.

10. Chiquititas políticas: A la hora de dirigirse al conjunto de la sociedad, las políticas públicas del macrismo son chiquitas y lentas. Preciocistas, detallistas, pululan los “programitas”, pequeñas acciones donde hay muchos powerpoints y banners y consultoras y ONGs pero pocos efectos. Los medicamentos fuertes suelen tener efectos adversos pero también efectos positivos. Se ven muchas políticas públicas destinadas a los que no pueden esperar, a los que se aborda como si pudieran hacerlo. Cheques por e-mail, “ley de góndolas”, devolución del IVA por posnets, una página de Precios Claros en donde una persona puede confirmar que paga 10 pesos más por su manteca que en Formosa o averiguar que la leche en polvo más barata está en Córdoba, páginas web con información de cuántas empresas se crearon, leyes de “emprendorismo” en medio de una recesión: todo esto suena a que la conexión con las demandas sociales que el macrismo planteaba en la campaña electoral no parece estar en sus mejores niveles. El gobierno todos los días anuncia la realización de “cosas” cuyo impacto es mínimo. Este modo de hacer política genera dos situaciones: por una parte seguimos sin conocer por boca de quienes conducen el Estado cuál es el puerto hacia donde nos quieren llevar, en qué modelo de país estamos pensando (recordemos aquello de lo imperioso de las “políticas de Estado”). Segundo, queda por verse si de la acumulación de “cosas” resulta una política pública para mejorar la vida de las mayorías.

Opiniones:

  1. No tienen el “acceso privilegiado” que afirman tener a gobiernos ni inversores extranjeros. Sólo el normal en un gobierno de liberal de derecha. Las inversiones no llegan y es normal. Sus acciones son evaluadas y reevaluadas por los inversores que dicen fijarse en los gestos pero sobre todo se fijan en los números. Así es que se registraron más inversiones en los buenos años del kirchnerismo que en la totalidad de los años del menemismo. No es magia. Son ciclos. Sumado a ello, quienes invierten lo hace con años de antelación y miden sobre todo dos puntos: el conflicto social existente y el consumo probable. Dos elementos que hoy el macrismo le cuesta mantener ordenados.

2. No tienen una estrategia de inserción internacional. Imaginan un mundo unipolar y monocorde que ya no existe. Plantean una “vuelta al mundo” en un planeta hostil y cambiante, lleno de trampas por todos lados, en el que casi nadie tiene una hoja de ruta clara. Mal tiempo para ser ideológico en un mundo de pragmáticos.  Por ejemplo, al asumir el gobierno tomó una postura de confrontación con Rusia y China, la cual tuvo que revisar rápidamente. El gobierno argentino impulsa el libre comercio cuando el proteccionismo parece regresar al Zeitgeist político en EEUU y varios países europeos, inclusive Gran Bretaña. Su política hacia el Pacífico ya no está en la línea de las propuestas de los dos candidatos presidenciales estadounidenses: es casi seguro que el Trans Pacific Partnership no sea aprobado por el Congreso Norteamericano ni tampoco impulsado con demasiada fuerza por quien sea electo presidente.

3. Declamaciones abstractas: lucha contra el narcotráfico, pobreza cero y unir a los argentinos son la contracara del vacío de objetivos concretos y transparentes sobre las políticas públicas que se aplican. ¿Qué se está haciendo en función de esos tres ítems? Misterio…

4. Imagen de descontrol de las policías y los órganos de inteligencia: en pocos meses intrusaron la casa de la vicepresidenta; la oficina de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires; la casa de su ministro de Gobierno y uno de sus cuadros políticos más importantes, Federico Salvai; la casa de la ex presidenta de la Nación; la casa del ex ministro de Comercio; el diario Tiempo Argentino, etc. Hay incursiones “misteriosas” que nunca son explicadas con posterioridad y que están acompañadas, en general, por incrementos en la cantidad de secuestros en la Provincia.

Perspectivas:

  1. Políticamente, la principal esperanza del gobierno de cara al año próximo es la división de la oposición y el voto electrónico: dos, tres, muchos peronismos en la provincia de Buenos Aires. Dividir a “carpeteados”, “moderados” y “ultras”. Dividir y reinar, por un lado. El gobierno sabedor que lucha por ⅓ del padrón, intenta dividir esos ⅔ restante en múltiples opciones electorales (peronistas).  Por el otro, emprender la mayor reforma en la manera de votar en 100 años. Dividir el mayor municipio (peronista) del país. Estrategias esperables de un partido que gobierna por primera vez, pero que no quiere hacerlo por última. A medida que se agrave la crisis económica, la política se alineará como siempre lo hace. Desde allí el apuro en aprobar la “partición” de La Matanza y el voto electrónico a pesar de todas las debilidades que ha mostrado a nivel internacional dicho modo de elegir entre los candidatos.

2. La “importación” de agendas como el terrorismo y el narcotráfico organizado no responde a prioridades nacionales: conectarse a 200 kilómetros por hora con agencias estadounidenses como la CIA, la DEA, el FBI y el Departamento de Homeland Security; replicar desde la Cancillería los comunicados del Departamento de Estado sobre ensayos misilísticos en Corea del Norte y bombazos varios en Medio Oriente, así como denunciar que la droga que sale de aquí pasa por el “cuerno de África” para alimentar a grupos terroristas en Yemen, bueno… ¿qué tiene que ver eso con cualquier agenda de “políticas de Estado” que quieran tener la mayoría de los ciudadanos argentinos?

3. La crítica al pasado sirve para llegar. Para gobernar sirve la economía y un relato de futuro: sin logros tangibles en el terreno de los bolsillos familiares “el relato” del Gobierno será más escarpado. Si hasta puede llegar a serlo la amable mesa de Mirtha Legrand o la sonrisa buena onda de Buzzfeed. Si el objetivo de máxima en este terreno es “meter presa a CFK”, recordemos que el gobierno de la Alianza anterior hizo lo propio con Menem y meses después se aferró a la cola del helicóptero que partió de la Casa Rosada. La crítica al pasado te ayuda a llegar, desde allí que se agote a medida que pasan los meses y las respuestas en el plano económico no lleguen.

4. El kirchnerismo enfrentó a los medios concentrados y perdió. ¿Ellos se encaminan a “hacer perder” a los medios concentrados por apoyarlos?: Los medios nunca pierden. Sépanlo, compañeros del PRO. No olvidemos tampoco que siempre se corren a tiempo. Nunca caen con el gobierno de turno. Del menemismo lo hicieron unos años antes de la salida en el 99 y a De la Rúa lo acompañaron mucho más, aunque a mediados de diciembre de 2001 le dijeron “hasta acá llegamos Fernando”.

Doscientos setenta y tres días. Seis mil quinientas cincuenta y dos horas. Trescientos noventa y tres mil ciento veinte minutos. En nueve meses, esto es lo que hay.

 

 

¿Comprarse un problema?

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En este mapa publicado por el muy conocido sitio de tecnología Engadget hace unos pocos días puede verse la antigüedad de las máquinas utilizadas para votar en Estados Unidos.

Según vemos, sólo cinco Estados tienen todas sus máquinas compradas durante los últimos diez años. Otros seis Estados cuentan con una parte pequeña de sus máquinas de más de diez años de antigüedad. Lamentablemente, en 22 Estados, la mayoría de los aparatos tienen más de diez años de antigüedad. Y en nueve de ellos, todos los votantes emitirán su voto en máquinas con más de una década desde que fueron compradas.

El mapa del país más desarrollado de la Tierra nos ubica, una vez más, frente al problema que genera -y que debe ser evaluado por los legisladores- la incorporación de ciertas tecnologías en el proceso de votación. Uno de los problemas de la tecnología es el de la obsolescencia. Y de los costos que se requieren afrontar para correr la carrera, cuando uno la emprende.

Al parecer, entonces, Estados Unidos -nada menos- está teniendo problemas para correr esta carrera. El programa The Daily Show hizo un informe alertando sobre estos problemas:

¿De dónde surge la información?

En enero de 2014, la Presidential Commission on Election Administration (CPEA) formada por republicanos y demócratas lanzó el siguiente alerta: hay una crisis inminente por el uso de máquinas de votación compradas hace más de una década. Muchas jurisdicciones no tienen el dinero suficiente para comprar nuevas máquinas y los límites legales y de mercado prohíben el desarrollo de esas máquinas aún si tuvieran los fondos para comprarlas.

Dos años después, y tras entrevistar más de 100 especialistas, autoridades y expertos en tecnología, el Brennan Center publicó el informe “America´s voting machines at risk”.

Estas fueron las conclusiones:

– al contrario de las máquinas usadas en eras pasadas, los sistemas de hoy no fueron diseñados para durar décadas. En parte, esto se debe al cambio tecnológico. Nadie espera que una laptop dure 10 años. Y aunque las máquinas de hoy se empezaron a usar a principios de siglo, muchas fueron diseñadas y fabricadas en los años 90;

– aunque es imposible decir cuánto va a durar una máquina, expertos acuerdan que aquellas que se compraron en los 2000 tienen una vida útil de sus componentes de entre 10 y 20 años, y la mayoría de ellas más cercanas a los 10 que a los 20;

– la mayoría de las máquinas en uso están cerca o exceden esas estimaciones. Cuarenta y tres estados están usando máquinas que van a tener, al menos, 10 años en 2016;

– en 14 estados, las máquinas van a tener más de 15 años;

– casi todos los estados están usando algún tipo de máquina que no se fabrica más y muchos oficiales electorales tienen graves problemas para encontrar piezas de reparación, como se puede ver en este mapa (en rojo, estados que usan máquinas que dejaron de fabricarse):

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– mientras más se tarde en comprar nuevo equipamiento, hay más riesgos de que haya problemas;

– los riesgos más grandes son fallas en las máquinas y posibles caídas en el sistema, que puede redundar en atrasar el proceso electoral o en pérdida de votos;

– máquinas viejas pueden también presentar problemas de seguridad y fiabilidad inaceptables para la tecnología de hoy. Por ejemplo, Virginia sacó de circulación un sistema de voto electrónico usado en el 24% de sus distritos luego de encontrar una falla que permitía acceder a la máquina desde fuera para agregar votos o instalar un software distinto;

– problemas más pequeños también pueden sacudir la confianza públicas. Muchas autoridades electorales mencionaron cambios de votos en las pantallas, donde votantes tocaban un candidato y la máquina registraba otro;

– las autoridades que creen que necesitan nuevas máquinas no tienen suficientes recursos.

El estudio completo puede consultarse aquí.

Náufrago en tierra

1416829154_141682_1416829154_noticia_normalNota de Artepolítica: en momentos donde volvió a ponerse en cuestión la política migratoria del país, compartimos esta interesante crónica de Mariano Vázquez sobre Anatoli, un marinero que quedó varado en Mar del Plata tras la disolución de la URSS, sin poder quedarse en el país como legal y sin poder volver a Letonia, su país de origen.

 

Por Mariano Vázquez. 26 de julio de 2016.

Sin hablar una pizca de castellano, lejos de todo, hasta de un país que dejó de existir, Anatoli anduvo “al pique” por el puerto de Mar del Plata. No solo se había desmoronado la madre patria, en Argentina había ganado el neoliberalismo más salvaje.

Cuando en 1991 cayó la Unión Soviética, cientos de barcos con la bandera roja de la hoz y el martillo quedaron varados por el mundo. Con el derrumbe del modelo socialista también se vinieron abajo las empresas, sus quince repúblicas se independizaron y sus trabajadores quedaron sin nación ni cobijo. Esta es la historia de Anatoli Stankevich, que hace 25 años en el puerto de la ciudad balnearia argentina de Mar del Plata comenzaba, en la otra punta de su Letonia natal, su historia nuevamente.

El poeta napolitano Publio Papinio Estacio describió a la Via Appia como “la reina de las grandes calzadas romanas”. Y lo era. Unía Roma con Brindisi, el más grande puerto comercial con el Mediterráneo oriental y el Oriente Medio. En la zona portuaria de Mar del Plata, el centro balneario más importante de la Argentina, mi primo Gerardo Vázquez tiene un bar que justamente se llama “Via Appia”, donde los trabajadores de las dársenas y alrededores van cotidianamente. Entre ellos, sobresale un hombre bajito, robusto, de largos bigotes encanecidos, gastadas manos obreras, una mirada cristalina, portador de un acento que emparento con el ruso y que concluye cada frase con el latiguillo “y punki panki”.

Lleva una gorra del CSKA Moscú que le regalaron y una bufanda verde y amarilla por Aldosivi, el club de la ciudad que hoy orgullosamente milita en la Primera División del fútbol argentino. Las temperaturas en esta época son desoladoras pero él no va abrigado como el resto. Su piel del Báltico resiste. Y 2.300 años después la Via Appia, que articuló al Gran Imperio romano con el Este lejano, me trajo esta historia de algunos hijos de la ex Unión Soviética abandonados a su suerte en un confín de la América del Sur.

32 marineros quedaron varados en Mar del Plata cuando el 8 de diciembre de 1991 se firmó el Tratado Belavezha que determinó la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y sus quince integrantes declararon sus respectivas independencias. La empresa pesquera Nelson Gevorkovich Stepanyan (héroe de la aviación roja durante la Segunda Guerra Mundial), que regenteaba al buque Latan II, se declaró en quiebra y dejó a la deriva a sus trabajadores: 27 de ellos, de nacionalidad rusa, recibieron sus nuevos pasaportes de la Federación y retornaron. Los cincos restantes decidieron pelear por sus derechos y reclamar el pago de sus haberes. Para los que no eran rusos sus documentos eran inservibles. No podían volver, no había consulado dónde reclamar. Anatoli vivió los primeros tres años en el barco. Sobrevivía haciendo changas, vendiendo chatarra del Latan II, tratando de mantener a flote a ese artefacto soviético de 70 metros que se corroía día a día con la sal del mar.

Sin hablar una pizca de castellano, lejos de todo, hasta de un país que dejó de existir, Anatoli anduvo “al pique” por el puerto de Mar del Plata. No solo se había desmoronado la madre patria, en Argentina había ganado el neoliberalismo más salvaje: Carlos Menem privatizaba cuanto bien público había y las filas de desempleados se engrosaban. En ese contexto, un marinero sin patria, portador de una lengua extraña, se abría paso para sobrevivir. Y sobrevivió. Turno por turno, de domingo a domingo, consumía las horas buscando un trabajo con el yugo en la espalda de ser un extranjero de un país fenecido con un pasaporte que valía menos que el diario de ayer. Un ilegal.

Mi tío Tony tenía por esos tiempos un restaurante, “Garibaldi”, y les dio trabajo a algunos de estos marineros varados y sin rumbo. La historia de la familia paterna, republicanos anarquistas antifranquistas exiliados en la Argentina, sin dudas pesó en esa generosidad con estos hombres abandonados a su suerte. Le llamaban “judila”, jefe.

Anataoli llega a la Via Appia como a las 6 de la tarde. Se acoda en la barra y sin preguntarle le sirven un café chico y un chupito de vodka. Lo vi aparecer religiosamente al mismo horario al terminar su turno laboral. Le pregunté a mi primo por él. Me contó su historia y me consiguió una charla.

Le pregunto:

– ¿Cuándo llegó a la Argentina?

– Llegamos con el barco el 22 de agosto de 1990. Primero a Buenos Aires. Salíamos a pescar merluza y calamar durante unos 3 meses. Yo trabajaba de maquinista. Soy maquinista. Seguimos viaje. Durante un año trabajamos bien por la costa argentina. Después entramos a Bahía Blanca con la posibilidad de renovar contrato. Era el invierno de 1991. Hicimos dos viajes a alta mar para pescar. De ahí salimos a Mar Del Plata. En Escollera Sur nos llegó la noticia de la disolución de la Unión Soviética.

– ¿Cuántos personas trabajaban en el Latan II?

– 32 tripulantes. A los rusos el consulado les extendió un pasaporte para poder regresar. Cinco nos quedamos porque queríamos que la empresa nos liquide el tiempo trabajado. Éramos dos rusos, un ucraniano, un bielorruso y un letón, yo. Era como una pesadilla, no podíamos creerlo. Cuando llegamos vivimos en el Latar cerca de 3 años.

– ¿Por qué decidió quedarse en Argentina?

– Yo primero quería ganarle el juicio a la empresa y tal vez conseguir una visa de trabajo. En 1993 fui al Consulado ruso para poder regresar a Letonia y un burócrata me dijo “andá a tu consulado”, ¡pero en Argentina no había consulado de Letonia! Mi mamá es rusa, mi papa polaco, traté de hacer mis papeles, certificado de nacimiento, pasaporte, fui a Migraciones, nadie me solucionaba nada. Seguí trabajando donde podía, entre 1994 y 1995 en un barco ballenero, siempre ilegal porque no tenía quien me haga los papales. Soy maquinista. pero hice de todo para poder sobrevivir: armando barcos, vendiendo cosas del Latan, recogiendo pescado en lanchitas. De todo. En 2001 conseguí un contacto en Migraciones en Mar del Plata y me dieron por primera vez una residencia temporal de tres años. En 2004 voy a renovarla pero habían cambiado los funcionarios y los nuevos burócratas me pedían sello del consulado de Letonia. Y yo les dije: “¡Otra vez! ¡No hay consulado de Letonia en Argentina mierda! En 2005 logré nacionalizarme argentino y hasta hoy sigo trabajando en barcos, como tornero, como mecánico.

Le dijeron que ya no tenía patria. Que ya no podía volver. Un paria sin destino. Pero tozudamente Anatoli Stankevich se ganó su lugar en este rincón del globo. Tiene amigos. Tiene nueva nacionalidad. Tiene trabajo. Sus rutinas. Sus pasiones. Encontró el amor. Se enamoró de una filetera en los carnavales del 2000. Hace 16 años que vive feliz con esta mujer nacida en la mesopotamia argentina, en la provincia (departamento) de Formosa. Le pregunto:

– ¿Volverías a Letonia, a tu país, al que nunca regresaste?

– No volvería a Letonia, para qué, qué voy a hacer allá con 54 años, perdí la lengua, perdí todo. Yo di la vida por la Unión Soviética, por ese país y me trataron como la mierda. En Argentina me acomodé, ya estoy acostumbrado y punki panki…

A pesar de esto me pregunto si aún recitará poemas bálticos.

Apuntes sobre el proyecto de reforma política – Voto electrónico (2° parte)

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En el primer post hicimos algunas consideraciones generales sobre el proyecto de reforma política. En este segundo vamos a referirnos a un punto central del proyecto: la reforma del mecanismo de emisión del voto. Como dijimos anteriormente, la implementación de un sistema de sufragio electrónico pareciera ser la apuesta central del proyecto.

El primer comentario general que hay que reiterar es que el sistema actual, del cual se dice que disminuiría la genuina incertidumbre democrática, ha producido sin embargo presidentes peronistas, radicales y, ahora, un presidente macrista. El ritmo de la alternancia democrática argentina es mayor que el de países con sistemas de partidos “modernos” como Chile, que tuvo un sólo presidente no-concertacionista en 26 años. En Argentina, en el mismo lapso, fueron elegidos dos presidentes radicales y uno de Cambiemos. Para cargos legislativos la situación es más monocolor, pero aún así la representación de nuevos partidos se ha diversificado. Este sistema hizo ganar oficialismos y oposiciones.  

La mirada crítica sobre el sistema actual se apoya en algunos estudios como los realizados por CIPPEC que establecen algunas de las falencias que presenta el sistema de boleta múltiple partidaria. Las críticas al sistema de emisión del voto luego del episodio en los comicios provinciales de Tucumán ha sido durante las últimas elecciones (tanto presidenciales como legislativas) el “caballito de batalla” del actual gobierno nacional. Se ha repetido hasta el cansancio que la boleta partidaria de papel es la responsable de las “irregularidades” y los “fraudes” realizados durante las últimas décadas principalmente en dos modalidades: el robo de boletas por parte de las fuerzas mayoritarias a las minoritarias y el clientelismo mediante el mecanismo del “voto cadena”. Entre las críticas, cuenta también la que destaca el hecho de que quede a discreción de los partidos la decisión de distribuir las boletas sin garantizar la disponibilidad de todas las opciones electorales en cada una de las mesas de votación. El robo y/o destrucción de boletas y la necesidad de contar con fiscales para garantizar la oferta son otros dos argumentos de peso que complementan las críticas al sistema de emisión del voto. La boleta de papel depende para su administración y control de los fiscales reclutados por cada uno de los partidos.

Según esta mirada “las grandes asimetrías en la presencia territorial que hoy pueden tener los partidos hace que el sistema de votación de boletas por partido se vuelva ineficaz e inequitativo. Es ineficaz porque ya no permite garantizar al votante la presencia de la oferta electoral completa. Es inequitativo porque no todos los partidos pueden lograr un despliegue territorial suficiente como para asegurarse de que sus boletas estarán disponibles durante toda la jornada electoral”. En un contexto de mayor debilidad partidaria, la responsabilidad de organizar y fiscalizar la oferta electoral pasa de la sociedad civil (los partidos) al estado nacional.

El proyecto establece en su fundamentación que “en los últimos años se ha desarrollado un amplio consenso en nuestro país respecto a la necesidad de reemplazar el instrumento de emisión del voto”. La sentencia abre la puerta a dos inconvenientes: el primero, que semejante afirmación debería estar fundamentada con la cita a trabajos que efectivamente hayan llegado a esa conclusión, cosa que no ocurre. Por otro lado, incluso cuando hubiera sido suficientemente demostrada, no se desprende de la afirmación que la única alternativa al sistema actual de emisión del voto sea el voto electrónico.  El supuesto consenso universal sobre las bondades del voto electrónico ignoran que, como dice Delia Ferreira Rubio, sólo tres países utilizan el voto electrónico para sus elecciones nacionales: Venezuela, Brasil e India.

Esta segunda cuestión es un eje fundamental del debate por venir: uno de los principales inconvenientes del proyecto es que compara constantemente las ventajas del voto electrónico contra el sistema de boletas múltiples partidarias de papel, pero nunca lo hace contra la boleta única de papel. El sistema de boleta única en papel (BU) se introdujo por primera vez en Australia en 1856 (por eso se la conoce como “boleta australiana”) y actualmente es utilizado por más de 90 democracias en el mundo; así, el Estado asegura a los electores contar con la oferta electoral completa y a los candidatos y partidos estar presentes en todas las mesas, evitando así los trucos de “sustracción o rotura” de boletas partidarias. Sin embargo, el proyecto nunca explica por qué se descarta su utilización.

En contraparte, no hay en el proyecto ni en los voceros del Gobierno una evaluación sobre los posibles riesgos de la implementación de un sistema de voto electrónico. La literatura especializada y los casos de implementación demuestran que, más que consenso, existe un considerable disenso respecto a los diferentes sistemas de emisión del voto que incorporan tecnología entre el elector y su voto.

Según el politólogo Marcelo Leiras, “el paso entre la acción del votante y el registro en la base lo hace un programa. El programa lo diseña gente. Muy pocos tienen los conocimientos necesarios para evaluar lo que hace esa gente”. Este es tal vez el punto más fuerte que genera oposición a la adopción de este sistema.

Una primera cuestión es el enigma con respecto al costo final del sistema.  

No solamente este aspecto no está planteado en el proyecto sino que además ni el gobierno nacional ni nadie hasta el momento ha sido capaz de establecer algún parámetro del dinero que insumiría la reforma. Tampoco, vale decir, es fácil encontrar para el “ciudadano promedio” los costos que insumieron los modos electrónicos de votación en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Neuquén, para citar dos ejemplos. Basta para probar esta dificultad un búsqueda rápida en internet. Pero si extrapolamos  este dato del aparente costo de la elección salteña (que según allí se informa “planeaba” ser de 71 millones de pesos), el presupuesto necesario para implementar a nivel nacional el sufragio electrónico podría alcanzar la friolera de 4500 millones.

Pero supongamos que se cree que el costo no es importante si fortalece la democracia. Queda el principal problema que es la ausencia de claridad del proyecto sobre el punto clave de la quién y cómo fiscalizará este proceso complejo.

La imposibilidad de que ciudadanos sin formación técnica puedan fiscalizar el proceso entero es uno de los puntos claves que empujó a países como Alemania y Holanda a abandonar sistemas de voto electrónico para volver al papel. El mismo destino, sostiene el artículo de Delia Ferreira Rubio, siguió “el voto electrónico en Francia, Finlandia, Irlanda, Bulgaria y Australia. Tampoco se utiliza en Gran Bretaña. En Estados Unidos la mayoría de los estados utiliza sistemas de boleta única papel e incorpora mecanismos de lectura electrónica de esas boletas-papel”.

Es decir, contrariamente a lo que dicen los fundamentos del proyecto, no hay consenso sobre la seguridad que ofrecen los sistemas que incorporan tecnología al proceso electoral.

El fallo del tribunal constitucional alemán, por ejemplo, realiza una serie de consideraciones sobre el grado de fiscalización que permiten los sistemas electrónicos que son relevantes. El tribunal dictó la inconstitucionalidad de la Ordenanza Federal sobre Máquinas de Votación debido a que la implementación del voto electrónico violó el principio de la naturaleza pública de las elecciones, ya que no permitió que cualquier ciudadano sin conocimientos técnicos específicos pudiera fiscalizar el proceso electoral completo.

Aquí hay un punto relevante: si bien el fallo establece la diferenciación entre máquinas que registran el voto y lo cuentan y aquellas máquinas que le dan un reaseguro al votante (como la Boleta Única Electrónica, implementada en Capital Federal) el tribunal establece que el control individual del voto no es en sí mismo suficiente, sino que lo que debe garantizar el sistema es que cualquier elector, sin necesidad de conocimientos especializados, pueda controlar cualquier etapa esencial del proceso electoral, incluida la del recuento de los votos y los resultados.

La cuestión de la auditoría es un tema sumamente relevante. Hay una atendible cantidad de casos en los cuales la empresa que suministra las máquinas se niega luego a entregar, amparada en el derecho al secreto comercial, el código fuente para su auditoría pública. Ocurrió en el estado de Nueva Jersey y fue uno de los puntos centrales que tomó el tribunal alemán sobre la implementación de las máquinas de la holandesa Nedap: “invocando secretos comerciales de Nedap, el ministro del Interior se negó a hacer públicos los documentos que la empresa entregó al Ministerio para la fiscalización del sistema y los resultados de los testeos” y agregó ““los procedimientos para examinar el sistema y la aprobación por parte del Ministerio deben ser públicos. Cualquier interés de los fabricantes de proteger su secreto comercial debe estar subordinado al principio de la democracia (…). Para que exista la posibilidad de testear el aparato de manera independiente, la publicación de los documentos y reportes del Physikalisch-Technische Bundesanstalt y del código del software de las máquinas es la única forma de fiscalizar realmente el proceso electoral. La no publicación de los reportes de control y documentos y el código constituye un error electoral”.

Tal como está el proyecto, la forma y los alcances de la auditoría sobre el sistema permanecen indefinidas y por lo tanto en manos de la autoridad de aplicación. Es decir, el propio Poder Ejecutivo decidiría en la licitación del sistema cuáles son los alcances de la auditoría: ¿el código fuente del software va a ser totalmente público o sólo abierto para el Poder Ejecutivo y los “fiscales informáticos”?, ¿qué mecanismo se prevé en caso de que la empresa quiera resguardar su secreto comercial?, ¿qué tipo de testeos se van a realizar para evaluar los posibles sesgos que provoque la disposición en la pantalla?, ¿es posible realizar una auditoría completa al hardware y al software que se contrate?

Toda esta serie de cuestiones no pueden quedar para la fase de implementación. Como muestra el fallo alemán, es justamente en la implementación donde el voto electrónico produce las principales violaciones al carácter público del proceso electoral.

Así planteado, el proyecto introduce un sistema de voto electrónico demasiado poco regulado y los beneficios que arroja frente a la boleta múltiple partidaria, además de no diferenciarse en nada de la boleta única de papel, son superficiales frente a los riesgos potenciales que conlleva.

Así, la pregunta inicial continúa intacta: ¿cuál es la necesidad de modificar el actual sistema de emisión del voto que hasta aquí ha garantizado imparcialidad y con el cual la mayoría de los partidos políticos argentinos lograron triunfar en elecciones ejecutivas y legislativas?

Apuntes sobre el proyecto de reforma política – Primera parte

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El siguiente post es el primero de una serie de cuatro que escribimos en conjunto todos los editores de Artepolítica sobre el proyecto de ley de reforma política que envió el Poder Ejecutivo al Congreso.

En este primer post vemos una serie de consideraciones generales y luego profundizamos sobre tres temas que consideramos claves de este proyecto: el voto electrónico, la cesión de facultades al Poder Judicial y el financiamiento partidario.

Creemos que es muy importante el análisis de la reforma política presentada por el gobierno ya que dentro de su plataforma electoral, la implementación del sufragio con boleta electrónica (corrección de Juan Rodil que bien agrega que Boleta Única Electrónica es una marca) figuraba como uno de los propósitos principales. Interrogarnos acerca de las razones de modificar el sistema electoral nacional, que venía funcionando de manera regular desde el retorno a la democracia, implica verificar las bondades que trae consigo la implementación del sufragio electrónico (lo “no negociable” del proyecto) en todo el territorio nacional.

Antes que nada cabe una aclaración: el proyecto de implementación del sistema de sufragio  (nombre que intenta reemplazar al de “voto electrónico”) es una solución para algo que en realidad funciona. El sistema electoral de orden nacional no ha tenido problemas de funcionamiento de importancia desde el 83 hasta la fecha y todas las elecciones presidenciales han entregado ganadores claros y legítimos. Los escándalos y las elecciones que involucraron sospechas de fraude se dieron en todos los casos en elecciones provinciales. Esta reforma no habría impedido ni necesariamente mejoraría elecciones como las de Córdoba en 2007 o Santa Fe y Tucumán en el 2015.

Descifrar los considerandos del proyecto lleva su tiempo, ya que el proyecto comienza diciendo que tiene tres objetivos de reforma pero luego agrega otros a lo largo de su redacción. Estos tres primeros son:

  1. reemplazar el modelo de votación, pasando de la boleta múltiple partidaria a la boleta con sufragio electrónico;
  2. eliminar las colectoras, listas múltiples y conformar las boletas para las elecciones generales de acuerdo a lo presentado en las elecciones primarias;
  3. realizar una serie de modificaciones sobre el Código Electoral Nacional y otras reformas reglamentarias.

La primera cuestión es que este proyecto no parece haber sido el resultado de un diagnóstico y una visión integral del sistema político y electoral. Sus partes resultan o bien inconexas o directamente contradictorias entre sí. Por ejemplo: en los considerandos se dice que se busca que las provincias alineen sus calendarios con los de Nación, pero la manera en que se instrumentaría el voto con boleta electrónica ofrece incentivos para separar los comicios de una y otra. Además, por un lado altera la manera de elegir presidente y vice en las PASO pero por otro lado repiensa la fórmula para conformar las listas en las primarias. Por último, autoriza la fiscalización con domicilio en otras provincias, pero sólo para las elecciones presidenciales. Estas son algunas de las contradicciones del anteproyecto que por otra parte deja de lado el gran tema que debería incluir una ley de reforma política: el financiamiento de las campañas.

En ese sentido, parece más un proyecto de reforma del sistema de emisión del voto pensado para instalar el voto electrónico, al cual se le han agregado algunos temas de interés para aliados políticos claves u otros actores institucionales. Vale la pena preguntarse si semejante reforma al mecanismo de votación no merece una ley y, en especial, una discusión aparte.

Los cambios propuestos en las PASO parecen escritos a pedido de la Unión Cívica Radical, socio menor de Cambiemos. Ya que las alianzas dirimirán la interna solamente con el candidato a presidente, sin comprometer una fórmula con un vicepresidente, la UCR podría apostar a perder en las próximas PASO pero formar parte de la fórmula presidencial. Varios de las otras alteraciones tienen que ver con cuestiones que parecen ser demandas de la Justicia Electoral, tales como el nombramiento de auditores contables para fiscalizar las campañas en las provincias.

Tanto en los fundamentos del proyecto como en las declaraciones públicas que realizaron los funcionarios que definieron su contenido, la propuesta se presentó como una búsqueda de mayor transparencia en el proceso electoral. En primer lugar, se sostuvo que el proyecto busca la eliminación del clientelismo. Para la eliminación de un fenómeno social de esa envergadura no queda muy en claro cuáles son los mecanismos dispuestos por la legislación, más allá de la modificación del sistema de emisión del voto, que por supuesto resulta insuficiente tanto para eliminar el clientelismo como para otorgarle por sí mismo mayor transparencia al proceso.

Inclusive, la modificación podría arrojar algo más de oscuridad donde todavía hay un poco de luz. Se trata de la cuestión de las famosas “listas sábana”. Hay una confusión en su utilización popular y periodística que vale la pena aclarar: cuando decimos “lista sábana” estamos hablando de una lista cerrada. Es decir, una lista que no permite ordenar los nombres dentro de una categoría (elegir si un diputado tiene que ir primero o sexto, sacar a uno, etc.) El problema que se deriva de la llamada “lista sábana” es que no permite registrar “a conciencia” a quién se está votando (porque los nombres abajo de la lista quedan muy pequeños) y eso afectaba el voto informado y la accountability sobre los representantes. El proyecto, tal como está, no sólo no produce ninguna mejoría al respecto sino que lo agrava: el artículo 15 que regula las pantallas sostiene que en el caso de candidaturas legislativas debe figurar en la pantalla “al menos” el nombre y apellido del primer candidato. Es decir que el elector decidiría sobre el primer candidato sin conocer nunca el nombre y apellido del resto de los integrantes de la lista.

El proyecto tal como está tampoco disuade de la lista sábana en sentido horizontal (es decir, por la lista a distintas categorías pegadas entre sí, lo que popularmente se conoce como sábana) ya que la primera alternativa que ofrecerán las pantallas será la de votar la lista completa. Incluso podría eventualmente reforzarlo, un sesgo que debería ser estudiado antes de aplicar un sistema semejante.

En definitiva, algunas de las reformas propuestas suenan más a fichas de cambio para lograr apoyo a lo que verdaderamente importa, la implementación de la boleta electrónica, un tema sobre el que nos vamos a explayar en el siguiente post.

Solidaridad con los trabajadores de Tiempo Argentino

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En la madrugada de hoy, una patota de 29 personas ingresó a la redacción de Tiempo Argentino, destrozó las instalaciones y amenazó a los trabajadores que formaron la cooperativa para seguir trabajando. La Policía llegó al lugar y acompañó a la patota para que se retire tranquilamente.

Un evidente ataque a la libertad de expresión avalado por las fuerzas de seguridad cuyo accionar, hasta el momento, no ha sido explicado por ninguna autoridad a cargo.

Las imágenes hablan por sí mismas:

Mañana hay una edición especial del diario en papel que esperamos que todos puedan comprar para colaborar con los compañeros y las compañeras.

“The dirty job is mostly done”

(Nos sumergimos en este tema Tomás Aguerre y Nicolás Tereschuk)

Larry Fink es un tipo grandote y de manos cuidadas. Se sienta en una silla que le queda algo baja, junta las rodillas y sobre ellas apoya unos papeles. Es la mañana posterior al Brexit y este estadounidense de 63 años nacido en la Costa Oeste se permite algunas reflexiones políticas sobre la “bronca” que recorre el mundo y que parece hacer surgir expresiones antisistema en algunos países desarrollados. A su lado, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, luce algo más tenso, aunque no incómodo y destaca el “honor” que es para él compartir con Fink ese momento.

Fink es el Chairman y CEO de Blackrock, el que es, por mucho, el mayor gerenciador de fondos del mundo -bajo su mirada están 4,5 trillones de dólares-. Se dice que en 2011 tuvo un “salario base” de 39,9 millones de dólares, aunque “sus ingresos adicionales se elevaron a 2.400 millones de dólares”.

Bajo su mirada y la de otros inversores, Prat-Gay explicó durante una hora en la elegante mansión neoyorquina que es sede de la America’s Society, de Park Avenue 680, seguramente en su Salón Simón Bolívar, por qué será una gran idea para todos ellos hacerle un cheque de préstamo a la Argentina y contestó sus preguntas.

Pero más allá de las palabras la pregunta más relevante que surge es ¿qué hace ahí alguien como Fink? Sabemos que Blackrock es el sponsor principal del evento. Sabemos que el fondo explora siempre la posibilidad de nuevas inversiones para obtener -de ser posible- retornos altos y de corto plazo. Pero nos preguntamos ¿Fink, con los trillones que maneja moviéndose por el mundo, tiene media mañana para entregar a una economía mediana de un país “emergente”? Vemos que sí. Bien. Supongamos que somos optimistas y todo lo que afirma el ministro argentino se dará. Que la Argentina se va a convertir en un “faro de estabilidad” en un mundo convulsionado y que el año que viene habrá fuerte crecimiento. Vamos a lo operativo: ¿Qué (o cuánto) espera un tipo como Fink obtener de esto? ¿En qué sectores concretos piensa invertir para obtener sus retornos? ¿Cómo será la mecánica de la cosa? Parte de esto forma parte de la charla.

Más allá de las dudas, el punto más concreto de la conversación lo plantea el expresidente del Banco Central. Y es claramente político. Dice Prat-Gay a los inversores: “El año que viene es muy importante para nosotros. Estamos apostando a obtener mayoría en la Cámara de Diputados y para eso tenemos que trabajar muy duro. Pero confiamos en lo que hemos hecho hasta ahora y que hemos sentado las bases para que esto ocurra. Pero aquí es donde ustedes entran a jugar, muchachos (“you guys”). Necesitamos sus inversiones tanto como las de los empresarios locales. Inversiones y exportaciones serán el motor de nuestro programa de desarrollo. En la medida en que obtengamos inversiones podremos crear más trabajo local. En la medida en que creemos mejores trabajos, podremos encender el motor del consumo”.

Lo lindo de estas conversaciones en “la cocina de casa” es que se ve con más claridad que en el living lo que piensa el Gobierno. El razonamiento es claro: el eje de la argumentación de por qué los inversores internacionales deben “poner” en la Argentina está en el centro de las preocupaciones políticas de la gestión de Cambiemos. Prat-Gay afirma que el presidente Mauricio Macri ya hizo su parte. Que invirtió parte de su “capital político” en las medidas adoptadas hasta el momento. Reconoce allí que la unificación del tipo de cambio tuvo impacto en precios. Reconoce que la inflación anual ahora está en torno al 40 o 42 por ciento. Y que buena parte de eso tuvo que ver con las subas de tarifas. Pero ahora, “el trabajo sucio está casi terminado” (“the dirty job is almost done”) e ingresamos en una nueva etapa. Es la etapa política del año 2017. Y es en las elecciones de medio término donde la gestión de Macri se juega realmente el futuro.

El razonamiento que sobrevuela el encuentro es el siguiente. A los inversores puede parecerles poco lo hecho. Puede parecerles que es “el cambio en la dirección correcta” pero que todavía falta. Que la unificación del tipo de cambio, el levantamiento de barreras al comercio, el pago a los fondos buitre y el mejor clima de negocios son acciones “on the right track” pero que aún se ven números que no hacen sostenible el crecimiento -eso dicen, sea por el lado de la inflación, el tipo de cambio el déficit, o lo que es casi lo mismo los niveles salariales y la puja distributiva-. (Sin ir más lejos, al térmno del encuentro y luego de todo lo dicho por el ministro, aún pedían “más tiempo para invertir”…)

Bien, todo eso está OK, parece decirles Prat Gay. Supongamos que esto les parece poco. O que falta. Todo bien. Pero es lo que pudimos hacer sin mayoría en el Congreso, sin la mayoría de las provincias, con unas elecciones que ganamos por un cachito. Se decía que no podía gobernar sin el peronismo y lo estamos haciendo. Ahora necesitamos de su ayuda. ¿Quieren más mercado? ¿Quieren más oportunidades? ¿Quieren que nos parezcamos más a Chile, Perú, Colombia y México? ¿Quieren la puja distributiva más en caja? Entonces “this is where you guys come in to play”.

Claro que el ministro no dice “ustedes entran con las inversiones y nosotros hacemos un ajustazo de órdago”. Primero porque nadie querría decir eso, segundo porque el año que viene hay elecciones. Pero uno piensa, por un lado, en el largo razonamiento económico de Cambiemos. Entran las inversiones – mejoran las exportaciones – mejora la calidad de los empleos – mejoran los salarios – recién ahí “se enciende el motor del consumo”. ¿Cuántos supuestos son demasiados?

Por otra parte, uno vuelve a pensar en Larry Fink. Y en las preguntas que le hace a Prat-Gay mientras parece tomarle prueba: “¿qué está pasando en las calles de Argentina, la gente reconoce lo que el gobierno de Macri ha hecho, hay un sentido de optimismo en las calles?”, “Si escaneás los blogs de Argentina, ¿’vos dirías que hay bronca digital’?” “¿ahora la gente lo sabe (lo que ustedes están haciendo)?” “¿hay un crecimiento del consumo?” “¿hay indicadores que dicen que la gente cree que ustedes están en el camino correcto, se muestra eso en el consumo?” “¿ven empresas que se hayan ido y están volviendo?”. Prat-Gay responde. Ninguna de las preguntas de Larry son respondidas con un “sí”, claro está.

El ministro habla de un clima positivo, de los anuncios de inversiones que se están haciendo y que llegan a los diarios… pero luego, cuando parece quedarse sin argumentos se planta en dos temas: por un lado, habla de “el comportamiento obvio de corrupción de la administración previa que está saliendo a la luz de una forma en que no creímos que fuera posible, con un tipo encontrando a las cuatro de la mañana tirando bolsos llenos de dinero por sobre las paredes de un convento”. Y después se recuesta en una de las políticas del gobierno anterior: el bajo endeudamiento tanto del sector público como del sector privado. “El endeudamiento del sector privado es del 15%. En Latinoamérica el promedio es 60%, Brasil un poco más. En los mercados emergentes incluyendo China el promedio es 100%”, afirma Prat Gay mientras relojea a Fink. Si hay espacio para que las empresas se endeuden, quizás sí haya espacio para buenos negocios en el corto plazo, debe pensar el jefe de Blackrock. Porque finalmente, el milagro (aunque seguramente no uno con consumo y asados todos los domingos) podría ocurrir…

Para Prat-Gay, “baja deuda” va junto con “baja inversión”. Dice que “esta es una economía que ha cesado de invertir en los últimos cinco años”. Y señala que la inversión está en menos de 20 % del producto. No debe recordar Alfonso que ese indicador estuvo en el mejor momento de la convertibilidad en 21,1. Es brava la Argentina…

Luego el ministro se pone más concreto. Los sectores en los que está pensando para invertir son dos: energía e infraestructura (obra pública). En algún momento afirma que necesita unos 1.500 millones de dólares para obras. No parece tanto dinero para los tiburones que lo rodean y que en algún momento lo hacen enojar con una pregunta sobre el déficit relativamente alto. Algo abrumado, el funcionario nos vuelve a hablar de bolsos en conventos y plantea su receta para recortar el rojo: habla de “poner fin a la corrupción” y “parar de regalarle cheques a los ricos” (subsidios) -nota al pie, habla de que la mitad de los subsidios van al“30 por ciento más rico de la población” y me pregunto ¿cuán rico es aquel que está en la parte de abajo de ese 30 por ciento más rico de Argentina? ¿tanto como un empresario pyme?-.

Para cerrar el debate, Larry Fink dice que el ministro tiene un pensamiento que va para adelante y que el gobierno de Mauricio Macri está planteando un “giro” para “construir un mejor futuro”. Y que luego de escucharlo, “los mercados” han “reconfirmado la opinión que tenían”. Cualquier cosa que ello quiera decir.

Un zócalo

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Por JWC

 
Hace algunos días un programa de TV de aire ponía en su zócalo, en tono alarmista: “Lo que más teme Macri: el estallido social”. Recordé todo lo que se habló en los últimos meses sobre las mejoras que vendrían en el actual semestre de 2016. También recordé que la vicepresidenta aclaró, más recientemente, que deberemos esperar un poco más, hasta 2017, para disfrutar de algo que resulta un tanto difuso. ¿Crecimiento económico? ¿Masivas inversiones? ¿Pobreza 0? ¿Nuevos empleos? ¿Todo junto o solamente los dos primeros? ¿Y qué reacción de los trabajadores cabe esperar si se demora una reactivación en un contexto de suba de precios?

Un breve análisis comparativo con la gestión presidencial anterior quizá nos ayuda a comprender los riesgos políticos para la gestión Macri de seguir bajo un escenario que genera fuertes tensiones en el mercado de trabajo y de no fortalecer las políticas de contención social. Porque los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también estuvieron atravesados por dificultades en el mundo del trabajo pero tuvieron un abordaje hacia los colectivos de trabajadores más desfavorecidos que no se ve en la actual gestión. Los gobiernos se ponen a prueba en “las difíciles”, el mayor desafío no es mantenerse de pie sino sobreponerse a las inevitables caídas. ¿Va a estar a la altura MM?

Un primer logro del gobierno macrista es que la división conceptual entre análisis “institucionalistas” y “estructuralistas” sobre el mercado de trabajo se está cerrando fruto de un deterioro generalizado de los indicadores laborales, económicos y sociales. La nueva gestión logró en tiempo record acentuar los rasgos estructurales menos positivos de nuestro mercado de trabajo y diluir la institucionalidad laboral que los contenía, que tendía a igualar las condiciones materiales de los diferentes colectivos de trabajadores. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA señaló que la pobreza pegó un salto con el macrismo; de acuerdo a sus mediciones pasó de representar el 29% de la población en el último trimestre de 2015 al 32,6% en abril de 2016. Y advierten, si “no se logran atenuar los aumentos de precios en productos y servicios básicos y/o reactivarse la demanda de empleo, se estará cada vez más lejos de una mejora genuina en la distribución del ingreso”. Vale decir, la renta nacional siempre tendió a concentrarse en pocas manos salvo contadas ocasiones en que se logró moderar esa tendencia con intervención estatal en favor de los trabajadores. Ahora se invirtió esta intervención, las medidas del gobierno nacional benefician a los grandes capitales y exponen a los laburantes a la suba de precios y a los despidos. La distribución del ingreso se concentra cada vez más.

¿Los institutos laborales? Los principales se conservan pero pierden su función distributiva en el nuevo contexto. Los Convenios Colectivos de Trabajo formalizan una reducción del salario real de los trabajadores asalariados registrados si estimamos que la inflación anualizada se encuentra por encima del 40% y la mayoria de los acuerdos paritarios anuales cerraron en la franja de 30 a 36%. El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunió finalmente pero pautó una mejora anual del 33% que en los hechos significa una pérdida de ingresos para quienes tienen en este instrumento un piso de derechos (trabajadores no formalizados, de las pequeñas empresas, precarizados). La lucha contra el trabajo no registrado en el sector rural, uno de los más afectados por la problemática, que encarnaba el RENATEA creado en 2011 mediante la Ley 26.727 parece en camino a revertirse con los despedidos masivos de personal, el regreso del RENATRE y de la UATRE a su conducción.
¿Qué riesgos puede tener este escenario en el mercado laboral para la gestión nacional? Un primer punto a considerar son los sindicatos, organizaciones representativas de trabajadores en general formales con una agenda política que excede esa representación. Hasta la fecha el gobierno pudo manejar con cierto éxito la relación con los sindicatos que no logran unificar sus reclamos después de la marcha del 29/04. A primera vista, hasta el Congreso Normalizador de la CGT el 22/08 no va a haber mayores hechos políticos nacionales de parte del movimiento obrero organizado, salvo las acciones de las dos CTA que sobrellevan por otra parte sus propias internas.
Un segundo punto, que queremos subrayar, es el efecto sobre la agenda política que puede tener un deterioro continuo de las condiciones de vida de los trabajadores. Una referencia cercana para analizar esto son el último trimestre de 2013 y el primero de 2014, un período de indicadores laborales en tensión y alta conflictividad social que tuvo que enfrentar Cristina Fernández de Kirchner. A fines de 2013 se expresaron varias cuestiones latentes en el mercado laboral. Efectivamente, en el periodo 2003-2011 todos los colectivos de trabajadores mejoraban su situación, algunos más, algunos menos pero “todos ganaban”. Los registrados mejoraban sus haberes a través de paritarias anuales, los jubilados se integraban al sistema de seguridad mediante sucesivas moratorias y los desocupados lo hacían al mercado de trabajo. A partir de 2012 el mercado de trabajo empezó a presentar dificultades en un contexto de crecimiento moderado y suba de precios. Los saqueos organizados y espontáneos (¿importa?) en comercios de todo el país, que se desencadenaron después de las huelgas extorsivas de las policías provinciales, expresaron un nuevo escenario donde no todos ganaban. Algunos lograban sostener sus ingresos frente al alza de precios, los trabajadores registrados (más protegidos por la institucionalidad laboral), y otros no, los trabajadores desocupados y no registrados.

Ese escenario donde ya no todos ganaban en el mercado laboral, fue atenuado por medidas de transferencia directa a los sectores más vulnerados de parte del gobierno nacional. A las actualizaciones de la Asignación Universal por Hijo, de la jubilación mínima, se sumó el PROGRESAR como medida para alcanzar uno de los grupos más afectados por la suba de precios (potenciada por la devaluación de febrero 2014), la desocupación y el trabajo no registrado: los jóvenes. Las medidas reducían las diferencias entre “protegidos” y “no protegidos” en el mercado de trabajo. Tenían una función de moderación social. Y en cierto punto contribuyeron a que en el segundo semestre de 2014 y en el año 2015 no se repitieran semejantes desbordes sociales.

Este escenario en el mercado de trabajo hoy se acentuó, los problemas de 2013/14 se profundizaron. Tal como señalamos, las medidas que tomó el nuevo gobierno han agravado problemas estructurales, como la pérdida de ingreso real y de participación en la renta nacional de los trabajadores. También han vaciado de sentido igualador a los institutos laborales. No se alcanzó aún un punto de quiebre. Sin embargo, la pérdida gradual y continua de derechos que se está provocando en un contexto de creciente inflación genera que la heterogeneidad sectorial del mercado de trabajo argentino se exprese en toda su plenitud. La novedad es que ni los trabajadores registrados (salvo sectores muy específicos, como aceiteros) logran sostener su poder adquisitivo. Y si ellos tienen problemas, los trabajadores desocupados, los no registrados, los jóvenes y los pasivos aún más. En suma, ahora “todos pierden” en el mercado de trabajo, algunos más, algunos menos.

¿Qué efectos sobre la agenda pública y política puede tener este fenómeno si se exacerba, si no llega la reactivación, si no se revierte el fenómeno de los despidos y los ingresos de los trabajadores (en cualquiera de sus categorías) siguen perdiendo valor? Es difícil preverlo. Pero si como anticipaba el zócalo en la TV Macri está preocupado por un posible “estallido social”, la pregunta que debe realizarse el Presidente es si tiene voluntad, si está en su ADN contener esa hipotética situación. Esto es, instrumentar políticas para sostener a los colectivos “protegidos” del mercado de trabajo, asistir al grupo de “perdedores” (en franco crecimiento)… bah, distribuir nuevamente el ingreso.

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Ni una menos

Esta tarde, en las principales plazas de todo el país se realiza la marcha nacional contra la violencia de género. En la Ciudad de Buenos Aires la convocatoria está prevista para las 17 con epicentro en la Plaza del Congreso.

En lo que va de 2016 ya se produjeron más femicidios que en todo el 2015 (225 el año pasado contra 235 que lleva este año).

Contestá la encuesta para crear el primer índice de violencia machista acá.

Y nos vemos en las plazas de todo el país.

Inestabilidad a la brasileña ¿o a la sudamericana?

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Publicamos esta nota originalmente aquí Mariano Fraschini y Nicolás Tereschuk.

“Lo que está pasando hoy en Brasil es un golpe de Estado”, dicen desde el PT. “El caso de corrupción presidencial amerita el desplazamiento de Dilma Rousseff”, contestan desde la oposición brasileña. Un presidente (en este caso una presidenta) en problemas no es un fenómeno nuevo en nuestra región. Puede rastrearse durante los últimos veinticinco años y no distingue entre gobiernos neoliberales y “nacional populares”, aunque se advierte una primacía de mayor inestabilidad en los que aplican un esquema de ajuste estructural.

En el plano académico, autores como Aní- bal Pérez Liñán, María Matilde Ollier y Mariana Llanos, entre otros, dieron cuenta del fenómeno. La recurrencia de las salidas anticipadas de los presidentes sudamericanos se ha verificado, en general, sin afectar al régimen democrático –es cierto, sin embargo, que el caso de la muy desprolija caída de Fernando Lugo en Paraguay prendió las alarmas en la región y mantuvo a ese país por un período bajo la atenta mirada de los restantes Estados de la región–. Para decirlo en términos concretos: caen presidentes, no cae el presidencialismo democrático; sale anticipadamente el primer mandatario, se mantiene el régimen político.

Una suerte de parlamentarización del presidencialismo flexibiliza el mandato del presidente, manteniendo una suerte de transición y estabilidad hasta un nuevo llamado a elecciones. Desde allí que a este fenómeno se lo haya denominado “inestabilidad presidencial” debido a que la “crisis” se encuentra en el “presidente” y no en el sistema de gobierno. A diferencia de la inestabilidad de las décadas del ’60 y ’70, cuando la caída del presidente implicaba la del sistema democrático, ahora la salida del presidente no se lleva puesto al régimen político.

Los ejemplos son muchos. Fernando Collor de Melo (1992), Carlos Andrés Pérez (1993), Abdalá Bucaram (1997), Raúl Cubas Grau (1999), Fernando De la Rúa (2001), Gonzalo Sánchez de Losada (2003), Carlos Mesa (2005) y Fernando Lugo (2012), entre los más destacados. Como el lector puede observar, la mayoría de ellos se dieron en los “largos” ‘90, donde imperaban gobiernos neoliberales. La evidencia empírica, sin embargo, muestra que los gobiernos del “giro a la izquierda” pasaron por eventos similares, pero pudieron (y supieron) resistir los embates opositores que bregaban por su salida anticipada: Hugo Chávez (2002), Lula Da Silva (2005), Evo Morales (2008), Cristina Kirchner (2008) y Rafael Correa (2010). Esto nos lleva a interrogarnos acerca de cuáles son los factores que determinan la caída de un presidente y por qué otros primeros mandatarios, en iguales condiciones, lograron sortear los desafíos y consolidar con ello su gobierno.

Los elementos más importantes que se observan en las salidas anticipadas del Ejecutivo en Sudamérica y que se desplegaron en todas las caídas son a esta altura conocidos por la literatura académica. No todos aparecen en la totalidad de los casos, ni se dan en las mismas secuencias. Pero los eventos se han reiterado una y otra vez. Enumeremos: a) un caso de corrupción amplificado mediáticamente, b) una crisis económica en contexto de ajuste, c) un vicepresidente preparado para ser la figura de la transición hacia un nuevo llamado electoral, d) una baja pronunciada en la imagen del primer mandatario, e) movilizaciones populares en su contra y f) gobiernos (en su mayoría de coalición) con minorías parlamentarias. Todos estos elementos forman la “tormenta perfecta” que le ha hecho la vida imposible a más de un presidente.

Si recapitulamos veremos entonces que desde la transición democrática de los ‘80 comenzó a desarrollarse un “nuevo patrón de inestabilidad”. Los “años 2000”, en consonancia con el “giro a la izquierda” en la región, también con un buen contexto económico dado el alza de los precios de los commodities, apuntalaron una época de mayor estabilidad. Los presidentes fueron electos y reelectos. La pregunta que surge ante la crisis de Dilma Rousseff en Brasil es si se produce ahora una caída de los gobiernos del “giro a la izquierda”, “populistas”, “nacionales y populares”. ¿O podría estar comenzando un “nuevo ciclo” de “inestabilidad” en la región? Dicho de otro modo, ¿los gobiernos de “centroderecha” que parecen asomarse a partir de la llegada de Mauricio Macri al poder en Argentina, pero también pensando en lo que podrían ser los sucesores de Rousseff si se completa el juicio político disfrutarán de las mieles de la estabilidad y podrán “domar” un panorama político que a veces se mueve con velocidad de vértigo?

En este sentido, creemos que una variable central a seguir de cerca es, en el contexto de países con bajos niveles de institucionalidad de nuestra región –salvo probablemente los casos de Chile y Uruguay que, de manera poco sorpresiva tampoco han atravesado episodios de caídas presidenciales–, las propias estrategias que adoptan los presidentes o, dicho de otra forma, de qué forma se despliega el liderazgo presidencial. En el caso de Rousseff llaman la atención algunos elementos: el principal fue su decisión de desarrollar un ajuste económico de la mano del ultraliberal Joaquim Levy, que no rindió los frutos previstos por la Mandataria. Hay que prestar atención a esto: la evidencia histórica indica que un contexto de ajuste económico es un elemento adicional que puede poner en riesgo –si se suman otros elementos– la estabilidad del propio presidente. El caso brasileño nos habla además de que la gestión política de una coalición parlamentaria demuestra también ser una tarea nada simple. Puede verse en la práctica cómo una minoría parlamentaria combinada con un gobierno de coalición es un elemento que pone en tensión la supervivencia del presidente cuando “la cosa se pone espesa”. Por sí sola, una minoría legislativa no hace caer a un gobierno, eso está claro, pero una cadena de causalidades como los factores arriba mencionados puede ponerse en línea con ella para desestabilizar el gobierno de cualquier presidente sudamericano. La evidencia histórica es nítida al respecto y enseña a los primeros mandatarios a no relajarse en la tarea de gobierno ni a entender a lo que ocurre en el Congreso sólo como parte del proceso de creación de leyes sino como una dinámica de alcance mucho más amplio –y, en algunos contextos, imprevisibles–.

Así, en un libro que publicamos recientemente advertimos sobre la relevancia que adquieren los recursos institucionales, parlamentarios, comunicacionales, partidarios y financieros que un presidente ostenta o puede generar durante el ejercicio de su poder y que le permiten fortalecer su posición político institucional con el fin de lograr la estabilidad de su gobierno. Cuando un presidente comienza a perder algunos de estos recursos de poder –sea en torno a sus niveles de popularidad o las mayorías que lo respaldan en el Congreso, entre otros aspectos– se ubica en una situación difícil en la que sólo los recursos subjetivos (la “virtú” en términos de Maquiavelo) pueden venir en su ayuda. De algún modo coinciden con esta mirada, en su libro “Presidential Breakdowns in Latin America: Causes and Outcomes of Executive Instability in Developing Democracies”, los politólogos Mariana Llanos y Leiv Marsteintredet. Señalan los autores: “Concluimos que los presidentes parecen ser al menos parcialmente responsables por su propia suerte. Esto es obvio en casos de impeachment, pero creemos que la afirmación también se aplica más generalmente. Considerando que la inestabilidad en nuestros días se manifiesta al nivel de gobierno más que a nivel del ré- gimen, el liderazgo presidencial y las acciones dentro de un determinado conjunto de limitantes políticos e institucionales parece poco explorado en la literatura de las caídas presidenciales (…) Si los presidentes son parte del problema o, de igual modo, son en parte responsables por sobrevivir en el cargo, las estrategias presidenciales o el estilo del liderazgo presidencial debe ser considerada una variable independiente que le da forma al desempeño en el cargo”.

Se despliega ante nuestros ojos otra vez el gran drama de la inestabilidad presidencial en Sudamérica. Cada uno, de acuerdo a sus simpatías políticas, sabrá si es momento de reír o de llorar. Lo que sería bueno, de todas formas, que unos y otros podamos extraer algunas conclusiones válidas al respecto.

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¿Qué es esto?

Columna de opinión de Artepolítica publicada el pasado viernes 29 de abril en Página/12.

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En su columna del pasado domingo, José Natanson realizó una serie de estimulantes reflexiones sobre el momento político actual. Dos ideas allí vertidas, creemos, ameritan algunas profundizaciones: a) si el macrismo es una “nueva derecha” y b) si existe una continuidad del actual gobierno con el anterior en relación a la política social.

Más que debatir “el futuro del kirchnerismo”, creemos que aún falta reflexionar en torno a la caracterización de lo que ha sido hasta aquí la breve gestión de Cambiemos. Sólo un diagnóstico adecuado permitirá ofrecer una alternativa política y social que se le oponga con efectividad. Se trata de discutir el futuro de una sociedad muy vital, activa y siempre cambiante en sus expectativas y demandas. Digámoslo, de discutir el futuro del pueblo.

Desde nuestro punto de vista, ponemos entre signos de interrogación la idea de que esta derecha traiga demasiadas novedades. Por un lado llama realmente la atención que no pasa un solo día en el que no se hagan patentes sus fuertes vínculos con la tradición histórica de la derecha argentina. Por el otro, manifiesta una importante falta de pragmatismo, entendido como la apertura para adoptar cursos de acción que no estén en el ADN de la fuerza política que ocupa hoy la Casa Rosada.

El macrismo tiene tanto de minoría (si el resultado del ballottage permitiera inferir que ese 51 por ciento “es macrista” debería permitir lo contrario con el 49 por ciento restante: lo más probable es que no permita ninguno de los dos) como de intensidad ideológica. Es cierto que este gobierno ha mantenido en estos cuatro meses continuidades con el gobierno anterior, como siempre sucede en una democracia constitucional: mover al Estado lleva tiempo. Pero las rupturas no han sido pocas, ni poco significativas.

Si en la campaña puso énfasis en mostrarse desapegado de ataduras ideológicas, a poco de andar abrazó preconceptos clásicos de la derecha. Por mencionar algunos: que al Estado le “sobran” empleados, que el futuro es un sueño individual, que hay que recortar el gasto público, que lo que “no tiene que ser del Estado como los subsidios” deberá ser eliminado o que para garantizar la certidumbre empresaria es necesario construir una Línea Maginot contra un proyecto de ley que protege los puestos de trabajo. Basta ver la traducción material de esas expresiones en transferencias al capital, como en el caso de aumentos de tarifas o quita de retenciones.

Son así las rupturas con respecto al gobierno anterior las que aparecen muy en primer plano más que las continuidades. Invirtamos el ejemplo: verificar que el kirchnerismo mantuvo la propiedad privada de los servicios de electricidad y gas o que no cambió la Ley de Entidades Financieras, por ejemplo, no llevó a la Asociación Empresaria Argentina a pensar que los gobiernos del período 2003-15 eran un neoliberalismo a la nueva usanza. Aún más, analizar las continuidades con independencia de las rupturas puede ocultar dimensiones necesarias para el análisis: que algunas de esas rupturas afectan directamente la efectividad de las continuidades.

El reciente anuncio de “medidas sociales” entendidas como “compensación” frente a los males del mercado es menos una continuidad con el kirchnerismo que una continuidad con el neoliberalismo noventista y más aún, con los sucesivos gobiernos conservadores argentinos, inclusive, preperonistas. Fue el gobierno de la llamada Revolución Argentina el que creó el PAMI, en 1971, por ejemplo. ¿Convierte eso a aquel gobierno en un campeón de la protección social?

El “Desarrollo Social” verdaderamente existente del kirchnerismo estuvo mucho menos en el ministerio homónimo, que tuvo un rol casi marginal luego de 2007, que en los Ministerios de Economía y Trabajo, elemento que ahora parece ausente. Quienes lo entienden con claridad son las cinco centrales sindicales que a sólo cuatro meses de gobierno realizan una movilización con fuertes niveles de cuestionamiento a la situación social. En el gobierno anterior, el primer paro general –de un sector del sindicalismo– llegó recién pasados los nueve años de gestión.

Hasta aquí resaltan las líneas que como vías férreas unen a las derechas clásicas argentinas de otras épocas con esta que ahora gobierna. Decía Guillermo O’Donnell en su obra clásica el Estado Burocrático Autoritario que hacía foco sobre la “nueva” derecha de entonces, representada por Adalbert Krieger Vasena a fines de los 60, que aquel liberalismo “no era antiestatista ni proponía un retorno al laissez-faire” ni era “hostil per se a una expansión del aparato estatal, ni siquiera de sus actividades económicas”. Pero aclaraba: “siempre que sirva a la expansión de la estructura productiva oligopólica de la que surgen sus principales portavoces”.

Como en aquel caso, creemos que no hay que encantarse con algunos movimientos coreográficos del gobierno macrista al frente del aparato del Estado, sino analizar en qué medida está avalando, muy al contrario de las gestiones anteriores, una “normalización” de la economía –y de la distribución del poder, de la palabra y de las escalas sociales– que se basan en darle más primacía a lo que el politólogo citado llamaba “gran burguesía” y que en nuestros días se expresa, sobre todo, en los intereses de la banca y las empresas transnacionales.

Para finalizar: ¿que la actual derecha en el gobierno no sea novedosa quiere decir que las respuestas políticas ante ella no deban serlo? Para nada. Cristina Kirchner, cuyos miles de seguidores ahora “producen” con sus movilizaciones la cuota de poder que le toca en el panorama nacional, ensaya algunas innovaciones. Otros sectores políticos de raigambre popular juegan también las suyas. También lo hacen los referentes de buena parte del arco político opositor que “emparejan” sus discursos acortando distancias ideológicas: repentinamente, los sindicatos, el Frente de Izquierda y aún el Frente Renovador, el Bloque Justicialista y el FpV suenan similares en los temas que hacen a la situación de los asalariados, los estudiantes o l
os pequeños comerciantes. No parece que se acerquen todos ellos a una extrema izquierda sino que suman coincidencias ante una derecha en la que encuentran poco de “nuevo”.

¿Podremos entre todos generar más? ¿Cómo se ordenarán esas innovaciones? Preguntas que encierran una posición: no se llega al futuro caminando para atrás ni encandilándonos con el presente.