ContactoUna ciudadanía basada en la solidaridad con la víctima
(Publicada originalmente aquí)
Desde 1983 cambiaron muchas cosas en la Argentina. Sin embargo, si uno mira sólo los cambios bruscos que tuvo nuestra historia política (que fueron varios) se pierde la posibilidad de detectar las continuidades que, como finos hilos de acero, hilvanan la persistencia terca pero esperanzada de la democracia argentina. El alto porcentaje de voto y de involucramiento ciudadano es una de esas continuidades. Pero vale la pena concentrarse en la que es tal vez la más fuerte de estas hebras: la fuerte creencia social en lo que podría llamarse una idea de ciudadanía democrática basada en la solidaridad con la víctima.
Desde 1983 se mantuvo una constante: cuando algún caso de victimización de personas concretas, con nombre y apellido, logró llegar a la conciencia social amplia, la gran mayoría de las veces ésta terminó generando una corriente de solidaridad inmensa, que incluyó (y esto es clave) movilizaciones.
Sucedió esto con María Soledad Morales, Teresa Rodríguez, Omar Carrasco (aunque en este caso no hubo marchas), José Luis Cabezas, Miguel Bru y Luciano Arruga, Carlos Fuentealba, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, Axel Blumberg, con los muertos en el incendio de República Cromañón, las víctimas del choque de trenes de Once, Anahí Benítez y las mujeres asesinadas.
Hoy vemos esa solidaridad extendida en el caso de la desaparición (probablemente forzada) de Santiago Maldonado.
Sin embargo, la solidaridad no es el dato más importante. Las grandes tragedias siempre concitan, en la era de las comunicaciones de masas, corrientes de simpatía con las víctimas. Lo clave del caso argentino es la politización de esa solidaridad.
Se trata de politización de las explicaciones y demandas de todos los actores involucrados. Se presentan siempre en términos abiertamente políticos, es decir, universales. La familia de María Soledad no sólo pedía por el esclarecimiento del crimen de su hija, sino que demandaba el fin de un gobierno; los padres de las víctimas en Cromañón no sólo pedían la prisión de Chabán sino que lograron el juicio político del jefe de Gobierno y la prisión de funcionarios.
Es decir, lo que se articula en todos estos casos es un discurso que inmediatamente y de manera muy intuitiva, poco académica pero potente, pone en relación una tragedia personal con una falla en el efectivo cumplimiento de los derechos humanos no sólo de esa o esas personas sino de la ciudadanía toda.
En tanto se trata de ciudadanía, el blanco de este discurso es siempre el Estado como garante de derechos. Aun en el caso de las marchas convocadas por Blumberg hay que resaltar que en ellas se pedía, al fin y al cabo, alteraciones en el Código Penal y que la discusión se retomó en el Congreso.
Pero falta una clave más. Duhalde intentó la reforma integral de la Bonaerense, luego del caso Cabezas, a pesar de que la había definido como “la mejor policía del mundo”. Él mismo debió anunciar que no buscaría ser elegido presidente luego de los asesinatos de puente Pueyrredón. Cromañón culminó en juicio político, cárcel para funcionarios y reformas al sistema de habilitaciones comerciales de CABA.
El caso de Omar Carrasco generó el fin del servicio militar obligatorio en la Argentina.
Universal y concreto
Con mayor o menor celeridad, arrastrando los pies, en todos los casos la idea es que frente a cierto tipo de demandas y movilizaciones algo hay que hacer.
Sin duda alguna esta especie de concepción derechos humanos intuitiva se enraíza en la experiencia y discurso de la lucha contra la dictadura de los organismos de derechos humanos.
Es universal porque es reconocida ampliamente por la ciudadanía y actores políticos.
Es concreto, sin embargo, porque su legitimidad se ancla no sólo en principios constitucionales abstractos sino en la experiencia sufriente de personas con un rostro y un nombre. Nos une la solidaridad concreta, pero le demandamos su cumplimiento al Estado de derecho.
Esta continuidad del universal concreto hoy está puesta en tensión.
En la reticencia de funcionarios nacionales de aclarar el involucramiento estatal en el destino de Maldonado, en la represión a la movilización del viernes pasado, en la acción de famosos comunicadores sociales que igualan protesta con una declaración de guerra, subyace un intento de debilitar el hilo que conecta las aspiraciones de la democracia argentina de 1983. Sin embargo, el hilo resistirá.
Polarizar o no polarizar: esa es la cuestión
En esta semana ha aparecido en los medios un debate: si al gobierno de Cambiemos le conviene o no le conviene polarizar con Cristina Fernández de Kirchner de cara a la próxima elección en Provincia de Buenos Aires. Polarizar, en este contexto, significa plantear como eje del discurso de aquí hasta octubre una dicotomía fuerte: “Voten a Cambiemos, o puede volver Cristina Fernández de Kirchner.” No polarizar, por el contrario, implicaría otro tipo de argumentos: “Voten a Cambiemos por la gestión” o “Voten a Cambiemos porque compartimos una identidad”, por ejemplo.
En un escenario de polarización, el gobierno apostaría a que el miedo de una mayoría de los votantes a que gane Cristina Fernández sea tan grande a que, enfrentados a esa posibilidad, elegirán a Cambiemos como la fuerza con más posibilidades de “jubilar” definitivamente a la ex presidenta aunque ellos no estén necesariamente felices con la performance de Mauricio Macri en el gobierno. Varios analistas (Federico Aurelio, por nombrar sólo uno) señalan que la polarización le conviene a Cambiemos porque “si los votantes de las fuerzas restantes tienen que optar entre la lista del Gobierno o la de Cristina, la relación es dos por uno en favor de Cambiemos”.”
Esta parecía ser sin duda la estrategia elegida por el comando de campaña orientado por Jaime Durán Barba durante toda la primera mitad del 2017. Luego de un primer año en donde el gobierno se esforzó en separar a los “peronistas buenos” de un resabio kirchnerista que, se suponía, no tardaría en diluirse, en el 2017 la táctica cambió hacia el intento de pegarle a todo aquello que según el gobierno ‘midiera mal’ la etiqueta de kirchnerista. (Tal vez la mejor condensación de esta práctica se dio en la frase de María Eugenia Vidal: “que los dirigentes gremiales docentes digan si son kirchneristas”.) En este escenario, además, Sergio Massa sería el mayor perjudicado porque sus votantes se supone que elegirían votar a Cambiemos, asustados por el posible retorno del kirchnerismo.
Sin embargo, en los últimos días se escucharon voces desde el mismo Cambiemos que alertaron sobre un cambio de estrategia. Según parece, algunas encuesta muestran que tanto Cristina Fernández de Kirchner como Sergio Massa mantienen sus intenciones de voto. Hernán Iglesias Illia, coordinador de políticas públicas de Jefatura de Gabinetes de Ministros, sostuvo hace pocos días que “No está claro que (la polarización) electoralmente sea beneficioso para el Gobierno (…) porque no está bueno tener a la mitad de la sociedad en contra.” Ayer mismo en el programa de María O’Donnell en la TV Pública todos los analistas presentes coincidían en que el escenario de polarización había sido diseñado el año pasado suponiendo que una economía en mucho mejor estado. Es la falta de buenas noticias económicas la que obligaría a un recálculo.
Ahora bien, la decisión de no polarizar tiene dos obstáculos para Cambiemos. El primero es que, aunque quiera, no se puede prender y apagar la polarización con Cristina Fernández de Kirchner como si se contara con un interruptor. El PRO y Cambiemos se constituyeron desde un núcleo de oposición al kirchnerismo desde el inicio del gobierno de Macri en CABA en 2007 o aun antes. Es la base de su identidad. El consultor Gustavo Córdoba encontró, en una encuesta reciente, que si se le pregunta a quienes están decididos a votar por Esteban Bullrich la razón de ese voto, el 60% contesta “para que no vuelva Cristina Kirchner”. Por ejemplo, el programa de Jorge Lanata de ayer fue todo Cristina, todo el tiempo, y hoy la tapa de La Nación pronostica acusaciones judiciales y hasta prisión para la ex presidenta. Esa es la base y el núcleo duro del voto de Cambiemos. Esa base demanda antikirchnerismo, y como muestra la alta intención de voto de Carrió, no está dispuesta a moderarse.
El segundo problema es que salir de la polarización requiere necesariamente reemplazar esa apelación al voto por la negativa por otra por la positiva. Esto requeriría o bien decir “votennos porque representamos una identidad fuerte de clase o ideológica” o bien “votennos porque estamos gobernando muy bien”. Pero por un lado, Cambiemos es un partido nuevo, que busca con los votantes de clase media y media baja una identificación más transaccional y aspiracional que ideológica. Por el otro, los propios dirigentes de Cambiemos reconocen (como dijo el propio Presidente hace sólo unas horas) que una parte importante de la población no percibe mejoras en su situación personal. La economía no representa el empujón que muchos pensaban que sería, y todas las encuestas de los últimos meses señala una insatisfacción con la gestión que ronda el 50%, o inclusive llega al 60%. Entonces, ¿qué valores, qué horizontes de política pública se le pueden presentar a los y las votantes populares?
Probablemente veremos un mix de discursos: Carrió y los voceros en los medios del gobierno ofrecerán antikirchnerismo, y los funcionarios y políticos intentarán ofrecer discursos positivos y aspiracionales, como hicieron en el 2015. Deberán medir bien la combinación. En una elección que promete ser reñida, los márgenes para las marchas y contramarchas de discurso no son amplios.
El estado debe buscar justicia, no reconciliación
(Nota publicada originalmente aquí)
Se viven días en donde se anuncian retrocesos en el entramado legal e institucional que, gracias a la constante presión de la sociedad civil y los organismos de derechos humanos, permitió el juzgamiento de los acusados de crímenes de lesa humanidad y de actos de terrorismo de estado. La Corte Suprema de la Nación causó un verdadero terremoto político al concederle el beneficio del llamado 2×1 y la liberación a Luis Muiña, un represor civil condenado por secuestros y torturas en el Hospital Posadas; esta decisión abriría potencialmente la puerta a la libertad a más de dos centenares de represores condenados. Pero esta medida forma parte de un clima de época que la excede. Hace meses que escuchamos un discurso que pretende “superar” la búsqueda de justicia mediante la reconciliación. En lo que tal vez sea el acto de mayor perfil público siguiendo esta idea, el Episcopado anunció hace poco que en su primera asamblea plenaria del año, llamaría a la reconciliación y escucharía el testimonio directo de familiares de desaparecidos y de víctimas de organizaciones guerrilleras, para en un futuro avanzar hacia “el diálogo”.
La reconciliación puede que suene bien. El Episcopado, como cualquier grupo de personas que forman una organización de la sociedad civil, es libre de organizar las actividades que desee. Sin embargo, el pensamiento filosófico que subyace al concepto mismo de “terrorismo de estado” y “crímenes de lesa humanidad” vuelve irrelevante, cuando no imposible, la idea de una política pública basada en la reconciliación.
Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que afectan, por su gravedad, a la humanidad toda (tal como fue codificado en los juicios de Nuremberg.) El terrorismo de Estado refiere a crímenes realizados por un Estado, de manera sistemática. La diferencia entre un crimen “común” reside en intervención del poder estatal. Esto diferencia un delito común de uno cometido por alguien en tanto empleado del Estado y bajo su orden. Los crímenes cometidos como parte de un plan sistemático de violencia estatal tienen dos aristas que los vuelven distintos: la completa asimetría entre víctimas y perpetradores, y la existencia de un plan sistemático que vuelve criminales a miembros de la burocracia. Por un lado, el poder del Estado es tan grande que se vuelve el único actor social que puede no sólo secuestrar, violar y matar masivamente sino también legislar su propia impunidad. Nadie puede estar a salvo de un estado que afirma que es legal matar bajo su orden, por lo tanto, la violencia estatal es cualitativa y cuantitativamente distinta a la violencia cometida por individuos privados.
Por eso, el concepto mismo de crímenes de lesa humanidad postula que sus “víctimas” no son sólo las personas asesinadas, secuestradas o torturadas sino la sociedad toda y el mismo orden estatal. No hay un sólo culpable, y se daña a toda la comunidad. ¿Con quién debería “reconciliarse” una víctima? ¿Con toda la cadena de mando? ¿Es sólo culpable el que blandió una picana? ¿Qué pasa con el agente de inteligencia o el chofer? ¿Es inocente un general, que dio la orden y nunca se ensució las manos? Más aún, ¿puede “un familiar” perdonar por una víctima asesinada o desaparecida?
No hay simetría entre víctima y victimario porque los crímenes fueron cometido con el poder estatal. Aún los que no fueron directamente asesinados o violados o torturados fueron afectados: todos aquellos que vivían durante 1976 y 1983 sufrieron el daño inmenso que significa vivir bajo un régimen que diseñaba el terror, volvía criminales a sus empleados e imposibilitaba un estado de derecho. Por lo mismo, todos los habitantes argentinos (nacidos antes o después de 1976) tienen interés en que se sienten las bases de un orden legal.
Por supuesto, la posibilidad de la reconciliación privada, en donde una persona decida de manera voluntaria y personal perdonar a otra, siempre existe. Esta reconciliación, religiosa o simplemente humanista, bien puede ser admirable. Sin embargo, la misma es irrelevante para la política, que trata con las consecuencias y causas públicas de los actos de los actos de los hombres y mujeres.
Una última nota personal. Al pensar en esta reconciliación privada, nacida de algo tan personal como el sentimiento religioso, aparecen en la memoria las palabras del obispo Jaime de Nevares o el sacerdote Rubén Capitanio en los años inmediatamente posteriores al retorno democrático. Los recordamos diciendo que la Iglesia Católica no imagina el perdón ni el abrazo conciliatorio sin que exista primero un arrepentimiento sincero por parte de quienes cometieron los crímenes, sumado a un intento de reparar el daño causado. Pero hasta ahora no ha habido por parte de los condenados un pedido público de perdón ni un ofrecimiento aportar información para el esclarecimiento de los destinos de miles de desaparecidos y centenares de hijos e hijas ilegalmente apropiados. Quien solicite reconciliación sin pedir públicamente esto primero está, de hecho, pidiendo otra cosa.
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Juegos de hegemonía política en la provincia de Buenos Aires
(Publicada originalmente aquí)
Luego de la resonante victoria de 2013, recién en 2015 se sabrá si el Frente Renovador liderará una nueva hegemonía peronista en la PBA. Las claves y los números finos.
El hecho político electoral más relevante del año pasado fue, sin duda, la victoria de Sergio Massa en “la provincia”. La pregunta es si esta victoria marcará el fin de una hegemonía y el inicio de otra en la provincia de Buenos Aires. Hay ciertos paralelos entre la elección del 2013 y la del 2005, cuando el kirchnerismo venció al duhaldismo. Ciertamente, esta es la imagen que el massismo quiere presentar: la fuerza de lo nuevo y lo joven derrotando inapelablemente a un orden anquilosado. A su vez, antes el FPV había sido lo nuevo y joven derrotando a otra “vieja” hegemonía peronista provincial, encabezada curiosamente, por otro ex intendente.
¿Marca la victoria de Sergio Massa un cambio inexorable de hegemonía como lo marcó para el duhaldismo la elección de 2005? ¿Es la victoria de Sergio Massa una simple derrota para el FpV o marca el comienzo de un nuevo orden político en la PBA? Comparando los resultados electorales de esos dos momentos de presunto quiebre, vemos que la respuesta es “puede ser, y también lo opuesto”.
EL CAMBIO DE UNA HEGEMONIA
En el 2005, Néstor y Cristina Kirchner tomaron una decisión que sorprendió a muchos: romper abiertamente con quien los había llevado al poder, Eduardo Duhalde, y enfrentarlo en lo que hasta ese momento había sido su bastión inexpugnable, la provincia de Buenos Aires. Este enfrentamiento puede sintetizarse en quienes representaron este duelo en las urnas, Hilda “Chiche” Duhalde y Cristina Fernández de Kirchner como candidatas a senadoras nacionales. La base de esta decisión (que muchos juzgaron suicida) estaba una certeza: un gobierno argentino viable no podía admitir el poder de veto de un liderazgo opositor en el Gran Buenos Aires, como el que Duhalde había tenido en los últimos años de Menem y durante el gobierno de Fernando De la Rúa (Figura 1).
Elección a diputados nacionales en la PBA (2005)
En el 2005, el FpV derrotó a Duhalde por 25 puntos de diferencia, incluyendo una victoria en Lomas de Zamora, terruño del ex intendente y gobernador. El duhaldismo nunca pudo recuperarse y, a partir de esta elección, el kirchnerismo construyó una nueva hegemonía en la PBA. Gracias a dos gobernadores, Felipe Solá y Daniel Scioli, más afines o al menos no opositores, al armado inicial de Alberto Balestrini y una relación directa del Ministerio de Planificación y Obras Públicas con los intendentes, el kirchnerismo logró, no el control, pero sí eliminar el poder de veto del gobernador de la PBA y construir una base electoral fuerte.
Esto no significa que “la provincia”, un país dentro del país, haya votado siempre unánimemente por el kirchnerismo. De hecho, desde el 2005 hasta aquí la PBA le ha dado grandes victorias pero también grandes derrotas al Gobierno Nacional (Figura 2).
Resultados de elecciones a senadores, presidente y diputados a la provincia de Buenos Aires del 2005 a 2013 (*)
No incluimos en este dato a los votos de De Narváez ya que, por una parte, en la elección anterior se presentó como aliado de la UCR y, por otro, algunos de los miembros de su lista son cercanos o funcionarios del sciolismo.
(*) Fuente: Blog de Andy Tow.
La primera conclusión, analizando estos datos, es que el kirchnerismo alternó victorias en la PBA con una derrota de medio término sin que esta última resultara en un cambio de hegemonía permanente. De Narváez se dio el gusto de ganarle una elección a diputados, nada más y nada menos, que a Néstor Kirchner sin que ello derivara en cambios de fondo en la provincia. A fin de ver si la victoria de Massa en 2013 tomará el camino de Cristina de Kirchner en 2005 o la de Francisco De Narváez en 2009, miremos algunos datos más detallados (Figura 3).
Elección a diputados nacionales en la PBA (2013)
El primer dato es que la victoria de Massa en el 2013 fue inapelable y se extendió a todos los extremos de la provincia. Sin embargo, el margen obtenido fue de nueve puntos, menos de la mitad de la cifra por la que el FpV derrotó al PJ (denominación que usó el duhaldismo) en 2005. Asimismo, el FpV logró mantener algunos partidos clave en el suroeste del conurbano y en el corazón agrícola de la provincia. En su primer elección al frente de su armado, Massa no logró hacer que el FpV perforara su piso electoral, que fue igual al obtenido en el 2009 (32%). Hasta ahora, la pregunta sobre si será esto el inicio del control massista de la PBA, debe contestarse con un, “parece probable, pero no seguro”.
La amplitud de la victoria de Massa en el 2013, sumado a que no va a haber un Kirchner en la boleta para traccionar a los de abajo en las próximas elecciones, podría inclinar la balanza en favor del ex jefe de Gabinete. Sin embargo, el kirchnerismo maneja aún los recursos asociados a ser gobierno, los que podría accionar en su contra. Además, el hasta ahora principal candidato en las PASO del FpV es el actual gobernador de la provincia, con lo cual la competencia territorial va a ser fuerte. Más aún si le sumamos que su contendiente pareciera ser Florencio Randazzo, otro bonaerense.
MIRANDO EL TERRITORIO
Tal vez si miráramos datos territoriales más detallados, a nivel municipal, podríamos responder mejor esta pregunta. Los mapas dominados por un solo color esconden un detalle no menor para determinar la penetración del Frente para la Victoria en 2005 y el Frente Renovador en 2013. En 2005, el Frente para la Victoria obtuvo 20 puntos porcentuales por encima del segundo en el 61% de sus victorias. En 2013, el Frente Renovador logró hacerlo sólo en 21,5% de ellas y la mitad en su bastión, el norte del Gran Buenos Aires.
Uno de los elementos centrales de lo que queda del camino hacia 2015 parece ser la disputa por “fichar” intendentes del adversario o, inversamente, mantener los propios. Massa, por caso, ha manifestado que apunta a incorporar un buen número de intendentes a su oferta, con particular ojo en los partidos con más de 100.000 habitantes.
Haciendo un primer experimento con los datos, hemos armado un mapa con la pertenencia política de los y las intendentes de la PBA. En rojo están las intendencias a manos de la UCR y aliados, en azul las que pertenecen al FpV, en negro las del Frente Renovador, en amarillo la intendencia del PRO, el verde es para Nuevo Encuentro y en gris están las liderados por partidos vecinalistas. Este mapa se constituyó a partir del seguimiento de diversas fuentes periodísticas. En el caso de los vecinalistas, sus orígenes son diversos y sus presentes, también (Figura 4).
Mapa intendentes PBA (mayo) 2014
Si, como se ha mencionado en los medios, la estrategia del Frente Renovador es sumar alianzas con intendentes que gobiernan municipios con más de 100.000 habitantes, el campo es limitado. Los municipios de estas características totalizan 35 en toda la provincia y de ellos 29 forman parte de la RMBA (Región Metropolitana de Buenos Aires) y 6 están dispersos por la provincia (Pergamino y San Nicolás al norte, Olavarría en el centro, Tandil, General Pueyrredón y Bahía Blanca al sur). Sumados alcanzan casi 13 millones de habitantes y, en 2013, eran algo más de 9 millones de electores (casi el 80% del padrón provincial y, esperamos que estén sentados, 30% del nacional). Hoy, casi la mitad de los intendentes aliados al FR (12) gobiernan este tipo de partidos. El resto se dividen entre FpV-PJ (16), vecinales (3), panradicalismo (2), Nuevo Encuentro (1) y Pro (1), como se percibe en la Figura 5.
Cantidad de intendencias con más de 100.000 habitantes y población total por partido, o tipo de partido.
Observando todo el territorio, vemos que, aunque no puede dudarse de la presencia del Frente Renovador, no se produjo (aún) la avalancha de intendentes que muchos presagiaban desde el FpV al massismo (lo que los medios llamaban “la garrocha”), y los que se sumaron, exceptuando Merlo, son de localidades chicas. Es difícil calcular con precisión cuántos intendentes son massistas, porque las marchas y contramarchas, así como los rumores periodísticos, abundan. Calculamos que el massismo cuenta hasta hoy con 22 intendentes propios, es decir, una cifra igual al de Frente Amplio UNEN.
Estas cifras tienen una segunda lectura hacia el FAUNEN. Por un lado, todavía controla varios municipios pero, sin embargo, estos son de mucha menor población. Los partidos en manos del panradicalismo se alzan con una población de sólo 629.080 habitantes. Con el mismo número de intendencias, el Frente Renovador gobierna sobre algo más de 4 millones de personas. Para poner estos datos en perspectiva: la totalidad de los municipios en manos del panradicalismo tienen una población levemente superior a los dos controlados por el PRO (Vicente López, 269.420) y Nuevo Encuentro (Morón, 319.934).
Si Sergio Massa no logra sumar a su propuesta un número importante de intendentes del FpV, y dado que el oficialismo parece tener un capital asegurado de votos en torno al 30%, deberá necesariamente dirigirse a captar intendentes de las opciones no peronistas. Sin embargo, aunque logre sumarlos a todos, están en distritos de mucha menor población. Un factor que habrá que mirar con mucha atención es qué oferta electoral logra armar el campo panradical a fin de contener a su espacio. Nuestra hipótesis es que si la dirigencia provincial del FAU no le otorga “voz” a los intendentes para el armado de listas competitivas a nivel provincial, se arriesga a empujarlos a la salida, como destacamos en “La Provincia de Buenos Aires y el Panradicalismo, una relación difícil” (el estadista No 97).
Entonces, para lograr una victoria que habilite una nueva hegemonía provincial, Massa tiene que ampliar su ya importante piso de votos en la provincia hasta poder ampliar aún más su diferencia (superar el 50% o ganar por 20 puntos, por ejemplo). Para esto debe optar por una de dos vías: o apuntar a erosionar definitivamente ese 30% de votos kirchneristas (y sus intendentes), o dirigirse a quedarse con la totalidad del voto panradical (y sus intendentes), más la eventual cuota que obtenga del PRO. En un caso se trata de operar al interior de la identidad peronista, con sus peculiares códigos y estilos, y en el otro operar al interior de la identidad opositora republicana. Es esta disyuntiva, aún no resuelta, la que explica las oscilaciones discursivas de Massa entre “dejar lo bueno y cambiar lo malo” y ser un opositor sin matices.
Agregamos: y todo esto sin un menú de candidatos a gobernador consolidado por parte de ninguno de los partidos.
Elogio de la antigua partidocracia
María Esperanza Casullo y Martín Rodríguez
Aproximadamente desde 1983 hasta 2003 los partidos políticos argentinos vivieron una era que podría denominarse la “era de la gran moderación”. El retorno de la democracia tuvo como uno de sus más positivos productos el hecho de que los (por entonces) dos únicos partidos nacionales abandonaran sus anteriores coqueteos con lógicas políticas antiliberales (movimientista y populista para el PJ y antipopulista y desconfiado de la legitimidad electoral para la UCR) y abrazaran decididamente la “causa nacional” de la democracia.
El ascenso del alfonsinismo y la derrota del antiguo balbinismo fueron seguidas por una transformación casi mimética del PJ, que, espoleado por la Renovación Justicialista de Antonio Cafiero, decidió abandonar antiguas críticas hacia la democracia partidaria y transformarse de lleno en un partido político moderno. Tal vez, mirando retrospectivamente, pueda decirse que los años entre 1983 y 1989 fueron la edad de oro de los partidos políticos argentinos: dos partidos nacionales, ambos con amplia y profunda llegada a la sociedad, con afiliados que se contaban en millones, con renovada militancia juvenil y universitaria, con ámbitos de organización y democracia interna fuertes (en el caso del PJ, inclusive, con una inédita elección interna para elegir su fórmula presidencial).
Esta edad de oro de los partidos políticos pareció basarse en el hecho de que, tal vez por primera vez desde 1945, parecieron coincidir, si no en su ideología, sí en un diagnóstico común de qué hacen y para qué sirven los partidos políticos. Es posible que si uno les preguntara en ese momento, tanto Raúl Alfonsín como para Antonio Cafiero coincidieran en que los partidos políticos sirven para dos cosas: escuchar lo que la sociedad quiere, y canalizar y moderar sus reclamos. Esta visión veía a los partidos políticos como mecanismos para la agregación y el procesamiento de demandas sociales; embudos invertidos que recogerían en la sociedad lo que ésta quería, para trasladarlo “hacia arriba”, hasta las esferas más moderadas y profesionales del bipartidismo en donde se forjarían los necesarios consensos legítimos para sustentar políticas públicas plantadas en una virtuosa línea media.
Irónicamente, la edad de oro del bipartidismo argentino culminó con lo que debería haber sido su más alto pináculo y su logro, es decir, con el Pacto de Olivos. En una gran paradoja, una reforma constitucional, más que necesaria a priori para modernizar una Constitución con más de cien años de retraso, en la cual participaron y a la cual apoyaron los dos partidos nacionales más importantes, y en la cual se siguieron todos los pasos institucionales, terminó, sin embargo, en el descrédito generalizado y hasta ahora irremontable, en términos estrictamente electorales, del bipartidismo en la Argentina.
Sin embargo, y en otra llamativa ironía histórica, nadie fue mejor hijo del bipartidismo argentino de los ochentas que el partido que encarnó su quiebre, el FREPASO. Nadie expresó mejor que Carlos “Chacho” Alvarez las ideas de una década antes, es decir, que los partidos deben poner la oreja en tierra para descubrir qué es lo que la sociedad quiere, para traducir esa demanda en una oferta que la modere, la institucionalice e, inclusive, la despolitice. Si tanto Cafiero como Alfonsín veían al partido en función de una visión ideal de las fuerzas socialdemócratas de posguerra, Chacho Álvarez se miraba a sí mismo en el espejo de los partidos de la Tercera Vía: muchas encuestas y focus groups, relación directa con “la gente”, conferencias de prensa y “photo ops”.
Pero el privilegio de los profesionales de la política y de una visión tecnocrática y moderadora de la política no había cambiado. El kirchnerismo, resulta obvio decirlo, rompió con este consenso “noventista”. El kirchnerismo reformuló (un poco obligado por las circunstancias, un poco por convicción) la respuesta a la pregunta “qué es un partido”. El kirchnerismo respondió diciendo que un partido no sigue a la sociedad, sino que la precede; no se mueve detrás de ella, sino que va un paso adelante; un partido no debe moderar los humores sociales, sino cumplir una función entre vanguardista y didáctica: actuar, siempre actuar, aún en direcciones inesperadas, o a priori poco populares. No decimos, por supuesto, que este paso adelante se diera siempre en el vacío: los mejores momentos kirchneristas se dieron cuando el paso adelante pudo darse en direcciones que la sociedad ya había marcado como abiertas, como el matrimonio igualitario o la ley de democratización de medios.
Sin embargo, el talento del kirchnerismo en muchos casos fue dar con temas en los cuales le mostró a la sociedad que ella misma se daba cuenta de lo que quería luego de que la política se lo mostrara, no antes. Este aspecto confrontativo constante puede producir efectos desconcertantes en la sociedad (un “extrañamiento”, una saturación) e introduce efectos sobre los propios. Para eso deberíamos subrayar la relación del kirchnerismo con una era anterior: durante la primavera radical se podía no ser de la Coordinadora y, sin embargo, sí ser alfonsinista, o, en todo caso, simplemente radical. Digamos que había un “genérico” dentro de la identidad política que permitía no habitar el perímetro del poder o la experiencia más fanática, y sí ocupar espacios de pertenencia.
El kirchnerismo es reactivo a las zonas grises de la sociedad, por lo tanto, también lo es a sus propias zonas grises. A sus adhesiones más mesuradas o complacientes. Y así lo deja entender en los impulsos organizativos que tiene en pie: todos fibrosos, más parecidos al ideal nostálgico de una “Orga” que a la organización de tipo partidaria (que sería mucho más sensible a los ritmos democráticos básicos). En términos partidarios, hoy vivimos, parece, en otra era; la era de la moderación ha dado paso a la era de la polarización. Porque lo interesante es que ninguna fuerza partidaria argentina reivindica para sí una función canalizadora y moderadora de los reclamos sociales.
Por su parte, invita el kirchnerismo a una adhesión para la que elige una agenda estricta en la cual comprender su radicalidad. Con dispositivos eficaces puso la contradicción principal en la lucha antimonopólica contra Clarín. Clarín representa todo lo que el kirchnerismo no es y es productivo para el Gobierno que sea un “grupo de poder” y no un partido de poder. Barre el campo opositor o lo sitúa en condiciones desfavorables, sin “agenda propia” . A su vez, porque en el disciplinamiento del Grupo se consumaría una suerte de disciplinamiento de la burguesía en general. Clarín, según el relato de Papel Prensa, resulta el emergente más visible en que lo “civil” de la última dictadura se hizo cuerpo.
Sin embargo, esta polaridad, que atraviesa lo que queda del sistema de partidos también puede terminar de destruirlo o, en su defecto, no alumbrar una recomposición fácil. El kirchnerismo ha decidido, por el momento al menos, polarizar; cabe preguntarse qué sucederá si la apuesta es simétrica del otro lado. Los partidos opositores, de la UCR al PRO, se entienden a sí mismos ante todo como opositores a, más que representantes de. A su vez, la sociedad misma parecería solicitar algunas dosis de moderación. El kirchnerismo logró mejores resultados electorales en 2011, con un discurso centrado en valores positivos, que en 2009, con el contexto fresco de la crisis del campo; y, en la oposición, aquellas fuerzas con discursos centrados en la gestión territorial (PRO, FAP) tuvieron mejores resultados que las centradas en la polarización con el kirchnersimo, como la CC. Sin embargo, no vemos, hoy, partidos “moderadores” en la oposición, sino, en todo caso, partidos que intentan invisibilizarse, que no es lo mismo.
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