Sebastián Etchemendy

Apuntes sobre la Economía Política de las Reformas PRO

Para entender mejor el paquete de las triple reforma  PRO (impositiva, laboral, previsional) es conveniente salir al principio de los detalles más técnicos y hablar de ideología. En este sentido, los funcionarios de las áreas económico-sociales de este gobierno suelen tener tres concepciones muy marcadas:

1-Son profundamente “ofertistas”. Creen que el crecimiento de la economía es principalmente consecuencia de mejorar la oferta de capital en el mercado, esto es, maximizar la rentabilidad empresaria. Se trata entonces de quitar todo impedimento o regulación que afecte el beneficio empresario en diversas áreas y de diferentes modos, como motor esencial del crecimiento económico. Así, este hipotético crecimiento viene dado menos por el lado de la demanda, o por el direccionamiento de esa oferta de capital (por ejemplo mediante la administración del comercio, tipo de cambio o  política industrial) que por la simple rentabilidad empresaria.

2-No creen en dos aspectos claves de un Estado de Bienestar extendido, cuya expresión más cabal en la historia del capitalismo es Europa continental y del norte. En primer lugar, sus economistas prefieren los sistemas de jubilación privados de cuentas individuales que luego engrosan el mercado de capitales. Así, descreen en los sistemas de seguridad social estatales y en su naturaleza solidaria, donde todos los salarios (incluidos obviamente los más altos) aportan a un fondo común que solventa las jubilaciones de los menos pudientes y de quienes no han completado sus aportes.

3-Además, desconfían de un sistema de relaciones laborales colectivas sólido y extendido, con paritarias sectoriales y consejos de salario mínimo, en ambos casos orientados por un Estado que administre la puja distributiva. Para ellos, la negociación sindical distorsiona los equilibrios y la relación uno a uno empresario-empleado. De hecho, en los modelos monetaristas y neoclásicos de mercado de trabajo el supuesto principal es la competencia perfecta entre trabajadores negociando individualmente.

Estas concepciones están muy establecidas y rigen el mundo ideal de los funcionarios PRO. Por formación (posgrados en economía en EEUU o en universidades privadas locales con hegemonía ortodoxa) están muy poco familiarizados con las complejidades del Estado de Bienestar moderno o  los mercados de trabajo con actores colectivos: se trata de obstáculos que hay quitar del medio para que operen los modelos con incentivos individuales eficientes y sin “distorsiones”.  Por supuesto, estos funcionarios están limitados en la práctica de la política pública por dos aspectos clave: a) la democracia (o lo que hasta antes de la represión indiscriminada de la protesta y las detenciones arbitrarias era un Estado de Derecho pleno en Argentina); b) los 12 años de activación popular durante el kirchnerismo. Ya no se trata de realizar reformas pro-empresarias después de la hiperinflación (como en el menemismo) o de 10 años de neoliberalismo (como en la Alianza). Los actores y las relaciones de fuerzas son otras. Así, por ejemplo, el PRO desfinancia y recorta el sistema jubilatorio con el objetivo de minarlo a futuro, pero no lo privatiza directamente. Y aun así enfrenta una poderosa reacción social, mucho mayor a la que originó la introducción del régimen de capitalización hace 25 años. A la vez, desarma  todas las instancias de discusión salarial agregadas que resultan en un “número” o “pauta salarial” nacional con influencia sindical—es decir las paritarias de actividad orientas por el Estado, el Consejo de Salario, y la Paritaria Nacional Docente. En la práctica esto descentraliza la negociación salarial a los sectores que negocian por separado sin coordinación alguna, y cada sindicato se las arregla como puede. Pero por el momento no se puede avanzar con el viejo sueño liberal de la negociación individual o por empresa como en Chile.

Entonces, en esencia el paquete es “ofertismo puro” adaptado a la realidad. No hay ninguna iniciativa novedosa ni siquiera relacionada con los sectores que para el PRO son vanguardia (ejemplo un programa de reducciones impositivas a la creación de valor agregado agrícola y cosas así). Nada de “desarrollismo”: se trata de neoliberalismo clásico, predecible y ofertista. Por supuesto, el ala más ilustrada puede aceptar mantener (y aun extender a los monotributistas) un programas de transferencia condicionada (PTC) como la AUH. Pero sabemos que esas políticas sociales (que obviamente no cuestiono) no desafían al poder económico y son relativamente baratas. De hecho los PTC en América Latina los hacen todos, la derecha (ej. Mexico, Colombia) y la izquierda. Lo que no hacen todos es agrandar o reforzar los sistemas de seguridad social/jubilatorios o institucionalizar una puja distributiva salarial nacional con participación sindical, y eso (lo primero por el costo fiscal que requiere fuerte capacidad estatal recaudatoria frente al capital, lo segundo por la apropiación de excedente) es lo que verdaderamente molesta a las concepciones ideológicas PRO.

 

Reforma Laboral

No voy a numerar aquí todos ítems de las reformas ya suficientemente conocidos, más bien apunto a subrayar aspectos generales de la matriz de ganadores y perdedores. La reforma laboral  busca mejorar la rentabilidad empresarial en sus relaciones “individuales” con el trabajador: reduce el costo de despido y lo viabiliza a través de un fondo de cesantía, facilita al empleador modificar unilateralmente condiciones laborales, permite que el trabajador “renuncie” a la protección de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) o los convenios, facilita la tercerización y abre la puerta para sacar a los profesionales que hacen tareas rutinarias, o a los trabajadores de las microempresas, de la protección de la LCT mediante las figuras de  “trabajo profesional autónomo económicamente dependiente” y “trabajo independiente con colaboradores”.

El primer punto evidente es que la reforma elude confrontar con los sindicatos ya que no se toca el marco de relaciones colectivas y de obras sociales. Sin embargo, siempre hay que ser cautos con este planteo. La noción de que los sindicatos solo dependen de la fortaleza organizacional que da el derecho colectivo es falsa: es obvio que cuando los trabajadores se sienten más débiles y desprotegidos, son más reacios a sumarse a la movilización gremial, lo que debilita, por lo tanto, la organización sindical en su conjunto. Es cierto, no obstante, que el núcleo del proyecto se enfoca en las protecciones individuales. Aquí llaman la atención dos aspectos, coherentes con la ideología radicalmente ofertista. El primero es la ausencia completa de contraprestaciones o regulaciones a los empresarios ante el otorgamiento de beneficios evidentes. Por ejemplo, en la “regularización” de trabajadores no registrados, se reemplazan las multas por deudas al estado y el derecho de demanda legal del trabajador por un pago menor y único. Sin embargo nada impide al empresario “blanquear” y luego despedir al trabajador sin mayores riesgos. De este modo, el empresario se saca el peso de un juicio (pues la relación que nunca estuvo registrada pasó a estarlo) y el trabajador pierde al menos el disuasivo de una acción judicial para que no lo despidan en su relación la laboral no registrada. Beneficios análogos que otorgó el gobierno anterior estaban sujetos a prohibiciones de reducción de personal con posterioridad a la regularización.

El segundo es el cercenamiento de la “responsabilidad solidaria”, esto es, la capacidad del trabajador subcontratado de accionar contra la empresa principal en sectores como maestranza, seguridad o gastronomía. Hoy la tercerización está prácticamente desregulada en Argentina y la responsabilidad solidaria es el último bastión de protección. Cuesta creer que el hecho de que un trabajador de, pongamos, limpieza, no pueda hacer juicio contra la empresa en la que (en los hechos) trabaja en caso de accidente o condiciones injustas por las que la principal es responsable, vaya a mejorar la competitividad de la economía argentina. Por otra parte, la nueva inclusión de informática en el quite de la responsabilidad solidaria constituye un pago directo especial a las empresas de telecomunicaciones, que subcontratan masivamente esos servicios, ya no en actividades llamadas secundarias como seguridad o limpieza, sino en sus actividades principales.

En suma, paradójicamente, quienes siempre dijeron estar en contra los sindicatos, pero a favor de los “trabajadores individuales”, concentran en estos los costos de la reforma, especialmente en aquellas franjas más débiles: trabajadores en actividades notorias por su debilidad sindical y salarios bajos, es decir, sub-contratados y empleados de micro-empresas que ahora pueden quedar afuera de la LCT.

 

Reforma Tributaria: Contribuciones Patronales

En esta discusión es bueno tener en mente el debate general para luego ir a los detalles. Grosso modo, en el mundo hay tres maneras de concentrar el peso del financiamiento de la seguridad social: impuestos directos al patrimonio y ganancias empresarias (países nórdicos), cargas sociales por parte de empresarios y trabajadores a partir del contrato laboral (Europa continental, Brasil, Argentina) y la manera residual (EEUU, Chile, y otro países anglosajones). Se puede argumentar que las cargas sociales tienen un sesgo anti-empleo: el empresario tiene que pagar hoy en Argentina entre un 17% y 21% encima del salario por contribuciones a la seguridad social en la contratación del trabajador. Sin embargo, la clave es que cuando el PRO quiere terminar con las cargas sociales y su sesgo anti-empleo, no lo hace obviamente para pasar a un modelo de Estado de Bienestar nórdico basado en los impuestos directos al patrimonio y la renta. Es más, el enfoque PRO baja los impuestos principales a sectores más pudientes: retenciones, bienes personales,  y ganancias empresarias. Por lo tanto, el recorte a las cargas sociales (que a pesar de su sesgo anti-empleo tienen la gran ventaja de que son fáciles de cobrar) es simplemente otra forma de decir “no financiemos la seguridad social”.

En este marco, el PRO propone un desfinanciamiento de la seguridad social vía reducción de cargas sociales que tiene dimensiones alarmantes. La vía es doble: un mínimo no imponible (MNI) de $12.000 (actualizado por IPC) a 2022 a partir del cual el empresario pasa a tributar cargas sociales, y la unificación de alícuotas en 19,5% para todas las actividades (hoy por el Decreto 814 las mismas son 17% para industria y 21% para los servicios de alta facturación). El esquema por lo tanto favorece claramente a las grandes empresas de servicios que pagan salarios bajos (y en consecuencia el MNI se “come” buena parte de la carga social) y reducen su alícuota dos puntos, por ejemplo, los supermercados y grandes tiendas. Un reciente trabajo del CETyD[1] realizado a partir de simulaciones con la base actual de salarios SIPA estima para 2022 en 153.000 millones de pesos de 2017 el total que los empresarios dejan de aportar a ANSES con esta medida. De esa torta, nada menos que el 45% lo ahorran empresas de más de 200 trabajadores (es decir en su mayoría multinacionales y grandes grupos locales). El mismo estudio indica que en promedio la contribución patronal pasa del 17% al 11% y en las grandes empresas de servicios del 21% al 13%–casi 40% de reducción impositiva!

 

De nuevo, la comparación con medidas en la misma área del gobierno anterior son elocuentes. Cuando hubo reducciones de cargas para premiar empleadores en el marco de paquetes de estímulo y regulación de mayores sanciones contra el trabajo no registrado, los beneficios se concentraron en empresas de entre 5 y 80 trabajadores solo por dos años, y en forma permanente sólo para las microempresas de 5 trabajadores o menos, con límite de facturación. A la vez, las reducciones incluían el pago del empleador a las ART (o sea la parte de la seguridad social aún administrada por bancos y el sistema financiero), obviamente sin afectar las contraprestaciones por accidentes laborales. Ahora el jubileo impositivo incluye a los grandes grupos económicos y es para siempre. Y, por supuesto, el sistema de seguridad social privado de accidentes de trabajo no se toca. Es curioso, para los funcionarios PRO las altas cuotas de la carga ART que financian a los bancos no tienen sesgo anti-empelo, pero si lo tienen las cargas que financian jubilados, discapacitados y AUH.

 

Reforma Previsional y de la Seguridad Social

Para entender el núcleo de ganadores y perdedores conviene partir de la afectación de ingresos y gastos del sistema. Además del recorte de contribuciones a la seguridad social recién señalado, como se sabe el gobierno deroga el 20% del Fondo del Conurbano dentro del impuesto a las ganancias que se destinaba a ANSES, y lo hace coparticipable a las provincias. Todo ello, en el contexto de la mecánica corrosión que la ANSES viene sufriendo desde 2015, potenciada por el gobierno PRO. Primero, la Corte devolvió el 15% de coparticipación que mantenía desde los años 90, cuando ANSES tomó varias cajas provinciales. Segundo, la llamada Reparación Histórica, que habilitó la cancelación de juicios previsionales. Más allá de la justicia de esta medida en cada caso, lo cierto es que a) favorece a los jubilados con más recursos que tienen abogados y habían ganado o iniciado juicios b) se buscó (mal) compensarla con el blanqueo de capitales, un ingreso por única vez frente a una medida que provoca un flujo de recursos continuado.[2]

Tamaño guadañazo a los recursos de la seguridad social no podía sino terminar en el ajuste de sus gastos, lo que se hace con la ley aprobada que recorta egresos del sistema, tanto por el cambio de fórmula, como con el modo de empalme de la misma con la actual. El esquema general de la fórmula de actualización de 2009, ligaba, por un lado, el ingreso de jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares contributivas y de la AUH a la suerte de los trabajadores activos, siguiendo el resultado de paritarias en promedio. Segundo, para cuidar la viabilidad del sistema, el otro 50% de la fórmula contemplaba el nivel de recaudación tributaria. El esquema aprobado por el PRO sigue la inflación con un mínimo agregado de salario de los trabajadores activos. Es cierto que en otros países desarrollados la actualización jubilatoria general es básicamente por inflación. Pero esos países no vienen de un sistema de Seguridad Social destruido en los años 90 y una jubilación mínima intocada por 12 años (1991-2003) en los que hubo inflación. En ese contexto, ligar la suerte de los jubilados a la de los trabajadores activos deviene un principio elemental de justicia distributiva.

Según un estudio del CETyD,[3] entre diciembre de 2008 y junio de 2017, la movilidad basada en salarios fue del 20% en términos reales, frente a 3 % de haberse seguido la propuesta de gobierno (70% inflación +30% salarios)   A su vez, la decisión de comenzar con la nueva fórmula en marzo de 2018 tomando esencialmente la inflación el tercer trimestre de 2017 para ajustar el haber a esa fecha—justo un período en que los salarios comenzaron a ganarle a la inflación—implica según estas estimaciones un ajuste del 6%. Es de Perogrullo que un bono por única vez no compensa una fórmula que nacerá “retrasada”.

La hipoteca a futuro de los ingresos de la ANSES constituye sin dudas el costado más regresivo de la reforma PRO. Pone en duda la sustentabilidad del sistema en su conjunto e induce a quienes tienen opción, esto es los sectores medios y altos, a volver a pensar en salvarse por la suya mediante cuentas de capitalización individual. Esto es coherente con aspectos de la reforma tributaria que incentivan ahorro impositivo para “seguros individuales de retiro”.

 

Todo lo anterior no implica desconocer que la macroeconomía arrastraba problemas en 2015. O negarse por principio a estímulos impositivos a los empresarios. Sin embargo este paquete constituye mucho más que eso: se trata de una formidable redistribución de ingresos y poder social desde jubilados, niños beneficiarios de asignaciones familiares, y trabajadores, a las clases propietarias. De aprobarse todo el paquete, en un extremo social, el dueño de un supermercado pagará 40% menos de contribuciones a la seguridad social, 29% menos de impuesto a las ganancias (la alícuota pasa del 35 a 25), podrá despedir más barato y mover de funciones a sus empleados, y eludirá los juicios de sus trabajadores sub-contratados. En el otro extremo social, ese trabajador sub-contratado del supermercado que verá recortado sus derechos, a la vez perderá valor en su asignación familiar por hijo. Sus padres jubilados perderán ingresos y él mismo verá comprometida la base de recursos de ANSES para su jubilación a futura. En suma, un paquete construido por políticos y técnicos que no creen en el Estado de Bienestar, rechazan la negociación colectiva institucionalizada del ingreso y tienen una fe casi religiosa en el ofertismo como fuente del crecimiento económico.

 

[1] Análisis de la Reforma Laboral, documento elaborado por Diego Schleser, Juan Manuel Ottaviano, Matias Maito, Clarisa Soto y Juan O’Farrell, con la dirección de Carlos Tomada, Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo (CETyD), Noviembre 2017.

[2] Ver La Sostenibilidad de la ANSES en el Centro del Debate, Nota de Economía n 16. Instituto de Trabajo y Economía, Fundación Germán Abdala

[3] Análisis de la Reforma Previsional, Carlos Tomda, Diego Schleser y Clarisa Soto, CETyD, Diciembre de 2017. El estudia utiliza como fuente la inflación el estudio Bein y Asociados e IPC CABA para el  período 2007-15.

 

Qué nos dice Huergo

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El fenomenal reportaje a Héctor Huergo el hombre fuerte de Clarín Rural, en la revista Crisis es para poner en un cuadrito. Brillante y megalómano, al parecer predicador de la revolución de las pampas cuando nadie hablaba de la soja, el tipo dice mucho y de todo. A mí me surgen los siguientes puntos:

-Leer a Huergo confirma lo que ya sabemos, la convergencia entre el Grupo Clarín y lo más concentrado de los agronegocios. Nos muestra una vez más que limitar el poder político y hegemónico de Clarín en esta época, como lo intenta hacer el gobierno, no es solo contener a un pulpo de la comunicación. Es contrarrestar el poder de lobby de la burguesía rural más pujante. Clarín y los agronegocios son dos cosas distintas. Pero hoy, circunstancialmente o no, forman un poder conjunto y una formidable usina hegemónica. La cuestión Clarín no es la fijación kirchnerista con un medio opositor, o si quieren, no solamente eso. Clarín es, con su rol clave en AEA y sus lazos con la gran burguesía agraria vía Clarín Rural y la organización de Expoagro, un punto neurálgico del dispositivo de poder económico y no electo en la Argentina actual. En consecuencia, debe ser limitado en su influencia política por el bien de la democracia.

-Huergo muestra el liberalismo de los poderosos, de los grandes en serio, el que nunca existió en la práctica en la Argentina moderna. El de la derecha chilena pinochetista. El liberalismo del mercado autoregulado de Polanyi. Como todo liberalismo económico es una alquimia utópica, pero es “coherente” y no cede en nada. Te dice “a la equidad la mando a pasear” como política pública. Te dice que “el lujo es inclusivo ”. Porque, te dice, la distribución viene cuando el “chacarero” que la levanta con pala construye la pileta y la cancha de golf. Por supuesto, rechaza cualquier límite a la mercantilización de la tierra: los productores se van a dar cuenta solos si evitar la rotación de cultivos pudre el suelo, porque va a ir mal el negocio. Le pega a Grobocopatel por “ceder al lobby ecologista” y buscar certificados para sus cultivos de soja. Que los biocombustibles puedan subir el precio del maíz no es un problema porque la gente en el mundo se muere más por exceso de alimentos que por su escasez. Pero, ojo, también despotrica contra el subsidio a los feedlots y cualquier forma de apoyo estatal fuera de invertir en la investigación en la que él cree—aquella que apunta exclusivamente a aumentar la producción. Cuesta ver a Huergo, con ese discurso, lloriqueando y pidiendo ayuda al Estado por una sequía.

-Para la burguesía rural el neoliberalismo argentino fue más salvaje que para los grupos económicos industriales grandes, como Macri, Perez Companc, Techint etc que, como sabemos, mal o bien se acomodaron vía privatizaciones o nuevas protecciones en el mercado. Huergo dice que la convertibilidad abarató el precio de la tecnología, porque el valor de los tractores o fertilizantes bajó en términos del dólar-cosecha. Recordemos que fue un periodo sin retenciones pero con bajos precios internacionales y fuerte sobrevaluación cambiaria. O sea supervivencia del más apto. Y así surgen los más fuertes, los Adecoagro, los productores locales que hicieron punta con la siembra directa o la soja transgénica, los empresarios nucleados en los grupos CREA—mas allá de la familia de pueblo que le quedó algo de tierra y la alquiló. Que no son la Mesa de Enlace, el diario La Nación o los agrodiputados radicales. Eso es lo viejo, nos dice Huergo. Lo más ligado a la ganadería pastoril, o a los tambos que en la Argentina se hacen con vacas que comen pasto, “y eso no tiene futuro, porque el maíz rinde más que el pasto.” Los que, agrego, piden por el Estado cuando hay sequias o las cerealeras los basurean.

-Esa división entre lo viejo y lo nuevo de la burguesía rural seguramente sea más matizada en los hechos. Pero parece claro que hay un grupo de empresarios agrarios de punta que son aliados objetivos de las multinacionales que traen las semillas y los químicos. Se pelean ocasionalmente entre ellos, como dice Huergo, pero al final convergen. Por primera vez desde el sXIX hay en realidad un gran actor económico liberal “verdadero”, que no son los grupos económicos industriales que nacieron y vivieron de la protección, ni los terratenientes de mediados del sXX que se sentaban en sus campos a esperar la devaluación en el ciclo stop and go. Unos tipos que están en la vanguardia tecnológica mundial y que van por una apertura total y un Estado mínimo en serio. La base social que el liberalismo económico nunca tuvo en la Argentina moderna—ni siquiera en los años 90. La pregunta es si tiene sujeto político hoy en la Argentina esa burguesía rural que clama por el mercado autoregulado. Esos dos “chacareros” que, nos cuenta Huergo, tienen 40 palos verdes en tierra y viven en una mansión, pero se van a sembrar a la noche con la camioneta y el mate. Siguieron a la Mesa de Enlace en la 125, pero son otra cosa.

-Sorpresivamente, quizás, y más allá de la disputa global con el “campo”, el gobierno tuvo más puntos de contacto con esa gran burguesía rural que con la más tradicional, porque promocionó los biocombustibles—una de las patas de este boom agrario que parece eludir la pura primarización y que plantea algún tipo de industrialización “en origen”—; porque subsidió los feedlots en contra de la ganadería pasotril para bajar el precio de la carne; porque fortaleció el INTA y la cadena tecnológica en la gestión Lino Barañao. Y menos con los productores de Buzzi, que hicieron un montón de plata como cualquiera que tiene más de 100 hectáreas en una zona medianamente buena estos años, pero que se ven entre dos fuegos, el del gobierno por un lado, y las cerealeras y las multinacionales de semillas y químicos, por el otro.

¿Cómo tiene que pararse el movimiento nacional y popular frente a este complejo entramado? Sabemos que nadie salvo este gobierno garantiza en la política argentina la captura de renta vía retenciones en la magnitud actual—que, por ejemplo, no existe en Brasil, con su gobierno del PT y con un actor sojero análogo e igualmente poderoso y, a esta altura, con un nivel de tipo de cambio no tan distinto del local. Dicho esto, ¿impactará algún día en forma decisiva este fenomenal cambio económico rural en la superestructura de la representación política agraria? ¿Cómo va a incidir culturalmente a mediano plazo esta visión ideológica del Estado ultra mínimo, el lujo sojero que trae la inclusión de Huergo, que por primera vez en un siglo tiene un sujeto social y una capacidad de difusión hegemónica temible? ¿Tenemos que “segmentar ahí adentro” o la única diferencia entre el chacarero de Huergo y Buzzi es que el federado quiere Estado mínimo en su capacidad de intervención general pero protección o ayuda estatal para su grupo? Como sea, es bastante posible que la madre de todas las batallas por la renta económica de las próximas décadas se libre más contra los clientes de Huergo que contra los grupos económicos como los conocimos hasta ahora.

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Las Contradicciones del Progresismo Liberal

En forma creciente, y en buena medida como resultado de su oposición al kirchnerismo, se ha ido consolidando en Argentina una corriente de crítica y pensamiento político que se podría denominar “progresista liberal.” Esta corriente presenta algunos tópicos clásicos de la izquierda, como, por ejemplo, un cuestionamiento a determinados poderes económicos y a la represión estatal a las organizaciones populares combinados en grado variable con postulados más propios de la tradición política liberal, es decir, la denuncia contra la concentración de poder institucional en la presidencia, la marginación del Congreso en la arena de toma de decisiones políticas y el poco respeto al funcionamiento genuino del federalismo. Ejemplo de esta matriz de pensamiento que ha tomado vigor este año son intelectuales como Beatriz Sarlo o, más recientemente, el colectivo denominado Plataforma 2012. Quizás la muestra más sucinta  de esta postura se publicó en el texto “Reflexiones sobre la Desigualdad” firmado por Maristella  Svampa y Roberto Gargarella en el diario Página/12. Estos dos investigadores, junto a Sarlo y otros, conformaron el grupo Plataforma 2012. Asimismo, el más reciente agrupamiento de intelectuales y periodistas contra el supuesto tinte nacionalista del renovado reclamo argentino sobre Malvinas, que incluye a algunos de los mismos nombres (aunque no a Svampa) parece abrevar en las mismas fuentes del progresismo liberal. En este artículo señalo, basándome en razones históricas y teóricas, algunas contradicciones importantes en esta cosmovisión política. Argumento que más allá de la coyuntura (y del kirchnerismo), en última instancia el progresismo liberal alberga una visión muy cándida sobre la posibilidad de complementar la tradición liberal con las corrientes políticas populares y de izquierda.

En el artículo mencionado, por ejemplo, Svampa y Gargarella denuncian las desigualdades económicas imperantes en materia de salud y educación entre las provincias argentinas, o de acceso general a la vivienda, e impugnan la connivencia del gobierno actual con las grandes empresas mineras, petroleras, exportadoras de granos y otras. En este texto se condena también la conocida violencia ilegal que ejercen muchas policías provinciales. Al mismo tiempo, sin embargo, Svampa y Gargarella, señalan cuestionamientos más generales típicos del recetario político liberal como ser la “inédita concentración de poderes sobre la presidencia” a la que se califica de “monacal” y la escasa participación del Congreso en la toma de decisiones. La imputación por la falta de federalismo, por los “modos verticales” de hacer política que impone la presidencia y el control político del Poder Judicial suelen ser también temas típicos en la agenda del progresismo liberal—de hecho el documento original del colectivo Plataforma 2012 habla del “centralismo unitario” en la Argentina actual.

Uno podría hacer una objeción de orden político-coyuntural a tales planteos. Cuestionar, por ejemplo, que los grandes grupos de medios concentrados o las organizaciones patronales agrarias (que uno supone tan adversos a un orden igualitario como las grandes empresas mineras) suelen estar menos mencionados en las denuncias que se realizan desde el progresismo liberal. No es el estilo de crítica que me interesa formular aquí, no obstante. Toda elaboración real y no testimonial de un proyecto político transformador en democracia elije algunos adversarios más que a otros, incluido el kirchnerismo. Me parece más relevante reflexionar sobre las implicancias teóricas, históricas y prácticas de este discurso de cuño progresista liberal.

Podríamos empezar señalando lo obvio: la tradición de izquierda de raíz marxista, donde uno esperaría que se apoye intelectuales que se dicen críticos, dice poco acerca de los problemas de la concentración del poder político en el Ejecutivo y la defensa del rol del Congreso o el Poder Judicial. Como es bien sabido, los marxistas originarios estaban más preocupados por las desigualdades emergentes de un orden capitalista estructurado en torno de la propiedad privada y el trabajo formalmente “libre” que por los avatares del Congreso o los poderes ejecutivos fuertes. La lucha por esos postulados dentro de un orden democrático-legal nunca fue patrimonio del marxismo originario, pero tampoco ocupó demasiado espacio en el acervo teórico de sus herederos en el marxismo occidental, ya sea en la tradición alemana o italiana. Difícilmente encontremos en textos de Rosa Luxemburgo, Kautsky o Gramsci elogios a los ejecutivos débiles, o arengas sobre la necesidad de parlamentos fuertes frente a los gobiernos una vez que la izquierda acepta el orden democrático-legal burgués. Las prioridades eran otras.

Pero si salimos de las preocupaciones teóricas marxistas y nos vamos a la práctica política de los partidos socialistas herederos de las Segunda Internacional, veremos que la consolidación de los avances de derechos sociales se dio en marcos de concentración de poder en el Ejecutivo y de hegemonía parlamentaria, más que en escenarios de presidencias débiles y pluralismo en las legislaturas. El famoso Pacto de Saltsjobaden en Suecia en 1938, donde esencialmente el sector empresario acepta las bases del futuro Estado de Bienestar, fue consecuencia de la amenaza revolucionaria por parte del SAP (el partido socialdemócrata europeo más fuerte en la primera parte del sXX después del alemán) a la propiedad privada y su control casi mayoritario del parlamento. Los grandes momentos en la ampliación del Estado de Bienestar en el norte y el centro de la Europa de posguerra tienen más que ver con el avance hegemónico de la socialdemocracia o el laborismo (a veces en alianza con los partidos democristianos) que con la independencia judicial o el rol de parlamentos autónomos del Ejecutivo.

Si cruzamos el Atlántico la cuestión es aun más evidente. El New Deal, el movimiento más importante de ampliación de derechos sociales como la jubilación y el empleo en Estados Unidos fue impulsado por un Poder Ejecutivo liderado por Franklin Roosevelt que se enfrentó duramente (¡y por partida triple!) al los reclamos de muchos estados (provincias en EEUU), a la Corte Suprema favorable a los intereses empresarios y al Congreso, todos los cuales favorecían de algún modo el status quo de derechos sociales restringidos. Las batallas de Roosevelt en su proceso de ampliación de derechos contra cada una de estas instituciones que encarnan el dogma liberal, incluyendo sus presiones para la remoción de la vieja Corte Suprema, fueron memorables. Con los argumentos del progresismo liberal argentino, Roosevelt hubiera sido tachado sin dudas de hegemónico, verticalista y discrecional.

Finalmente, la experiencia histórica en América Latina en lo que concierne a la ampliación de derechos no es muy diferente. Cuando uno mira la política real, los dos movimientos nacional-populares que encarnaron la expansión de derechos electorales y sociales en Argentina, el yrigoyenismo y el peronismo, tuvieron una impronta centralizadora muy fuerte en la presidencia, tanto frente a las provincias como contra la Corte Suprema o el Congreso. Lo mismo podría decirse de otras experiencias latinoamericanas como el cardenismo en México o el varguismo en Brasil que a su manera significaron el primer gran estadio de inclusión social en estos países: fueron, antes que nada, experiencias de fuerte consolidación del poder estatal centralizado.

En resumen, la experiencia histórica muestra no solo el más obvio y tradicional divorcio entre la raíz teórica del pensamiento marxista y los postulados políticos liberales, sino que los grandes momentos históricos de ampliación de derechos en Europa y América estuvieron caracterizados por ejecutivos concentrados y hegemónicos frente a las legislaturas, y por la centralización del poder político frente a las periferias regionales especialmente en países federales como Estados Unidos, Argentina, México o Brasil, no por la preservación dogmática de principios liberales como la autonomía del Congreso o del Poder Judicial, o los derechos políticos de las unidades territoriales.

Lo anterior no significa justificar, desde luego, todos los atropellos que las experiencias de izquierda o nacional-populares hicieron contra los sistemas liberales de control político y, mucho menos, un desprecio absoluto por los mecanismos de la democracia política inherentes a la tradición liberal. Los movimientos emancipatorios de este lado del mundo han aprendido, y trágicamente, de la experiencia de los años 70  y de los riesgos de menoscabar los mecanismos formales de la democracia electoral y el Estado de Derecho. Se trata, más bien, de asumir con madurez las obvias tensiones entre las demandas de mayor pluralismo político por un lado, y el combate contra los poderes económicos y la desigualdad por el otro. Como sabe cualquier estudiante de Ciencia Política que haya leído El Federalista de Madison, Hamilton y Jay—verdadera biblia del liberalismo político moderno— los mecanismos de “frenos y contrapesos” (como el control político a la presidencia desde el Congreso, el Poder Judicial o las autonomías federales) fueron pensados en su origen histórico para conservar el status quo y el poder de los propietarios ante la posibilidad de un Ejecutivo democrático-mayoritario, más que como instrumentos para prevenir la desigualdad.

El logro de la democracia política, la vigencia del Congreso y el Estado de Derecho tienen que ser parte, por supuesto, del menú de demandas de los movimientos populares. Pero una vez que el estado de derecho está vigente, como es el caso de la Argentina actual, seguir insistiendo en la autonomía del Congreso, la concentración de poder institucional en el Ejecutivo o en la crítica al “centralismo unitario” como demandas prioritarias implica, en primer lugar, adosarle a los movimientos populares o de izquierda banderas que no le son propias, como lo muestran las visiones teóricas y las experiencias históricas recién revisadas. Segundo, y quizás más importante, provocan que cualquier movimiento reivindicativo termine pareciendo superfluo o testimonial ¿Cómo combatir los poderes económicos establecidos sin un Poder Ejecutivo institucionalmente fuerte y concentrado para dar esa batalla?¿Cómo intervenir en las policías provinciales asesinas y a la vez denunciar el centralismo unitario, si la autonomía provincial es precisamente la piedra basal de esos mecanismos perversos?¿Se puede atacar la minería contaminante o la desigualdad del acceso a derechos entre provincias y al mismo tiempo potenciar el rol de un Congreso donde las provincias mineras están sobrerrepresentadas en la Cámara de Diputados, y tienen cada una tres bancas en la Cámara de Senadores a pesar de su escasa población?

No es casualidad que, en la política real, los procesos políticos populares y pos-neoliberales a partir de los años 2000 en América Latina hayan originado tensiones entre los presidentes encarnando la nueva ampliación de derechos sociales y los congresos, constituciones escritas, cortes, y autonomías federales—todas instituciones caras a la tradición liberal—especialmente por tratarse de sistemas presidenciales donde esos elementos ponen muchos más obstáculos a las mayorías populares gobernantes que en el parlamentarismo europeo. Allí donde más radicales fueron los intentos de transformación social y los desafíos al establishment económico (más allá de lo acertado de su contenido puntual) como en los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina, más conflictos hubo con las instituciones liberales tradicionales. Por ejemplo, todos los gobiernos que avanzaron leyes contra la gran prensa entraron en tensión con sectores del Poder Judicial establecido. En los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, solo mediante reformas totales o parciales de las constituciones escritas pudieron los nuevos presidentes relegitimarse en el Congreso y consolidar su (muchas veces precario) poder frente al establishment político y económico vigente. Los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina se enfrentaron con los reclamos de “autonomía federal” de regiones económicamente privilegiadas ya se trate de Guayaquil, Zulia, el oriente boliviano o las provincias sojeras. En cambio, allí donde el progresismo se limitó a ampliar algunas políticas sociales, como en Brasil o en Chile, pero no hubo ni políticas para desconcentrar los grandes medios audiovisuales, ni activación sindical o de movimientos sociales, ni apropiación gubernamental de la renta de recursos naturales vía retenciones u otros mecanismos, los conflictos con los poderes institucionales que encarnan la tradición liberal fueron mucho menores.

Entonces, el progresismo liberal argentino junta inocentemente tradiciones políticas en suma tensión en pos de la crítica a un gobierno puntual. Así, aun aquellos con las mejores intenciones contaminan innecesariamente la tradición inclusiva y popular con elementos que no le son prioritarios  y en algunos casos ajenos. Dicho de otro modo, una vez asegurado el piso imprescindible de democracia política y Estado de Derecho, la política de los movimientos populares y la izquierda debe apuntar a consolidar un poder político central y transformador. La teoría y la experiencia histórica en los procesos democráticos demuestran que la ampliación de derechos sociales generalmente va desde Ejecutivos fuertes hacia el Congreso y el Poder Judicial, y desde el poder estatal central a las periferias federales, y no al revés. Postular acciones decisivas contra el poder económico y la desigualdad material, y a la vez invocar principios liberales clásicos en cuanto el poder concentrado de la presidencia, el rol del Congreso y la autonomía federal es hacer de la izquierda y la crítica un simple enunciado de buenas intenciones.

(Publicado en Le Monde Diplomatique  edición Argentina, Abril de 2012)

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Petróleo y Política: Terminar con el Desquicio

Repsol-YPF fue siempre una vergüenza, la parte más oprobiosa del neoliberalismo argentino. Esto no lo digo desde una barricada trotskista. Ningún país, por mas neoliberal que fuera en los años 80 y 90 rifó un recurso natural estratégico esencial del modo que lo hizo Argentina durante el menemismo. Así, el Chile de Pinochet, el caso modelo de neoliberalismo estilo Chicago, preservó Codelco, la mega-minera nacionalizada por el gobierno de Allende, en manos estatales. Para hacer política desde el pinochetismo y explotar el recurso. La presidencia de Salinas en México, lo más cercano al menemismo en cuanto a relaciones carnales con el establishment internacional neoliberal de la época, no se animó a tocar Pemex, la histórica petrolera local. Es más, los gobiernos que encarnaron el neoliberalismo en Brasil (Cardoso) y en España (Felipe González) fortalecieron y profesionalizaron desde el estado sus empresas petroleras estratégicas, Petrobras y Repsol. En materia de petróleo la liberalización y apertura de mercado en Brasil y España tuvo una dosis muy grande de estatismo.

Hilando fino, y como ha sostenido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ni siquiera la privatización de YPF en 1993 fue el pico del problema en términos del recurso estratégico. José Estenssoro, el interventor y presidente después de esta privatización inicial, hizo un desastre social en materia de despidos, pero organizó una empresa petrolera viable en un mercado fuertemente desregulado y con sede de decisión en la Argentina. YPF se convirtió en la mayor empresa energética privada latinoamericana, pasó a ser rentable, e incluso se expandió puertas afuera con la compra de la petrolera Maxus en EEUU. Por supuesto, los críticos sostienen que en este período, con la falta exploración y la exportación desenfrenada de un recurso no renovable, se sembraron las semillas del fracaso de la empresa. Sin embargo, en esta nota más que los aspectos geológico-económicos me interesa como la política dirimió el control del recurso. El gobierno argentino y las provincias tenían participación accionaria minoritaria importante, el resto del capital estaba atomizado en Wall Street y en la bolsa local, y la decisión y el management estaban claramente en Buenos Aires. Y al mando de un CEO de la personalidad de Estenssoro, que tenía una concepción definida y obviamente criticable para catapultar a la empresa, pero que no respondía a ninguna multinacional y podía ser operable y muy influenciable políticamente desde el estado argentino.

La tragedia mayor sobrevino, pues, con la venta a Repsol en 1999. Estenssoro había muerto en un accidente. Roque Fernández y su gente estaban al mando de la conducción económica y del Banco Central, es decir un neoliberalismo aun más ideológico que el de Cavallo. Escuela de Chicago pura—allí literalmente se formaron R. Fernández, Pou y el viceministro Guidotti. Menem y ellos entregaron la acción de oro en YPF y vendieran la participación del estado nacional a Repsol para buscar aire fiscal en una situación que ni siquiera era de emergencia. A las provincias les quedaban pocas opciones más que vender, ya que no iban a tener ninguna incidencia en la nueva gestión española.

Todo ello sancionó un despropósito aun mayor que la privatización de 1993. El barril estaba a menos de 20 dólares cuando compró Repsol y llegaría a más de 100 a los pocos años. No era el pez grande que se comía el chico: la capitalización de ambas empresas no era tan diferente, ni su nivel de utilidades. Repsol compró YPF endeudándose, es cierto que en medio de un boom europeo que le permitió acceder a tasas bajas que no hubieran sido posibles para YPF, por lo que pudo hacer una oferta tentadora a los accionistas privados. Pero lo central es que fue la política la que perdió a una YPF con base nacional. Al menemismo, Roque Fernández y cia no les importó nada: con el simple uso de la acción de oro podrían haber parado la compra. Repsol no tenía experiencia en producción (España no tiene petróleo), básicamente comercializaba combustibles. Más aun, en 1993 YPF le pone trabas a Repsol para participar en una licitación de áreas en Mendoza, justamente por no tener producción de petróleo ni un equipo de ingenieros/geólogos adecuados. Repsol se ve obligado a buscar un socio local con experiencia en sacar petróleo, Astra, una especie de kiosco en el negocio a nivel mundial, para llevarse el yacimiento. Tan sólo seis años después Repsol compraba YPF. Lo dicho: un desquicio.

Justamente Repsol misma es el resultado más acabado del una estrategia estatal de nacionalismo petrolero en España que no tiene nada que ver con las fuerzas de mercado y menos con la “seguridad jurídica”. La empresa estatal fue creada por los socialistas a mediados de los años 80 juntando una serie de activos estatales y privados desperdigados en su territorio, primero en el sector de refino. Es por demás elocuente que el primer CEO de Repsol fue Oscar Fanjul, Secretario de Hidrocarburos del PSOE. Después los socialistas nacionalizaron el sistema español de oleoductos y estaciones de servicio que estaba en manos de un monopolio con mayoría de capital privado, CAMPSA (controlada por los grandes bancos), y se lo entregaron mayormente a Repsol. Después privatizaron Repsol y abrieron el mercado petrolero (ya que los obligaba la entrada en la UE). Sin embargo, la privatización de Repsol fue implementada vendiendo escalonadamente porciones chicas del paquete accionario a los grandes bancos locales (que recuperaban lo perdido) y en las bolsas, e impidiendo deliberadamente cualquier venta directa a una empresa extranjera. El estado español conservaba así en Repsol la acción de oro y una influencia directa política y estratégica en el management que dura hasta el día de hoy. A las multinacionales petroleras europeas, empezando por Shell, no se las dejó participar en la privatización de la logística, o sea oleoductos y estaciones de servicio en España (que como se dijo fueron directo a Repsol), y en la práctica se les desincentivó cualquier participación en la posterior venta muy gradual de las acciones de Repsol. Solo se habilitó a las petroleras internacionales a entrar al mercado español casi 10 años después del ingreso del país a la UE (justamente para dar tiempo a fortalecer a Repsol). Shell y el gobierno holandés empujado por su lobby, se la pasaron denunciando a Repsol por “prácticas desleales” de competencia ante la Comisión Europea por esta época.

En suma, para fines de los años 90 los españoles habían logrado crear una empresa petrolera fuerte casi de la nada. Con YPF le agregaron lo que les faltaba: producción propia. Que España, epítome del nacionalismo petrolero y una estrategia estatista vía Repsol, impugne una estrategia energética estatal que resguarde los intereses nacionales de Argentina cuando afortunadamente cambió la política, es por lo menos un mal chiste.

Finalmente, la frutilla del postre en la desnacionalización absoluta de nuestros hidrocarburos llegó en el 2002 con la venta de Pérez Companc, el segundo poseedor de campos petroleros en el país después de YPF, a Petrobras. Pérez Companc había crecido enormemente en los años 90 gracias a la fiesta menemista. Los que saben discuten si fue su deuda en dólares después de la debacle de 2001, o las ganas de quedarse con helados Munchi y negocios menos complicados, los que llevaron a aquella venta—no bloqueada por el estado argentino. En cualquier caso, para inicios de 2003 Argentina era el único país del mundo de mediano a grande que había cedido más del 85% de la producción de petróleo local a empresas extranjeras. Nuestro suelo era una parte más de los vastos mapas productivos de Repsol y Petrobras. En 1975 Repsol no existía y Petrobrás era una empresa comparable a YPF. 30 años después YPF no existía y brasileros y españoles dominaban la explotación petrolera en Argentina.

Arreglar este desquicio es una deuda de nuestro gobierno nacional, popular y progresista. Los pasos que se intentaron antes como la entrada de Eskenazi en YPF, no dieron resultado. Por supuesto, antes de recuperar el petróleo había que reconstruir un país en el abismo. Además, lo que muchos critican al kirchnerismo para mí es una virtud: su capacidad de rectificarse, ir sobre sus pasos. Pasó con la Asignación Universal por Hijo, que al principio no estuvo en la agenda y después se convirtió en política pública estrella. Llegó la hora de rectificar en serio la política energética y petrolera. Pero ojo, una vez “que vuelva la política” habrá que prestar atención a los aspectos geológico-económicos del negocio. Hace falta mucha plata para extraer el tipo de petróleo que hay en las reservas en Argentina. No hay que olvidarse que los problemas de YPF empezaron antes de 1989, cuando la empresa comenzó a perder autonomía frente al sindicato, a los contratistas y frente a otras reparticiones y empresas estatales que expoliaban sus costos. Eso no puede volver a pasar. El modelo Petrobras parece a priori el más adecuado: capital mixto y parte en la bolsa, gestión muy profesionalizada, y control accionario mayoritario por parte del estado nacional y de las provincias petroleras. Hay que conformar de un equipo de gestión estatal que tenga en su norte a la vez las perspectivas del negocio, los interesas nacionales estratégicos y los de los consumidores argentinos. No seamos inocentes, esto es un equilibrio muy difícil con el que habrá que lidiar después de los anuncios y el flamear de las banderas. Pero nada esto será posible si antes no vuelve la política a recuperar nuestro petróleo. Y para eso hay que bancar más que nunca a nuestra Presidenta.

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La política de la crisis económica europea

A todos los que nos interesa la sociología de la política económica, esto es, las condiciones sociales, políticas, institucionales e ideológicas sobre las que se construye una determinada política económica, la Europa de estos días nos ofrece un panorama singular. Más allá de la crisis y Grecia hay preguntas mucho más fundamentales en juego. Desde los inicios de la internacionalización económica y el libre movimiento de capitales allá por los años 70, Europa fue siendo atravesada por un proyecto central: aquel que postulaba que la integración primero comercial, después financiera y cambiaria,  y después monetaria, era compatible con el mantenimiento del Estado de Bienestar y la presencia de partidos de izquierda y actores sindicales más o menos relevantes. Para resumir, si bien Estados Unidos nunca tuvo demasiado del otro, apenas iniciada “la globalización” apostó por el capitalismo salvaje: polarización social, desregulación, desigualdades extremas y niveles de pobreza desconocidos en el mundo desarrollado. Los líderes europeos, en cambio, confiaron en que el capitalismo más justo creado en la posguerra podía mantenerse o reconvertirse en un mundo de integración financiera y monetaria general. Da la impresión de que esa ¿utopía? libra hoy su batalla decisiva.

Para ver el punto exacto de las tensiones entre economía y política Grecia nos ofrece un ejemplo a la mano. La historia fue más o menos así. El paquete de “rescate” que le dieron a Grecia en 2010 no sirvió ni para salir de la recesión, ni para apaciguar el déficit fiscal y muchos menos los exorbitantes niveles de deuda sobre PBI. Urgen soluciones más generales. Papandreu va y negocia con Bruselas (básicamente Alemania y Francia) el FMI y el Banco Central Europeo un acuerdo que tiene tres patas. La primera es una quita del 50% de la deuda griega con los bancos Europeos y una inyección de fondos frescos a cambio de un ajuste fenomenal en años venideros. La segunda es una recapitalización obligada de los bancos europeos más grandes que pierden esos activos mediante un fondeo garantizado por un Fondo de Estabilidad respaldado por el BCE y los gobiernos.  La tercera es la ampliación de los aportes de los gobiernos a ese fondo general de “rescate,” especialmente por parte de Alemania. La negociación es compleja y lleva semanas. En un momento los políticos de Bruselas sugieren que sería conveniente descontar ya otros impagos en los activos de los bancos, es decir deuda española o italiana. El feroz lobby bancario pone el grito en el cielo. En mayo los descuentos proyectados de la deuda griega a los bancos eran 21%, ahora tienen que aceptar el 50%. El ala liberal del FDP que cogobierna con Merkel no quiere saber nada de poner más plata. En medio de todo eso sale un acuerdo agarrado con alambres. Pues bien, Papandreu vuelve a Grecia y saca un hermoso y fenomenal conejo de la galera. Propone someter el acuerdo y su contraparte de política de ajuste doméstico, a referéndum popular.

El terremoto en Europa es mayúsculo, las bolsas tiemblan. Papandreu da sus últimos manotazos, pero los da en forma valiente. A primera vista parece una gran jugada: si gana el plebiscito hace el ajuste con más respaldo y legitimidad, si pierde la salida del euro será anárquica, pero él, o se hundirá junto con todos, o se convertiría en el Néstor griego. Merkel y Sarkozy lo quieren matar. Por un rato, la política democrática entra por la ventana en un lugar donde no estaba invitada. Los diarios “progres” europeos como El País y Le Monde dibujan unos editoriales que harían empalidecer a Mosca, Pareto y a cualquier cultor de las teorías más elitistas de la participación política de principios del siglo XX. Qué es esto de someter a la participación popular una decisión de política económica que va a afectar a millones en un país. “Un Error Colosal” editorializa El País, aquel diario que leía la izquierda en la transición española, mientras titula en tapa “Grecia [no los bancos europeos que participaron antes de la fiesta] pone al Euro al borde del abismo.” Habla de la demagogia, de populismo y cuántas cosas más. Grecia pone el dedo en la llaga y lleva a la tradición virtuosa e iluminista europea, esa que pretenden representar Le Monde y El País, a hacer parábolas para no defender, o a directamente castigar, un elemental principio democrático. No estoy haciendo un panegírico de la democracia directa. Muchas decisiones cotidianas en una democracia no se plebiscitan. Pero fue muy obvio como la política democrática arruinaba el arreglo: la decisión de apostar por el ajuste y la deflación es una de instituciones supranacionales, banqueros  y gobiernos; salir de esos ámbitos es, para el establishment europeo actual, abrir la Caja de Pandora. Hasta daban ganas de bancarlo a Papandreru, y más sabiendo que es hijo de uno de los políticos más populistas de la historia de la izquierda en Europa. En un pase de manos mostraba toda la vitalidad de la autonomía de la política frente a “los mercados”. Y sus contradicciones, porque vea, las encuestas reflejaban que la mayoría de los griegos quiere quedarse en el euro… y a la vez rechaza el ajuste. A diferencia de los supuestos tendidos en los modelos económicos, la decisión en manos del pueblo no implica siempre preferencias coherentes. Eso la hace más impredecible. Da la sensación que le faltó tiempo a Papandreu: su ministro de economía Venizelos, el Cavallo griego (pero un tipo con peso en el PASOK), lo bombardeó desde adentro; Europa le cortaba el chorro y no podía pagar los sueldos para siquiera llegar al plebiscito. Igual con la jugada obligó a la oposición conservadora (que antes del llamado a referéndum lo fustigaba por aceptar el paquete) a bajar al barro y bancar el ajuste. Le faltó tiempo, contexto, quizás más garra, quien sabe.

Entonces, toda la clase política griega ahora se juega, en un “gobierno de unidad,” la carta del ajuste y la recuperación del ciclo económico vía desempleo y baja de precios. La impresión es que los sistemas parlamentarios europeos logran, al menos en el corto plazo, aislar más a la clase política que gobierna con mayoría, del humor social: en un presidencialismo con elecciones de medio término como Argentina, en una situación de crisis análoga el gobierno pierde, y está liquidado: ya no puede gobernar. En Europa, la oposición sabe que ante los votos de no-confianza en el parlamento no tiene demasiadas opciones si llega a gobernar de sopetón ante la caída de la mayoría: nadie se apura mucho para ir a hacer el ajuste. Por lo tanto, salvo casos como el griego o el italiano, los mandatos con mayoría parlamentaria como en España se terminan. Y aun en Grecia o Italia, se forman “gobiernos técnicos” para legislar lo peor del ajuste sin someterlo a elecciones.  En el medio, los actores sociales pasan a ser meros espectadores o se van a la plaza con los indignados. La pregunta es cuánto tiempo se va a poder sostener la despolitización institucional de la política económica.

Hace 15 años Paul Pierson argumentó que el Estado de Bienestar en Europa se sostiene en una época de globalización porque a) no depende de los actores que lo crearon y están en baja (sindicatos y partidos de izquierdo) sino más bien de los grupos de interés que el mismo Estado de Bienestar creó en su desarrollo (asociaciones de jubilados, de prestadores médicos etc)  y b) una vez creado, el Estado de Bienestar es bien popular y los políticos no quieren perder elecciones. A la vez, los teóricos de las relaciones industriales nos contaron que el Diálogo Social y la concertación con sindicatos y empresarios no disminuyó sino que, por el contrario,  aumentó en Europa con la entrada al euro en el período anterior a la crisis de 2008: en un contexto de política monetaria restringida los gobiernos necesitaban pactar moderación salarial y reformas a los sistemas de pensiones y laborales, y esto no lo podían hacer unilateralmente. Hoy, sin embargo, el Estado de Bienestar está en jaque con recortes inéditos y los países modelo en cuanto a concertación y pactos sociales “de competitividad” (es decir para moderar “costos” laborales y jubilaciones) con los agentes económicos en los años 90 y 2000, Italia, Irlanda, España, están en el desfiladero. Irónicamente, la crisis que sacude el modelo de construcción europea no se originó en Europa sino en los casinos financieros del otro lado del atlántico. Pero eso importa poco ahora, lo que está en juego es si la Europa social, esa que eludió el capitalismo salvaje, fue un accidente de posguerra, viable solo en épocas de control de capitales, políticas monetarias más autónomas y mercados financieros aún no desbocados. Si los países del sur dejan el euro, la visión neoliberal de la construcción europea, aquella que postula escapar siempre para adelante, e integrar mercados comerciales, cambiarios, financieros y monetarios habrá sufrido un golpe ideológico fundamental.

 

Ay, Juan

 

Dice el diputado Juan Tunessi, de la UCR, en el marco del acto de la CGT del viernes por el Día del Trabajador, en Pagina 12: “Nosotros no estamos de acuerdo con los gremio-diputados, los legisladores no tienen que ser de un sector sino de toda la sociedad

Claro. No como los agrodiputados que entraron por las listas de la UCR, ellos si velan por toda la sociedad… ¿No, Juan?

Domingo Nacional y Popular en Recoleta: Promesa de Buen Fútbol

Domingo nacional y popular. Y como Dios manda: en pleno Recoleta. Día ideal  para caminar con tu chica por el barrio y la feria homónima (hace cuanto que no vas a la feria…), pasar por el Palais de Glace y husmear con placer merchandasing nacional y popular, mucho, y del bueno, del muy bueno.  Ver el “seleccionado nac y pop” que abre la muestra y que escandalizó a al otrora divulgador argentino de Foucault Tomás Abraham (paréntesis, ¿que diría Foucault si viera hoy el discurso de Abraham onda Coalición Cívica lavado? Convengamos que el pelado se reiría también, y largo, de mi que soy politólogo, estudié y practico algo que se llama “ciencia” política, pero uno no decía ser el introductor de Foucault en Argentina). Al seleccionado nac y pop lo integran entre otros Discépolo, Walsh, Jauretche y Cooke . Me pregunto cómo formaría el seleccionado digamos liberal-republicano, al menos el más presentable y lúcido del siglo pasado. Que Gino Germani sería el cinco no tengo dudas. Abajo no podrían faltar, Martínez Estrada, Borges y Juan B. Justo. Pero no sé si llegamos a once… En los paneles historias, relatos, frases, inolvidables de los que aportaron, y en grande, para alguna parte de eso que se llama “pensamiento nacional y popular”.  Debo confesar que tiendo a ver la historia un poco más compleja, pongamos, que lo que sugieren algunos relatos y paneles, pero me los devoro.  Y de postre la charla: Mendieta, Federico Vázquez, El Conurbano y el Escriba, “Desde el Pensamiento Nacional a la Militancia Bloguera”. Promesa de buen fútbol.

Nos hicieron pensar a todos. Difícil, me digo al principio, hablar en medio del ruido que viene del ambiente, porque la charla es en el centro de la muestra, con gente que circula alrededor de las sillas repletas. Pero a los compañeros se los ve duchos en el asunto. Pido disculpas a Conurbano porque me senté tarde y él fue el primero, y al resto porque no anoté ni grabé, así que esto va de memoria y desordenado.

Mendieta, como anticipó, va con los tapones de punta, con la incorrección política para con nuestro bando que uno le admira, con él nunca hay cassette como se decía antes. Esa que dan años de haber pateado calles militando. Dice que la militancia bloguera no existe, que lo suyo en el blog es otra cosa. En la militancia, uno discute en asambleas, se cuadra cuando cabe, no revela cosas que afectan al colectivo, priman las lealtades grupales. El blog, sigue, es distinto, más personal, allí uno escribe lo que se le da la gana. Reconoce que él está formateado en la vieja manera de entender la militancia, y también que los blogs contribuyen al debate político, a que los cuadros y militantes busquen un discurso político. Señala algo que permeó a todos los expositores: la blogósfera nac y pop  fue ante todo un escape al sentido común mediático, especialmente en y desde el conflicto del campo, un mosquito contra el elefante como dijo Fede Vázquez, pero que llevó a algo que no es poco: no sentirse tan solos.

En tren de comparar oleadas de militancia Mendieta agrega algo que me pareció clave y que nos toca de cerca a todos los que empezamos a pasar los 40. Los que entramos en política en los años 80 y 90, sostuvo, crecimos con el modelo de militancia setentista como sombra, ese en el que el compromiso llegaba hasta pagar con la vida. Y esa juventud de los ochenta, que no estaba, estábamos, dispuestos a eso, y, es más, pensábamos que estaba mal que la militancia necesariamente conllevara la idea de la muerte, sin embargo, nuca pudo, pudimos, escapar a ese espectro. El de la generosidad en un sentido plena, el de haber pensado que la sociedad sin ninguna injusticia era posible, estaba a la vuelta de la esquina y valía la pena morir (y matar) por ella. No. Tuvimos, a veces con un sentido de culpa oculto en algún lugar, que ir a elecciones, armar listas, rosquear y buscar laburos y becas. A los pibes de ahora, en cambio, les chupa un huevo todo eso. Ellos ven la vida y no hay sombra de la muerte, remarcó, y por eso son muy fuertes. Tienen mucho menos culpas y tragedias encima o atrás, y por lo tanto menos tabúes. Como dijo Mendieta, en eso la democracia argentina avanzó, es mejor. Uno lo escuchaba y pensaba, “no se preocupe señora, estos pibes no van a agarrar lo fierros por más que hablen del Tío Cámpora o Paco Urondo, es otra cosa” Tampoco digo (y este soy yo, no Mendieta) que siempre esté mal agarrar los fierros, pregúntenle a Mariano Moreno y Castelli, pero si Quintín ya me diría nazi-fascio-estalinista por insinuar eso, imaginen si sigo por ahí…

El Escriba resaltó algo que está en el adn kirchnerista y tiene que cambiar. A la defensiva, el kirchnerismo fue Gardel. Nos unimos, bancamos, y salimos a flote. Néstor, señaló Nicolás, fue el maestro en el arte de la recuperación, volvió de las cuerdas en el 2008 como nadie nunca desde la democracia. Escuchaba al Escriba y me decía, querido Néstor, siempre me voy a sacar el sombrero por aquel contraataque de 2009-10. Creo que tiene que ir a los manuales del mundo, algún día voy a dar un curso solamente sobre eso. Pero ahora es otra cosa. La debacle e inoperancia de la oposición también sobrevoló la mesa. Sanz en retirada (¿y maestro, donde están las mentadas “reglas de juego”?), la UCR partida, el peronismo federal ni que hablar, etc. Como dijo el Escriba, la intelectual lúcida de La Nación, Sarlo, lo ve, y se lo cuenta a la gente como uno: me temo que es hegemonía, les dice, y no plata o “caja”. El mensaje que tiró el Escriba fue claro. Para consolidar esto hay que pasar de pantalla, en las formas de comunicación, en la militancia, y en la organización. El modelo de blogs reactivos para no sentirse solo, el 678ismo, el fortalecerse entre nosotros mismos tiene que mutar. En otras palabras, hay que construir el kirchnerismo en la ofensiva, el que consolida hegemonía y avanza en lo que no se hizo. No va a ser fácil. Porque cuando se gana todos quieren todo, y no se ve que los tiburones siguen ahí, y seguirán por mas que se gane con el 60%.

Federico Vázquez hizo una muy interesante comparación con Venezuela en el análisis de los medios y la oposición. Allá, dijo, los partidos tuvieron una crisis aun mayor que aquí. Los medios hegemónicos directamente reemplazaron a los partidos de oposición en su rol. Cuando eso pasa, sugirió, la oposición deja de ocupar sus lugares institucionales, porque un rol directo en el Congreso, por ejemplo, le interesa mucho menos a los medios. Y así se debilita la democracia y se fortalece la política como juego de presión de las corporaciones. Se concluye una idea que estuvo muy presente en el panel: si toda la oposición a la vez se sigue tirando tiros en los pies puede ser un problema, porque crece la presión de las corporaciones mediáticas y empresarias y su opción de construir “el candidato único de la gente”, con la consiguiente carga de polarización fuerte desde la derecha que eso conlleva. También señaló algo que me pareció central, a la luz del lío de los últimos días. No tenemos que regalarle a la oposición la bandera de la democracia plural y de la libertad de expresión. Eso somos nosotros, eso ES  la ley de medios. Pequeño detalle, creemos que tener comisiones internas en las empresas tiene tanto valor como esos derechos. Pero regalarles esas palabras, como sugirió Federico, por más que invoquemos el proyecto nacional 100 veces, es empezar a perder.

Al final el Conurbano contó cómo nació su blog, una gotita contra el tsunami que estigmatiza a ese espacio geográfico y sus habitantes todos los días. El Escriba dijo que no sabe qué pasa con Internet, pero que avanza. Cierre del panel y aplausos largos. Yo me fui, pensando mucho. Salimos del Palais de Glace y nos sentamos en el café La Rambla de Posadas y Ayacucho. Con un libro del Bebe Cooke en la mano, claro.

“Profundizar el Modelo”: Seguir en el Camino de una Izquierda Nacional y Popular

Hay que profundizar el modelo. Guarda con el repiqueteo acá, porque a veces no sabemos bien qué quiere decir ¿no? ¿Tipo de cambio (cada vez menos) depreciado?¿Extender la Asignación Universal por Hijo? Hay tendencias en el campo propio que no me gustan. Los que dicen ya está todo listo y creen que, dada la inoperancia de la oposición sumada a su vocación retro por los años 80, solo hay que hacer la plancha y se gana fácil en 2011. O la idea de que no hay neutrales, de que los nuestros están convencidos y los otros son contras y no hay nadie en el medio. No, hay un montón de gente en el medio. Hay que laburar y salir a enamorar. Decir en qué consiste el “modelo.”

Lo cierto es que el 2011 se juega entre las variantes del centro derecha (lo que ofrezcan Macri, el peronismo federal y la CC), el centro a secas de Alfonsín-Binner pongamos, y nosotros. Sabemos que no hay nada a la izquierda del kirchnerismo. El progresismo liberal o la Constituyente Social que, como en el tango, siempre está llegando, está bueno que existan. Hacen un trabajo necesario. Necesitamos gente que cuide conciencias. Pero nosotros estamos para otra cosa. Para gobernar, para meterse en el barro, para discutir poder a sectores económica y culturalmente dominantes, aquí y hoy. Para hacer una democracia mejor en el mundo real, para nuestra gente, y no en un café después de bajar en el ascensor de la sala Lugones  (que lindo es subir y bajar en ese ascensor). ¿Por donde se “profundiza el modelo”? Tiro algunas líneas que vienen o pueden venir, para debatir con los compañeros nomás. Con dos advertencias. La primera que enseñara Néstor: no se puede con todos a la vez (recuérdese la memorable respuesta cuando se le cuestionaba nombrar a Redrado en el Banco Central, “a quien querían después de sacarles 70% en la renegociación de la deuda, ¿a Kunkel?”). La segunda, obvia, es más fácil desde acá, sentado en la compu , que desde el despacho de Cristina.

Democratizar las Fuerzas de Seguridad. Esta es una deuda de la clase política en la democracia, no del kirchnerismo.  Alejandro ha escrito sobre esto acá y en La Barbarie. La policía brava cruza a toda la política, es de la Federal, de Othaecé  y de los gobernas. Una de las más asesinas es la de Río Negro, distrito siempre radical. El kirchnerismo logró lo que nadie: que no repriman las protestas sociales desde 2003. Dicen los que saben que el precio de ello fue no meterse más a fondo con su funcionamiento y estructura. El Ministerio de Seguridad es un paso importante. Claro, para la progresía liberal será siempre una pantomima. Hoy dos mujeres, una que viene de la militancia de los 70 y el Frepaso—y que ya lo hizo con las (más domesticadas) Fuerzas Armadas — y una ex fiscal defensora de los derechos de los presos, comandan la seguridad interna. Parece ficción. Pero guarda con advertencia 1 arriba, y con que el año que viene hay elecciones.

Bancar al Pacto Social. No hay que dejar al compañero Carlos Tomada solo en esta. Hay que convencerse de que un Pacto Social es una forma de controlar la inflación apelando a los actores, eludiendo un ajuste monetario y fiscal recesivo. Los actores populares más relevantes en esto, CGT y CTERA, son nuestros y hay que jugar con ellos. Esos dos sindicatos (en el caso de la CGT su facción mayoritaria en el liderazgo) ganan si al gobierno popular le va bien—y llegar a las elecciones con una inflación manejable es crucial. Pactos Sociales es lo que hace (o hacía cuando podía) la izquierda en Europa para moderar la inflación. Hay dos discursos en nuestro palo, frecuentes y a mi juicio inconducentes, en esto. Uno, ignorarla, “la inflación no importa”. Sí importa, y más en un mercado de trabajo dualizado. Es más, aun en el caso de los actores a los que este gobierno les dio herramientas para defenderse de la inflación, que son unos cuantos, los aumentos salariales te los dan una vez por año, y los precios aumentan todos los días, lo que en general causa malestar.  Dos, decir “la inflación es consecuencia de que los mercados más importantes están concentrados.” Macho, si no tenés una política para “desconcentrar mercados” — y me parece que por ahora no la tenemos—, entonces musa, porque es lo mismo que decirle a la gente “va a haber inflación.” Tenemos que hacernos amigos de la inflación, no ignorarla. Decir: nuestra estrategia no es deflacionaria, es expansiva y de crecimiento, de política monetaria y fiscal activas. Por lo tanto, siempre vamos a tener algo de inflación. Y si llega al 30 % anual tenemos un problema y, señora, se lo vamos a solucionar con recetas que no son las de la derecha y el elenco del establishment económico de siempre.

Sintonía fina en Políticas de Desarrollo: ¡¡Uno, dos, tres, muchos ARSAT!! Los críticos argumentan que al kirchnerismo le falta más sintonía fina en las políticas de desarrollo. Creo que tienen razón—aunque muchos de los que lo dicen son tan desarrollistas como Fernando  De Santibáñez  pongamos. Pero falta más política industrial, faltan proyectos sectoriales. ¿A qué sectores que generen valor agregado vamos a apostar?  No le podemos dejar ese terreno a la derecha. No alcanza con el tipo de cambio alto y las salvaguardas. Está la ley de software, pero hay que ir por más. Marcho a la plaza por el modelo de banco desarrollista brasilero, BNDES, en Argentina. Hay plata, es ahora o nuca. Tenemos el BICE, pongamos unos mangos y diseño. ¿Y si nos dejamos de flirtear con los Eskenazi y nacionalizamos YPF de una buena vez? ¿Mucho quilombo con España? Ellos quieren vender cada vez más, están apostando a otras regiones. Podría ser un poco de presión, y un poco de plata, como suele ser en estos casos. Recordar advertencias en el segundo párrafo, pero yo la tendría en la lista.

Aborto Legal. Muchos dicen que es imposible porque Cristina no lo aprueba. Pero las políticas de Salud Reproductiva del kirchnerismo fueron las más progresistas en la historia de la democracia. Logramos que Díaz Bancalari vote le matrimonio igualitario. Después de esa ley, todo es posible.

Ampliar e Institucionalizar la Asignación por Hijo. Hay que aprobarla por ley, quitarle exclusiones, asegurarle movilidad con la inflación.

Consolidar la Ley de Medios. Esta es clave y está en muy buenas manos, Mariotto y su gente. Junto a la reforma previsional, la restauración de las instituciones laborales, y la AUH, es la reforma estructural más importante del kirchnerismo. Los grupos de medios hegemónicos apuestan a la presión de los jueces, hay que dar la batalla ahí.

Vayamos con esto al 2011. ¿Y con qué más? Políticas para una izquierda moderna, nacional (porque se piensa desde el país y la región) y popular (porque amplía derechos y se engarza con los actores populares), que fusione las mejores tradiciones del peronismo y la izquierda. Todo lo demás es volver para atrás.

Entrevista a Carlos Tomada: “Nuestro rol es reconocer las legitimidades y trabajar con las legalidades”

La labor de Carlos Tomada al frente del Ministerio de Trabajo desde 2003 puede ser calificada como fundacional. Existen pocas dudas de que va a figurar como un hito clave en la historia laboral y social argentina. Es el ministro del área que mas duró en su cargo desde que se creó el Ministerio. Su gestión ha (re)inaugurado, o ha tenido que ver decisivamente, con una serie de instituciones y prácticas que han tenido un sesgo marcadamente inclusivo en términos sociales, y han fomentado el diálogo entre los actores socioeconómicos como nunca antes en la democracia. El aumento en la cantidad de convenios colectivos (especialmente por rama, que tienden a aumentar básicos y atenúan las desigualdades salariales), la puesta en marcha de Consejo del Salario Mínimo, de la Paritaria Nacional Docente (que recentraliza las relaciones laborales y asegura mínimos salariales en un sector diezmado y fragmentado en los 90), la ampliación de la cobertura previsional y la movilidad jubilatoria, y el Ingreso Universal por Hijo son todas iniciativas ligadas de un modo u otro a su gestión. También se ha registrado un salto notable la calidad burocrático/institucional del Ministerio, especialmente a partir de la creación de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, y la recuperación de la Inspección del Trabajo.

En esta entrevista Carlos Tomada evalúa su gestión desde una perspectiva histórica, deja definiciones (“Al conflicto laboral no se lo reprime, tampoco se lo contiene: se lo administra”, “Si la oposición eventualmente va por los legados laborales de estos años va a haber conflicto”). También destaca la masa crítica del Ministerio y cierta tradición cultural argentina, como aportes vitales para la recuperación de la negociación colectiva, y dialoga sin vueltas sobre de la personería gremial del CTA y los conflictos de base en sectores como alimentación o subtes, sobre los que, dice, “nuestro rol es reconocer las legitimidades y trabajar con las legalidades.” Como él mismo se encarga de aclarar, esta serie de medidas sólo pudo darse en el marco de un gobierno que apostó desde el inicio por el empleo y por estrategias de política económica expansivas.

La primera pregunta se relaciona con hacer una evaluación general de tu gestión en el ministerio, sos el Ministro de Trabajo que ha durado más de la democracia.

Desde que se creó el Ministerio de Trabajo, para ser más preciso. Creo que el único que me supera en América Latina es el Ministro de Trabajo de Cuba, pero digamos que es por otras razones (risas).

La pregunta salta a la vista, ya que se trata de una gestión fundacional en varios aspectos. ¿Cuáles fueron las diferencias que vos ves de las otras gestiones, principalmente las que se dieron en democracia desde el 83? Mas allá de la coyuntura, me refiero a cual fue el rol general del Ministerio de Trabajo y cuáles creés que van a ser los legados de la gestión para el futuro.

A ver, la primera diferencia con las gestiones anteriores es que ésta es más larga (risas). Pero yo diría que sí hay un punto de inflexión en esta gestión, con relación a las del período democrático, y no pretendo con esto poner un contenido valorativo moralizante, sino decir que, tal vez, el rasgo principal de esta gestión es que se inserta en un proceso, en un proyecto político, uno de cuyos rasgos –si no el rasgo principal- es haber puesto al trabajo como eje y como centro de las políticas públicas vinculadas al crecimiento y al desarrollo económico. Esto le da por fuerza al Ministerio un lugar importante. Claro, que no es el Ministerio el que crea el trabajo, pero sí el que asume la responsabilidad -en el caso de nuestro equipo, también la vocación- por la reconstrucción de las instituciones laborales en nuestro país; por buscar mecanismos para que ese trabajo se distribuya mejor, y por empeñarse para que el empleo no sea cualquier empleo sino un trabajo “digno”. Y ahí sí aparecen las diferencias con las otras gestiones, ¿por qué? Porque en general, las gestiones anteriores estuvieron más vinculadas con la idea de mejora de la competitividad, con la idea de la búsqueda de la flexibilidad laboral como una forma de permitir bajas en los costos laborales frente a una política económica que era muy cerrada por el lado de la política cambiaria, el uno a uno. Entonces, en la búsqueda de hacer competitiva a la economía, los gobiernos anteriores tomaban a la cuestión laboral como uno de los campos del ajuste estructural. También desde el punto de vista de las instituciones laborales, creo que estamos dejando un legado que está vinculado básicamente con el dialogo en su sentido mas amplio: la negociación colectiva y el Consejo del Empleo, la Productividad y Salario Mínimo; así como la construcción y la recuperación de un conjunto de espacios y de ámbitos tripartitos o de búsquedas de campos de consensos vinculados con la erradicación del trabajo infantil, la igualdad y la equidad de género y de trato, y sobre todo, los Consejos Sectoriales de Formación Profesional y Competencias; es decir, todas instituciones que están y van a seguir en marcha y con una presencia valorada por los actores sociales.

Analíticamente, se podría decir que el Ministerio de Trabajo medió entre capital y trabajo como nunca desde la recuperación democrática.

Yo no sé si como nunca antes, que lo digan los protagonistas. Lo que sí creo es que nosotros recuperamos la capacidad de mediación y arbitraje del Estado en la relación entre capital y trabajo. Un Estado activo en su tarea de protección del trabajo y de lograr la equidad en las relaciones laborales. Un Estado que recupera las tradiciones de la cultura del trabajo, que algunos creían perdida en nuestro país. Me parece que contribuimos también previamente a otro proceso. No solamente reconstruimos la capacidad del Estado, sino que generamos una etapa de empoderamiento de los actores sociales que habían quedado muy debilitados. Porque, digámoslo, desde el año 76 en adelante ha habido una sistemática campaña de debilitamiento de los sindicatos en nuestro país, por supuesto con algunas breves excepciones. No quiero dejar de señalar que las hubo. Pero visto en el largo plazo, estos 30 años han tenido que ver con la supresión de la actividad sindical, con la persecución criminal o la inhabilitación de dirigentes y delegados, con la limitación de la negociación colectiva, con la ilegalidad de las huelgas, con la intervención de los sindicatos, en su extremo mayor y luego, con otros gobiernos, siempre hubo una mirada entre desconfiada y hostil respecto de la presencia de los sindicatos en las relaciones laborales. Por eso, yo diría que los movimientos fueron dos: uno, hacia un sistema de relaciones laborales con mayor presencia de los actores sociales y otro, hacia una recuperación de la presencia del Estado en la mediación social de los procesos productivos.

El diálogo entre sectores socioeconómicos, el tripartismo, ha sido una impronta fundamental en esta gestión: el Consejo del Salario Mínimo, la reactivación de la negociación colectiva a nivel de rama, la paritaria docente, que me parece que es algo fundamental. Ahora, esta impronta de diálogo social es paralela a una visión que se tiene de este gobierno desde algunos sectores como hegemónico, como adversarial, como buscando el conflicto ¿Por qué ocurre esto? Esto pasa, insisto, en el gobierno que más fomentó la negociación entre actores económicos por lo menos desde la democracia -y quizá considerando gobiernos anteriores también-. ¿Esta paradoja ocurre por el cerco mediático, por la disputa política con los conglomerados de medios o pasa también por déficits de comunicación propios?

Los déficits de comunicación siempre existen en cualquier gestión, nadie tiene la llave mágica de una buena comunicación pero me parece que son demasiado evidentes los logros en términos de diálogo entre capital y trabajo, como para no pensar que tiene una verdadera influencia esta malla mediática que existe. Por otra parte, esta no es la única política pública que aparece oscurecida en el escenario. Pensemos nada más en la poca presencia que tiene la puesta en marcha de uno de los ejes políticos fundamentales como ha sido la Asignación Universal por hijo, en tanto esto apunta a la construcción de un piso de protección social en la Argentina. Construcción de un piso que es una constante desde mayo de 2003 y sobre la que se habla poco y nada frente a una presencia, a una omnipresencia crítica de la cuestión de la pobreza discutiendo si un número más o número menos, cuando es inherente al proyecto político de este gobierno el combate a la exclusión con la construcción de un piso de protección social. La ampliación de las coberturas por el lado de la seguridad social, la puesta en marcha de las asignaciones universales y, por otro lado, las reformas legislativas dirigidas a mejorar la situación laboral de ciertos colectivos particularmente afectados por la exclusión: trabajadores domésticos, trabajadores a domicilio, trabajadores rurales. Ahora yo digo, si a eso le pongo números, y resulta que cuando llegamos al gobierno el 31 por ciento de los niños tenía cobertura y ahora tenemos al 75 por ciento y vamos creciendo, y hoy tenemos el 98 ciento de cobertura previsional, me parece que esta idea de piso de protección social que plantea la OIT con motivo de la crisis, es una dirección muy clara de las políticas públicas de nuestro gobierno. Sin embargo, tanto esto, como lo que apuntás del diálogo, es llamativo porque lo que aparece de la negociación colectiva es el conflicto y muchas veces, en términos de demonización del conflicto. Por otra parte, tampoco se trata de un tema fácil de comunicar. El proceso de negociación con sectores que tienen intereses que muchas veces están enfrentados hace que la información sea un valor importante y nos obliga a garantizar ciertos grados de confidencialidad. Sería muy difícil estar en medio de una negociación, con la opinión pública inclinando la balanza para un lado o para el otro, y con la presión de tener que lograr efectivamente un acuerdo.

Uno podría decir que la Argentina es quizás el único país de los llamados mercados emergentes que tiene una negociación colectiva salarial por rama significativa y extendida. Ahora, alguien me puede decir, incluso en virtud de la perspectiva que vos mismo situaste antes, que esto fue posible por la estrategia más expansiva del gobierno, un tipo de cambio más flexible, una política en términos generales más keynesiana. La pregunta es, ante esa visión, ¿qué hizo el Ministerio de Trabajo para apuntalar ese proceso de negociación?

Creo que concurren una serie de factores que a mí me gustaría señalar. El primero, y no quiero dejar de repetirlo, es la existencia de un gobierno (en realidad, dos etapas) con la orientación política, económica, laboral y social del actual. Orientado hacia la producción y generación de empleo y al fortalecimiento de los actores sociales; si no, no entendemos nada. En segundo lugar, el otro elemento substantivo -desde la mirada del ministro de Trabajo- es la existencia de una masa crítica de gestión colectiva en el interior del Ministerio de Trabajo. Me refiero a un equipo con una gran convicción y una gran experiencia

¿Es una masa crítica heredada?

Es construida, digamos. Recoge herencias sin lugar a duda, recoge un espíritu del Ministerio de Trabajo, que estaba un poquito adormecido pero que estaba y, fundamentalmente, es un equipo que se ha ido construyendo desde el 25 de mayo de 2003… a la tarde. Y es un equipo donde no sólo los laboralistas, sino también los sociólogos, los economistas, los especialistas de empleo o seguridad social, son concientes y partícipes activos del rol que debe cumplir la negociación colectiva como el instrumento más democrático de las relaciones laborales. Y además, esto, como vos lo mencionás de alguna manera en la pregunta, es un elemento substantivo en la tradición cultural argentina. Cuando digo substantivo no digo exitoso, digo substantivo; en la Argentina, la paritaria, la negociación colectiva es una reivindicación sistemática del movimiento obrero, es una institución que los empleadores aceptan y esto les da a los sindicatos una gran fuerza y un rol social insustituible. El secretario general de la CGT, cuando hace un discurso sobre los logros y los avances del movimiento obrero, pone en primer término las paritarias. Esto no ocurre en muchos países. Tiene que ver con una noción de la participación, de la dignidad, del rol del sindicato a través de la negociación colectiva. Ahora, dicho lo del gobierno, dicho lo del equipo, dicho lo de la tradición cultural; porque yo creo que son tres elementos importantes, volvamos a las decisiones políticas que modelaron esto. Una economía basada en la especulación financiera, en la maximización de ganancias, en la búsqueda de la exportación sin preocupación por el mercado interno, necesariamente excluye a la negociación colectiva y desvaloriza el trabajo humano directo, impide incluso mejorar los encadenamientos de valor agregado y productividad. Ahora, como señaló Cristina en la O.I.T., un modelo de producción, de reindustrialización, de empoderamiento de los actores sociales, de fortalecimiento del mercado interno, como plataforma incluso de una política exportadora, te lleva necesariamente al diálogo social y, por lo tanto, a la negociación colectiva.

Ahora, en cuanto a medidas más concretas para activarla, pienso en modificar los básicos de convenios, en los aumentos salariales de suma fija…

Me encanta porque yo subo a la visión general y vos me bajás…está fantástico, yo me siento más cómodo abajo…

Lo digo mas allá del enfoque o la filosofía general, en situaciones concretas ustedes tuvieron que eludir declarar ilegalidades, aceptar el conflicto, especialmente al principio…

Bueno, a ver, te lo contesto más concreto, vamos con eso. Por supuesto, a la hora de las decisiones cotidianas, todas estuvieron inspiradas en una idea de administración del conflicto, no de represión sino de comprensión, de gestión. Estuvo inspirada en la idea de equilibrio en las negociaciones –no neutralidad-, no permitir una desigualdad en la mesa de negociaciones. En buscar mecanismos que llevaran a la negociación colectiva. Ejemplo claro, cuando nosotros llegamos estaban los $ 200 que había dado Duhalde, suma no remunerativa que se les pagaba a todos los trabajadores. ¿Qué hicimos nosotros al poco tiempo? Dijimos: “Señores, ahora sacamos un decreto firmado por el Presidente y ustedes van a ir pasando los $ 200 de a poco a los salarios básicos de convenios”. La única manera de hacer eso en cada una de las actividades era convocar a la paritaria y empezar a negociar. Esta fue la llave maestra que puso en marcha la negociación colectiva. Fue una propuesta del Ministerio de Trabajo, consagrada por la firma de un decreto del Presidente de la Nación. Digamos, acá hubo una dirección muy clara en ese sentido. Por otra parte, el tema era el conflicto social, este era un aspecto central. Nosotros, por formación, por convicción, creemos que el conflicto es algo inherente al sistema de relaciones laborales, sabemos tratarlo, movernos en su ambiente. Nosotros creemos que al conflicto no se lo reprime, ni siquiera te diría que se lo contiene, al conflicto se lo administra con sentido práctico, se lo gestiona colectivamente y se lo institucionaliza sin violencia. Entonces, eso implicó favorecer cambios en los equilibrios de las relaciones laborales. Por supuesto que yo soy un gran defensor de la conciliación obligatoria. Creo que es una norma que ha sido respetada por los actores sociales durante mucho tiempo, es una ley muy curiosa, una ley que no tiene sanciones y sin embargo era respetada por todos. Nosotros lo que hicimos fue una administración de la conciliación obligatoria de manera que fuera realmente canal para el conflicto y no lo ahogara haciéndolo abortar antes de que produjera resultados.

¿Eso cambió? Me refiero a ese grado de tolerancia, después, cuando el conflicto fue aumentando.

¿Vos decís la tolerancia nuestra?

Digo, no eran los mismo los sindicatos que venían de la debilidad, y allí apuntalar el conflicto, que la situación posterior una vez que los sindicatos ya se recuperaron y tienen fuerza….

Sí, ahí yo diría que, más que un cambio político, pudo ser resultado de un aprendizaje colectivo. ¿Cuál fue el cambio? El nivel del reclamo, la distancia, el retraso relativo de salarios, por ejemplo, implicaba también una necesidad de empujar más fuerte, más rápido. Y eso también nosotros tuvimos que administrarlo. Hoy me parece que hay una mayor racionalidad, un aprendizaje y un principio de responsabilidad. Los sindicatos son más conscientes de su poder; yo creo que hoy hay un mayor respeto por las reglas y en algún momento esto era relativo.

Te vuelvo a subir, entonces, a la visión más general. La teoría, sobre todo en el caso europeo, dice que estos pactos salariales nacionales o con organizaciones por sector economico, eran tradicionalmente posibles con un gobierno de tipo socialdemócrata, con partidos de base laboral o sindical. Ahí, los sindicatos se sienten más cómodos porque van a obtener reaseguros desde el Estado, se sienten más respaldados en la negociación. ¿En la Argentina, pasa lo mismo con el peronismo? Es decir, ¿vos verías una dinámica de negociación colectiva similar a la que estamos teniendo en un gobierno que no fuera peronista?

El peronismo significó en la Argentina lo que la socialdemocracia fue en la Europa de post guerra, aunque decir esto sea irritativo para algunos sectores del peronismo y algunos sectores de la social democracia. Comprendo ambas posturas. Esto lo cuenta muy bien Marco Aurelio García (intelectual del PT, asesor de Lula), él dice: “Yo no entiendo muy bien cómo todavía se preguntan en algunas academias por qué los argentinos son peronistas; yo digo, es lo más fácil del mundo, fue el único país que intentó construir el estado de bienestar en América Latina, ¿qué otra cosa que peronistas pueden ser los argentinos?”. Exagerando esta idea, yo creo que, obviamente, el tipo de clima que genera el peronismo del 46 al 55, y su historia posterior, es un marco en el cual los sindicatos se sienten más cómodos. O, por lo menos, sienten que sus espacios, sus políticas van a tener mejor recepción. Por lo tanto, también es cierto que gobiernos de otro signo pueden encontrar otro tipo de respuestas. Ahora, yo no creo que, necesariamente, las respuestas tengan que ser de confrontación con esos gobiernos. No creo que el movimiento obrero, necesariamente, plantee eso. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el actual arco opositor tiene una larga tradición en los últimos gobiernos democráticos de hostigamiento y desconfianza con el movimiento sindical y con la movilización de los trabajadores.

Entonces vos crees que la negociación colectiva, el Consejo del Salario, la paritaria docente ¿se van a mantener más allá de los avatares políticos, en un gobierno eventualmente no peronista?

Yo tengo dudas, por eso te estaba contando la perspectiva desde el movimiento obrero. Yo estoy seguro de que el movimiento obrero puede convivir con gobiernos de otras fuerzas políticas. Ahora, tampoco tengo ninguna duda de que si las fuerzas políticas que arriban al gobierno van por las instituciones laborales, que van a quedar como legado de esta gestión, la confrontación va a ser muy grande. Y va a ser muy grande porque el movimiento sindical –y yo espero que la oposición también- sacó una gran enseñanza del gobierno de Menem, que se definió como peronista y terminó siendo una gran trampa para el movimiento sindical, para los derechos de los trabajadores… Bueno, toda ésta es historia ya muy conocida, y durante mucho tiempo hubo sectores muy importantes en el sindicalismo que acompañaron al gobierno de Menem, entre otras cosas, con la idea de que era un gobierno peronista y por lo tanto había que acompañarlo, para preservar ciertas instituciones sindicales. Esto no vuelve a pasar. Cuando se pretenda perforar los pisos civilizatorios que este gobierno y este proyecto nacional, popular y transformador han establecido no será como en los 90. Habrá defensa de los derechos y resistencia a los avances (más bien retrocesos) de la derecha.

Los empresarios tuvieron una actitud, si vos ves la historia laboral argentina, reticente frente a las grandes negociaciones salariales. Apuntaron a destruir la negociación en los 90 o a hacerla a nivel de empresa. Los empresarios que se quisieron cargar las negociaciones colectivas por rama en los 90 hoy la elogian. ¿Por qué?

Primero, en el mundo, para los empresarios el diálogo social y la negociación colectiva son la segunda opción, porque es así. Porque en la medida en que todo queda librado al mercado y a la fuerza supuestamente natural de la economía, están los que ganan “the winner is…”, y a otra cosa. Los 90 son una buena exhibición de ese escenario. ¿Por qué? En ese momento, algunos empresarios alentaban la negociación colectiva porque era tan grande la brutalidad de la despareja relación de fuerzas que la negociación colectiva era una negociación donde los trabajadores que intervenían en alguna de estas negociaciones apenas ponían una coma o sacaban un párrafo. Sé de lo que hablo, yo he sido negociador sindical en esos años. Y ponía comas, agregaba un párrafo. Así que, éste es el punto de partida. Ahora, otra vez vuelvo a lo mismo, en la Argentina, me parece que a pesar de eso hay una cultura de la negociación colectiva que proporciona la base para unas relaciones de trabajo modernas.

¿Incluso en los empresarios?

Incluso los empresarios la aceptan. No voy a decir que son fanáticos, pero la aceptan. Aceptan el juego, están, discuten, van, vienen…, claro, lo que necesitan es sentir que tienen que jugarlo. Mirá, en estos días de negociaciones colectivas aparecen algunas voces que dicen: che, bueno, pero este año el gobierno tendría que sacar un decreto. Lo que les gustaría es que este año hubiera un decreto y si fuera por siempre, mejor.

Pasemos a la cuestión de la CTA. Yo no soy un abogado extremo del pluralismo sindical, el lugar de santificación del pluralismo sindical es Chile, que es el lugar más antisindical del mundo, te juntás con dos o con tres personas, y armás un sindicato. Ahora, ¿no es contradictorio que la CTA esté en el Consejo del Salario Mínimo y no tenga reconocimiento, no tenga personería gremial como asociación sindical de tercer grado?

Estoy tentado de contestarte rápido y decirte: no, no es contradictorio. Pero voy a tratar de dar una respuesta un poquito más compleja. Hay una cuestión que debemos, me parece, incorporar a esta pregunta que es, en realidad, sobre las centrales sindicales en general. Sigamos en el plano teórico que estamos conversando; yo te diría que lo primero que podríamos señalar es que, en realidad, las centrales sindicales nacionales no necesitarían tener personería. La personería gremial es un instrumento propio del sindicato. ¿Por qué? Porque en realidad la central sindical se legitima como conducción de todo o parte del movimiento obrero, no a partir de las personerías sino a partir de su liderazgo social. ¿Para qué le sirve a la CGT tener personería? Sé que esto no puede sostenerse demasiado en el debate del día a día, pero… La CGT es, largamente, la organización más representativa, más abarcativa; con una historia de unidad del movimiento obrero, a pesar de sus diferencias internas. Nadie jamás la ha cuestionado en los años de los programas de Huerta Grande y La Falda, en los años de la Resistencia, en los años del plan de lucha de la CGT con el gobierno radical de Illia, los 21 puntos de Saúl Ubaldini y cualquier otro momento de la historia; nadie ha hablado jamás de la cuestión de la personería gremial de la CGT porque no surge de ahí su presencia histórica y su vigencia permanente. Dicho esto, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el grado de representación institucional que tiene una central sindical. Y acá yo debo decir que, sin lugar a duda, para este gobierno la CTA ha tenido legitimación institucional. Tan absoluta que el tema estuvo formulado en tu pregunta. Esa es la razón, el reconocimiento a esa legitimación institucional ha hecho que la CTA forme parte de, prácticamente, todos los organismos tripartitos que se puedan haber convocado, que la CTA forme parte de la delegación que va a la OIT todos los años, que la CTA sea consultada y participe de todos los debates y haya apoyado y cuestionado para mejorar distintos proyectos legislativos, entre otros, la recuperación de la seguridad social para el Estado. Y más aún, ha sido reconocida públicamente por las máximas autoridades del país como uno de los que impulsó y sostuvo la idea durante mucho tiempo de la asignación universal por hijo. Eso a su vez, siguiendo por esta línea, se observa en el hoy por hoy, en el diálogo que están construyendo la CGT y la CTA alrededor de situaciones puntuales significativas; recordemos el caso del asesinato de Fuentealba, el caso de la huelga de los trabajadores de prensa en Rosario. Y que esto seguramente terminará confluyendo en propuestas de reivindicaciones compartidas. Entonces, está el reconocimiento institucional de que la Central de Trabajadores Argentinos es una central sindical. El tema de la personería gremial y la inscripción es una cuestión, yo diría, que tiene un componente político, por supuesto. Visto desde esta perspectiva es más bien un problema de restricción jurídica, producto de una legislación que establece que la organización más representativa tiene personería gremial (CGT, sin lugar a dudas) y el otro tiene inscripción gremial (CTA.). Dicho todo esto también debo decir que este no es un proceso congelado ni estático.

Ahora, ¿no se puede dar un reconocimiento a la CTA como asociación de tercer grado, aunque se mantenga el sindicato único a nivel de planta? ¿No corremos el riesgo, ante la presión de la Corte Suprema, que vos sabés que está, de que sea la derecha la que mañana termine otorgando la personería gremial, y lo tome como una bandera para dividir a los trabajadores?

A ver, yo creo que es razonable lo que vos planteás pero creo que las situaciones de contexto actual merecerían nuevas reflexiones alrededor de este tema, sobre todo, en relación a la representación en la empresa.

Está claro que los partidos chicos de la izquierda muchas veces subestiman la conformidad de los trabajadores con los sindicatos más tradicionales; ellos creen que hay una casta que manipula a los trabajadores y sabemos que no es siempre así ¿Pero qué pasa con los sindicatos que efectivamente pierden a la base? ¿El gobierno los debe mirar igual que a los otros? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Subte y Alimentación? Porque en el Subte es claro que la UTA perdió la base y es claro que en Kraft, con el sindicato de alimentación ocurrió lo mismo. ¿Cómo lo ves vos?

No entiendo “mirar igual”, ¿qué querés decir?

Me refiero a si desde el Ministerio se tiene que apoyar siempre a los sindicatos de “rama” o, en esos casos se tiene que tratar de que haya un sindicato diferente, por ejemplo, Alimentación en las plantas que ha perdido el sindicato de rama, o en el Subte. Sin cuestionar la noción de “personería gremial”, simplemente otorgar otra personería gremial a esos grupos…

No, a ver; desde el punto de vista legal, todo aquel grupo de trabajadores que pida la inscripción, nosotros tenemos que dársela. Y esta ha sido nuestra política de pleno respeto constitucional a la idea de la inscripción gremial, el artículo 14 bis dice: constituir gremio con la sola inscripción, con la simple inscripción…

Pero la simple inscripción gremial no te deja negociar colectivamente ni manejar la obra social…

Por eso te digo. A este punto llegamos. En el conflicto nosotros terminamos dándole bola al que maneja el conflicto. Sean los pibes del Subte -que ya no son tan pibes-, sea Hermosilla en Kraft, lo que ocurra. Esto ya lo hemos aprendido. Ahora, nosotros, claramente, no trabajamos por la atomización ni por la dispersión, o sea que nosotros tratamos, en general, de privilegiar la relación con el sindicato con personería gremial. De paso, y hablando del tema Kraft, te digo que Kraft no tiene ninguna razón para ser un caso paradigmático. Yo lamento defraudar a todos los que creen que es un caso único, casos como Kraft he tenido 50. Y en términos de los rasgos particulares de las negociaciones y acciones que allí se dieron, también he tenido 50. Detengámonos en uno, el tema Comisión Interna versus Sindicato. El sindicato que estaba presente en la planta no es que no estaba. Pero ha perdido cierto tipo de representatividad frente a los trabajadores. Entonces, nosotros ahí, ¿cómo trabajamos? Trabajamos amparándonos, respetando la legalidad y maniobrando con la legitimidad. Nosotros no vamos a cerrar nada dejando afuera al sindicato de actividad, no lo vamos a hacer. Ahora…

¿Ni siquiera en el Subte donde el sindicato de rama ya no existe?

Bueno, en el subte tenemos hoy los molinetes levantados porque estamos viviendo ese problema. A ver, cómo explicarlo… La presencia de la representación sindical en el Subte a la cabeza de la Asociación para separarlos de la UTA, es evidente. Hay algunas restricciones por el lado de que sería un sindicato de empresa, que la ley no permite, y esto genera una restricción legal. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que negociar con ellos. Ahora, también es cierto que nosotros no podemos dejar de negociar con la UTA, por un problema, incluso de relación de fuerzas. La UTA sigue siendo el sindicato de la actividad y dice: bueno, si ustedes arreglan con los trabajadores del Subte yo les paro todos los transportes del país. Brutalmente dicho, es eso. Entonces, cuál es nuestro rol. Nuestro rol es reconocer las legitimidades y trabajar con las legalidades. Somos autoridad del Estado y como tal respondemos ante el conjunto de la sociedad. Administramos el conflicto, que va generando avances, retrocesos y va modificando desde adentro del conflicto diferentes representaciones: consolidando unas, generando nuevas ….u otras.

En cuanto al tema social, en este gobierno hubo desde el inicio una voluntad notable de inclusión de sectores excluidos en el aspecto previsional, al punto de llegar a casi un 100% de cobertura. Sin embargo, hubo menos iniciativas de ese tipo, tan abarcativas, para los pobres que no están en edad de jubilarse, hasta la Asignación Universal Por Hijo. ¿Hubo un cambio de visión de ustedes en el Ministerio, vos pensaste: no funcionó la creación de trabajo en blanco; o no funcionó al ritmo que nosotros creíamos?

No, en realidad el tema deberíamos mirarlo así: el gobierno ha sostenido y va a seguir sosteniendo que no hay mejor política de inclusión social que el trabajo. Y esto lo digo como bandera y está sostenido en los hechos. Nunca hubo mayor cantidad de empleo registrado desde los años 70. No solamente el empleo creció fuertemente en los períodos de crecimiento económico; sino que la primera directiva que yo recibí de la Presidenta de la Nación cuando en Septiembre del 2008 estalló la crisis financiera global, fue: “Vamos a cuidar el empleo, traeme propuestas para poder preservar el vínculo laboral en las empresas”. Así que volvimos a colocar al empleo y al trabajo como un eje central de la estrategia para enfrentar la crisis internacional. Y el tercer momento, ahora, que la recuperación de la economía empieza a ponerse en marcha, a diferencia de lo que está pasando en otros países del mundo –y lo vas a ver con los datos a medida que pase el tiempo-, acá en la Argentina se está produciendo, otra vez, crecimiento económico con crecimiento del empleo, del empleo registrado. Nosotros ya llevamos por lo menos seis meses de recuperación del empleo. De los puestos de trabajo registrados que se perdieron durante la crisis, llevamos recuperados casi un 60 por ciento. Ahora, esta política, esta dirección hace que el pleno empleo sea una consigna todavía vigente, para nosotros. La crisis internacional obliga a repensar algunos instrumentos. Y ese fue el punto de quiebre.

Publicada en Revista Umbrales de América del Sur, n. 10, Julio 2010.