‘Diario’ Clarín, confusión y ley de medios

Como nunca están de más las explicaciones, es justo y necesario comentar algo sobre el último spot que realizó el Grupo Clarín para protestar contra la obligación de ajustarse a derecho respecto de la ley de servicios de comunicación audiovisual a partir del próximo 7 de diciembre, conforme lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia.
El algún momento del mismo, la voz en off que lo habla dice, más o menos, que “si a uno no lo gusta el diario Clarín, puede comprar cualquier otro”. Podríamos comentar los abusos de posición dominante cometidos a partir de la propiedad de Papel Prensa, pero apuntamos a otra cuestión.
Repasemos el artículo 32 de la Constitución Nacional: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.”. El artículo no tiene mucha vuelta, ni posibilidad de segundas lecturas: sobre prensa escrita no está permitido, desde la jurisdicción federal, regular; ni bien, ni mal: nada, lisa y llanamente.
Las razones hay que rastrearlas en el análisis histórico. El artículo fue incorporado a la ley fundamental por la reforma de 1860. En 1859, en Cepeda, el ejército federal al mando del general Urquiza derrotó a las tropas porteñas de Mitre, luego de lo cual Buenos Aires aceptó, Pacto de San José de Flores mediante, reincorporarse a la Confederación Argentina –de la que se había separado seis años antes– a condición de la posibilidad de sugerir cambios a la Constitución jurada en 1853, que motivara la secesión: entre ellos, la inserción del artículo comentado.
Todo ello –que a mi criterio hace que resulta equivocado hablar de “Constitución de 1853/60”, cual si entre ellas existiera una unidad pacífica, siendo que más bien fue todo lo contrario en tanto hasta medió una guerra para la reforma–, a pesar de que la Constitución originaria había vedado la posibilidad de operar una primera reforma a su texto hasta pasados diez años desde su sanción.
El artículo 32, entonces, fue la respuesta jurídica que encontraron los hombres del poder porteño, casi todos a la vez dueños de diarios –con Sarmiento a la cabeza–, para prevenirse de posibles cuentas que quisiera cobrarse con ellos Justo José de Urquiza –entonces ex presidente y líder absoluto de la Confederación–, cuya persona era denostada constantemente por los jornales porteños con insultos de calibre gigantesco: impedir regulaciones de orden nacional, circunscribir esa posibilidad a las legislaturas locales, siendo que en provincia de Buenos Aires Urquiza no tenía peso alguno.
Durante el debate por la ley de medios, el que era a esa fecha gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, pretendió plantear la nulidad de la discusión a partir, justamente, del artículo 32 de la mal llamada Carta Magna, en defensa, alegaba, de los poderes no delegados por las provincias a Nación.
Apoyado en dicho trámite muy fuertemente por el columnista estrella de La Nación Mariano Grondona, en su caso en repudio al avance de lo que denominó “cultura estatista” sobre ámbitos en los que, a su juicio, “no corresponde, sencillamente, que se meta el Estado”. Lectura a partir de la que solicitó la no existencia de ‘ninguna’ ley de medios, no solo de la actual –que por esas horas era apenas proyecto–, entendiendo que el 32 era hijo de la cultura de Estado ausente que él no se cansa de reclamar y que la concepción liberal del constituyente originario promovió con el texto constitucional que elaboró: falso, en este caso.
Su interpretación, absurda, era que a partir del avance tecnológico debía extenderse lo dispuesto respecto de la libertad de imprenta, según la definición constitucional comentada, al espacio audiovisual.
Dos respuestas sencillas contra dicho planteo:
1. Los servicios de comunicación audiovisual no requieren de ser abordados a través de analogía ninguna, tienen regulación específica en el artículo 75, inciso 19, párrafo cuarto, que establece, como atribución del Congreso, entre muchísimas otras enumeradas en el mismo artículo, la de “Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.”
2. Una serie de fallos de Corte Suprema, previos aún a la incorporación de la norma citada en el acápite anterior –que tuvo lugar con la reforma del año 1994–, en casos en los que distintas provincias pretendieron disputar al anterior órgano de aplicación, COMFER, potestades en términos de regulación del espacio audiovisual, determinaron que la competencia en el tema es de orden federal.
Fueron invocados, en dichos pronunciamientos, los actuales artículos 75, inciso 13 (antiguo artículo 64, inciso 12), que dispone como otra facultad del Congreso la de “Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí.”, entre lo que se entendió incluida la actividad radiofónica; y la regla general contenida en el primer párrafo del artículo 75, inciso 19 (el viejo 67.13), la llamada “cláusula de progreso”, a los fines de lo cual se otorgan facultades normativas al Congreso.
En dichos fallos hasta se ha ordenado a las provincias abstenerse de aplicar normas locales de radiodifusión que requiriesen conformidad de la autoridad nacional y no contaran con ella.
Cualquiera sea, entonces, el ángulo desde el que se pretenda abordarlo, el planteo de Clarín es absurdo, inconducente, y tiene como único objetivo sumar a la confusión en la discusión que se da por fuera de los foros institucionales, además de no hacer al debate, toda vez que la ley de medios, por enésima vez se insiste con esto, no trata sobre gráfica.
Y lo cierto es que, en realidad, la propia empresa, siempre será bueno repetir esto, alega en las pantallas, sin fundamento alguno, lo que ni siquiera se ocupó de plantear en su demanda judicial –precisamente porque carecería para ello de soporte probatorio–, por medio de la cual reconoce no estar discutiendo otra cosa que hipotéticos y futuros perjuicios económicos en razón de la aplicación de la ley de medios.
Por todo lo expuesto, coincidiendo en lo que acá interesa con la demanda de Clarín, y parafraseando a la Corte, “estando vencido el plazo legal, y por efecto de la finalización de la cautelar, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26.522 y se aplica a la actora (…) con todos sus efectos a partir de la fecha indicada”. Cúmplase.