El odio a Cristina

El odio a Cristina

por Guillermo Cichello

 

I) El empleo de las palabras “tiranía”, “dictadura”, “autoritarismo”; las comparaciones con Hitler, Mussolini, Ceausescu, referidas al kirchnerismo y particularmente a Cristina Fernández de Kirchner, se ubican fueran del dominio de la argumentación. No pueden ser tratadas como razones que ameriten una refutación en el plano del análisis lógico, salvo que se subvierta completamente la semántica, se ignore todo de los acontecimientos políticos del siglo XX o no se guarde registro alguno del lapso comprendido en Argentina entre los años 1976 y 1983.

Si imagináramos que un observador de otra tierra –impuesto de los cargos tan vehementes que se le formulan a la presidenta-, preguntara entonces dónde están los periodistas muertos por publicar informaciones y opiniones adversas al gobierno, cuántos medios de comunicación fueron clausurados, en qué fecha se cerró el Congreso o cuántos fueron los vetos presidenciales a leyes de una legislatura intimidada, de qué magnitud es la represión como medio de acallar la protesta social, dónde se encuentran los testimonios de dirigentes opositores perseguidos, dónde las cárceles clandestinas, cuántas veces se llevó adelante el fraude eleccionario o se removió sin proceso a jueces -en fin, aquellos elementos que conforman una tiranía-, la calidad de las respuestas le impediría a ese observador comprender o llegaría a dudar del curioso sentido que adquirieron tales palabras en esta zona del planeta.

El fenómeno eminentemente afectivo (la ira y el miedo se destacan) que propagó la instalación de tales referencias en los dominantes medios de comunicación –y en sus cajas de resonancia: los partidos de oposición y grandes sectores de las capas medias-, amerita detenerse a pensar las verdaderas causas de tanta irritación.

Para ese sector –no importa si es una creencia o una impostura-, este gobierno es autoritario en el ejercicio del poder estatal y considera amenazante y peligrosa las acciones en que ese poder se manifiesta. Tratemos de aislar algunos núcleos temáticos que despiertan la temerosa cólera. Creo ver dos: uno es la restricción a la libertad; el otro,  la sensación de estar frente a un poder ciego a cualquier restricción.

Ahora bien, si uno pudiera interrogar a este conjunto de “indignados” y lo hiciera con prolijidad y paciencia -apartando la enorme carga afectiva de las respuestas- qué decisiones del Poder Ejecutivo han ido causando este humor devenido en furia, podría armar una lista que comprende, por ejemplo: la regulación oficial al atesoramiento de moneda extranjera, la mediación estatal que busca establecer un régimen de importaciones que equilibre la balanza comercial y favorezca al mercado interno, el uso de la cadena nacional para difundir las acciones de gobierno, la intervención del Banco Central orientando en una mínima medida el crédito de la banca privada, la  investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos sobre el origen del dinero declarado en grandes operaciones o la obligación impuesta a las empresas trasnacionales a liquidar en el país sus utilidades, la iniciativa estatal que busca acentuar la carga impositiva a ciertos actores sociales –vg., la renta financiera o la agraria exportable-, la decisión de poner en funciones a directores públicos en las 41 empresas privadas en las que el Estado posee caudal accionario, la resolución de intervenir en el mercado de medios audiovisuales para evitar posiciones monopólicas, la rescisión de contratos incumplidos a empresas privadas de servicios públicos, el impulso en la investigación y castigo penal de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, las medidas tendientes a distribuir la riqueza (desde la asignación universal por hijo hasta la implementación de planes de vivienda para los sectores populares).

La lista podría ser más extensa y precisa, pero el hilo que enlaza todas estas acciones se advierte nítidamente. Mediante estas iniciativas, el Estado        –como representante del interés público- interviene pugnando por regular dentro de ciertos límites la acción de los mayores actores económicos del país. La traducción de estas acciones estatales que encuentra la gran prensa privada  –vehículo de tales intereses- es: “intromisión”, “apriete”, “presión”, “cercenamiento de la libertad”, etc. de Cristina Fernández (siempre se la menciona a título personal, casi nunca se designa el lugar institucional desde el que decide), con los predicados “autoritaria”, “dictatorial”, etc.

 

II) Ernst Jentsch fue un psiquiatra alemán del siglo pasado que estudió el sentimiento de lo siniestro (Freud lo cita a menudo en su obra homónima); destacó como uno de los casos en que este sentimiento se expresaba la duda acerca de que “un objeto sin vida esté en alguna forma animado”, aduciendo con tal fin, la impresión que despiertan las figuras de cera, las muñecas «sabias» y los autómatas. En esos casos, lo siniestramente amenazante consiste en el solo hecho de que aquello a lo que no se le atribuye vida, de pronto mueva un dedo, guiñe un ojo, suspire.  No hace falta que empuñe un arma o lance un golpe. Lo siniestro es el sentimiento que despierta la refutación de la atribución simbólica: eso no debe tener vida; la tiene.

Creo que algo de este orden puede estar pasando en el desborde pasional, en la grotesca ira -siempre asentada sobre una expectativa de pánico-, que despiertan las intervenciones de Cristina Fernández. No creo que haya que buscar en sus enunciados las causas del odio o el desmesurado sentimiento de estar frente a un poder ominoso (hubo que forzar hasta el ridículo el famoso “ténganle miedo a Dios y a mí”). La causa de tal reacción, reitero, no son los enunciados presidenciales –por lo demás, proferidos con una firmeza y entramados en una sólida construcción argumental que hace difícil rebatirlos en el plano de la lógica de sus razones-, sino el sólo hecho de enunciar desde un lugar distinto.

Porque el kirchnerismo rompió un pacto implícito, sólido, añoso (me pregunto si eso no es la célebre soberbia kirchnerista), que establecía que la administración del Estado es la administración de los negocios de la clase dominante y la difusión de su aparato ideológico por todos los dispositivos institucionales. Ese pacto implicaba que las decisiones públicas no eran sino el resguardo y el predominio de tales intereses y que las distintas carteras del Estado fueran ocupadas por representantes de esa clase (la Unión Industrial en Economía, los grandes laboratorios en Salud, el poder financiero en el Banco Central o “negociando” la deuda externa, la Sociedad Rural en Agricultura, el principal grupo mediático en la Jefatura de Gabinete, etc.).

Quebrar ese pacto implícito siempre desató en la historia argentina enormes consecuencias.

De modo que no es en el análisis de los enunciados de Cristina Fernández, en su tono pretendidamente altivo o petulante o en su manera de vestir, donde deben buscarse las causas de la ira que despierta, sino en el simple hecho de que enuncia desde un lugar que la tradición política no consagra a los presidentes. Desde la perspectiva de dicha tradición –que establece rígidamente en formas institucionales el predominio de determinadas relaciones sociales de fuerza-, Cristina Fernández refuta la atribución simbólica que durante años le asignó al Estado la función de guardián de los posesiones de la clase dominante; al alcanzar cierto grado de autonomía de tales intereses, el kirchnerismo fue, de modo creciente, asumiendo la comandancia de un Estado que cobró “vida propia”.

Eso es siniestro.

Quizás sea un elemento que ayude a explicar el miedo y la ira y la total trasgresión del sentido que hoy asumen en ciertos sectores sociales las palabras “tiranía”, “dictadura”, “autoritarismo”.

 

 

 

**************************************