Las hipocresías bicentenarias

Este post sintetiza la contradicción a la que llegan buena parte de los que argumentan con cierta objeción de conciencia a favor de la movida gubernamental de pagar la deuda. Se resume en que sí, es cierto que la deuda o una parte de ella es ilegítima pero no jodamos con esto porque sino el mercado nos castigará. Paguemos porque las consecuencias de no hacerlo son terribles y el supuesto ahorro de la parte ilegítima termina siendo neutralizado o superado por las pérdidas económicas que conllevaría el desafío a los acreedores, la suba en el riesgo país, la desconfianza internacional que implica una retracción de la inversiones que trae aparejada una decaimiento de los puestos de trabajo, y así sucesivamente.

El error

Lo primero. Cristina Fernández se equivoca al afirmar que la deuda es legítima por la aceptación posterior de los gobiernos democráticos. Entiende, o los que la asesoran en esta materia entienden, que la ilegitimidad radica solamente en que se trató de empréstitos tomados por un grupo de personas que ocuparon ilegalmente los órganos del estado y no tenían permitido contraer deudas. Pero una vez que el orden democrático reinstaurado acepta pagar, la deuda se vuelve legítima porque se asienta en la soberanía popular que mediante su voto elige al gobierno que decide pagarla o renegociarla. Pero la legalidad de estos gobiernos es distinta a la de la deuda contraída. Una conducta humana es delictiva independientemente de quién sea la persona que la cometa. No existe Sra. Presidente la posibilidad de que un gobierno elimine la ilicitud de un acto realizado por un gobierno anterior. Con todo respeto, se equivoca. Podrá el “nuevo” gobierno perdonar a los funcionarios delincuentes mediante el indulto, la amnistía o la conmutación de penas, pero el delito sigue existiendo. Un hecho ilícito no se transforma en lícito por la mera aceptación o negligencia de los poderes ejecutivos de la democracia. En todo caso, bien podría caberle a esos sujetos un reproche de complicidad, una participación posterior que limpie las “suciedades” del acto, que, a sabiendas de la inexistencia de asientos contables de la deuda o de los “autopréstamos” que efectuaron empresas varias, poderosos grupos económicos en connivencia con el estado, pague, renegocie. La doctrina de los delitos continuos o de ejecución continuada comprende este tema, ya que trata de aquellos delitos que cuya consumación no es instantánea (como un hurto) sino que se prolonga en el tiempo (ej secuestro extorsivo, robo de bebés). En este marco legal podrían señalarse como partícipes necesarios a los responsables de los gobiernos democráticos.

Pero hay más. En virtud de nuestras leyes penales la prescripción de estos delitos recién comienza a correr desde que cesa la última parte de los mismos (en el secuestro sería la liberación o el arresto de los secuestradores), que, en el caso de la deuda externa será en varios, muchísimos años. Y vale entonces una aclaración, sería deshonesto no hacerla. Nada tiene que ver la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad con la deuda externa. Fue a mi entender un contra argumento mal esbozado. La prescripción (garantía que deriva de la Constitución por la cual un individuo no puede ser sometido indefinidamente a un juicio penal) no rige para los delitos de lesa humanidad, simplemente, porque el estado argentino se ha obligado, a través de incorporación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, a investigar judicialmente este tipo de delitos, y no puede renunciar a ello por más tiempo que pase. No prescriben porque así lo ordena la ley suprema. Son, junto con los crímenes de guerra, los únicos delitos imprescriptibles. Los otros delitos, cualquiera sean, prescriben. Los económicos por lo tanto también. Sólo que en aquellos que  su ejecución se prolongue a lo largo del tiempo (vaya si la deuda no lo es), la prescripción recién empezará a “contarse” cuando el último acto cese. Como cualquier doctrina jurídica, luego está sujeta a una interpretación y aplicación para el caso concreto. Y es fundamental entender esto porque no lo interpretó así el Juez Ballesteros al sobreseer a Martinez de Hoz en la causa “Olmos”.

Soberana hipocresía I: la justicia

Alejandro Olmos dio (literalmente) su vida por esclarecer los laberintos de la estafa de la deuda externa. Se sabe, la justicia es lenta y puede serlo aún más cuando de investigar a funcionarios del estado se trata. Dieciocho años transcurrieron desde que Olmos se presenta como denunciante hasta llegar a una sentencia (1982-2000). Tiempo que hizo posible que el único procesado (Martinez de Hoz) fuera sobreseído en virtud de la prescripción de la acción penal (no se aplicó la doctrina explicada). Pero esta sentencia que libra de culpa y cargo al funcionario civil de la dictadura reconoce y declara que la deuda es ilegal, ilegítima y fraudulenta, por lo que remite las actuaciones al Poder Legislativo. El delito entonces existió, no puede ser negado.

Si alguien comete un homicidio pero el estado tarda 20 años en encontrarlo culpable, va a verse obligado a sobreseerlo, pero eso no significa que el homicidio no se haya producido, que alguien no haya perdido su vida debido del accionar de otro. Dirá el estado-juez “hubo aquí un hecho delictivo que produjo el resultado muerte pero no podremos castigar a este señor porque las garantías propias de un estado de derecho, como es el debido proceso sin dilaciones, no lo permiten”.

Pero la causa “Olmos” no es la única investigación judicial en torno a la deuda. Los empleados públicos designados por los gobernantes de la democracia, legitimados por la soberanía popular tampoco hicieron las cosas bien. Existen tres causas penales en torno a las renegociaciones de la deuda externa, donde están con procesamiento firme y esperando el juicio Domingo Cavallo y Daniel Marx.

Habría que preguntarse entonces cuál es el valor que le asignamos a la justicia argentina. Se ve a muchas personas rasgarse las vestiduras cuando un juez extranjero ordena un embargo de cuentas de dinero argentino en el exterior. Que escándalo. Que ataque a la soberanía nacional. Y veo su foto y quizás piense lo mismo, ese juez foráneo, ahí en la foto en su gran despacho, él impoluto con su traje de miles de dólares, quiere brindarles justicia a esos fondos dañinos, esas industrias modernas sin trabajadores que tiene el capital, que producen muchísimo dinero sólo con algo de dinero, a costa de las crisis de países pobres, esas máquinas rapaces de la economía de casino que son los fondos buitres. Y puedo compartir ese sentimiento de desprecio por un sistema de justicia que avala una injusticia moral.

¿Pero porque no hacer valer el accionar de nuestra justicia criolla? ¿no constituye un acto de soberanía suprema priorizar nuestras leyes y nuestros jueces? ¿por qué negar la sentencia del juez Ballesteros y los procesos que existen hoy alrededor de la deuda? Es decir básicamente «miren señores tenedores de bonos privilegiados por el plan Brady, señores banqueros, señores clubbers parisinos, yo, estado argentino, se que ustedes piensan que les debemos muchísimo dinero y que se vienen una serie de vencimientos, pero en nuestro país un juez investigó su crédito y encontró numerosísimas irregularidades y remitió las pruebas al Congreso para su tratamiento… ustedes saben en el fondo(s) de sus corazones que el dinero no fue utilizado en beneficio del pueblo ni otorgada a gobiernos democráticos, saben que esta es una Deuda Odiosa y que esta nulidad es absoluta e imposible de legitimación posterior… además existen en el presente investigaciones judiciales en curso sobre nuevas irregularidades y nosotros respetamos nuestras leyes y nuestra justicia… por lo que no les voy a poder pagar sin revisar bien antes porque estaría quebrantando las mismas normas jurídicas que yo, como estado, prometo hacer cumplir mediante el castigo penal, así que veamos que parte de los que les debo es legítimo y por lo tanto exigible, y pagaré esa porción con gusto, pero hasta tanto no puedo ser partícipe de un crimen”.

La frutilla del postre la recibe uno cuando se entera que Menem contrató a los mismos abogados que asesoraban y asesoran al Citibank (uno de los acreedores), estudio de abogados a los que le renovaron el contrato en las épocas que Lavagna era el Ministro de Economía de Kirchner, para rechazar las demandas de bonistas en el exterior. El mismo estudio que nos representa hoy. Total, en Argentina no formamos buenos abogados en nuestras universidades para defender los intereses del país.

Soberana hipocresía II: miedo al terrorismo y la inseguridad Susana

Y volvemos al principio. Y, sí señor, está muy bien, la deuda fue una gran estafa para el pueblo argentino, y aún hoy se está investigando judicialmente, pero hay que pagar igual, no me venga con tecnicismos, hay que corresponder las obligaciones asumidas sin importar su ilegalidad para no dañar la imagen de la Argentina en el mundo (mundo=organismos de crédito y medidoras de ratings).

Aquí entonces la necesidad de enfatizar una y otra vez el carácter delictual de la deuda. Repaso las muchas veces que leí y compartí las críticas a las Mirthas y Susanas, a los Blumbergs, cuando se quejan y trasladan “la verdad del pueblo” sobre la inseguridad, y sus ignorantes soluciones. Y repaso el acuerdo de criticar no solo el olvido de estos personajes mediáticos de la desigualdad socio-económica y de arribar a soluciones tan ineficaces como inhumanas y tardío modernas, sino además por tener un concepto de seguridad restringido, ese dogma que asegura que la inseguridad comprende exclusivamente delitos contra la propiedad y (asociado a estos) la integridad física de la víctima. Que los grupos económicos delinquen y nadie pide su castigo.

Pero resulta que con esto de la deuda no hallo del todo coherente quejarse de que los medios hablan de un tipo de inseguridad por un lado, y por el otro decir que hay un delito de estafa pero igual hay que pagar. Que los medios nos bombardean con sangre, que nos dicen que delincuente es sólo el motochorro, el pibe chorro, el trapito chorro y nunca aparece en pantalla, con esa música escalofriante de fondo, guionada, el policía chorro, el político chorro o el empresario chorro. No ver a un Macri en Policías en acción. Pero llegar a esta realidad, concretar el “traje a raya” para evasores, criminales de cuello blanco, sepanlo, no es gratuito. Hay que sortear enormes barreras para llegar a una política de seguridad acorde con la igualdad ante la ley que declara la Constitución (igualdad de derechos y de castigo a quienes quebrantan esos derechos sin importar su status social). Barreras burocráticas, políticas, culturales y económicas.

La más difícil es la barrera económica que desafía a la política. Porque se dice que una política de “mano dura” para el sector financiero implica un país sin inversiones. Y ahí sigue la cadena de menos puestos de trabajo, baja en la recaudación de impuestos y menos dinero entonces para el gasto social. Entonces el debate se salda en mirar para otro lado, hacer leyes más flexibles, frente a la amenaza del mercado de dirigir el capital hacia otras partes del mundo. Esa es la amenaza que produce terror. Y el terrorismo de mercado, como cualquier otro terrorismo, surte su efecto cuando el miedo que siembra se reproduce en la sociedad que sucumbe ante él. Es la amenaza que se hace eco, que se multiplica, atravesando las instituciones propias de un estado de derecho, como la justicia, como el poder legislativo. Es por eso acertadísimo el concepto de fascismo financiero ((“Reinventar la democracia. Reinventar el estado”, CLACSO, 2005)) que desarrolla Boaventura de Sousa Santos para referirse a esta interacción.

Sorprende escuchar el argumento de que por más que sea ilegal hay que pagar la deuda. Tristemente sorprendente tambiénel que propone al mercado de inversiones extranjeras como motor y modelo de desarrollo de la economía nacional. Es una reedición de la amenaza del mercado noventista que tomaba como rehén a cualquier trabajador. Aquello de que las leyes laborales eran muy rígidas para atraer inversiones y había por lo tanto que doblarlas un poco, flexibilizarlas. El miedo al desempleo que imponía a los trabajadores a aceptar condiciones de trabajo violatorias de sus derechos.

Asumir la ilegalidad de la deuda, hacer respetar la ley y las sentencias judiciales, tiene, claro está, costos. Los mismos que tendría cualquier país que por ejemplo decía castigar severa y de manera efectiva el lavado financiero, dado que tendría muchísimos más recursos si no lo hace. Pero el no pago de la deuda va mucho más allá. También hay que ser conciente de esto. No pagar la usuraria deuda externa constituye, lisa y llanamente, un desafío frontal al capitalismo financiero. Una cachetada abierta al neoliberalismo. Implicaría poner un coto a las pretensiones de un poder de facto que atemoriza, preparando el escenario para la entrega y sumisión.

Es una discusión que hay que tenerla y poder saldarla, que trasciende al kirchnerismo, porque trasciende el presente al hipotecar y condicionar el futuro.Lo interesante es que la Argentina no es la única con este problema, sino que lo comparte con el resto de Latinoamérica. Vale entonces buscar soluciones y encararlo conjuntamente. Así como las bases militares yanquis, la riqueza de los recursos naturales de la región, la democracia desechada en Honduras, etc la deuda externa puede ser vista como un problema geopolítico, y su solución, como estratégica para el desarrollo de nuestros países. Debe serlo así. Es la única manera. Los países aislados no tienen el poder suficiente para negociar y enfrentarse con estos poderes. La Argentina puede acompañar y darle mucha más fuerza al camino asumido por Ecuador.

Saludos

Autor de la foto