Lo que está en juego en una fractura social II

tapa-pagina-12-videla A partir de nuestro post del pasado día 16 de eneroen Artepolítica se desató un intercambio en el que cobró especial relevancia la cuestión histórica en torno al surgimiento del kirchnerismo a la salida de la mega crisis de 2001/2002.
Entre lo más relevante que se dijo allí y que se pretende recoger como disparador del presente, estuvieron el episodio del pliego de condiciones que José Claudio Escribano dirigió a Néstor Kirchner a través de la tapa de La Nación, y que antes fuera elevado en persona por el propio directivo del matutino fundado por Bartolomé Mitre al entonces presidente recién electo; y la puesta en duda de las implicancias que tiene el reimpulso del establecimiento de memoria, verdad y justicia en nuestra sociedad sobre de lo acontecido durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional en la crispación.
Ahora que ha corrido mucha bajo el puente desde 2003 en el recorrido judicial a propósito de los delitos de lesa humanidad, tanto que hasta el mismísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido la imposibilidad de vuelta atrás a dichos respectos,cuesta dimensionar la magnitud de lo que se jugaba en la materia a la salida del interinato presidencial de Eduardo Duhalde.
El Congreso argentino había ya derogado las leyes de obediencia debida y de punto final, pero no había dispuesto la nulidad de las mismas, con lo que conservaron vigencia los efectos de lo actuado desde sancionadas en 1987. Mientras tanto, tribunales españoles habían comenzado a juzgar a militares argentinos a partir de la reformulación de la doctrina de jurisdicción universal, por la cual cualquier país tiene el derecho y el deber de juzgar a los responsables, si su propio país no lo hace en caso de delitos que afectan a toda la humanidad.
A consecuencia de todo ello, en marzo de 2001, a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo y del CELS, el juez federal Gabriel Cavallo dictó, en la causa Simón, la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y de punto final. Cerca de esa fecha, la Corte Interamericana de DDHH resolvió el caso Barrios Altos en línea con lo dispuesto por Cavallo: las violaciones a los derechos humanos no pueden ser amnistiadas ni su persecución penal cesa por el mero paso del tiempo.
El recorrido recursivo de la sentencia de Cavallo, naturalmente, desembocaría en la Corte Suprema de Justicia, entonces todavía conformada por la célebre ‘mayoría automática’ construida por el menemismo. Conviene recordar la segunda de las exigencias de Escribano a Kirchner: “No queremos que haya más revisiones sobre la lucha contra la subversión. Está a punto de salir un fallo de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido. Nos parece importante que el fallo salga y que el tema no vuelva a tratarse políticamente. Creemos necesaria una reivindicación del desempeño de las Fuerzas Armadas en el contexto histórico en el que les tocó actuar”.
El incumplimiento de las solicitudes que Escribano efectuaba en nombre de una compleja trama de intereses sectoriales, recordemos, derivaría, especie que el periodista puso en boca de “hombres que se hallaban reunidos en el Consejo de las Américas un día después de la primera vuelta electoral (de 2003)”, en que el nuevo gobierno argentino durara apenas un año.
Ello, explicaba Escribano, dado que la gobernabilidad no estaba comprometida por culpa de la renuncia de Menem al balotaje, sino porque Kirchner, en su discurso posterior a conocida la retirada del actual senador riojano, “ahondó los odios y las diferencias con Menem y hasta se permitió la temeridad de sembrar dudas sobre cuál será el tono de su relación con el empresariado y con las Fuerzas Armadas” y “olvidó que en ese momento dejaba de ser el candidato que había competido por largos meses por la Presidencia de la Nación y se convertía en el presidente electo de la Argentina”.
No se trataba, por cierto, de un gesto de caridad humana del periodista de La Nación para con las FFAA. El punto central aquí radica en dilucidar los hilos que anudan la suerte del ejército y la del establishment en torno a la discusión sobre aquel pasado.
Sostiene Alejandro Hororwicz que lo acontecido a partir del 24 de marzo de 1976 “No se trata de un movimiento de autonomía militar sino de una decisión orgánica del bloque de clases dominantes. (…) un cambio de programa del partido del estado. El abandono de las distintas variantes del Plan Pinedo (programa de sustitución de importaciones), por uno que sólo atiende a las “ventajas relativas” de la producción nacional. (…) el Rodrigazo anticipa la reprimarización de la actividad económica, a resultar de un claro balance político del mundo empresarial: ‘el desarrollismo fracasó’, sobre todo porque impulsa la lucha de clases y permite la articulación de un frente plebeyo orientado por corrientes socialistas variopintas.”
“(…) Las cámaras empresariales, a través de la APG, elaboraron sin disimulo alguno el programa del ingeniero Celestino Rodrigo, bajo la conducción intelectual y política de José Alfredo Martínez de Hoz. El denominado programa del 2 de abril se confeccionó en la primera mitad de 1975 y se aplicó con la diferencia de circunstancias históricas hasta el estallido de diciembre del 2001. Siempre se analiza el papel que ejerció la sociedad argentina en esos años oscuros y que pedía acabar con los grupos terroristas. La lectura alfonsinista, que plantea el enfrentamiento entre los dos demonios, construye un escenario donde una mayoría aterrorizada queda en manos de una minoría militar aterrante, y por lo tanto exculpa a la sociedad argentina, al bloque de clases dominantes, de lo acontecido.“
(Digresión: Horowicz desmiente discute esto en su último libro, Historia de las dictaduras argentinas, a través del examen de alrededor de mil cartas de lectores dirigidas al diario La Prensa, por medio de las que pretende demostrar la plena noción por parte de la ciudadanía de lo que acontecía con la represión ilegal.)
“(…) Desde el momento en que se aceptan como legales las órdenes impartidas por María Estela Martínez de Perón e Italo Luder, para ‘aniquilar’ al enemigo, queda en claro que se proponen construir una ficción histórica eficaz: de un lado de 1976 el ‘terrorismo de Estado’ y del otro la ‘democracia’. Olvidando prudentemente que la Constitución Nacional impide la intervención militar a una provincia sin ley del Congreso. (…) avalan las decisiones ilegales del gobierno legal, porque reconocen en su toma la voluntad política del bloque de clases dominantes, es decir, de sus beneficiarios inequívocos. Y no lo hacen en un episodio aislado, sino durante todo el ciclo histórico. Por eso, para que no quede la menor duda, protegen a los represores hasta el estallido de 2001. (…)”
“(…) Ese comportamiento político se mantuvo inalterado (leyes de obediencia debida y punto final, indultos) y recién con su anulación, a pedido del Congreso por decisión de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner, se restableció la relación entre los delitos y las penas, entre las palabras y las cosas, entre la ley y la política. El programa del partido del Estado entre 1983 y el 2001 se redujo a pagar la deuda externa. El menemismo, que no es otra cosa que la continuación del alfonsinismo con otros instrumentos (la convertibilidad), se constituyó con el respaldo de la UCR. Recuerden, Menem asume seis meses antes y sus diputados lo harán seis meses más tarde, de modo que durante ese lapso cogobernaron sin problema alguno.”
De lo dicho por Horowicz puede extraerse como conclusión el carácter instrumental de la represión ilegal del terrorismo de Estado. Es decir, la necesidad de operar en tal sentido a los fines de establecer un programa económico contra cuyas consecuencias –que premonitoriamente denunciara Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta– habría opuesto resistencia una sociedad acostumbrada entonces a dar pelea por lo suyo, como se había demostrado desde que el general Perón fuera desalojado de la presidencia en 1955.
La Nación integra el bloque de beneficiarios del programa que estallara en 2001, huelga aclararlo, y también el Grupo Clarín, en negocios que van más allá de lo meramente periodístico: recuérdese, por caso, que son socios en Expoagro, la exposición agraria donde, como cuenta Horacio Verbitsky, “cada año se cierran negocios por más de 300 millones de dólares”; además de que comparten con otro importante entramado de empresas la Asociación de Empresarios Argentinos, AEA, desde la que habitualmente llueve de todo menos elogios para el actual gobierno nacional, bloque que creció exponencialmente a partir del programa Martínez de Hoz.
No cuesta tanto comprender, así las cosas, qué tienen para perder determinados actores en la disputa por un reemplazo de programa, en el que los núcleos centrales dejen de ser los que fueron hasta estas épocas, con nefastas consecuencias para la mayoría de la población argentina. Y, por ende, las rispideces que ello genera a nivel cúpulas.
Entre 1983 y 2001, entonces, hubo un programa único posible, definido por lo operado en nuestra sociedad en el lapso 1976/1983. Al interior de ese ciclo histórico, los deslizamientos y recambios actorales fueron suaves, amistosos, cual lo prueban la convivencia radical-menemista en 1989, la presencia de Domingo Cavallo u otros como Jorge Vanossi y José Horacio Jaunarena en gabinetes de distinto color partidario, la reivindicación de “la estabilidad” en la plataforma del Frepaso de 1995, la definición “un peso, un dólar” de De La Rúa, o las declaraciones de la UCR sobre las privatizaciones: procesos de los que repugnaron formas y no fondo, y cuya vigencia prometían sostener si llegaban a ser gobierno en 1995, en aras de la consagración de la seguridad jurídica como valor social máximo.
El de la última dictadura fue, en efecto, un proyecto de país acabado y de largo alcance. Volviendo a Horowciz:“La novedad es la recuperación de la relación entre los delitos y las penas. Acá se confunde esto con política de derechos humanos. (…) es mucho más que eso. (…) el restablecimiento de un estado de derecho. Argentina, hasta 2001, no tenía estado de derecho, sino estado de excepción. Si alguien violaba con las charreteras puestas lo hacía como una causa patriótica, no como un delito. La presuposición de todo orden jurídico posible es la igualdad ante la ley. Cuando uno rompe esta regla, rompe el orden jurídico. Lo que se hizo aquí es restablecer la igualdad ante la ley.”
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó, en marzo de 2012, en los autos “Ingegnieros, María Gimena c/ Techint SA”, un fallo histórico por el cual dispuso la imprescriptibilidad de la acción de responsabilidad patrimonial contra la empresa. Dijo: “Los delitos de lesa humanidad tuvieron por objeto directo la implantación del plan económico anunciado el 2 de abril de 1976. La utilización de la prescripción por parte de las sociedades que resulten cómplices del delito de genocidio en acciones resarcitorias como la presente importa reconocer el provecho tenido en mira para actuar en complicidad con la dictadura genocida por parte de las organizaciones empresarias. (…) la mayoría absoluta de los detenidos-desaparecidos del período eran trabajadores con inserción sindical. De nada valdría condenar a los ejecutores si los beneficiarios de las políticas de genocidio no debieran responder por las consecuencias civiles de sus actos.”
En línea con esto puede señalarse también el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por los tribunales federales, acusado por comisión de delitos de lesa humanidad.. Ledesma se dedicó, durante la última dictadura militar, a entregar personas que, a la postre, engrosarían la lista de detenidos-desaparecidos; pero, además, y fundamentalmente, fue parte del entramado empresarial que ideó, impulsó y sustentó al gobierno del Proceso. Y por supuesto, la enorme cantidad de documentación que certifica la complicidad eclesiástica con todo lo actuado.
Se trata de la interpelación del elemento dictatorial en su completa dimensión, que abarca mucho más que las responsabilidades meramente de los que entonces ocuparan cargos en el Estado, sino de la comprensión del proceso histórico en forma unificada, como bloque compacto en cuyo diseño no hubo “complicidad civil” sino autoría directa, y que la clave en la construcción de una nueva sociedad está no sólo en desentrañar esas responsabilidad en tribunales: también en el desarme lo operado en lo material por aquella operación.
De las reacciones de los beneficiarios enunciados a lo largo de este texto contra la política del kirchnerismo queda claro cuán interpelado ha sido, y en qué magnitud, el programa ‘dictatorial’. Y las conmociones que implica eso para una sociedad que se había acostumbrado a la quietud de una política en la que, en verdad, nada se discutía, en una linealidad proyectiva histórica inmutable que derivó en la peor crisis de la historia nacional. Es decir, si acaso se considera que hoy hay pelea, es porque ahora, al revés que antes, se discute algo: cambiar de gobierno hoy es cambiar de política. No fue así hasta 2003, cualquier candidato daba lo mismo.
Y nos reiteramos en aquel cierre: es el precio que cuesta la construcción de una democracia con contenido y espesor. Y vale la pena pagarlo.