Evolución reciente, y no tan reciente, de la pobreza por ingresos

Diego Born*
Especial para BAE Negocios
A mediados de esta semana el INDEC dio a conocer que en el primer semestre de 2017 la indigencia afectó al 4,5% de los hogares y al 6,2% de las personas, mientras que por debajo de la línea de la pobreza quedaron el 20,4% de los hogares y el 28,6% de las personas, siempre considerando a los grandes aglomerados urbanos del país, que en conjunto representan algo menos de dos tercios de la población nacional.
Con la vieja canasta, el piso de pobreza se reduce a $11.500
En relación al segundo semestre de 2016 estos valores implican un nivel de similar de personas en situación de indigencia (6,1% a fines de 2016, 6,2% en la primera mitad de 2017) y un leve (aunque estadísticamente representativo) retroceso de la pobreza (30,3% y 28,6% respectivamente). Más allá de un ligero aumento tanto en la brecha de la indigencia como, en menor medida, de la brecha de la pobreza (que señala, en porcentaje, cuánto dinero le falta a los hogares pobres -o indigentes- para abandonar dicha condición), en resumen, puede asumirse que los resultados del primer semestre de 2017 reflejan una situación algo mejor a la segunda mitad de 2016. Cabe señalar que, como lo ha señalado el propio INDEC, los resultados de estos semestres no pueden ser comparados con el 32,2% del segundo trimestre de 2016 (en todo caso, este dato es comparable con el del segundo trimestre de 2017, que se ubicó en un valor cercano al 29,5%, que marca una distancia levemente superior a la comparación entre el segundo semestre de 2016 y el primero de 2017 lo que resulta lógico en vistas que el segundo trimestre de 2016 fue el periodo más crítico del año pasado, marcado por una explosión de las tasas de inflación).
No obstante, la comparación entre semestres debe ser matizada: de las 439 mil personas pobres menos contabilizadas entre fines de 2016 e inicios de 2017, la mitad (231 mil personas) se explican por los bruscos descensos observados en los aglomerados Gran San Juan (la pobreza pasó de 43,5 a 26,4%) y Gran Córdoba (40,5% a 30,7%): como es lógico, estas variaciones reflejarían una mejora en las condiciones de vida de tal magnitud que no se condice con ningún otro indicio (se pueden encontrar saltos relativamente bruscos, hacia arriba y hacia abajo también en otros aglomerados, aunque no de la magnitud de los mencionados). Cabe señalar que aquí no tiene lugar ninguna sospecha sobre “manipulación” de los datos (como sí ocurría durante la nefasta etapa de la intervención del INDEC entre 2007-2015); al contrario, los equipos técnicos actuales del INDEC están inmersos en una ardua labor de recuperación de la calidad de la información relevada (disminuir las tasas de no respuesta, indagar correctamente los ingresos percibidos, etc.) y es probable que estas variaciones obedezcan en parte a una mejora en la captación de los ingresos de los hogares (de hecho, en el propio comunicado de prensa que presentó los datos del primer semestre de 2017 el propio INDEC ha señalado reparos en relación al dato del semestre anterior para el aglomerado Gran San Juan). En definitiva, es probable (e inevitable, en la medida que es incuestionable la labor en pos de mejor la calidad de la fuente) que una parte de la variación de los resultados oficiales de pobreza e indigencia esté afectada por factores no estadísticos.
Presentados esquemáticamente los resultados recientes, cabe señalar que el indicador de pobreza es uno de los más importantes (sino el más) entre los indicadores sociales, pero ajeno a lo que gran parte de la opinión pública, de los comunicadores y de los dirigentes políticos creen, no aporta por si mismo gran cosa. El dato de pobreza es el resultado de una serie de decisiones técnicas, mediadas por discusiones conceptuales (y políticas) y por la información disponible para su construcción en un momento y lugar dados, lo que implica una serie de (legítimas) arbitrariedades metodológicas, que son ajenas al gran público. Esto no significa que el indicador de pobreza no sea relevante, todo lo contrario, pero no lo es por el valor en sí mismo sino como un dato que nos permite comparar la evolución a lo largo del tiempo y la situación de distintos grupos sociales (por su edad, por el tipo de hogar o las características del jefe, por lugar de residencia, etc.).
En Argentina, la metodología oficial consigna como pobres/indigentes los hogares cuyos ingresos son inferiores al valor de una línea de pobreza/indigencia que refleja el costo de una canasta básica de bienes y servicios alimentarios y no alimentarios. Sin entrar en detalles, y como han señalado el CEDLAS o Daniel Schteingart en otros lugares, cabe señalar que existe a nivel internacional una multiplicidad de metodologías para calcular la pobreza por ingresos, lo que debe alertar a la hora de compararnos con otros países: la pobreza oficial de Chile es menos de la mitad que la de (las grandes ciudades de) Argentina, pero si usáramos una metodología similar, nos encontramos con niveles similares de pobreza casi idénticos; a la inversa, en los países de Europa Occidental el dato de pobreza oficial es alrededor de la mitad del valor ofrecido por el INDEC, pero si allí midiéramos de la misma forma que en Argentina nos encontraríamos con un valor más de diez veces inferior.
En este marco, una mirada de mediano plazo en Argentina resulta compleja por varias razones, pero en primer lugar por la falta de credibilidad de las estadísticas públicas entre 2007 y 2015 y, en segundo lugar, por el cambio metodológico (a partir de la actualización de las fuentes de información utilizadas para la elaboración de las canastas y de una serie de modificaciones técnicas de menor impacto) decidido por las nuevas autoridades y los equipos técnicos del INDEC en 2016, cuyo efecto principal fue elevar la línea con la que se mide la pobreza en el país y, con ello, lógicamente, el resultado de la incidencia de la pobreza: en otras palabras, si con la nueva metodología tradicional un hogar tipo en agosto de 2017 era pobre cuando sus ingresos no alcanzaban los $15.245, con la metodología histórica le hubieran alcanzado alrededor de $11.500 para no ser clasificado en esta condición. Más allá de ciertas discusiones técnicas, que inevitablemente rodean las decisiones que se toman en materia de estadística pública, el problema fue fundamentalmente de comunicación: cuando se publicó el resultado del segundo trimestre de 2016 (como excepción, porque el indicador oficial es semestral por razones metodológicas) que arrojó 32,2% de población bajo la línea de la pobreza, no se explicitó con la suficiente claridad este cambio al momento de dar a conocer el dato, lo que dio lugar a que muchos compararan esa cifra con el último dato previo a la intervención del INDEC, que arrojaba 26,9% de personas pobres en el segundo semestre de 2006, llegando a la conclusión errónea que actualmente la pobreza es mayor ahora que en aquel momento. Sin embargo, el propio INDEC se encargó de demostrar que eso no es así: en noviembre de 2016 publicó un documento metodológico en el que especificó las modificaciones realizadas y mostró que con la nueva metodología la pobreza en la segunda mitad del 2006 era del 40,0%, valor más de 10 puntos superior a los registros actuales. Lamentablemente, esta información crucial para entender las estadísticas de la pobreza, tuvo mucha menos repercusión que la difusión de las cifras: si la pobreza actualmente se midiera con la metodología tradicional, aquella que arrojaba valores superiores al 50% a inicios de 2003 (y que se ubicaron en torno al 70% contemplando la nueva metodología), hoy nos encontraríamos con una magnitud tres veces menor, en torno al 17%-18%.
Reconstruir la evolución de la pobreza al interior del periodo 2006 y 2016 resulta complejo. Por un lado, como efecto directo de la manipulación del IPC, no contamos con valores oficiales creíbles para las líneas de pobreza e indigencia, y si bien existen diversas alternativas legítimas para acercarse a estos indicadores (recurriendo a IPCs provinciales o a datos de consultoras), éstas alternativas obviamente no arrojan un valor unívoco (cuando más cara es la canasta, mayor es la tasa de pobreza). Por otro lado, no hay acuerdo sobre si resulta o no conveniente recurrir a la EPH (encuesta que recoge los ingresos de los hogares, que se confrontan luego con los valores de las líneas de pobreza e indigencia para determinar si superan o no estos umbrales) de esos años debido a las sospechas de una posible manipulación y/o pérdida de calidad de la información, y aún cuando se acepte usar esta fuente, existen aspectos metodológicos (cambios de proyecciones de población, niveles y tratamiento de la no respuesta a ingresos, etc.) que no la hacen estrictamente comparable con la EPH actual, al menos cuando se trata de analizar diferencias de escasa magnitud. Sobre lo que sí existe consenso entre quienes trabajan con rigor estos temas, es que la pobreza -sea cual sea la metodología que se use- bajó considerablemente hasta 2011 y a partir de allí, como tantos otros indicadores sociales y económicos, mostró un relativo estancamiento, con algunas oscilaciones, en especial en el momento y a la salida de los periodos con inflación en torno o por encima del 40% como 2014 y 2016. En definitiva, aunque no debemos perder las esperanzas de lograr algún día la mejor reconstrucción posible, aceptada por todos, hoy es estéril afirmar que la pobreza es algo mayor o algo menor al último periodo del gobierno anterior.
Recurrir a estimaciones no basadas en la EPH tampoco entrega elementos suficientes. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde mediados de la década pasada mide la pobreza (“insuficiencia de ingresos”) a partir de una encuesta propia y con una canasta mucho más compleja que la del INDEC, que además toma pautas de consumo porteñas, lo que hace que su valor sea muy superior a las canastas del INDEC para el GBA (a agosto de 2017, la Canasta Total de CABA ascendía a $20.177, frente a los $15.245 de la Canasta Básica de Total -línea de pobreza- del INDEC para el GBA). Según esta fuente, la población con ingresos menores a la Canasta Total en la Ciudad fue de 33,9% en el cuarto trimestre de 2006, para caer hasta el 25,9% en 2011 a partir de cuando mostró un comportamiento oscilante para ubicarse en 25,0% (el menor valor de la serie) a fines de 2015. Un año después, en el cuarto trimestre de 2016, el indicador alcanzaba 3 puntos más, llegando a 28,0%. Sin embargo, dadas las diferencias metodológicas y su alcance geográfico restringido a la CABA, tampoco es posible transpolar las variaciones del último quinquenio al conjunto de los grandes aglomerados urbanos del país.
Sin dudas, la fuente “alternativa” con más presencia mediática y en el debate político fue el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que utilizó su propia encuesta a hogares, confrontando los ingresos recogidos con una valorización alternativa de la línea de pobreza tradicional. No obstante, pese a lo que muchos creen, esta fuente presenta tasas de pobreza que rozan lo insólito, más aún cuando se considera la evolución en la última década, y esto no se explica de ninguna manera por detalles metodológicos (el universo bajo cobertura se solapa en más del 90% con la EPH). Para la UCA, en el cuarto trimestre de 2015, la pobreza alcanzaba al 29,0% de la población, mientras que en el tercer trimestre de 2016 se elevó al 32,9%. Si bien este valor resulta similar a los publicados por el INDEC el año pasado, hay que marcar una pequeña gran salvedad: la estimación de la UCA se realizó considerando la línea de pobreza tradicional, que, como comentamos, resulta muy inferior a la usada ahora por el Indec: en otras palabras, si se utiliza la línea de pobreza usada por la UCA en la base de datos de la EPH del mismo periodo (tercer trimestre de 2016) la pobreza alcanzaba solo al 18,3% de la población, valor que resulta 15 puntos menos que la estimación de la UCA sobre su propia encuesta (32,9%). Si miramos la tendencia el desconcierto es mayor: mientras que el propio Indec actual reconoce una caída superior a los 10 puntos porcentuales en la tasa de pobreza entre 2006 y 2016, para el Observatorio de la UCA (manteniendo la metodología tradicional) en el mismo periodo la pobreza aumenta o en el mejor de los casos permanece en valores similares, pasando de 31,6% en el agregado del segundo y tercer semestre de 2006 (en base a una encuesta más pequeña y con una cobertura algo más limitada que la actual) a 32,9% en el tercer trimestre de 2016.
Una alternativa, que tampoco dará información concluyente, es analizar la evolución real (es decir, descontando la inflación) de algunas de las fuentes de ingresos de los hogares. Como se observa, los salarios del sector privado registrado y del sector público nacional, así como la jubilación mínima y la asignación universal por hijo se ubicaron en el primer semestre de 2017 por debajo de los niveles de fines de 2015 pero por encima de los registros del primer y del segundo semestre del año anterior (solo el salario público nacional resultó mayor en la segunda mitad de 2016). Estos indicios permite sugerir que los niveles de pobreza actuales serían algo mayores a los del último semestre del gobierno anterior, aunque similares, por ejemplo, a los del primera parte de 2015.
Finalmente, habíamos señalado que una de los usos fundamentales del indicador de pobreza era la comparación entre diferentes grupos. Es interesante observar por ejemplo, lo que sucedió en la última década en las diferentes regiones del país. Para ellos compararemos los resultados que surgen de la metodología actual para el segundo semestre de 2006 (datos estimados asumiendo que la relación entre las líneas de pobreza del GBA -única publicada para 2006- y de las regiones es la misma que la registrada en el segundo trimestre de 2016) y para el primer semestre de 2017. Actualmente (aunque la comparación regional deba ser matizada por que la nueva metodología no solo considera las disparidades del poder adquisitivo sino también los hábitos de consumo, lo que “favorece” a las regiones más pobres) la región patagónica (21,0%) presenta niveles de pobreza claramente inferiores a la media nacional (28,6%) -el aglomerado con menor tasa de incidencia de la pobreza de todo el país es Río Gallegos, con 9,6%- y lo inverso sucede con el Nordeste (33,6%), mientras que las regiones restantes presentan tasas muy cercanas al promedio nacional. Si bien una década atrás la Patagonia y el NEA se ubicaban también en los extremos, la disparidad era mucho más marcada, por lo que en estos años, en promedio, la mejora en las condiciones de vida tuvo mayor intensidad en las regiones más relegadas del país: en el caso del NEA, la pobreza pasó del 57% en 2006 al 33,6% a inicios de 2017, mientras que en el del NOA la caída fue de 20 puntos porcentuales (48% a 28,2%), diferencias que duplican la disminución para el nivel nacional. Más aún, el NOA, actualmente solo Santiago del Estero (45,4%) supera claramente el promedio nacional, mientras que Catamarca (29,7%) y Salta (27,4%) se ubican en torno al mismo (29,7%), a la vez que La Rioja, Jujuy-Palpalá y Gran Tucumán se ubican por debajo del 25% (en Tucumán y Jujuy, al igual que en Salta, la tasa de pobreza actual es cerca de la mitad que en 2006).
*Sociólogo y especialista en indicadores
sociales
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