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David Cufré,pagina12.com.ar

La decisión del Gobierno de modificar las metas de inflación para los próximos tres años no altera en nada las inconsistencias del modelo económico. Tampoco el corrimiento del tipo de cambio que trae aparejada esa determinación. El resultado de la baja marginal de la tasa de interés que el Poder Ejecutivo le impuso al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, llevará el dólar un poco más arriba, generará mayor inflación, impactará en un menor crecimiento económico si las paritarias no compensan la aceleración de precios y eventualmente obligará al Ministerio de Finanzas a elevar la emisión de deuda si la bicicleta financiera que acerca dólares para tapar una parte del agujero externo aminora su marcha en los próximos meses. También puede desalentar la demanda de créditos que ajustan por UVA (IPC), ante el reconocimiento público del fracaso de la estrategia antiinflacionaria. En dos años de gestión, Mauricio Macri consiguió en 2016 la inflación más alta en 25 años, con 41 por ciento en el área metropolitana, y terminará 2017 en un nivel igual o mayor al de 2015. ¿Cuál sería la ganancia para el Gobierno de dejar un poco de lado el fanatismo de Sturzenegger con las metas de inflación? La expectativa del equipo económico es liberar tensiones frente al reclamo de sectores exportadores –principalmente agropecuarios– por el atraso cambiario, mientras avanza con el ajuste del gasto público para intentar achicar el déficit fiscal (primario) como le exige el mercado y su principal vocero, el FMI. También aspira a que una reducción de las tasas dinamice la inversión privada y el financiamiento al consumo, aunque sea en el margen. En definitiva, administrar los tiempos de una crisis económica que si llegara a estallar antes de las elecciones de 2019 dañaría las posibilidades de continuidad del proyecto neoliberal en marcha.

El plan para 2018 y 2019 elaborado en la Casa Rosada se asemeja en lo esencial al que desarrolló los primeros dos años de mandato: devaluación, tarifazos, despidos en el sector público y ajuste del gasto el próximo año (como lo hizo en 2016, cierto que en aquel momento con mayor intensidad), y apreciación cambiaria y política fiscal expansiva (en comparación con 2018) para 2019, como ocurrió en 2017 al activar la obra pública de cara a los comicios legislativos. La ecuación general debería dar un próximo año deslucido y un 2019 un poco mejor para elevar las chances electorales del oficialismo. Si ese esquema funcionará o no en términos macroeconómicos y políticos se verá con el tiempo. Lo que resulta evidente es que el proceso no depara nada bueno para las mayorías populares, que vienen perdiendo derechos adquiridos a velocidad crucero desde el arranque mismo del experimento de los CEO y seguirán así mientras no le pongan freno. Las reformas previsional, tributaria y la próxima reforma laboral que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció para febrero son los ejemplos más potentes de esa dinámica de distribución regresiva del ingreso que vino a imponer la alianza del PRO, la UCR y, como se ve, un sector no menor del peronismo. El compromiso que demuestra la mayoría del sistema político en este momento –incluidas las patas mediática y judicial– es una de las mayores fortalezas del proyecto del establishment. Las inconsistencias económicas que se acumulan y ejercen cada vez más presión son, en cambio, su mayor desafío.

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