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El Gobierno maneja 60 tipos de planes; en las villas no los ven como una salida de la pobreza
El director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, tiene un presupuesto de $ 521.893 millones para todo este año. El 13,4% ($ 69.701 millones) se reparte en planes sociales y es el organismo del Estado que más recursos destina a esas transferencias, incluso más que el Ministerio de Desarrollo Social, con $ 64,797 millones, cuya función específica es la política social.
La Anses, en cambio, tiene la función central de administrar los aportes de los trabajadores y pagar jubilaciones y pensiones. El gobierno de Cristina Kirchner recurre a esa caja para financiar el Tesoro y distribuir la asistencia social.
El mayor programa es la Asignación Familiar, que llega a 3,8 millones de beneficiarios y demanda una inversión de $ 29.820 millones. Le sigue la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza a 3,3 millones de beneficiarios, con $ 26.102 millones. El plan Progresar pretende llegar a 1,2 millones de jóvenes, con un total presupuestado de $ 12.960 millones.
Existen hoy 60 tipos de planes y programas sociales en todo el presupuesto nacional, ejecutados a través de distintos organismos: 18 pertenecen a la Anses; 13 son del Ministerio de Desarrollo Social (Alicia Kirchner); 12, de la cartera de Trabajo (Carlos Tomada); 11, de Educación (Alberto Sileoni); cinco, de Planificación Federal (Julio De Vido), y uno de la cartera de Justicia (Julio Alak).
El Ministerio de Desarrollo Social, que dirige la cuñada de la Presidenta, tiene 1,4 millones de pensiones no contributivas por $ 52.859 millones de pesos; 250.000 beneficiarios del plan Argentina Trabaja, que reparte $ 6670 millones; casi 8 millones de destinatarios de planes de Seguridad Alimentaria, con $ 2611 millones, y 14.950 beneficiarios del plan Comedores Escolares, con $ 1080 millones de pesos, entre otros programas.
Bajas expectativas
Pese a todo ese esfuerzo económico, sólo el 27% de los beneficiarios de dos barrios de emergencia consideraron que esas ayudas los sacarán de su situación de pobreza, mientras que el 73% está convencido de que, así como están planteadas, las transferencias no sirven para salir de esa situación. Ello, pese a que el 60% reconoce que les implican un alivio en la calidad de vida.
Así lo reveló una encuesta en las villas La Cava, de San Isidro, y el Barrio 22 de Enero, de Ciudad Evita, en el partido de La Matanza. El estudio mediante focus groups fue realizado por la Fundación Libertad y Progreso y la consultora Pensamiento Lateral.
Se relevaron 600 casos, 300 en cada barrio. Otra conclusión central del estudio fue que las transferencias condicionadas, las que se otorgan a cambio de un requisito como vacunarse o anotar a los hijos en el colegio, no lograron mejorar la educación, ni la salud, ni aumentar la matrícula, porque no se controla si los niños van a la escuela o si los jóvenes se vacunan.
El 71% de los encuestados sostiene que lo mejor que puede hacer el Gobierno por la gente necesitada es «darle trabajo», señal de que los propios beneficiarios rechazan el clientelismo y la dependencia que crean esas ayudas.
Solamente un 20% declaró que creía que mejoran sus posibilidades de conseguir empleo. El 65% respondió que no afectó el desempleo y el 13% consideró que sin planes habría menos desempleo. Además, el 51% de los desempleados sostuvo que no estaba buscando un trabajo..
El Gobierno maneja 60 tipos de planes; en las villas no los ven como una salida de la pobreza
El director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, tiene un presupuesto de $ 521.893 millones para todo este año. El 13,4% ($ 69.701 millones) se reparte en planes sociales y es el organismo del Estado que más recursos destina a esas transferencias, incluso más que el Ministerio de Desarrollo Social, con $ 64,797 millones, cuya función específica es la política social.
La Anses, en cambio, tiene la función central de administrar los aportes de los trabajadores y pagar jubilaciones y pensiones. El gobierno de Cristina Kirchner recurre a esa caja para financiar el Tesoro y distribuir la asistencia social.
El mayor programa es la Asignación Familiar, que llega a 3,8 millones de beneficiarios y demanda una inversión de $ 29.820 millones. Le sigue la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza a 3,3 millones de beneficiarios, con $ 26.102 millones. El plan Progresar pretende llegar a 1,2 millones de jóvenes, con un total presupuestado de $ 12.960 millones.
Existen hoy 60 tipos de planes y programas sociales en todo el presupuesto nacional, ejecutados a través de distintos organismos: 18 pertenecen a la Anses; 13 son del Ministerio de Desarrollo Social (Alicia Kirchner); 12, de la cartera de Trabajo (Carlos Tomada); 11, de Educación (Alberto Sileoni); cinco, de Planificación Federal (Julio De Vido), y uno de la cartera de Justicia (Julio Alak).
El Ministerio de Desarrollo Social, que dirige la cuñada de la Presidenta, tiene 1,4 millones de pensiones no contributivas por $ 52.859 millones de pesos; 250.000 beneficiarios del plan Argentina Trabaja, que reparte $ 6670 millones; casi 8 millones de destinatarios de planes de Seguridad Alimentaria, con $ 2611 millones, y 14.950 beneficiarios del plan Comedores Escolares, con $ 1080 millones de pesos, entre otros programas.
Bajas expectativas
Pese a todo ese esfuerzo económico, sólo el 27% de los beneficiarios de dos barrios de emergencia consideraron que esas ayudas los sacarán de su situación de pobreza, mientras que el 73% está convencido de que, así como están planteadas, las transferencias no sirven para salir de esa situación. Ello, pese a que el 60% reconoce que les implican un alivio en la calidad de vida.
Así lo reveló una encuesta en las villas La Cava, de San Isidro, y el Barrio 22 de Enero, de Ciudad Evita, en el partido de La Matanza. El estudio mediante focus groups fue realizado por la Fundación Libertad y Progreso y la consultora Pensamiento Lateral.
Se relevaron 600 casos, 300 en cada barrio. Otra conclusión central del estudio fue que las transferencias condicionadas, las que se otorgan a cambio de un requisito como vacunarse o anotar a los hijos en el colegio, no lograron mejorar la educación, ni la salud, ni aumentar la matrícula, porque no se controla si los niños van a la escuela o si los jóvenes se vacunan.
El 71% de los encuestados sostiene que lo mejor que puede hacer el Gobierno por la gente necesitada es «darle trabajo», señal de que los propios beneficiarios rechazan el clientelismo y la dependencia que crean esas ayudas.
Solamente un 20% declaró que creía que mejoran sus posibilidades de conseguir empleo. El 65% respondió que no afectó el desempleo y el 13% consideró que sin planes habría menos desempleo. Además, el 51% de los desempleados sostuvo que no estaba buscando un trabajo..
