En Geografía de la novela, Carlos Fuentes pregunta, desafiándonos, si la novela ha muerto. En una innecesaria respuesta, deja una frase de actualidad para una América latina que hace esfuerzos para ocultar o ignorar el pasado, pensando infantilmente, que al debilitar el pasado se fortalece el futuro: no hay futuro vivo con un pasado muerto. Antes que Carlos Fuentes, William Faulkner en Réquiem para una monja, nos dejó un aún más fuerte el pasado nunca muere, ni siquiera es pasado. Y antes, en La tempestad, William Shakespeare nos adelantó lo que es pasado, es prólogo. A juzgar por la realidad de América latina, evidentemente la literatura y la justicia se nutren de distintas fuentes.
No podemos alimentar nuestro futuro con el olvido y la injusticia del pasado. Por el contrario, una democracia rica y un Estado de Derecho donde el imperio de la ley se respete, sólo se puede construir sobre la justicia, la verdad y la memoria. La alternativa de una democracia construida sobre la injusticia y el olvido de miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos, sólo puede augurar una democracia débil, conflictiva y con impunidad.
Lamentablemente, muchos gobiernos de América latina buscan ocultar el pasado bajo el argumento de que representa una carga negativa hacia un futuro de mayor esplendor. En ese afán de ocultar el pasado, la justicia, la verdad y la memoria son derrotadas por la impunidad, afectando a millones de víctimas y debilitando la democracia.
En México, los gobiernos continúan obstaculizando la verdad y la justicia por la masacre de Tlatelolco de 1968, donde los primeros datos oficiales arrojaron sólo 20 estudiantes asesinados, mientras que hoy se estima extraoficialmente que fueron mas de 200. A casi 50 años de la masacre, la impunidad moviliza todos los años a miles de estudiantes a Tlatelolco para reclamar verdad y justicia. Paradójicamente, el reclamo de septiembre de 2014 terminó en una nueva masacre que le costó la vida a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En El Salvador, luego de un Informe de Naciones Unidas de 1993 llamado De la Locura a la Esperanza, que reclama por verdad y justicia para decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales, los líderes militares, guerrilleros y políticos, acordaron un pacto de impunidad, que 24 años después continúa negándole justicia a las víctimas. Ni el perdón público del ex presidente Funes ni la reciente beatificación de Monseñor Oscar Romero, asesinado luego de una homilía en la que les dice a los militares salvadoreños, «les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios: ¡Cese la represión!, han logrado derribar el muro de impunidad».
En Brasil, ante el reclamo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que haya justicia por la tortura y desaparición de 70 personas entre 1972 y 1975, la respuesta de Dilma Rouseff fue tímidamente convocar a una Comisión de la Verdad, que más allá de los aportes que pueda hacer, principalmente garantiza que la justicia deberá seguir esperando su turno.
Estos son sólo algunos ejemplos del afán de los gobiernos de América latina de ocultar el pasado. Pero la lista se amplía a prácticamente todos los países de la región.
Por el contrario, en la Argentina, gracias a Raúl Alfonsín y a organismos de derechos humanos que nunca claudicaron, la piedra fundacional de la democracia nacida en 1983 es el respeto por los derechos humanos, representado por el juicio a las Juntas y la Conadep. Con posterioridad, una decisión de la Corte Suprema en 2005, que supo ver en los derechos humanos a una musa inspiradora (y hasta hace muy poco también los veía como obligatorios), sumada al fuerte impulso político desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, profundizaron el proceso de justicia transicional. Ese proceso continúa y hace de la Argentina un ejemplo para América latina y el mundo.
Los numerosos actos a lo largo de esta semana, desde el Estado nacional, provincial y municipal; desde la sociedad civil; en plazas y barrios a lo largo de toda la Argentina, mantienen viva la memoria de la larga noche del 24 de marzo de 1976, y continúan profundizando nuestra democracia. El futuro vivo de Carlos Fuentes, Faulkner y Shakespeare, necesita de un 24 de marzo vivo, de ese pasado vivo que alimenta nuestro futuro y que es un ejemplo para el mundo.
Secretario de Derechos Humanos bonaerense
No podemos alimentar nuestro futuro con el olvido y la injusticia del pasado. Por el contrario, una democracia rica y un Estado de Derecho donde el imperio de la ley se respete, sólo se puede construir sobre la justicia, la verdad y la memoria. La alternativa de una democracia construida sobre la injusticia y el olvido de miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos, sólo puede augurar una democracia débil, conflictiva y con impunidad.
Lamentablemente, muchos gobiernos de América latina buscan ocultar el pasado bajo el argumento de que representa una carga negativa hacia un futuro de mayor esplendor. En ese afán de ocultar el pasado, la justicia, la verdad y la memoria son derrotadas por la impunidad, afectando a millones de víctimas y debilitando la democracia.
En México, los gobiernos continúan obstaculizando la verdad y la justicia por la masacre de Tlatelolco de 1968, donde los primeros datos oficiales arrojaron sólo 20 estudiantes asesinados, mientras que hoy se estima extraoficialmente que fueron mas de 200. A casi 50 años de la masacre, la impunidad moviliza todos los años a miles de estudiantes a Tlatelolco para reclamar verdad y justicia. Paradójicamente, el reclamo de septiembre de 2014 terminó en una nueva masacre que le costó la vida a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En El Salvador, luego de un Informe de Naciones Unidas de 1993 llamado De la Locura a la Esperanza, que reclama por verdad y justicia para decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales, los líderes militares, guerrilleros y políticos, acordaron un pacto de impunidad, que 24 años después continúa negándole justicia a las víctimas. Ni el perdón público del ex presidente Funes ni la reciente beatificación de Monseñor Oscar Romero, asesinado luego de una homilía en la que les dice a los militares salvadoreños, «les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios: ¡Cese la represión!, han logrado derribar el muro de impunidad».
En Brasil, ante el reclamo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que haya justicia por la tortura y desaparición de 70 personas entre 1972 y 1975, la respuesta de Dilma Rouseff fue tímidamente convocar a una Comisión de la Verdad, que más allá de los aportes que pueda hacer, principalmente garantiza que la justicia deberá seguir esperando su turno.
Estos son sólo algunos ejemplos del afán de los gobiernos de América latina de ocultar el pasado. Pero la lista se amplía a prácticamente todos los países de la región.
Por el contrario, en la Argentina, gracias a Raúl Alfonsín y a organismos de derechos humanos que nunca claudicaron, la piedra fundacional de la democracia nacida en 1983 es el respeto por los derechos humanos, representado por el juicio a las Juntas y la Conadep. Con posterioridad, una decisión de la Corte Suprema en 2005, que supo ver en los derechos humanos a una musa inspiradora (y hasta hace muy poco también los veía como obligatorios), sumada al fuerte impulso político desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, profundizaron el proceso de justicia transicional. Ese proceso continúa y hace de la Argentina un ejemplo para América latina y el mundo.
Los numerosos actos a lo largo de esta semana, desde el Estado nacional, provincial y municipal; desde la sociedad civil; en plazas y barrios a lo largo de toda la Argentina, mantienen viva la memoria de la larga noche del 24 de marzo de 1976, y continúan profundizando nuestra democracia. El futuro vivo de Carlos Fuentes, Faulkner y Shakespeare, necesita de un 24 de marzo vivo, de ese pasado vivo que alimenta nuestro futuro y que es un ejemplo para el mundo.
Secretario de Derechos Humanos bonaerense
