El Gobierno modificó la ley de tierras por decreto. Eliminó los controles de la UIF y la AFIP, quitó sanciones y privatizó la función de control en manos de los propios terratenientes.
La ley que puso límite a la tenencia de tierras por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras fue votada por la Cámara de Diputados en la madrugada del 16 de diciembre de 2012, y convertida en ley por el Senado el 22 de diciembre de ese año. En la Cámara baja se aprobó por 153 votos afirmativos, 26 en contra y una abstención. La mayoría de los votos en contra llegó desde el radicalismo. En aquel año, el actual ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, ejercía su cargo de diputado en representación de la UCR (vale recordar que por una causa penal tiene embargado su sueldo). Votó en contra.
Por su parte, los integrantes del PRO estuvieron ausentes. Es decir que los que hoy conforman la neo alianza gobernante de Cambiemos se opusieron a la norma que puso límites a la entrega indiscriminada de tierras, normativa que fue impulsada en reiteradas oportunidades por la Federación Agraria. Vale recordar también cuando el legislador Pablo Orsolini, del bloque radical, le gritó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante un discurso inaugural de sesiones la necesidad de contar con una ley de estas características. Tuvieron que pasar los dos años de vigencia del Grupo A para que la ley viera la luz. Aun así, Orsolini también votó en contra.
“Entiendo que se trata de un proyecto de ley absolutamente xenófobo. Lo es porque a priori supone que cualquier argentino es mejor que cualquier extranjero. Cada uno de nosotros provenimos de algún lugar del mundo, porque la Argentina es un crisol de razas. Lo que yo no quiero es juzgar o crear categorías sospechosas”, argumentó el ahora ministro Buryaile a la hora de adelantar su voto negativo.
En el Boletín Oficial del 30 de junio de este año, un día antes de la entrada en vigencia del segundo semestre, el Gobierno nacional modificó la reglamentación de la ley 26.737, que ya había sido reglamentada a través del decreto 274/2012.
Una de las modificaciones implementadas por el macrismo es que se eliminan multas y sanciones para aquellos profesionales intervinientes en las operaciones de compraventa comprendidas en la ley o que obstruyan las tareas de fiscalización. La nueva reglamentación supone que todos los “hombres de negocios” que actúen en una transacción comercial que implique compra venta de tierras, no son plausibles de ser sancionados.
Esto puede decir poco. Sin embargo, se complementa con otra modificación, que podría resultar en una tarea de privatización del control de la titularidad de las tierras. Los dueños de tierras deberán comunicar –solamente comunicar- cualquier modificación de la titularidad de los campos al Registro Nacional de Tierras. Nada más. ¿Es decir que no habrá fiscalizaciones adhoc? Son los dueños de los campos los que deberán informar cualquier cambio de titularidad, al mismo tiempo en que se eliminan las sanciones y multas para aquellos que no informen. En otras palabras, el macrismo levantó los controles en un área extremadamente sensible.
Esto se complementa con otra modificación. La nueva reglamentación elimina los controles de la AFIP y la UIF. La reglamentación de 2012 decía lo siguiente:
“En los casos en que se verifique la existencia de inmuebles rurales en cabeza de las personas comprendidas en el artículo 3º de la Ley Nº 26.737, cuyos titulares no lo hayan informado por medio de la declaración jurada, el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES pondrá en conocimiento de la situación a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.), y a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (U.I.F.), a los efectos de que investiguen si se encuentran cumplidas las obligaciones impositivas y de prevención de lavado de dinero. En el caso de que la titularidad corresponda a una persona jurídica, la investigación se extenderá a sus socios, administradores y representantes legales”.
Esto ya no corre más. Hay que recordar que el actual titular de la UIF, Mariano Federici, un ex empleado del FMI, sostuvo durante la audiencia donde se discutió su pliego que la UIF debía flexibilizar controles y comprometerse a atraer inversiones genuinas al país. Bajo esa premisa, investigar a empresarios –salvo que estén vinculados al kirchnerismo- no es algo que esté en la órbita de la UIF.
Pero yendo a una cuestión por demás sensible, la norma preveía que no se podía vender a extranjeros tierras que comprendieran dentro de su extensión recursos naturales vitales para el país, como lagos, ríos, lagunas, etc. Acá es donde la nueva reglamentación presenta una gran trampa.
El Consejo Hídrico Federal debe confeccionar un mapa identificando los cuerpos de agua, ubicados en cada provincia. Mientras dicho mapa no esté confeccionado, la solicitud de los certificado de habilitación ante el Registro de Tierras será acompañada de una Certificación emitida por un profesional idóneo donde conste que el inmueble no incluye cuerpos de agua. Hasta acá, es lo mismo que la reglamentación de 2012.
El citado Registro girará a la autoridad provincial del agua correspondiente que integra el COHIFE, una nota formal con copia de la carátula del expediente, la certificación referida y un mapa con la georeferenciación. La autoridad provincial del agua verificará lo remitido y tendrá un plazo de 10 días hábiles para resolver. Una vez que haya pasado ese plazo, sin ninguna opinión por la positiva o negativa por parte del registro provincial, la certificación se considerará autorizada.
Es decir que en vez de establecer una denegación tácita transcurrido dicho plazo, una funcionaria de la Ciudad de Buenos Aires, que anteriormente era comunera por Recoleta, de nombre Cristina Bruneti, tendrá la potestad de autorizar una compraventa que incluya un río, por ejemplo, si pasan nada más que diez días sin que el registro provincial se expida.
Buryaile había justificado su voto negativo en que la ley no era federal. Esta modificación podría ser un avasallamiento de las provincias.
Desde enero, todos los certificados están frenados. Quizás, la ex comunera estaba esperando esta resolución, que habría sido redactada por el estudio Brons y Salas, con amplios intereses en el sector que dicha norma regula. Es decir, fiel a su estilo, el macrismo le entregó a los controlados la potestad de autorregularse.
En definitiva, Macri sigue otorgándole beneficios económicos a sus amigos y a los sectores más ricos del país. Al mismo tiempo en que modificó las restricciones de esta ley, sigue subejecutando proyectos para construir viviendas populares o la urbanización de villas.
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La ley que puso límite a la tenencia de tierras por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras fue votada por la Cámara de Diputados en la madrugada del 16 de diciembre de 2012, y convertida en ley por el Senado el 22 de diciembre de ese año. En la Cámara baja se aprobó por 153 votos afirmativos, 26 en contra y una abstención. La mayoría de los votos en contra llegó desde el radicalismo. En aquel año, el actual ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, ejercía su cargo de diputado en representación de la UCR (vale recordar que por una causa penal tiene embargado su sueldo). Votó en contra.
Por su parte, los integrantes del PRO estuvieron ausentes. Es decir que los que hoy conforman la neo alianza gobernante de Cambiemos se opusieron a la norma que puso límites a la entrega indiscriminada de tierras, normativa que fue impulsada en reiteradas oportunidades por la Federación Agraria. Vale recordar también cuando el legislador Pablo Orsolini, del bloque radical, le gritó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante un discurso inaugural de sesiones la necesidad de contar con una ley de estas características. Tuvieron que pasar los dos años de vigencia del Grupo A para que la ley viera la luz. Aun así, Orsolini también votó en contra.
“Entiendo que se trata de un proyecto de ley absolutamente xenófobo. Lo es porque a priori supone que cualquier argentino es mejor que cualquier extranjero. Cada uno de nosotros provenimos de algún lugar del mundo, porque la Argentina es un crisol de razas. Lo que yo no quiero es juzgar o crear categorías sospechosas”, argumentó el ahora ministro Buryaile a la hora de adelantar su voto negativo.
En el Boletín Oficial del 30 de junio de este año, un día antes de la entrada en vigencia del segundo semestre, el Gobierno nacional modificó la reglamentación de la ley 26.737, que ya había sido reglamentada a través del decreto 274/2012.
Una de las modificaciones implementadas por el macrismo es que se eliminan multas y sanciones para aquellos profesionales intervinientes en las operaciones de compraventa comprendidas en la ley o que obstruyan las tareas de fiscalización. La nueva reglamentación supone que todos los “hombres de negocios” que actúen en una transacción comercial que implique compra venta de tierras, no son plausibles de ser sancionados.
Esto puede decir poco. Sin embargo, se complementa con otra modificación, que podría resultar en una tarea de privatización del control de la titularidad de las tierras. Los dueños de tierras deberán comunicar –solamente comunicar- cualquier modificación de la titularidad de los campos al Registro Nacional de Tierras. Nada más. ¿Es decir que no habrá fiscalizaciones adhoc? Son los dueños de los campos los que deberán informar cualquier cambio de titularidad, al mismo tiempo en que se eliminan las sanciones y multas para aquellos que no informen. En otras palabras, el macrismo levantó los controles en un área extremadamente sensible.
Esto se complementa con otra modificación. La nueva reglamentación elimina los controles de la AFIP y la UIF. La reglamentación de 2012 decía lo siguiente:
“En los casos en que se verifique la existencia de inmuebles rurales en cabeza de las personas comprendidas en el artículo 3º de la Ley Nº 26.737, cuyos titulares no lo hayan informado por medio de la declaración jurada, el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES pondrá en conocimiento de la situación a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.), y a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (U.I.F.), a los efectos de que investiguen si se encuentran cumplidas las obligaciones impositivas y de prevención de lavado de dinero. En el caso de que la titularidad corresponda a una persona jurídica, la investigación se extenderá a sus socios, administradores y representantes legales”.
Esto ya no corre más. Hay que recordar que el actual titular de la UIF, Mariano Federici, un ex empleado del FMI, sostuvo durante la audiencia donde se discutió su pliego que la UIF debía flexibilizar controles y comprometerse a atraer inversiones genuinas al país. Bajo esa premisa, investigar a empresarios –salvo que estén vinculados al kirchnerismo- no es algo que esté en la órbita de la UIF.
Pero yendo a una cuestión por demás sensible, la norma preveía que no se podía vender a extranjeros tierras que comprendieran dentro de su extensión recursos naturales vitales para el país, como lagos, ríos, lagunas, etc. Acá es donde la nueva reglamentación presenta una gran trampa.
El Consejo Hídrico Federal debe confeccionar un mapa identificando los cuerpos de agua, ubicados en cada provincia. Mientras dicho mapa no esté confeccionado, la solicitud de los certificado de habilitación ante el Registro de Tierras será acompañada de una Certificación emitida por un profesional idóneo donde conste que el inmueble no incluye cuerpos de agua. Hasta acá, es lo mismo que la reglamentación de 2012.
El citado Registro girará a la autoridad provincial del agua correspondiente que integra el COHIFE, una nota formal con copia de la carátula del expediente, la certificación referida y un mapa con la georeferenciación. La autoridad provincial del agua verificará lo remitido y tendrá un plazo de 10 días hábiles para resolver. Una vez que haya pasado ese plazo, sin ninguna opinión por la positiva o negativa por parte del registro provincial, la certificación se considerará autorizada.
Es decir que en vez de establecer una denegación tácita transcurrido dicho plazo, una funcionaria de la Ciudad de Buenos Aires, que anteriormente era comunera por Recoleta, de nombre Cristina Bruneti, tendrá la potestad de autorizar una compraventa que incluya un río, por ejemplo, si pasan nada más que diez días sin que el registro provincial se expida.
Buryaile había justificado su voto negativo en que la ley no era federal. Esta modificación podría ser un avasallamiento de las provincias.
Desde enero, todos los certificados están frenados. Quizás, la ex comunera estaba esperando esta resolución, que habría sido redactada por el estudio Brons y Salas, con amplios intereses en el sector que dicha norma regula. Es decir, fiel a su estilo, el macrismo le entregó a los controlados la potestad de autorregularse.
En definitiva, Macri sigue otorgándole beneficios económicos a sus amigos y a los sectores más ricos del país. Al mismo tiempo en que modificó las restricciones de esta ley, sigue subejecutando proyectos para construir viviendas populares o la urbanización de villas.
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